Proyecto De Ley De Carrera Judicial Vs Proyecto Moncada-Díaz

PROYECTO DE LEY DE CARRERA JUDICIAL VS PROYECTO MONCADA-DIAZ
El día de ayer 17 de abril en la Estrella de Panamá salió publicada una entrevista al magistrado
Presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que dijo: “en algunos despachos hay guerra
de chequeras”. Según el magistrado el proyecto de ley 438 es para enfrentar esta corrupción.
Cuando se revisa el articulado del proyecto de ley nos podemos percatar que para enfrentar la
corrupción lo único que se propone es que la mayoría de los magistrados, es decir cinco
magistrados de la Corte Suprema, puedan suspender o separar a los jueces denunciados. No
se establecen normas claras sobre la materia, no se hacen cambios al actual método para
investigar a un juez de la República y tampoco se hace referencia a cómo enfrentar la
corrupción y tráfico de influencias en el mismo pleno de la Corte Suprema de Justicia.
RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 438 QUE REFORMA EL CODIGO JUDICIAL PROPUESTO POR
LOS MAGISTRADOS MONCADA LUNA Y HARRY DIAZ.
En general el proyecto de ley 438 modifica 8 artículos del Código Judicial y 2 del Código
Administrativo de la siguiente forma:
 4 Artículos en cuanto al quórum necesario para debatir y la forma y el tiempo para
tomar decisiones.
 3 Artículos sobre la estabilidad, nombramiento y remoción de los jueces.
 1 Articulo sobre sanciones por prácticas indebidas.
 2 Facultades autoridades de policía.
Revisemos cada artículo del proyecto:
Artículo 1. Permite que el pleno sesione con mayoría simple de magistrados.
Artículo 2. Actualmente, el pleno de la Corte Suprema al dictar una sentencia debe ser firmada
por todos los magistrados que forman el pleno y los que tengan opiniones contradictorias
deben firmar, pero deben colocar las razones y motivos fundamentados, por lo cual no están
de acuerdo con el resto de los magistrados, es decir el “salvamento de voto”. El proyecto
permite que la sentencia pueda ser dictada sin la firma de los magistrados que están en
desacuerdo y por ende, están eliminado el salvamento de voto.
Artículo 3. Establece tiempos específicos para que sean resueltos los casos y que al momento
de cumplirse con ese término de no tener el proyecto listo, faculta a que otro magistrado
pueda ser sustanciador, es decir el encargado de redactar el proyecto que tendrá la decisión
final. Este procedimiento tropieza con el principio de juez natural que menciona que toda
persona tiene derecho a tener un juez designado con anterioridad al hecho de la causa.2
Artículo 4. Se le resta facultades al resto de los magistrados al no requerir su firma para las
decisiones que cuenten con mayoría absoluta.
Introducen la figura del empate y el voto dirimente (voto que permite al magistrado
Presidente de la Corte decidir en caso de empate.) Dan por sentado una corte de 12
magistrados y que en caso de tener una decisión empatada sobre la constitucionalidad de una
ley establecen que el empate no declare inconstitucional una ley. En términos generales el
voto del magistrado presidente tendría un doble valor.
Artículo 5. Se limita el período de los magistrados de Tribunales Superiores a 10 años pero
permite que sea reducido si cumple la edad máxima que es determina en el artículo 7 a 65
años de edad. Esto es contrario al principio de estabilidad que menciona que los magistrados
deben tener inamovilidad en sus cargos que le permitan tener imparcialidad y evitar las
presiones por razón de la duración del cargo.
Artículo 6. Otorga plena facultad a los Magistrados de la Corte (5 miembros mayoría
absoluta) para que puedan suspender y sin derecho a salarios caídos a los jueces
simplemente mediando una queja o una denuncia. Nuevamente esta decisión puede ser
tomada por mayoría absoluta y sin la firma del resto de los magistrados. (ver artículo 4 del
proyecto).
Artículo 8. Es el primer artículo del proyecto que esta dirigido a sancionar una conducta
inapropiada de manera específica. El artículo establece con claridad la sanción (1 mes de
salario) al juez que conociendo de la causa, acepte un poder de una persona con la cual tiene
motivos de impedimento o recusación (por ejemplo ser un enemigo manifiesto, un familiar,
tener intereses en el caso.)
Artículo 9 y 10. Se amplía la Facultad de las autoridades de policía (el corregidor, el alcalde.)
para que puedan ordenar allanamientos en casas, edificios privados, predios rústicos o
urbanos y el extiende los motivos por las cuales pueden ordenar los allanamientos. La
extensión implica que puedan ordenarlos al conocer de bienes robados, hurtados, falsificados,
alterados, armas sin permiso o cualquier ilicitud. También, en el caso de encontrar evidencias
pueden detener a las personas y los bienes relacionados con los delitos.
RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY DE CARRERA JUDICIAL.
Desde el 2009 existe un proyecto de Ley de Carrera Judicial que se encuentra para segundo
debate en la Asamblea Nacional de Diputados y que fue el resultado del Pacto de Estado por la
Justicia. La asesoría técnica para la elaboración de este proyecto fue financiado por la Unión
Europea y la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como parte de un 3
plan para Prevenir, Detectar y Sancionar actos de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá,
impulsado por el propio pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de Ley de Carrera Judicial es un proyecto de consenso entre las Asociaciones de
funcionarios y Asociaciones de magistrados, Colegio de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro
Justicia.
Los aspectos más importantes de este proyecto de Ley de Carrera Judicial son los siguientes:
1. Se crea el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, integrado por el Presidente
de la Corte, un Magistrado de Tribunal Superior, un Juez de Circuito, un Juez Municipal
y el Secretario de Recursos Humanos. Este Consejo será una instancia técnica, que
entre otras funciones tiene la de nombrar a los integrantes de las Comisiones de
Evaluación para el ingreso a la Carrera Judicial.
2. Las Comisiones de Evaluación para el Ingreso a la Carrera Judicial están integradas por
tres jueces, un representante del Colegio de Abogados y un catedrático Universitario.
(art 84)
3. Se establecen normas claras sobre auditoria judicial (art 21-24), ética judicial(art 150 –
153), Conflictos de intereses(articulo 146 -149) y evaluación del desempeño(articulo
90 – 97)
4. Establece y regula la figura del Amparo a la Independencia Judicial para los jueces y
magistrados que se consideren molestados o perturbados en su independencia. (Art
67 – 75)
5. Se crea la Jurisdicción de Integridad y Transparencia. Los magistrados de este Tribunal
deben ser funcionarios de la Carrera Judicial, pero que serán seleccionados de ternas
que presenten el Colegio de Abogados, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Consejo de
Rectores, Asociaciones de funcionarios judiciales. (Art 98 -144)
6. Se enumeran las faltas leves, graves y gravísimas, el procedimiento y las sanciones (art
136-138)
7. Se reestructura el Consejo Judicial como mecanismo para el fortalecimiento del
sistema administración de justicia, en el que se incluye a un representante de la
sociedad civil y de las asociaciones de jueces y magistrados. (art 154-160)
Si lo que se busca es luchar contra la corrupción en el Órgano Judicial debemos establecer un
nuevo método de escogencia de magistrados de la Corte, reactivar la Comisión de Estado por
la Justicia, aprobar la Ley de Carrera Judicial que establece normas claras y transparentes
sobre nombramiento, evaluación del desempeño, y juzgamiento de jueces y magistrados.
PREPARADO POR: ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA

Propuesta Final De Proyecto De Ley De La Carrera Judicial- 15 De Septiembre De 2011

TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la
Carrera Judicial.
Panamá_________ de 2011,
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea
Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N.° 23, arriba enunciado, y recomienda el siguiente
Texto Único que corresponde al Proyecto de Ley tal como fue aprobado en primer debate por esta
Comisión.
Proyecto de Ley N.° 23
(De_______de______de 20__)
Que Regula la Carrera Judicial
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Título I
De las Carreras en el Órgano Judicial
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objetivos. Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:
1. Regular la estructura y organización de las Carreras para ser aplicadas dentro del Órgano Judicial.
2. Garantizar la selección de las personas mejor calificadas para la adecuada prestación de los
servicios por el Órgano Judicial sobre las bases objetivas de competencias organizacionales,
específicas y técnicas, definidas de conformidad con la naturaleza de los puestos.
3. Establecer los procesos para el ingreso, traslado y ascenso de los aspirantes en las vacantes que se
produzcan, mediante la superación de pruebas que demuestren su aptitud, de conformidad con las
funciones que les correspondan desarrollar y las habilidades y destrezas que deban exhibir en el
desempeño, previa acreditación de sus antecedentes y méritos.
4. Implementar y desarrollar los planes de las carreras, sucesión y remuneración, la gestión del
desempeño, el talento y el bienestar de los servidores que laboran en el Órgano Judicial.
5. Determinar los deberes y derechos de los servidores que laboran en el Órgano Judicial y los
principios para sus nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones y demás
acciones de personal.
6. Instituir la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia, para el conocimiento de las faltas,
el procedimiento y las sanciones de los actos que atenten contra la integridad y transparencia del
Órgano Judicial.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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7. Establecer principios éticos judiciales orientadores de la actividad que desarrolla el Órgano
Judicial.
8. Organizar la estructura y funciones del Consejo Judicial.
Artículo 2. Principios rectores de la Carrera Judicial. Las Carreras en el Órgano Judicial se regirán
por los siguientes Principios Generales:
1. Igualdad de Oportunidades. Toda persona puede aspirar a desempeñar puestos dentro del Órgano
Judicial, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y los
Manuales de Puestos correspondientes.
2. Reclutamiento Sistemático. Los procesos de reclutamiento y evaluación de aspirantes para
selección se basarán en los estudios de recursos humanos y proyecciones efectuadas.
3. Selección por Méritos. La selección para el ingreso se hará mediante concurso con base a los
méritos del aspirante, eligiéndose en el mismo orden en que se hayan producido las vacantes, a
quienes ocupen las dos primeras posiciones en la lista de elegibles y así sucesivamente.
4. Establecimiento de la Evaluación del Desempeño. El desempeño en todos los puestos dentro del
Órgano Judicial, será evaluado periódicamente y este proceso será determinante para acciones de
formación, ascenso, beneficios, remuneración, compensación y destitución.
5. Ascenso y Traslado por Desempeño, Antigüedad y Méritos. Los procesos de traslado y ascenso
se desarrollarán tomando en cuenta el desempeño, la antigüedad y los méritos de los aspirantes.
6. Demostración de Méritos y Competencias. Los procesos de selección requieren de la acreditación
de los antecedentes académicos y experiencia; realización de concursos de oposición para cargos
cardinales; pruebas escritas, orales, y prácticas; valoración de competencias claves, entrevistas y
cursos de formación teórica y práctica.
7. Período de Prueba. De acuerdo a la naturaleza del puesto, desde el nombramiento hasta la
evaluación, será reglamentado el período de prueba que determinará si el designado adquiere o no
la calidad de servidor de carrera dentro del Órgano Judicial.
8. Institución de la Formación. Se instituye la formación para el desarrollo de las personas que
prestan servicios en el Órgano Judicial, las entidades que administran justicia y la comunidad
jurídica en general.
9. Desempeño Personal Excelente. Los servidores del Órgano Judicial desempeñarán personalmente
sus funciones, dedicándoles el máximo de sus capacidades para lograr la excelencia en la prestación
de este esencial servicio.
10. Remuneración Justa. Se procurará la justa remuneración de las labores desempeñadas, para que
los servidores logren mantener una condición de vida digna y decorosa.
11. Gratuidad y Rapidez del Servicio. El servicio judicial es gratuito y se brinda de forma expedita
por los servidores del Órgano Judicial.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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12. Exclusividad del Desempeño. Los puestos del Órgano Judicial son incompatibles con la
participación en la política, el ejercicio de la abogacía, el comercio y cualquier otro cargo
retribuido, salvo la enseñanza universitaria.
13. Autonomía para la Simplificación de Nombres y Creación de Puestos. El Órgano Judicial
buscará la simplificación de títulos o nombres de los puestos existentes en la institución para
facilitar la gestión de los procesos de recursos humanos y deberá comunicar directamente al
Ministerio de Economía y Finanzas los cargos que cree, para el trámite correspondiente.
14. Integridad y Transparencia. Los servicios prestados en el Órgano Judicial deben desarrollarse
con Integridad y Transparencia, orientados por las normas de Ética Judicial establecidas en esta Ley
y desarrolladas en el Código de Ética Judicial panameño. De igual forma, todos los procesos
establecidos para la selección, integración, traslado, promoción o ascenso, gestión y evaluación del
desempeño, de los servidores judiciales, deberán ser ampliamente publicitados, por los medios que
establezca esta Ley y sus Reglamentos, garantizando la transparencia que estas acciones de
personal demandan.
Artículo 3: Para los fines de la presente Ley, se entenderá por servidor judicial todo aquel que labore
en el Órgano Judicial.
Sección 1ª
Administración de las Carreras del Órgano Judicial
Artículo 4. Administración. En el Órgano Judicial existirán tres Carreras, la Judicial, la
Administrativa Judicial y la de Defensa Pública. Cada Carrera será administrada por su respectivo
Consejo.
Artículo 5. Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Se instituye el Consejo de
Administración de la Carrera Judicial, que ejercerá sus competencias en todo el territorio nacional, de
acuerdo con esta Ley y los reglamentos correspondientes.
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial estará integrado por los siguientes
miembros:
1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.
2. Un Magistrado de Tribunal Superior.
3. Un Juez de Circuito, Seccional o de igual categoría.
4. Un Juez Municipal.
5. El Secretario de Recursos Humanos, sólo con derecho a voz.
Quien presida la Corte Suprema de Justicia podrá delegar su representación en otro miembro del Pleno
de esa Corporación de Justicia.
La escogencia de los miembros a que se refieren los numerales 2, 3, y 4 del presente artículo, se
llevará a cabo entre sus pares y la reglamentación, para esta selección, estará a cargo de la Sala Cuarta
de Negocios Generales.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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Los miembros del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, desempeñarán su cargo,
mientras las exigencias del servicio lo requieran, a cuyo efecto se les declarará en la situación laboral
que corresponda.
Cada miembro del Consejo de Administración de la Carrera Judicial tendrá un suplente
seleccionado de la misma forma que el principal.
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial sesionará con la presencia mínima de tres
de sus miembros con derecho a voto y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los
presentes.
Artículo 6. Funciones del Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Son funciones del
Consejo de Administración de la Carrera Judicial las siguientes:
1. Administrar el Sistema de Carrera Judicial, procurando condiciones de acceso a los aspirantes
mejor calificados a través de procesos transparentes y objetivos, que generen personal idóneo,
competente y honesto, para garantizar el respeto, decoro e independencia de la función judicial.
2. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del Sistema de Carrera Judicial y resolver las
controversias que se susciten con relación a la aplicación de los Reglamentos de Carrera Judicial y
Evaluación del Desempeño.
3. Tomar las acciones y medidas pertinentes en defensa de la Independencia Judicial, para lo cual está
legalmente facultado.
4. Supervisar el funcionamiento de la Escuela Judicial, aprobar los cursos de formación inicial y
continuada, los parámetros de las pruebas de conocimientos para el proceso de selección y demás
cometidos de la misma.
5. Aprobar y dar seguimiento a la programación anual de las auditorías judiciales y solicitar auditorías
extraordinarias o especiales, cuando las condiciones lo ameriten.
6. Requerir a todas las dependencias judiciales, el uso adecuado de las herramientas de seguimiento
informático de expedientes judiciales y la entrega de inventario o relación de asuntos pendientes en
el despacho, cuando los titulares cesen en el cargo, con indicación de la fecha de iniciación y el
estado en que se encuentran los procesos.
7. Definir las políticas y los objetivos de calidad y competencia de la Carrera Judicial, revisar su
cumplimiento, evaluarlos y ajustarlos cuando así se requiera.
8. Establecer las directrices para los planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad
del Servicio de Administración de Justicia.
9. Nombrar a los miembros de las Comisiones de Evaluación para el ingreso a la Carrera Judicial.
10. Coordinar la difusión oportuna de las dimensiones del desempeño y competencias que serán
evaluadas; así como de la programación, procedimientos e integración de los equipos de
evaluadores y evaluados.
11. Promover el cumplimiento de las normas éticas contenidas en la Ley y en el Código de Ética
Judicial panameño.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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12. Expedir el reglamento para su régimen interno y todos aquellos que esta Ley le señale.
13. Organizar el Congreso Anual de la Administración de Justicia (CADAJ), que se desarrollará en la
segunda semana del mes de septiembre para el debate de los temas judiciales de actualidad.
14. Presentar informe anual de su gestión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
15. Todas las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley, el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia y los Reglamentos.
Artículo 7. Integrantes del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial.
Son miembros del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial:
1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.
2. Un Magistrado de Tribunal Superior.
3. El Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
4. El Secretario de Recursos Humanos.
5. El Director de Asesoría Legal, quien sólo tendrá derecho a voz.
Quien presida la Corte Suprema de Justicia podrá delegar su representación en otro miembro del Pleno
de esa Corporación de Justicia.
Cada miembro del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial tendrá un
suplente seleccionado de la misma forma que el principal.
La escogencia del miembro a que se refiere el numeral 2 del presente artículo, se llevará a cabo
entre sus pares y la reglamentación, para esta selección, estará a cargo de la Sala Cuarta de Negocios
Generales.
Los miembros del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial,
desempeñarán su cargo, mientras las exigencias del servicio lo requieran, a cuyo efecto se les declarará
en la situación laboral que corresponda.
El Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial sesionará con la presencia
mínima de tres de sus miembros con derecho a voto y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta
de los presentes.
Artículo 8. Funciones. Son funciones del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa
Judicial las siguientes:
1. Administrar el Sistema de Carrera Administrativa Judicial, procurando condiciones de acceso a los
aspirantes mejor calificados a través de procesos transparentes y objetivos, que generen personal
idóneo, competente y honesto.
2. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del Sistema de Carrera Administrativa Judicial y
resolver las controversias que se susciten con relación a la aplicación de los Reglamentos de
Carrera Administrativa Judicial y la Evaluación del Desempeño Administrativo.
3. Definir las políticas y los objetivos de calidad y competencia de la Carrera Administrativa Judicial,
revisar su cumplimiento, evaluarlos y ajustarlos cuando así se requiera.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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4. Participar en el diseño de los cursos de formación especializada para los miembros de la Carrera
administrativa Judicial.
5. Establecer las directrices para los planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad
del Servicio de Administración Justicia.
6. Nombrar a los miembros de las Comisiones de Evaluación para el ingreso a la Carrera
Administrativa Judicial, y
7. Coordinar la difusión oportuna de las dimensiones del desempeño y competencias que serán
evaluadas; así como de la programación, procedimientos e integración de los equipos de evaluadores y
evaluados.
8. Expedir el reglamento para su régimen interno.
9. Todas las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley y los Reglamentos.
Artículo 9. Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública. Se instituye el Consejo
de Administración de la Carrera de Defensa Pública, que ejercerá sus competencias en todo el territorio
nacional, de acuerdo con esta Ley y los Reglamentos correspondientes.
El Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública estará integrado por los
siguientes miembros:
1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.
2. El Director del Instituto de la Defensa Pública.
3. Dos Defensores Públicos.
4. El Secretario de Recursos Humanos, sólo con derecho a voz.
Quien presida la Corte Suprema de Justicia podrá delegar su representación en otro miembro del Pleno
de esa Corporación de Justicia.
Cada miembro del Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública tendrá un
suplente seleccionado de la misma forma que el principal.
La escogencia de los miembros a que se refiere el numeral 3 del presente artículo, se llevará a
cabo entre sus pares y la reglamentación, para esta selección, estará a cargo de la Sala Cuarta de
Negocios Generales.
Los miembros del Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública, desempeñarán
su cargo, mientras las exigencias del servicio lo requieran, a cuyo efecto se les declarará en la situación
laboral que corresponda.
El Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública sesionará con la presencia
mínima de tres de sus miembros con derecho a voto y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta
de los presentes.
Artículo 10. Funciones del Consejo de Administración de la Carrera de la Defensa Pública. Son
funciones del Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública las siguientes:
1. Administrar el Sistema de Carrera de la Defensa Pública, procurando condiciones de acceso a los
aspirantes mejor calificados a través de procesos transparentes y objetivos, que generen personal TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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idóneo, competente y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de los servidores de la
Defensa Pública.
2. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del Sistema de Carrera de Defensa Pública y
resolver las controversias que se susciten con relación a la aplicación de los Reglamentos
correspondientes, incluyendo el de Evaluación del Desempeño.
3. Supervisar y aprobar los cursos de formación dirigidos al personal que labora en el Instituto de
Defensa Pública.
4. Aprobar y dar seguimiento a la Programación Anual de Auditorías y solicitar auditorías
extraordinarias o especiales, cuando las condiciones lo ameriten.
5. Definir las políticas y los objetivos de calidad y competencia de la Carrera de Defensa Pública,
revisar su cumplimiento, evaluarlos y ajustarlos cuando así se requiera.
6. Establecer las directrices para los planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad
del Servicio de Administración de Justicia.
7. Nombrar a los miembros de las Comisiones de Evaluación para el ingreso a la Carrera de Defensa
Pública.
8. Coordinar la difusión oportuna de las dimensiones del desempeño y competencias que serán
evaluadas; así como de la programación, procedimientos e integración de los equipos de
evaluadores y evaluados.
9. Promover el cumplimiento de las normas éticas contenidas en la Ley y en el Código de Ética
Judicial panameño.
10. Expedir el reglamento para su régimen interno.
11. Todas las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley y los Reglamentos.
Sección 2ª
Unidades Técnicas
Artículo 11. Secretaría de Recursos Humanos. Créase la Secretaría de Recursos Humanos,
encargada de asistir a los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial en el
cumplimiento de sus actividades ordinarias y especiales, así como en el trámite de las solicitudes que
deben atender en el pleno y comisiones de trabajo. La Secretaría estará conformada por las Direcciones
de Estudios de Recursos Humanos; Selección de Recursos Humanos; Gestión Administrativa de
Recursos Humanos; Seguimiento del Desempeño y Bienestar del Servidor Judicial, y todas aquellas
que por reglamento se disponga.
Artículo 12. Funciones de la Secretaría de Recursos Humanos. La Secretaría de Recursos Humanos
tendrá las siguientes funciones:
1. Diseñar, actualizar y aplicar un Sistema de Reclutamiento que atraiga a los mejor calificados a
participar en el proceso de selección.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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2. Convocar a los interesados a participar en los concursos de traslado, ascenso e ingreso, previa
aprobación de los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
3. Presentar a los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, la lista de elegibles
que resulte del proceso de evaluación de aspirantes, donde consten además de la sustentación
relativa a la superación de todas las fases dispuestas para su emisión, el nombre de los
seleccionados en el mismo orden que resulte de los puntajes obtenidos.
4. Proponer de los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial las herramientas
de evaluación que considere más apropiadas para evidenciar en los aspirantes la presencia de las
competencias organizacionales, específicas y técnicas requeridas para cada puesto.
5. Participar en el diseño de los Programas de Capacitación y Desarrollo institucional y suministrar a
la Escuela Judicial las prioridades de formación detectadas a través de los procesos de Recursos
Humanos.
6. Diseñar y actualizar permanentemente un Programa de Desarrollo de Competencias que propicie un
desempeño exitoso.
7. Procurar la difusión periódica e identificación de la estrategia y metas del Órgano Judicial y
reforzar los valores institucionales y principios éticos judiciales, en todos los servidores que laboran
en la institución.
8. Disponer las acciones pertinentes para la elaboración y actualización de los diferentes procesos
técnicos de recursos humanos y verificar su cumplimiento.
9. Aprobar, antes de su aplicación, los instrumentos diseñados para conocer las aspiraciones y
preocupaciones de los servidores que prestan servicios en la institución y estimular las soluciones
apropiadas, observando en todo momento la política institucional.
10. Revisar y presentar a la consideración de los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales,
para su posterior aprobación por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, el Plan de
Remuneración de la institución, que determinará el sueldo que le corresponde a cada clase de
puesto según sus funciones, méritos, desempeño y antigüedad.
11. Presentar a los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales los planes de facilidades,
comodidades, ventajas y servicios que la institución esté en capacidad de ofrecer a los servidores
del Órgano Judicial, como beneficios intangibles.
12. Participar como moderador de las Comisiones de Evaluación y entrevistas de trabajo para la
selección de candidatos que se lleven a cabo en el Centro de Valoración de Aspirantes.
13. Interactuar con los servidores de la institución y asociaciones de éstos; los usuarios del Sistema
Judicial; las asociaciones de abogados; entidades, organizaciones y organismos vinculados y otros
sistemas judiciales; para captar las tendencias externas que le permitan encauzar oportunamente su
gestión de acuerdo al contexto social y plantear soluciones integrales.
14. Supervisar y coordinar los procesos de gestión de recursos humanos a través de las Direcciones de
Selección, Gestión Administrativa, Estudios de Recursos Humanos, Seguimiento del Desempeño, TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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Bienestar del Servidor Judicial y en general de todas aquellas que sean creadas por motivo de las
Carreras Judiciales.
15. Dar a conocer a los miembros de los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales, las
convocatorias para las sesiones a las que deben asistir, acompañando el orden del día y la
documentación correspondiente.
16. Custodiar las actas de las reuniones de los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano
Judicial y expedir las certificaciones que procedan de los acuerdos adoptados por el mismo.
17. Cursar las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos emitidos por los
Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
18. Organizar, dirigir y supervisar el sistema de registro de documentos.
19. Elaborar los proyectos de acuerdo de las listas provisionales y definitivas de elegibles que serán
aprobadas por los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
20. Elaborar los proyectos de resolución de las decisiones y recursos que deban ser emitidas o absueltas
por los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
21. Preparar los proyectos de resolución de las decisiones de estos organismos, relacionadas con las
controversias que se susciten de la aplicación de los reglamentos de las Carreras del Órgano
Judicial y Evaluación del Desempeño.
22. Recibir, documentar, pasar al Tribunal de Integridad y Transparencia y poner en conocimiento de
los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, los casos en que considere que
los cargos judiciales, especialmente los de magistrados y jueces, están siendo o han sido
presionados o perturbados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, a fin de que se
interpongan las acciones pertinentes en defensa de la Independencia Judicial.
23. Formular el Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría.
24. Las demás que sean asignadas por la Ley y los Reglamentos respectivos.
Artículo 13. Direcciones de la Secretaría de Recursos Humanos. Para la ejecución de sus funciones,
la Secretaría de Recursos Humanos se integrará por cinco direcciones:
1. Estudios de Recursos Humanos: Analiza la demanda de servicios, planifica la provisión de
recursos humanos y la distribución de funciones ajustando los manuales de Puestos y de
Procedimientos, gestiona el conocimiento organizacional para el cumplimiento oportuno de los
objetivos y programas institucionales y diseña y actualiza la escala de sueldos.
2. Selección de Recursos Humanos: Supervisa y coadyuva en la evaluación de los aspirantes a partir
del modelo diseñado para que cada persona que se elija posea las competencias definidas para el
desempeño del puesto que ocupará, aproveche la formación inicial y se incorpore formalmente a la
institución.
3. Gestión Administrativa: Ejecuta, registra y tramita todas las acciones de personal y de planilla, de
acuerdo a las solicitudes que le formulen las unidades nominadoras y disciplinarias; atiende las TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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solicitudes de certificaciones y constancias que sean necesarias, acatando en todo momento las
formalidades de Ley.
4. Gestión del Desempeño: Mide periódicamente el avance en el cumplimiento de las metas
organizacionales a partir de las líneas base de los indicadores de gestión de las distintas unidades
que integran la institución, define los estándares de calidad, eficiencia y productividad y lleva a
cabo la coordinación y consolidación de los resultados de la evaluación del desempeño.
5. Bienestar del Servidor del Órgano Judicial: Planifica, coordina y realiza acciones de
entretenimiento y motivación del Capital Humano, organiza la seguridad laboral de los servidores
les proporciona atención psicológica, de trabajo social y profesional y supervisa el funcionamiento
de clínicas y centros de crecimiento y desarrollo infantil.
Artículo 14. Formación. La formación integral y el entrenamiento para el desarrollo específico de las
tareas que corresponden a los puestos de trabajo de los servidores que laboran en el Órgano Judicial se
desarrollará a través de la Escuela Judicial, atendiendo un proceso sistemático, de acuerdo con la
estrategia institucional para certificar y recertificar las competencias organizacionales, específicas y
técnicas, que deban exhibirse por los servidores judiciales a todos los niveles de la institución. Deberá
cubrir las necesidades que se vayan identificando mediante la gestión del conocimiento para generar
una cultura de excelencia en el desempeño.
Artículo 15. Centro de valoración. Existirá un Centro de Valoración, con sede en la Escuela Judicial,
en donde funcionarán las Comisiones de Evaluación, encargado de certificar permanentemente las
competencias requeridas para los distintos puestos de trabajo. Estas certificaciones se utilizarán en los
procesos de selección, traslado, promoción o ascenso y formación.
Artículo 16. Programas y planes de formación. Los programas y planes de formación se
administrarán haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, para la
preparación integral, especializada y de alta calidad de los miembros del Órgano Judicial y aspirantes
de las Carreras del Órgano Judicial y se medirá el impacto de los mismos.
Artículo 17. Formación para los integrantes de la comunidad jurídica. También se ofrecerán
programas de formación profesional a todos los integrantes de la comunidad jurídica nacional.
Artículo 18. Celebración de convenios. Se podrán celebrar convenios con organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales destinados a brindar programas de formación para conseguir sus
servicios y que estos puedan prestarse de forma gratuita o a menor costo.
Artículo 19. Participación en cursos. Cuando los servidores del Órgano Judicial sean beneficiados
con cursos de formación cubiertos por la institución, tendrán la obligación de asistir a los mismos y las TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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evaluaciones o títulos que obtengan formarán parte de su expediente personal, quedando obligados a
continuar en la prestación de servicios en la institución, por lo menos el doble del tiempo que hubiese
tomado la formación.
En caso contrario deberá reembolsarse a la institución lo que corresponda al gasto en que
incurrió para el pago de la capacitación.
Artículo 20. Auditoría General en el Órgano Judicial. Las Direcciones de Auditoría, se encargarán
del análisis y verificación de los controles del funcionamiento de los servicios públicos de
Administración de Justicia en todo el territorio nacional, a través de visitas periódicas para la revisión
de la gestión y actuación jurisdiccional y las acciones administrativas, la situación de los despachos
judiciales y el funcionamiento de la prestación del servicio.
El personal que participe en la realización de las auditorías deberá contar con un mínimo de
cinco (5) años de experiencia en el tema objeto de la auditoría.
Cuando así lo considere el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se podrá contratar el servicio
de auditoría externa especializada en el área jurisdiccional y administrativa.
Artículo 21. Objetivo de las auditorías. El objetivo de las auditorías es el de efectuar un diagnóstico
del funcionamiento del despacho auditado, para detectar las buenas prácticas que puedan ser
generalizadas y analizar las causas de las deficiencias en caso de que existan.
Artículo 22. Clases de auditoría judicial. La auditoría judicial es aquella que se realiza a despachos
de jueces, magistrados y a defensores públicos; esta auditoría puede llevarse a cabo de forma ordinaria
o extraordinaria.
Las auditorías ordinarias son las que tienen por objeto la comprobación del funcionamiento de
los despachos, detectar buenas prácticas e identificar fallas y fórmulas para solucionarlas. Son
auditorías extraordinarias las que solicita el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de
Integridad y Transparencia, con el objeto de iniciar o acreditar los hechos que requieran aclaración
urgente o que respondan a una causa de competencia del Tribunal de Integridad y Transparencia,
respectivamente.
Artículo 23. Funciones de la Dirección de Auditoría Judicial. La Dirección de Auditoría Judicial,
además de las señaladas en otros ordenamientos jurídicos, tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar los criterios y parámetros que deben contener los informes de las auditorías que se
realicen en los distintos despachos judiciales y los centros de apoyo judicial de la institución y
someterlos, antes de su aplicación, a la aprobación de los Consejos de Administración de las
Carreras Judiciales, respectiva.
2. Verificar el funcionamiento de los servicios de la administración de justicia, según los deberes y
obligaciones asignadas por la Ley.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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3. Recoger información actualizada y fiable sobre la situación funcional de los Tribunales, Juzgados
y despachos de Defensores Públicos y hacer las recomendaciones que contribuyan al
mejoramiento de su labor.
4. Emitir los informes preliminares y darlos a conocer al auditado para que remita sus descargos
dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de su recibo.
5. Remitir los informes finales dentro del lapso de treinta (30) días hábiles a los Tribunales auditados,
a la Corte Suprema de Justicia y a los respectivos Consejos de Administración de las Carreras del
Órgano Judicial, adjuntando, en el caso de estos dos últimos, los descargos del auditado.
Artículo 24. Labor auditora. Los auditores deberán rendir su informe en forma clara, precisa y
objetiva basándose en argumentos sólidos, sin entrar a censurar, aprobar o corregir las actuaciones y
decisiones de los Magistrados, Jueces y Defensores Públicos en el ejercicio de sus deberes.
Sección 3ª
Análisis y Clasificación de Puestos
Artículo 25. Manual de puestos. El perfil de los puestos de trabajo resultará de la aplicación de un
sistema efectivo de análisis que brinde información confiable sobre la institución, las unidades de
trabajo y los servidores judiciales.
Esta información se documentará en el Manual de Puestos institucional, que contendrá factores
tales como nomenclatura, grado, misión del puesto, competencias requeridas para el desarrollo de la
función, resultados esperados, persona o dependencia a la que estos deben reportarse,
responsabilidades, condiciones ambientales, riesgos, criterios o estándares de desempeño y
especificación; con el propósito de orientar la gestión del capital humano, en las áreas de reclutamiento,
selección, integración, formación, evaluación, clasificación, remuneración, ascensos, salud, seguridad y
otras acciones.
Artículo 26. Modelo de competencias. La Secretaría de Recursos Humanos, cuidará que la
especificación de los puestos de trabajo, contenga las calificaciones y competencias requeridas en los
aspirantes para el adecuado desempeño de las funciones que correspondan, tomando como base la Ley
y la estrategia del Órgano Judicial. Igualmente, coordinará la preparación y presentación oportuna a los
Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, del Manual que contendrá la
definición de las competencias organizacionales, específicas y técnicas, las conductas que identifiquen
su presencia en los aspirantes y los distintos grados o niveles en que deben exhibirse de acuerdo a la
naturaleza de cada puesto en la institución.
Artículo 27. Revisión de puestos. Anualmente se realizará una revisión general de todos los puestos
existentes, con el fin de recomendar los ajustes y modificaciones que se requieran, según las
necesidades de la institución y su competitividad de acuerdo a las ofertas homologables del entorno, TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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procurando en todo momento que la creación o reclasificación de puestos atienda a las necesidades
específicas de la naturaleza del servicio judicial en aras de mantener la sencillez y utilidad del manual
que los describe y clasifica.
Artículo 28. Autonomía para la simplificación y la creación de puestos. La creación de los cargos o
puestos dentro de la estructura del Órgano Judicial, corresponderá a la Sala Cuarta de la Corte Suprema
de Justicia, debiendo comunicarse a través de la oficina institucional correspondiente las decisiones
adoptadas, al Ministerio de Economía y Finanzas para las acciones pertinentes.
Se mantendrá una estructura de puestos simplificada y organizada que permita la fácil
aplicación de los sistemas de remuneración, beneficios, ascensos y desarrollo del Capital Humano.
Sección 4ª
Requisitos Generales
Artículo 29. Requisitos generales de ingreso. Para ingresar a las Carreras del Órgano Judicial se
requiere:
1. Ser de nacionalidad panameña.
2. Reunir los requisitos de edad, idoneidad, educación, experiencia y competencias claves que se
exigen para desempeñar el puesto en la Ley, reglamentos y manuales respectivos.
3. No tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución y la Ley.
4. Haber aprobado satisfactoriamente los exámenes, pruebas, y cursos de formación en los puestos
que así lo requieran.
5. Superar satisfactoriamente el período de prueba.
6. Ser nombrado funcionario permanente en el puesto incluido dentro del régimen de Carrera y tomar
posesión del cargo.
7. No podrán ingresar al Órgano Judicial los condenados por delito doloso, mediante sentencia
ejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia; los que no estén en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos; los condenados por falta a la ética profesional; los sancionados
disciplinariamente con destitución; los que consuman drogas ilícitas; y todas aquellas personas que
tengan restricción total en el ejercicio de su capacidad legal. Cuando se trate de personas con
restricción parcial se coordinará con la Secretaría Nacional de Discapacidad la expedición de la
Certificación de Clasificación de la Funcionalidad a fin de determinar si el grado o tipo de
discapacidad, restringe o no, el ejercicio de la capacidad legal.
Artículo 30. Comprobación de ausencia de impedimentos. Los Consejos de Administración de las
Carreras Judiciales, podrán solicitar a la oficina respectiva la certificación de inexistencia de condena
por delito doloso de los aspirantes, tal como lo dispone la Constitución Política y la prueba negativa en
el uso de drogas ilícitas exigible también en cualquier momento durante el ejercicio del cargo.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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Artículo 31. Nombramiento. Obtenidos los resultados de los concursos realizados, la Secretaría de
Recursos Humanos se encargará de girar la comunicación correspondiente a la unidad nominadora, con
toda la documentación de los candidatos que ocupen los dos primeros lugares en la lista de elegibles
emitida por el Consejo de Administración de que se trate, de acuerdo a los resultados obtenidos en cada
una de las fases del proceso de selección. La unidad nominadora, impartirá la orden del nombramiento
a la Dirección de Gestión Administrativa de Recursos Humanos, una vez que verifique el cumplimiento
de los requisitos por el candidato seleccionado. De acuerdo a los datos de localización electrónicos y
telefónicos ingresados al sistema por los aspirantes en los procesos de reclutamiento y selección, la
Secretaría de Recursos Humanos, dará a conocer al seleccionado su nombramiento, de lo cual dejará
constancia.
Artículo 32. Aceptación o excusa. Cuando la persona designada no acepte el puesto, lo comunicará al
Consejo de Administración de Carrera Judicial respectivo, por correo electrónico o por escrito, dentro
de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que conoció de su nombramiento. En este último
caso se llevará a cabo el mismo procedimiento con las dos siguientes personas de la lista, conservando
siempre la prelación que indique el puntaje obtenido.
Artículo 33. Juramento y posesión. Una vez hecho y comunicado el nombramiento, los seleccionados
prestarán juramento y tomarán posesión del cargo en acto solemne ante la unidad nominadora y en la
fecha programada para tales efectos.
Desde la toma de posesión, los servidores entran en ejercicio del cargo.
Artículo 34. Proceso de integración. Las personas nombradas, luego de tomar posesión del puesto,
deberán cumplir con un proceso de integración obligatorio, que lleva como propósito su orientación,
integración, situación y adaptación a la labor del Órgano Judicial, el conocimiento de las
responsabilidades, derechos y efectos del adecuado desempeño, el sistema de trabajo, los principios de
ética judicial y sus implicaciones.
El superior inmediato debe entregar por escrito al nombrado, las instrucciones específicas del
puesto de trabajo al inicio de su labor.
Sección 5ª
Derechos
Artículo 35. Derechos de los servidores del Órgano Judicial en general. Son derechos de los
servidores del Órgano Judicial en general, los siguientes:
1. Realizar las labores correspondientes a su puesto de trabajo y las que fueren requeridas por su
superior para coadyuvar en el logro de las metas u objetivos de trabajo y calidad que establezca la
dependencia correspondiente.
2. Recibir una remuneración justa, que incluya compensación por jornadas extraordinarias laboradas.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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3. Disfrutar de descanso por un mes remunerado anualmente y vacaciones proporcionales.
4. Obtener permisos para diligencias personales urgentes, por el tiempo máximo determinado por la
Ley y los Reglamentos.
5. Solicitar información de su expediente y desempeño, al Consejo de Administración de la Carrera
que corresponda, la Secretaría de Recursos Humanos y sus órganos.
6. Recurrir las decisiones administrativas que le afecten.
7. Conocer al inicio del período, las metas fijadas, los indicadores, formularios y herramientas que
serán auditados, evaluados o investigados, en los procesos de ética judicial, auditoría judicial,
seguimiento y evaluación del desempeño y disciplina respectivamente.
8. Participar en los programas institucionales de entrenamiento y educación especializada a cargo de
la Escuela Judicial.
9. Desarrollar sus labores en un ambiente seguro, higiénico y adecuado al digno propósito de
administrar justicia.
10. Contar con los implementos adecuados que garanticen su protección, higiene, salud y seguridad,
que primordialmente sirvan de garantía a la calidad de la labor que debe desarrollar, sin que ello
implique ningún costo personal para los servidores judiciales.
11. Pago de tiempo compensatorio trabajado siempre que haya sido aprobado previamente por el jefe
inmediato o superior jerárquico.
12. Póliza de Vida y Salud.
13. Jubilación, de acuerdo a las normas especiales establecidas por Ley.
14. Participar en los concursos abiertos para llenar vacantes dentro del Órgano Judicial.
15. Otorgamiento de declaración de situación de servicios que requiera.
16. Asociación para la promoción y dignificación de la función en el Órgano Judicial.
17. Disfrute de los planes de beneficios, prestaciones y bonificaciones generales o especiales,
establecidos por la Constitución Política, la Ley, los reglamentos o acuerdos institucionales.
18. Bonificación en atención a la antigüedad en los casos de renuncia y supresión de empleo.
19. Indemnización a sus herederos o beneficiario previamente designado, consistente en su último mes
de sueldo en caso de su fallecimiento.
20. Los demás que les concedan la Constitución Política, la Ley y los Reglamentos.
Artículo 36. Derechos de los servidores de carrera dentro del Órgano Judicial. Son derechos de los
servidores que forman parte de las Carreras dentro del Órgano Judicial además de los señalados en el
artículo anterior, los siguientes:
1. Estabilidad en el cargo, condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en la prestación del
servicio.
2. Participación, de acuerdo a la naturaleza de los puestos que ocupa, de los procesos de traslados y
ascensos, de conformidad con su antigüedad, desempeño y hoja de servicio.
3. Los demás que les concedan la Constitución Política, la Ley y los Reglamentos.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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Artículo 37. Derechos y Garantías de los Magistrados y Jueces. El Estado garantiza a los
Magistrados y Jueces la plena independencia en su actuación y asegura el desempeño del cargo según
el Principio de Inamovilidad y el disfrute de los derechos que le son debidos en consideración al alto
fin que cumplen. En consecuencia, están exentos del desempeño de puestos obligatorios y de realizar
prestaciones personales a la administración y no podrán ser obligados a comparecer ante autoridades
administrativas dentro del territorio donde ejerzan su jurisdicción. Los datos o declaraciones que sean
precisas se evacuarán por escrito o se llevarán a cabo en el despacho oficial del Magistrado o Juez.
Para garantizar la Independencia Judicial, los Magistrados y Jueces son inamovibles.
En consecuencia, no podrán ser destituidos, suspendidos o trasladados, sino en los casos y con
las formalidades que disponga la Constitución Política, la Ley, las normas que la desarrollan y, en
especial, las contenidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño, para los casos en que éstas sean
aplicables.
Artículo 38. Competencia para detención de Magistrados y Jueces. Los Magistrados o Jueces no
podrán ser detenidos, ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial
competente para juzgarlos, en los casos y con las formalidades que disponga la Ley.
Artículo 39. Beneficios especiales. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los
Tribunales Superiores de Justicia, como los Defensores de Oficio Distritales, tendrán derecho a
importar libre de derecho de introducción y demás gravámenes, un automóvil para su uso particular
cada tres (3) años.
La exención anterior será concedida por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de
Economía y Finanzas. El favorecido no podrá vender el automóvil adquirido antes de tres (3) años,
pero en caso de que el vehículo se destruya por causa de un accidente o sea despojado de él,
definitivamente, por robo, hurto, incendio o cualquier hecho que acarree su pérdida total, antes de
vencerse los tres (3) años, el Magistrado podrá acogerse a una nueva exención siempre que pruebe
debidamente los motivos que la justifican.
Estos mismos servidores públicos tendrán derecho a placa oficial para sus automóviles de uso
personal y tendrán derecho a percibir del Estado cien galones de gasolina mensualmente para
utilizarlos en los mismos.
Los Jueces y Defensores Públicos tendrán derecho a placa oficial.
Artículo 40. Estabilidad en cargos desempeñados en el Órgano Judicial. Los servidores públicos,
amparados por las Carreras del Órgano Judicial, tienen derecho al mantenimiento de su condición de
funcionario judicial, al desempeño efectivo de tareas o funciones de su cargo y a no ser removidos del
puesto de trabajo que desempeñen, sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente y, en
especial, en las normas contenidas en el sistema de Evaluación de Desempeño. En ningún caso podrá
destituírseles, sin observarse los procedimientos y términos previstos en esta Ley.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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Sección 6ª
Deberes
Artículo 41. Deberes generales de los servidores que laboran en el Órgano Judicial. Son deberes
generales de las personas que laboran en el Órgano Judicial, los siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y la Ley.
2. Procurar alcanzar los estándares de excelencia promovidos a través del Código de Ética Judicial
panameño.
3. Realizar personalmente su labor, de forma competente, leal y moral en el servicio.
4. Clarificar, planificar y organizar su trabajo anualmente, establecer metas mensuales y acciones
semanales y diarias que conviertan la estrategia institucional en resultados.
5. Desarrollar su labor atendiendo el plan trazado para alcanzar los objetivos establecidos
periódicamente, alineados con la demanda de servicio.
6. Llenar formulario en el primer mes de cada año, bajo la gravedad del juramento, en el que conste el
detalle de su estado patrimonial, mismo que reposará en el respectivo expediente de personal y
cuyo acceso será de carácter restringido.
7. Asistir puntualmente y en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para cumplir las labores
asignadas a su puesto.
8. Informar inmediatamente a la oficina correspondiente y en lo posible antes de que ocurran, las
situaciones que pongan en riesgo a las personas o al prestigio de la institución, suscitadas por
accidentes o daños durante la ejecución del trabajo o en relación con este.
9. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de su superior inmediato, siempre que no contradigan
la Constitución Política ni la Ley y no atenten contra su dignidad.
10. Trato oportuno, atento, amable y cortés a los usuarios en su calidad de destinatarios de la labor del
Órgano Judicial.
11. Consideración y amabilidad en su trato con compañeros de trabajo.
12. Atender las peticiones que sean formuladas en forma respetuosa en el lapso máximo de un mes o en
el término que determine la Constitución y Ley.
13. Guardar estricta reserva sobre la información o documentación confidencial de que conoce en
virtud o con ocasión del servicio que presta.
14. Trabajar tiempo extraordinario cuando su superior lo solicite para cumplir con la función
ininterrumpidamente, en caso de que así se requiera.
15. Atender los asuntos de su competencia dentro de los términos legal o reglamentariamente
establecidos.
16. Asistir y mantenerse en el puesto de trabajo hasta que llegue la persona que deba reemplazarle o
concluya la gestión bajo su responsabilidad, salvo enfermedad grave o estado de embarazo.
17. Cuidar todos los documentos, bienes, útiles, materiales, herramientas, mobiliario y equipos
confiados a su custodia, uso o administración, con la diligencia de un buen padre de familia.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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18. Evitar la alteración, retardo o negación injustificada del trámite de asuntos o prestación del servicio
que le corresponde brindar a los usuarios.
19. Rechazar pagos o favores que ofrezcan los particulares, como contribución o recompensa por la
ejecución de acciones inherentes a su puesto de trabajo.
20. Brindar trato igualitario en los trámites realizados por personas naturales o jurídicas que pretendan
ser o sean proveedores o contratistas de la institución.
21. Mantenerse en el puesto de trabajo durante la jornada laboral y solicitar permiso al jefe inmediato o
superior cuando deba ausentarse por causa justificada o asuntos personales urgentes.
22. No adoptar conductas de acoso sexual y laboral.
23. No actuar con nepotismo.
24. Abstenerse de atentar de palabra o de hecho contra la dignidad y prestigio del Órgano Judicial y de
sus compañeros de trabajo.
25. Cumplir las medidas de seguridad, salud e higiene y evitar la realización de trabajo en condiciones
que pongan en peligro al personal a su cargo.
26. Salvo el caso de enfermedad grave comprobada o licencia de gravidez, los servidores de las
Carreras del Órgano Judicial, deberán permanecer en sus puestos hasta que sean reemplazados por
quien deba sucederlos.
Artículo 42: Deberes de los Magistrados y Jueces. Son deberes de los Magistrados y Jueces:
1. Administrar justicia en forma gratuita, expedita, ininterrumpida y motivada, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes de la República.
2. Resolver los asuntos de su competencia con independencia e imparcialidad y cumplir
rigurosamente las garantías del debido proceso.
3. Dirigir la labor del Tribunal a su cargo con la debida diligencia.
4. Mantener absoluta reserva de los asuntos que así lo requieran por su naturaleza.
5. Respetar y atender conforme a la ley a los funcionarios judiciales, personal subalterno, auxiliares
judiciales, compañeros de trabajo, usuarios del sistema y al público en general.
6. Mantener un alto nivel de actualización profesional.
7. Denunciar cualquier acto que implique riesgo o amenaza para la independencia del ejercicio de su
cargo.
8. Organizar la labor del Tribunal o Juzgado y establecer las metas que permitan contribuir a lograr
los objetivos estratégicos de la institución.
9. Dar seguimiento periódico al avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Tribunal o
Juzgado en el que se desempeña.
10. Rendir los informes ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que disponga la Ley.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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Sección 7ª
Situaciones Laborales
Artículo 43. Situaciones laborales. Los servidores judiciales pueden encontrarse en las situaciones
laborales siguientes:
1. Servicio activo.
2. Servicios especiales.
3. Comisión de servicios.
4. Licencia con o sin sueldo.
5. Permiso.
6. Vacaciones, o
7. Suspensión de servicios.
Artículo 44. Servicio activo. Los servidores judiciales, estarán en servicio activo cuando ocupen de
manera permanente una posición dentro del Órgano Judicial.
Artículo 45. Servicios especiales. En el ejercicio del cargo titular, los servidores pertenecientes a las
Carreras del Órgano Judicial tendrán derecho a ser declarados en licencia por servicios especiales,
mientras sean requeridos para ocupar otro cargo dentro de la institución, por el tiempo que sea
necesario.
Cuando sean autorizados por el respectivo Consejo, a prestar asistencia técnica a otras
dependencias del Estado u organismo internacional o para trabajar en actividades en las cuales la
institución tenga interés, pueden solicitar que se les declare en la misma situación, hasta por el término
de un año, prorrogable hasta por tres (3) años. Estos servicios generan derecho a recibir sueldo
solamente si en la dependencia u organismo no lo percibiere.
Los servidores judiciales que no pertenezcan a las Carreras del Órganos Judicial podrán gozar
de este derecho, por el término que sea requerido para ocupar dicho cargo y a criterio de la unidad
nominadora.
Artículo 46. Comisión de servicios. Los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales,
podrán declarar en comisión de servicios a los funcionarios judiciales de Carrera para ocupar otros
puestos en el mismo Órgano Judicial, por un lapso de dos (2) años, prorrogable hasta dos (2) años más
o para representar a la institución en congresos o conferencias hasta por treinta (30) días.
Los servidores judiciales que no pertenezcan a Carrera alguna podrán gozar de este derecho,
por igual término y a criterio de la unidad nominadora.
Artículo 47. Derechos de la declaración de servicios. Quienes se encuentren en comisión de servicios
o situación de servicios especiales se les computará el término en que permanezcan en tal situación TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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para los ascensos, antigüedad y demás derechos establecidos en esta Ley. También tendrán derecho a la
reserva del puesto de Carrera que ocupaban al momento de la declaración de tal situación.
Artículo 48. Concesión de licencias por la unidad nominadora. Los funcionarios judiciales tendrán
derecho a beneficiarse del otorgamiento de licencia con derecho a sueldo por enfermedad por un
período de hasta treinta (30) días; matrimonio, hasta por tres (3) días; duelo por muerte de parientes o
cónyuge de uno (1) a cinco (5) días según se reglamente; trámite de matrícula, por un (1) día; y sin
derecho a sueldo para atender asuntos personales hasta por tres (3) meses.
Las servidoras judiciales podrán, también, beneficiarse del otorgamiento de licencia con
derecho a sueldo por adopción de un hijo, hasta por cuatro semanas.
Los servidores judiciales podrán, a su vez, beneficiarse del otorgamiento de licencia con
derecho a sueldo por capacitación y perfección de estudios por el tiempo que dure la actividad
académica; conclusión de trabajo de graduación hasta por un mes; labor social universitaria por el
tiempo asignado para esta actividad por el centro de estudios y candidatura para ser miembros de los
Consejos de Administración, hasta por tres (3) días.
También podrá concederse licencia con sueldo hasta por diez (10) días prorrogables
excepcionalmente, basada en circunstancias personales o familiares debida y objetivamente
acreditadas, que afecten gravemente la situación laboral del servidor.
Artículo 49. Derechos derivados de la concesión de licencia. Quienes disfruten de la concesión de
Licencia con o sin sueldo tienen derecho a la reserva del puesto de Carrera que ocupaban al momento
de la declaración de tal situación.
Artículo 50. Reincorporación y renuncia al término de servicios y licencias. Al concluir las labores
relacionadas con la situación de servicios o licencia, el servidor beneficiado deberá comunicar, con la
antelación necesaria, a la autoridad nominadora, la fecha exacta de su reintegro.
La situación de servicios y el tiempo de licencia son renunciables en todo o en parte en
cualquier momento.
Artículo 51. Asistencia laboral. Los funcionarios del Órgano Judicial deberán cumplir con la jornada
laboral que se determine reglamentariamente por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 52. Permisos. Se entiende por permiso la autorización que recibe el funcionario para
interrumpir su trabajo con el objetivo de atender asuntos urgentes, por un lapso razonable y a juicio del
superior inmediato, según el lugar y la naturaleza del asunto.
El superior inmediato deberá procurar que la concesión de permisos altere lo menos posible el
funcionamiento normal de la dependencia donde el funcionario labore.TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.
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El tiempo utilizado por el funcionario con motivo de permisos deberá ser compensado por éste
de común acuerdo con el superior inmediato.
Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley en cuanto al derecho que tienen los padres,
madres o tutores de personas con discapacidad de acompañarles a los tratamientos requeridos y de las
facilidades con que deben contar las madres trabajadoras durante los primeros seis meses de lactancia.
Las ausencias injustificadas serán descontadas del sueldo, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias que correspondan.
Artículo 53. Derecho a vacaciones. Los servidores que laboran en el Órgano Judicial, después de once
meses de servicios continuados, tienen derecho a gozar de un mes de vacaciones con sueldo.
Durante el tiempo de vacaciones del personal de apoyo judicial, el Consejo de Administración
de la Carrera Judicial, procurará establecer mecanismos adecuados para brindar apoyo a los tribunales
y juzgados que permitan continuar la prestación del servicio en los niveles adecuados.
La unidad nominadora o servidor con recursos humanos a su cargo, organizará la programación
anual de vacaciones, las autorizará, evitará la acumulación de éstas por más de dos meses y la
congestión de la labor judicial. Es obligatorio para el servidor beneficiado tomar sus vacaciones.
En caso de desvinculación, el Órgano Judicial deberá cancelar al ex funcionario las vacaciones
vencidas y las proporcionales en un término no mayor de treinta (30) días
Artículo 54. Suspensión. Los servidores de Carrera serán declarados en situación de suspensión en la
forma y en los casos establecidos en esta Ley. En este caso quedará privado del ejercicio de sus
funciones durante el tiempo que dure la suspensión.

PROYECTO DE LEY: 339 -QUE REGULA LA JUSTICIA COMUNITARIA.

La presente  ley  regula  la justicia  comunitaria y  la aplicación  de los  métodos alternativos  de resolución  de conflictos en este  ámbito,  a  través  de un sistema  que  permita dirimir las  controversias,  garantizar  el  acceso  de  todos  los  ciudadanos  a  la justicia  y  la convivencia pacífica. 

Proyecto De Ley Que Regula La Justicia Comunitaria (Dic. 2009)

Artículo 1.

PROYECTO DE LEY De_______de__________de 2009

Que crea la Justicia de Paz.

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA:

Capítulo I

Objetivo y Principios

La presente ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos en este ámbito, a través de un sistema que permita dirimir las controversias, garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia y la convivencia pacífica.

Artículo 2. Los principios que orientan la justicia comunitaria son:

1. Diversidad Cultural. La justicia comunitaria debe tomar en cuenta las condiciones étnicas y culturales de las partes.

2. Eficacia. Garantizar la pronta atención y resolución de los conflictos que someta el ciudadano.

3. Equidad. Lograr el equilibrio de las partes en la resolución de los conflictos en el marco de los derechos humanos y conforme al contexto de la realidad local.

4. Gratuidad. El acceso a la justicia comunitaria será libre de costos para los ciudadanos.

5. Independencia. Ejercer la justicia comunitaria con sujeción a la Constitución y a la Ley.

6. Imparcialidad. Los jueces de paz actúan sin ninguna clase de discriminación entre las

partes, otorgándoles tratamiento igualitario frente al procedimiento.

7. Oralidad. Las actuaciones serán realizadas de manera oral, con inmediación de quien

resuelva la controversia.

8. Rendición de Cuentas. Suministrar periódicamente, a las autoridades nacionales y locales,

así como a la comunidad, la información relativa al resultado de su gestión, manejo y

tratamiento en la solución de los conflictos de su competencia.

9. Transparencia. Ejercer la justicia comunitaria conforme al interés público, proveer

información a requerimiento cuando no sea de carácter restringido o confidencial.

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Capítulo II

Organización, Funcionamiento y Recursos Económicos de la Casa de Justicia Comunitaria

Artículo 3. Se crea el servicio de justicia comunitaria por corregimiento el cual será prestado por el juez de paz y el mediador comunitario, de acuerdo con las competencias y procedimiento establecido en la presente Ley.

Artículo 4. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria que contará con el siguiente personal mínimo: un juez de paz, un secretario que lo reemplazará en sus ausencias, un mediador comunitario, un oficinista/notificador y cualquier otro personal que requiera el Despacho según el corregimiento. Podrá crearse más de una casa de justicia comunitaria por corregimiento tomando en cuenta el nivel de conflictividad, el número de habitantes, las diferentes realidades sociales dentro del mismo y el presupuesto municipal.

Artículo 5. Los mediadores comunitarios pueden ser funcionarios permanentes de la casa de justicia comunitaria o voluntarios de las comunidades aledañas. Estos últimos prestarán el servicio de acuerdo con un sistema de incentivos que será desarrollado por el municipio respectivo.

Artículo 6. Los salarios y demás prestaciones del juez y los funcionarios de la casa de justicia comunitaria, incluyendo al mediador comunitario cuando este último sea funcionario permanente, serán cargados al presupuesto de rentas y gastos municipales.

Artículo7. Se garantizará la prestación del servicio de justicia comunitaria de forma ininterrumpida y continua de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y conforme a las necesidades de cada municipio

El Concejo Municipal incorporará en el reglamento interno municipal lo relativo al funcionamiento de las casas de justicia comunitaria.

Artículo 8. En los corregimientos con altos niveles de conflictividad se brindará el servicio de Justicia de Paz en periodo nocturno. El juez de paz solamente podrá adoptar medidas de prevención y protección inmediatas a las víctimas y a la comunidad afectada y deberá remitir su actuación al juez de paz diurno o a la autoridad competente, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas.

Artículo 9. El servicio de justicia comunitaria funcionará con las siguientes autoridades e instancias: Alcalde, Concejo Municipal, Comisión Interinstitucional, Comisión Técnica Distrital, Juez de paz y Mediador Comunitario.

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Artículo 10. Existirá una comisión interinstitucional integrada por la Procuraduría de la Administración, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo, que ejercerán la coordinación de la comisión de manera rotativa. Además, la comisión interinstitucional estará conformada por un representante de cada una de las siguientes organizaciones: autoridades comarcales, los alcaldes y representación de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta Comisión tendrá como responsabilidad dictar las políticas a seguir en materia de justicia comunitaria. Para garantizar la continuidad, se trabajará con los mismos representantes de cada una de las entidades miembros de la comisión, independientemente de qué institución esté ejerciendo la coordinación.

Existirá una Secretaría Técnica encargada de convocar a las reuniones de la comisión, elaborar las actas, recabar las estadísticas y llevar los correspondientes registros.

Cada municipio llevará las estadísticas de los asuntos que conocen las casas de justicia comunitaria, incluso aquellos atendidos por mediadores comunitarios. El Alcalde correspondiente remitirá a la Secretaría Técnica de la Coordinación Interinstitucional, un informe trimestral con dicha estadística, dentro de la semana siguiente al vencimiento del período.

El ente coordinador convocará, como mínimo dos veces al año a los miembros de la Coordinación Interinstitucional para realizar la evaluación del sistema de justicia comunitaria y hacer las recomendaciones pertinentes.

Sección 1a

Formación y Capacitación

Artículo 11. El programa de formación inicial y capacitación continua para los jueces de paz, será diseñado por la Procuraduría de la Administración, con la colaboración de la Escuela Judicial y la Universidad de Panamá.

La ejecución de este programa estará a cargo de la Procuraduría de la Administración, en los municipios, quienes deberán garantizar su efectivo desarrollo. Este programa debe estar incorporado en el plan de capacitación municipal de la Procuraduría de la Administración.

Artículo 12. El seguimiento del servicio de mediación comunitaria que presten los municipios estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Para los efectos de la capacitación y acompañamiento técnico de los mediadores comunitarios, los alcaldes podrán recurrir a las entidades gubernamentales y no gubernamentales reconocidas para tal fin por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

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Sección 2a

Comisión Técnica Distrital

Artículo 13. La Comisión Técnica Distrital estará integrada por:

1. Un representante de la Defensoría del Pueblo,

2. Un representante de las universidades con presencia en el distrito o la provincia.

3. Dos representantes de las organizaciones de sociedad civil organizada con presencia en el

corregimiento o en su defecto en el distrito con trayectoria de labor comunitaria.

4. Un representante de la Junta Comunal del corregimiento de que se trate.

Artículo14. La Comisión deberá dictar su Reglamento Interno de funcionamiento, de selección del juez de paz y del procedimiento de conformación de la Comisión de Apelaciones. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas de acuerdo con los principios de transparencia, por consenso y en caso de no lograrse se adoptarán con el voto de la mayoría de los miembros.

La Comisión determinará el procedimiento para verificar la idoneidad ética y académica exigida como requisito para ser juez de paz.

Sección 3a

Juez de Paz y Mediador Comunitario

Artículo 15. El juez de paz es la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren el orden público y la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo a las competencias y procedimientos establecidos en la presente Ley.

Artículo 16. El mediador comunitario es aquel miembro de la comunidad con idoneidad para facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un conflicto, con miras a la solución del mismo, de una manera ágil, económica y amigable, así como a la restauración de las relaciones interpersonales y comunitarias.

Este mediador es un colaborador del juez de paz encargado de fortalecer los valores fundamentales de la convivencia humana, de respeto, tolerancia y libertad y contribuir en la búsqueda y promoción de la convivencia pacífica dentro del corregimiento.

Artículo 17.

Capítulo III

Requisitos, Selección y Nombramiento

Sección 1a

Requisitos Para ser juez de paz se requiere:

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1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

Ser de nacionalidad panameña.

Ser mayor de 30 años.

Ser abogado en aquellos municipios metropolitanos y urbanos; y en los Municipios semi- urbanos y rurales, haber culminado educación media.

Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por la

Procuraduría de la Administración.

Ser residente en el corregimiento respectivo, durante los últimos dos años anteriores a su postulación, en el caso de los municipios metropolitanos o urbanos, y en el distrito, en aquellos municipios semi-urbanos y rurales.

Ser postulado por la comunidad o una organización social del respectivo municipio.

Tener idoneidad ética, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Comisión Técnica Distrital.

Artículo 18. El aspirante a juez de paz no puede tener vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Gobernador, Alcalde, representantes de corregimiento o concejales; ni pertenecer a ningún partido político.

Artículo 19. El juez de paz no puede ejercer el comercio, cualquier otro cargo público o privado, excepto la docencia fuera de las horas laborables.

Artículo 20. Los requisitos para obtener la certificación como mediador comunitario son los siguientes:

1. Ser mayor de veintiún años.

2. Ser de nacionalidad panameña.

3. Haber culminado estudios primarios.

4. Haber recibido capacitación en materia de mediación comunitaria, por un mínimo de

cuarenta horas en una institución o centro de formación debidamente reconocido.

5. Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria, y

6. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad o estafa.

Estos requisitos deberán ser acreditados ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, que es la entidad competente para otorgar la certificación correspondiente.

Sección 2a

Proceso de Selección y Nombramiento

Artículo 21. Con la finalidad de reunir a la Comisión Técnica Distrital, cada vez que se haga necesario iniciar un proceso de selección de los jueces de paz, el Consejo Municipal dictará una resolución que contenga los siguientes puntos:

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1. Convocatoria a las organizaciones de sociedad civil de la comunidad con el fin de que presenten sus dos representantes.

2. Citación a los otros miembros que deben formar la Comisión.

3. Convocatoria pública para los interesados en el cargo de jueces de paz.

El Concejo Municipal realizará una convocatoria pública por corregimiento, para la selección de los aspirantes al cargo de juez de paz y mediador comunitario, cuando éste último sea un funcionario permanente.

Culminado el proceso de convocatoria, el Concejo tendrá un período de ocho días hábiles para revisar el cumplimiento de los requisitos solicitados y remitir a la Comisión Técnica Distrital, una vez instaurada, una lista con todos los aspirantes que reúnen los requisitos de elegibilidad.

El proceso de convocatoria pública para los cargos de juez de paz y mediador comunitario, cuando sea funcionario permanente, será reglamentado por el Concejo Municipal.

Artículo 22. Reunida la Comisión Técnica Distrital, esta evaluará la documentación de los aspirantes, realizará una entrevista y le asignará puntaje a cada uno de ellos.

Culminado este proceso que no será superior a quince días, la Comisión remitirá al Alcalde el informe de evaluación con la terna de los elegibles con mayor puntaje.

El Alcalde nombrará al juez de paz respectivo dentro de un término no mayor de tres días hábiles contado a partir de la recepción del informe de la Comisión Técnica.

Artículo 23. El Alcalde municipal nombrará en cada casa de justicia comunitaria, como mínimo, un mediador comunitario idóneo, residente del corregimiento respectivo. En caso de no existir mediadores comunitarios a nivel del corregimiento, deberá ser residente del distrito.

Artículo 24. El mediador comunitario cuando, a juicio de la Comisión Técnica Distrital, deba ser un funcionario permanente, será escogido mediante el procedimiento establecido para el juez de paz.

Artículo 25. El secretario, el oficinista/notificador y demás personal de las casas de justicia comunitaria serán nombrados por el juez de paz e ingresarán al servicio público mediante el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Administrativa Municipal y, en su defecto, a través de un concurso de mérito.

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Capítulo IV

Competencias, Procedimiento y Sanciones

Sección 1a

Competencia del Juez de Paz y el Mediador Comunitario

Artículo 26. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir, siempre y cuando no

constituyan delito, las siguientes faltas administrativas:

1. Impedir a las autoridades y agentes de la policía el ejercicio de sus funciones

constitucionales y legales.

2. Alteración del orden público y la convivencia pacífica.

3. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana.

4. Riña o pelea.

5. Provocaciones o amagos.

6. Ruidos y molestias desagradables.

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura.

8. Impedir el libre tránsito o transporte.

9. Perturbación del goce pacífico de la propiedad.

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad.

11. Destruir los parques, jardines, paredes o causar cualquier otro daño a la propiedad ajena.

12. Alterar las fachadas de las unidades departamentales o infringir las disposiciones del régimen

de Propiedad Horizontal.

13. No portar la cédula de identidad personal.

14. Enarbolar la bandera nacional en mal estado físico o su uso indebido.

15.Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública sin el permiso municipal

correspondiente.

16. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad.

Procurarse mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otro hasta por la suma de

doscientos cincuenta balboas (B/.250.00).

17. Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días.

18. Los hechos ilícitos de hurto, hurto agravado, estafa y otros fraudes, daños, apropiación

indebida, usurpación establecidas en el Código Penal, si la cuantía no excede los doscientos

cincuenta balboas (B/.250.00).

19. Todas aquellas que impliquen la infracción de disposiciones municipales.

Artículo 27. Los jueces de paz conocerán y decidirán las siguientes causas civiles: 1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00).

2. Asuntos relacionados a las servidumbres.

3. Asuntos relacionados a las cercas medianeras.

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4. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de Propiedad Horizontal cuyas cuantías no excedan los doscientos cincuenta balboas (B/.500.00).

5. Procesos por desahucio y lanzamiento por intruso.

6. A prevención, las pensiones alimenticias

En el caso de servidumbres, la decisión del juez de paz será de carácter provisional. No obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la instancia judicial correspondiente. Las decisiones provisionales del juez de paz se cumplirán hasta tanto sean revocadas por la instancia judicial.

Artículo 28. También corresponden al juez de paz las siguientes atribuciones:

1. Promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y las

disposiciones municipales.

2. Estimular el uso y aplicación de los medios alternos de solución de conflictos.

3. Administrar la casa de justicia comunitaria.

4. Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal de la casa de justicia

comunitaria.

5. Nombrar al secretario, oficinista/notificador y cualquier otro personal de la casa de justicia

comunitaria.

6. Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de conformidad con lo

establecido en la presente Ley.

7. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones.

Artículo 29. Los mediadores comunitarios podrán atender los casos que son competencia de los jueces de paz, exceptuando los casos de pensión alimenticia.

Artículo 30. Para acudir a la justicia comunitaria, ya sea a través del mediador comunitario o el juez de paz, no es obligatoria la representación judicial.

Sección 2a

Mediación Comunitaria

Artículo 31. La mediación comunitaria es la primera alternativa de justicia a la que se puede acudir de manera directa o por derivación del juez de paz.

Artículo 32. La mediación comunitaria es aquella donde las partes someten su conflicto ante un mediador idóneo, a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensuada al conflicto.

Este mecanismo desarrolla relaciones igualitarias y de cooperación entre las partes.

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Artículo 33. El acuerdo de mediación es el convenio de voluntades donde se expresan cada uno de los puntos acordados dentro de la sesión de mediación, el cual es de cumplimiento forzoso para las partes; se hará constar por escrito mediante un acta que prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada, a partir de la firma de los interesados y el mediador.

De no lograrse un acuerdo, las partes podrán someter el conflicto al conocimiento del juez de paz.

Sección 3a

Procedimiento ante los Jueces de Paz

Artículo 34. Las actuaciones ante el juez de paz se iniciarán de oficio o a solicitud de parte. La iniciación será de oficio por disposición del juez de paz o a instancia de parte cuando se accede a una petición de persona interesada.

En caso de iniciación de oficio, el juez de paz tiene la potestad de enviar el caso al mediador comunitario o realizar la audiencia oral.

Cuando el proceso se inicia a petición de una de las partes, el juez invitará a la contraparte al proceso. En caso de renuencia, se le citará, para lo cual el juez de paz podrá solicitar la colaboración de un agente de la Policía Nacional.

Artículo 35. Los agentes de la Policía Nacional son colaboradores de la justicia comunitaria. En aquellas diligencias donde se requiera su intervención, éstos deberán acatar y ejecutar las órdenes del juez de paz. Estas órdenes deberán constar por escrito, de manera clara y precisa.

Artículo 36. En el acto de audiencia, el juez de paz instará a las partes a la conciliación y podrá proponer alternativas de solución. Estas alternativas no son de obligatorio acatamiento para las partes, ni constituyen causales de recusación.

Artículo 37. En caso de no existir acuerdo en conciliación, el juez escuchará a las partes quienes tendrán las mismas oportunidades para presentar sus cargos y descargos, así como las pruebas correspondientes, que serán valoradas por el juez. Culminada la audiencia, el juez de paz decidirá de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente Ley.

El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política de la República ni a los derechos fundamentales. Este fallo requiere ser motivado, y para ello el juez de paz tendrá en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

1. Los hechos y situación personal de las partes.

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales comprometidos.

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas, y

4. Los criterios de la comunidad sobre lo justo.

El fallo del juez de paz será notificado personalmente al finalizar la audiencia. Una vez 9

notificadas las partes sin que se presente recurso de apelación, la decisión del juez debe ser cumplida en un período máximo de los treinta días, siguientes a la notificación.

En caso de incumplimiento del fallo, el juez de paz dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el párrafo anterior, remitirá el expediente de oficio al juez municipal respectivo, para que se inicie el proceso penal por el delito de quebrantamiento de sanción.

Artículo 38. La parte que se considere agraviada por el fallo del juez de paz tiene derecho a interponer recurso de apelación y sustentarlo verbalmente en el acto de la notificación, sin necesidad de abogado, caso en el cual se dejará constancia en el expediente y se concederá a la otra parte la oportunidad para oponerse, de igual forma.

El recurso de apelación también podrá interponerse y sustentarse por escrito, ante el mismo juez, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Estos días empezarán a correr sin necesidad de resolución. Si no se sustenta el recurso de apelación, se declarará desierto.

Vencido este término, el opositor contará con tres días para formalizar su argumento que, de igual forma, corren sin necesidad de resolución, siempre que estuviere notificado de la resolución impugnada.

Artículo 39. Una vez surtido el trámite antes descrito, el juez de paz resolverá sobre la concesión de la apelación y, en caso de que fuere procedente, ordenará la notificación por edicto de la resolución que concede el recurso y remitirá enseguida el expediente a la Comisión de Apelaciones.

La resolución que decide la apelación es irrecurrible.

Artículo 40. La Comisión de Apelaciones estará integrada por tres jueces de paz de los corregimientos más cercanos. El juez de la causa participará en dicha Comisión para sustentar de forma oral su fallo, no obstante la decisión es tomada en sala de acuerdo por los otros tres jueces de paz.

La Comisión de Apelaciones podrá revocar, modificar o confirmar el fallo del juez de paz y decidirá dentro de los quince días siguientes a la fecha del recibo de la solicitud de apelación.

Las decisiones de los jueces de paz no son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El concejo municipal garantizará el funcionamiento administrativo de las comisiones de apelaciones del respectivo distrito y emitirá el reglamento correspondiente.

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Artículo 41. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, pero la Comisión podrá practicar las que quedasen pendientes de práctica en primera instancia y las que considere necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos, las cuales decretará de oficio, mediante resolución motivada e inapelable.

Artículo 42. Salvo lo establecido expresamente para casos especiales, las apelaciones contra los fallos del juez de paz se concederán:

1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de la resolución que ponga fin a la instancia.

2. En efecto devolutivo, cuando se trate de la resolución que ponga término al proceso de alimentos.

Artículo 43. El fallo de segunda instancia debe dictarse dentro de los treinta días siguientes al ingreso del expediente al tribunal y será notificado por edicto.

Sección 4a

Medidas

Artículo 44. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán ordenar, de forma irrecurrible, las siguientes medidas:

1. Fianza de Paz y Buena Conducta.

2. Orden de alejamiento.

3. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionada con los conflictos

vecinales.

4. Orden de desalojo o lanzamiento.

5. Cauciones pecuniarias.

6. Boleta de Protección.

7. Presentación periódica al Despacho.

8. En los casos de violencia doméstica o cuando esté en peligro la vida de las personas, los

jueces de paz tienen facultad para dictar las medidas de protección establecidas en la Ley, incluyendo aprehensiones a prevención que no excedan de veinticuatro horas. Adoptada esta medida provisional, el Juez deberá remitir inmediatamente el expediente a la autoridad competente.

9. En los casos que se requiera, el juez de paz podrá decretar el comiso de los bienes que se utilizaron para la comisión de la falta, los que serán colocados bajo su custodia en el área destinada por el juez de paz para ello, y se aplicarán las normas vigentes en materia de manejo de bienes aprehendidos.

10. El juez de paz también podrá realizar inspecciones en el lugar de los hechos, a solicitud de parte.

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11. Medidas de seguridad, para los casos de enfermos mentales e indigentes. El juez de paz aplicará como medidas de seguridad la remisión al hospital psiquiátrico o a establecimientos de readaptación o resocialización.

Sección 5a

Sanciones

Artículo 45. Los jueces de paz podrán imponer las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la falta o del asunto:

1. Amonestación verbal, privada o pública.

2. Trabajo comunitario.

3. Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil balboas (B/.1,000.00).

4. Reparación del daño causado o indemnización, como sanción accesoria.

5. Prohibición de portar armas, como sanción accesoria.

Todos los procesos en materia de justicia comunitaria procurarán la restauración de las relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo los derechos de las víctimas.

El juez de paz podrá sugerir o motivar el desarrollo de actividades que involucren a familiares o vecinos del infractor o a la comunidad, con el objeto de restaurar las relaciones interpersonales o vecinales y buscar la integración social.

Artículo 46. En caso de reincidencia en la comisión de una falta administrativa, el juez de paz podrá remitir al infractor a programas sociales municipales o estatales.

Artículo47. Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a solicitud del infractor, es prestado por este a la comunidad. Se refiere a trabajos relativos al ornato, limpieza, mantenimiento, decoración, construcción, reparación o cualquier otra labor que represente algún beneficio social dentro del lugar donde se cumple la sanción o en el distrito o provincia donde resida la persona. La prestación del trabajo comunitario estará bajo la vigilancia y control de la autoridad que la impuso.

Para los efectos del trabajo comunitario, se tomará en cuenta las habilidades, destrezas, potencialidades y preparación académica del infractor, a fin de generar grupos focales con actividades que les sirvan como labor-terapia y que favorezcan su reinserción en la sociedad.

Capítulo V

Destitución

Artículo48. Las causales de destitución de los jueces de paz y de los mediadores

comunitarios nombrados como funcionarios permanentes en las casas de justicia comunitaria, 12

son las siguientes:

1. Condena judicial ejecutoriada por delito doloso.

2. Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.

3. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en la presente Ley.

4. Recibir y/o hacerse prometer de cualquier persona pago, dádivas, favores, para sí o para

otro, como contribución o recompensa por la ejecución u omisión de las funciones inherentes

a su cargo.

5. Incurrir en una falta ética o disciplinaria grave.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en la carrera administrativa o municipal, si la hubiere.

Capítulo VI

Procedimiento Ético Disciplinario

Artículo 49. El juez de paz y el personal que integra la casa de justicia comunitaria, en el ejercicio de sus funciones, cumplirá y se sujetará a los principios contenidos en las normas aplicables a los servidores públicos según la Ley de Carrera Administrativa Municipal, si la hubiere, y el Código de Ética de los Servidores Públicos.

Artículo 50. En caso de violaciones a las normas éticas a que hace referencia el artículo anterior; la Comisión Técnica Distrital, de oficio o a petición de parte, deberá realizar las investigaciones de acuerdo con la legislación aplicable y solicitará al Alcalde la adopción de la sanción correspondiente. Las denuncias serán presentadas en las oficinas que para tal efecto determine la reglamentación respectiva.

Artículo51. En materia disciplinaria, se aplicará lo dispuesto en la ley de Carrera Administrativa. En caso de que la medida disciplinaria aplicable sea la destitución se deberá contar con el concepto previo de la Comisión Técnica Distrital. El Alcalde puede destituir al Juez de Paz siempre que cuente con el concepto favorable de la Comisión.

Artículo 52. El procedimiento ético y disciplinario deberá regirse por los principios del debido proceso, de estricta legalidad y respeto a las garantías procesales constitucionales, tales como: el derecho a ser escuchado, derecho a presentar los recursos de ley y proponer pruebas para su defensa legítima.

Capitulo VII

Justicia Comunitaria en las Comarcas

Artículo 53. La justicia comunitaria en las Comarcas, ya sea oral o escrita, será ejercida por

las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, y sus decisiones serán respetadas por las 13

autoridades administrativas y judiciales.

Artículo 54. En las Comarcas, se reconoce la forma y procedimiento tradicional de los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia comunitaria, de acuerdo con las normas previstas en la legislación indígena y las Cartas Orgánicas de las mismas Comarcas.

Artículo 55. Para cumplir con el buen funcionamiento de la justicia comunitaria por parte de las autoridades tradicionales, el municipio garantizará los recursos económicos necesarios.

Capítulo VIII

Disposiciones Transitorias y Finales

Sección 1a

Disposiciones Transitorias

Artículo 56. (Transitorio) Dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la presente ley, se realizará el proceso de formación de postulados y selección de los jueces de paz en los corregimientos de todo el país. La Procuraduría de la Administración certificará la inducción de los postulados, para lo cual los aspirantes a jueces de paz deben vincularse en los programas de inducción convocados por tal institución.

Artículo 57. (Transitorio) A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en aquellas disposiciones en que se mencione la figura del corregidor o juez nocturno de policía deberá entenderse juez de paz.

Sección 2a

Disposiciones Finales

Artículo 58. El artículo 393 del Código Penal queda así:

Artículo 393. Quien incumpla una decisión jurisdiccional ejecutoriada de pensión alimenticia o una pena accesoria de naturaleza penal, o una decisión ejecutoriada dictada por un juez de paz será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana.

Artículo 59. El artículo 174 del Código Judicial queda así:

Artículo 174. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia:

B. De los siguientes procesos civiles:

Los que versen sobre cuantía mayor de quinientos balboas (B/. 500.00), sin exceder de cinco mil balboas (B/. 5,000.00);

Artículo 60. El artículo 175 del Código Judicial queda así:

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Artículo 175. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos, cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas; de los procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación y daños, cuyas cuantías no excedan de doscientos cincuenta balboas, y de los procesos por lesiones culposas o dolosas, cuando la incapacidad sea inferior de treinta días.

Se exceptúan de esta disposición, las obligaciones que sean consecuencia de contratos mercantiles.

Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera de los delitos establecidos en esta disposición, éste deberá formular los cargos correspondientes. Sin el cumplimiento de este requisito, no se iniciará proceso alguno.

Artículo 61. El numeral 1 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 queda así:

Artículo 28. No son acusables ante la jurisdicción contencioso administrativa: 1° Las resoluciones que dicten los jueces de paz;

Artículo 62. El artículo 7 de la Ley 38 de 2001 queda así:

Artículo 7. Podrán aplicar las medidas de protección consagradas en el artículo 4 de esta Ley, los jueces de paz, las autoridades tradicionales en las zonas indígenas, los agentes del Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judicial, cada uno de acuerdo con su competencia.

Artículo 63. El artículo 9 de la Ley 38 de 2001 queda así:

Artículo 9. En los hechos de violencia que se presentasen en sus jurisdicciones, los jueces de paz deberán, provisionalmente, tornar conocimiento del hecho, aplicar las medidas de protección pertinentes y remitir el expediente incoado, en el que indicaran las medidas adoptadas, a la instancia competente en un término no mayor de setenta y dos horas, contado a partir del momento en que se aplica la medida aludida.

Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni promover ni aceptar advenimientos o desistimientos.

Artículo 64. El numeral 4 del artículo 751 del Código de la Familia queda así:

Artículo 751. A los Jueces Municipales de Familia les corresponde conocer y decidir en primera instancia:

4. Procesos de alimentos, a prevención de los jueces de paz.

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Artículo 65. El numeral 9 del artículo 754 del Código de La Familia queda así:

Artículo 754. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia les corresponde:

9. Conocer de los procesos de alimentos a prevención de los jueces Municipales de Familia y los jueces de paz.

Artículo 66. El artículo 771 del Código de La Familia queda así:

Artículo 771. Todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, cualquiera que sea su categoría, así como los jueces de paz, están obligados a prestar su cooperación para el cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las medidas que para su aplicación dispongan los Tribunales de Familia y de Menores, así mismo están obligados a demandar la protección de los menores cuando tengan conocimiento de la violación de sus derechos subjetivos.

Artículo 67. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así:

Artículo 1. Se faculta a los jueces de paz, alcaldes y gobernadores de provincia, a prevención, para sancionar administrativamente, con multas de cinco balboas (B/.5.00) a quinientos balboas (B/.500.00), al que bote o arroje en cualquier lugar público desperdicios o desechos que deberían ser colocados en bolsas, tinacos, canastas u otros recipientes destinados al propósito de recoger basura; al que raye paredes o edificios públicos o privados; así como al que deponga en lugares públicos excretas humanas o de animales. En todos los casos, el infractor está obligado a limpiar el lugar afectado.

Artículo 68. El primer párrafo del numeral 7 del artículo 27 del Texto Único de la Ley 13 de 1993 queda así:

Artículo 27. Se prohíbe a los propietarios de las unidades departamentales y a quienes las habitan a cualquier título, lo siguiente.

7. Modificar o adicionar cualquiera de las fachadas del edificio, sin el consentimiento de las dos terceras partes de las unidades departamentales, sin el estudio de un arquitecto idóneo y la aprobación de las autoridades competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin cumplimiento de los requisitos aquí establecidos, el juez de paz obligará a las unidades departamentales a la reposición de los elementos modificados y en caso de negativa por un período de treinta días, contado a partir de la notificación impondrá una multa que variará desde un cuarto por ciento o su equivalente en decimales hasta un uno por ciento o su equivalente en decimales del valor del apartamento dependiendo de la

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gravedad de la falta, hasta que se cumpla con lo establecido. Para que la Asamblea de Propietarios otorgue el permiso a que se refiere este numeral, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 69. El artículo 65 del Texto Único de la Ley 13 de 1993 queda así:

Artículo 65. Todas las controversias relativas al Régimen de Propiedad Horizontal, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley, serán competencia de la jurisdicción ordinaria, según las reglas de competencia que establece el Código Judicial. Sin embargo, para los efectos de la tramitación del cobro de los gastos comunes, los jueces de paz, en asuntos exclusivos de la presente Ley, tendrán competencia hasta la cuantía que establece el Código Judicial. En tal caso, estas autoridades deben aplicar el procedimiento correspondiente a los procesos ejecutivos de menor cuantía, y quedan facultadas para decretar secuestros en contra del moroso a petición d parte, sin necesidad de caución y hasta la cuantía fijada.

Artículo 70. Artículo 71. Artículo 72. Artículo 73. Artículo 74. Artículo 75. Artículo 76. Artículo 77. Artículo 78. Artículo 79. Artículo 80. Artículo 81.

Se deroga la Ley 112 de 1974.

Se derogan los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973. Se deroga el artículo 855 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 856 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 857 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 860 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 861 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 871 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 873 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 874 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 877 del Código Administrativo.

Se deroga el Capítulo IV del Título I del Libro III del Código Administrativo, 17

sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 878 al 898.

Artículo 82. Se deroga el Título II, Policía Moral, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 899 al 1312.

Se deroga el artículo 1668 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 1669 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 1670 del Código Administrativo.

Se deroga el Título IV, Policía Judicial, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 1672 al 1707.

Artículo 87. Se deroga el Título V, Procedimientos, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 1708 al 1745.

Artículo 88. La presente Ley modifica los artículos 174 y 175 del Código Judicial; los artículos 859 y 865 del Código Administrativo; el artículo 393 del Código Penal; los artículos 751, numeral 4; 754, numeral 9, y 771 del Código de la Familia; el artículo 28 de la Ley 135 de 1943; el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000; los artículos 7 y 9 de la Ley 38 de 2001; el primer párrafo del numeral 7 del artículo 27 y el artículo 65 del Texto Único de la Ley 13 de 1993. Adiciona el artículo 175 A al Código Judicial; así como deroga los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973; la Ley 112 de 1974; los artículos 855, 856, 857, 860, 861, 871, 873, 874 y 877; el Capítulo IV del Título I del Libro III, sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 878 al 898; el Título II, Policía Moral, del Libro III, que comprende los artículos 899 al 1312; los artículos 1668, 1669 y 1670; el Título IV, Policía Judicial, del Libro III, que comprende los artículos 1672 al 1707, y el Título V, Procedimientos, del Libro III, que comprende los artículos 1708 al 1745, todos del Código Administrativo.

Artículo 83.

Artículo 84.

Artículo 85.

Artículo 86.

Artículo 63. Esta Ley entrará a regir doce meses después de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _____

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