Proyecto De Ley Que Regula La Justicia Comunitaria (Dic. 2009)

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Artículo 1.

PROYECTO DE LEY De_______de__________de 2009

Que crea la Justicia de Paz.

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA:

Capítulo I

Objetivo y Principios

La presente ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos en este ámbito, a través de un sistema que permita dirimir las controversias, garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia y la convivencia pacífica.

Artículo 2. Los principios que orientan la justicia comunitaria son:

1. Diversidad Cultural. La justicia comunitaria debe tomar en cuenta las condiciones étnicas y culturales de las partes.

2. Eficacia. Garantizar la pronta atención y resolución de los conflictos que someta el ciudadano.

3. Equidad. Lograr el equilibrio de las partes en la resolución de los conflictos en el marco de los derechos humanos y conforme al contexto de la realidad local.

4. Gratuidad. El acceso a la justicia comunitaria será libre de costos para los ciudadanos.

5. Independencia. Ejercer la justicia comunitaria con sujeción a la Constitución y a la Ley.

6. Imparcialidad. Los jueces de paz actúan sin ninguna clase de discriminación entre las

partes, otorgándoles tratamiento igualitario frente al procedimiento.

7. Oralidad. Las actuaciones serán realizadas de manera oral, con inmediación de quien

resuelva la controversia.

8. Rendición de Cuentas. Suministrar periódicamente, a las autoridades nacionales y locales,

así como a la comunidad, la información relativa al resultado de su gestión, manejo y

tratamiento en la solución de los conflictos de su competencia.

9. Transparencia. Ejercer la justicia comunitaria conforme al interés público, proveer

información a requerimiento cuando no sea de carácter restringido o confidencial.

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Capítulo II

Organización, Funcionamiento y Recursos Económicos de la Casa de Justicia Comunitaria

Artículo 3. Se crea el servicio de justicia comunitaria por corregimiento el cual será prestado por el juez de paz y el mediador comunitario, de acuerdo con las competencias y procedimiento establecido en la presente Ley.

Artículo 4. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria que contará con el siguiente personal mínimo: un juez de paz, un secretario que lo reemplazará en sus ausencias, un mediador comunitario, un oficinista/notificador y cualquier otro personal que requiera el Despacho según el corregimiento. Podrá crearse más de una casa de justicia comunitaria por corregimiento tomando en cuenta el nivel de conflictividad, el número de habitantes, las diferentes realidades sociales dentro del mismo y el presupuesto municipal.

Artículo 5. Los mediadores comunitarios pueden ser funcionarios permanentes de la casa de justicia comunitaria o voluntarios de las comunidades aledañas. Estos últimos prestarán el servicio de acuerdo con un sistema de incentivos que será desarrollado por el municipio respectivo.

Artículo 6. Los salarios y demás prestaciones del juez y los funcionarios de la casa de justicia comunitaria, incluyendo al mediador comunitario cuando este último sea funcionario permanente, serán cargados al presupuesto de rentas y gastos municipales.

Artículo7. Se garantizará la prestación del servicio de justicia comunitaria de forma ininterrumpida y continua de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y conforme a las necesidades de cada municipio

El Concejo Municipal incorporará en el reglamento interno municipal lo relativo al funcionamiento de las casas de justicia comunitaria.

Artículo 8. En los corregimientos con altos niveles de conflictividad se brindará el servicio de Justicia de Paz en periodo nocturno. El juez de paz solamente podrá adoptar medidas de prevención y protección inmediatas a las víctimas y a la comunidad afectada y deberá remitir su actuación al juez de paz diurno o a la autoridad competente, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas.

Artículo 9. El servicio de justicia comunitaria funcionará con las siguientes autoridades e instancias: Alcalde, Concejo Municipal, Comisión Interinstitucional, Comisión Técnica Distrital, Juez de paz y Mediador Comunitario.

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Artículo 10. Existirá una comisión interinstitucional integrada por la Procuraduría de la Administración, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo, que ejercerán la coordinación de la comisión de manera rotativa. Además, la comisión interinstitucional estará conformada por un representante de cada una de las siguientes organizaciones: autoridades comarcales, los alcaldes y representación de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta Comisión tendrá como responsabilidad dictar las políticas a seguir en materia de justicia comunitaria. Para garantizar la continuidad, se trabajará con los mismos representantes de cada una de las entidades miembros de la comisión, independientemente de qué institución esté ejerciendo la coordinación.

Existirá una Secretaría Técnica encargada de convocar a las reuniones de la comisión, elaborar las actas, recabar las estadísticas y llevar los correspondientes registros.

Cada municipio llevará las estadísticas de los asuntos que conocen las casas de justicia comunitaria, incluso aquellos atendidos por mediadores comunitarios. El Alcalde correspondiente remitirá a la Secretaría Técnica de la Coordinación Interinstitucional, un informe trimestral con dicha estadística, dentro de la semana siguiente al vencimiento del período.

El ente coordinador convocará, como mínimo dos veces al año a los miembros de la Coordinación Interinstitucional para realizar la evaluación del sistema de justicia comunitaria y hacer las recomendaciones pertinentes.

Sección 1a

Formación y Capacitación

Artículo 11. El programa de formación inicial y capacitación continua para los jueces de paz, será diseñado por la Procuraduría de la Administración, con la colaboración de la Escuela Judicial y la Universidad de Panamá.

La ejecución de este programa estará a cargo de la Procuraduría de la Administración, en los municipios, quienes deberán garantizar su efectivo desarrollo. Este programa debe estar incorporado en el plan de capacitación municipal de la Procuraduría de la Administración.

Artículo 12. El seguimiento del servicio de mediación comunitaria que presten los municipios estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Para los efectos de la capacitación y acompañamiento técnico de los mediadores comunitarios, los alcaldes podrán recurrir a las entidades gubernamentales y no gubernamentales reconocidas para tal fin por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

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Sección 2a

Comisión Técnica Distrital

Artículo 13. La Comisión Técnica Distrital estará integrada por:

1. Un representante de la Defensoría del Pueblo,

2. Un representante de las universidades con presencia en el distrito o la provincia.

3. Dos representantes de las organizaciones de sociedad civil organizada con presencia en el

corregimiento o en su defecto en el distrito con trayectoria de labor comunitaria.

4. Un representante de la Junta Comunal del corregimiento de que se trate.

Artículo14. La Comisión deberá dictar su Reglamento Interno de funcionamiento, de selección del juez de paz y del procedimiento de conformación de la Comisión de Apelaciones. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas de acuerdo con los principios de transparencia, por consenso y en caso de no lograrse se adoptarán con el voto de la mayoría de los miembros.

La Comisión determinará el procedimiento para verificar la idoneidad ética y académica exigida como requisito para ser juez de paz.

Sección 3a

Juez de Paz y Mediador Comunitario

Artículo 15. El juez de paz es la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren el orden público y la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo a las competencias y procedimientos establecidos en la presente Ley.

Artículo 16. El mediador comunitario es aquel miembro de la comunidad con idoneidad para facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un conflicto, con miras a la solución del mismo, de una manera ágil, económica y amigable, así como a la restauración de las relaciones interpersonales y comunitarias.

Este mediador es un colaborador del juez de paz encargado de fortalecer los valores fundamentales de la convivencia humana, de respeto, tolerancia y libertad y contribuir en la búsqueda y promoción de la convivencia pacífica dentro del corregimiento.

Artículo 17.

Capítulo III

Requisitos, Selección y Nombramiento

Sección 1a

Requisitos Para ser juez de paz se requiere:

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1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

Ser de nacionalidad panameña.

Ser mayor de 30 años.

Ser abogado en aquellos municipios metropolitanos y urbanos; y en los Municipios semi- urbanos y rurales, haber culminado educación media.

Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por la

Procuraduría de la Administración.

Ser residente en el corregimiento respectivo, durante los últimos dos años anteriores a su postulación, en el caso de los municipios metropolitanos o urbanos, y en el distrito, en aquellos municipios semi-urbanos y rurales.

Ser postulado por la comunidad o una organización social del respectivo municipio.

Tener idoneidad ética, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Comisión Técnica Distrital.

Artículo 18. El aspirante a juez de paz no puede tener vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Gobernador, Alcalde, representantes de corregimiento o concejales; ni pertenecer a ningún partido político.

Artículo 19. El juez de paz no puede ejercer el comercio, cualquier otro cargo público o privado, excepto la docencia fuera de las horas laborables.

Artículo 20. Los requisitos para obtener la certificación como mediador comunitario son los siguientes:

1. Ser mayor de veintiún años.

2. Ser de nacionalidad panameña.

3. Haber culminado estudios primarios.

4. Haber recibido capacitación en materia de mediación comunitaria, por un mínimo de

cuarenta horas en una institución o centro de formación debidamente reconocido.

5. Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria, y

6. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad o estafa.

Estos requisitos deberán ser acreditados ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, que es la entidad competente para otorgar la certificación correspondiente.

Sección 2a

Proceso de Selección y Nombramiento

Artículo 21. Con la finalidad de reunir a la Comisión Técnica Distrital, cada vez que se haga necesario iniciar un proceso de selección de los jueces de paz, el Consejo Municipal dictará una resolución que contenga los siguientes puntos:

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1. Convocatoria a las organizaciones de sociedad civil de la comunidad con el fin de que presenten sus dos representantes.

2. Citación a los otros miembros que deben formar la Comisión.

3. Convocatoria pública para los interesados en el cargo de jueces de paz.

El Concejo Municipal realizará una convocatoria pública por corregimiento, para la selección de los aspirantes al cargo de juez de paz y mediador comunitario, cuando éste último sea un funcionario permanente.

Culminado el proceso de convocatoria, el Concejo tendrá un período de ocho días hábiles para revisar el cumplimiento de los requisitos solicitados y remitir a la Comisión Técnica Distrital, una vez instaurada, una lista con todos los aspirantes que reúnen los requisitos de elegibilidad.

El proceso de convocatoria pública para los cargos de juez de paz y mediador comunitario, cuando sea funcionario permanente, será reglamentado por el Concejo Municipal.

Artículo 22. Reunida la Comisión Técnica Distrital, esta evaluará la documentación de los aspirantes, realizará una entrevista y le asignará puntaje a cada uno de ellos.

Culminado este proceso que no será superior a quince días, la Comisión remitirá al Alcalde el informe de evaluación con la terna de los elegibles con mayor puntaje.

El Alcalde nombrará al juez de paz respectivo dentro de un término no mayor de tres días hábiles contado a partir de la recepción del informe de la Comisión Técnica.

Artículo 23. El Alcalde municipal nombrará en cada casa de justicia comunitaria, como mínimo, un mediador comunitario idóneo, residente del corregimiento respectivo. En caso de no existir mediadores comunitarios a nivel del corregimiento, deberá ser residente del distrito.

Artículo 24. El mediador comunitario cuando, a juicio de la Comisión Técnica Distrital, deba ser un funcionario permanente, será escogido mediante el procedimiento establecido para el juez de paz.

Artículo 25. El secretario, el oficinista/notificador y demás personal de las casas de justicia comunitaria serán nombrados por el juez de paz e ingresarán al servicio público mediante el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Administrativa Municipal y, en su defecto, a través de un concurso de mérito.

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Capítulo IV

Competencias, Procedimiento y Sanciones

Sección 1a

Competencia del Juez de Paz y el Mediador Comunitario

Artículo 26. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir, siempre y cuando no

constituyan delito, las siguientes faltas administrativas:

1. Impedir a las autoridades y agentes de la policía el ejercicio de sus funciones

constitucionales y legales.

2. Alteración del orden público y la convivencia pacífica.

3. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana.

4. Riña o pelea.

5. Provocaciones o amagos.

6. Ruidos y molestias desagradables.

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura.

8. Impedir el libre tránsito o transporte.

9. Perturbación del goce pacífico de la propiedad.

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad.

11. Destruir los parques, jardines, paredes o causar cualquier otro daño a la propiedad ajena.

12. Alterar las fachadas de las unidades departamentales o infringir las disposiciones del régimen

de Propiedad Horizontal.

13. No portar la cédula de identidad personal.

14. Enarbolar la bandera nacional en mal estado físico o su uso indebido.

15.Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública sin el permiso municipal

correspondiente.

16. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad.

Procurarse mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otro hasta por la suma de

doscientos cincuenta balboas (B/.250.00).

17. Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días.

18. Los hechos ilícitos de hurto, hurto agravado, estafa y otros fraudes, daños, apropiación

indebida, usurpación establecidas en el Código Penal, si la cuantía no excede los doscientos

cincuenta balboas (B/.250.00).

19. Todas aquellas que impliquen la infracción de disposiciones municipales.

Artículo 27. Los jueces de paz conocerán y decidirán las siguientes causas civiles: 1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00).

2. Asuntos relacionados a las servidumbres.

3. Asuntos relacionados a las cercas medianeras.

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4. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de Propiedad Horizontal cuyas cuantías no excedan los doscientos cincuenta balboas (B/.500.00).

5. Procesos por desahucio y lanzamiento por intruso.

6. A prevención, las pensiones alimenticias

En el caso de servidumbres, la decisión del juez de paz será de carácter provisional. No obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la instancia judicial correspondiente. Las decisiones provisionales del juez de paz se cumplirán hasta tanto sean revocadas por la instancia judicial.

Artículo 28. También corresponden al juez de paz las siguientes atribuciones:

1. Promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y las

disposiciones municipales.

2. Estimular el uso y aplicación de los medios alternos de solución de conflictos.

3. Administrar la casa de justicia comunitaria.

4. Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal de la casa de justicia

comunitaria.

5. Nombrar al secretario, oficinista/notificador y cualquier otro personal de la casa de justicia

comunitaria.

6. Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de conformidad con lo

establecido en la presente Ley.

7. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones.

Artículo 29. Los mediadores comunitarios podrán atender los casos que son competencia de los jueces de paz, exceptuando los casos de pensión alimenticia.

Artículo 30. Para acudir a la justicia comunitaria, ya sea a través del mediador comunitario o el juez de paz, no es obligatoria la representación judicial.

Sección 2a

Mediación Comunitaria

Artículo 31. La mediación comunitaria es la primera alternativa de justicia a la que se puede acudir de manera directa o por derivación del juez de paz.

Artículo 32. La mediación comunitaria es aquella donde las partes someten su conflicto ante un mediador idóneo, a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensuada al conflicto.

Este mecanismo desarrolla relaciones igualitarias y de cooperación entre las partes.

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Artículo 33. El acuerdo de mediación es el convenio de voluntades donde se expresan cada uno de los puntos acordados dentro de la sesión de mediación, el cual es de cumplimiento forzoso para las partes; se hará constar por escrito mediante un acta que prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada, a partir de la firma de los interesados y el mediador.

De no lograrse un acuerdo, las partes podrán someter el conflicto al conocimiento del juez de paz.

Sección 3a

Procedimiento ante los Jueces de Paz

Artículo 34. Las actuaciones ante el juez de paz se iniciarán de oficio o a solicitud de parte. La iniciación será de oficio por disposición del juez de paz o a instancia de parte cuando se accede a una petición de persona interesada.

En caso de iniciación de oficio, el juez de paz tiene la potestad de enviar el caso al mediador comunitario o realizar la audiencia oral.

Cuando el proceso se inicia a petición de una de las partes, el juez invitará a la contraparte al proceso. En caso de renuencia, se le citará, para lo cual el juez de paz podrá solicitar la colaboración de un agente de la Policía Nacional.

Artículo 35. Los agentes de la Policía Nacional son colaboradores de la justicia comunitaria. En aquellas diligencias donde se requiera su intervención, éstos deberán acatar y ejecutar las órdenes del juez de paz. Estas órdenes deberán constar por escrito, de manera clara y precisa.

Artículo 36. En el acto de audiencia, el juez de paz instará a las partes a la conciliación y podrá proponer alternativas de solución. Estas alternativas no son de obligatorio acatamiento para las partes, ni constituyen causales de recusación.

Artículo 37. En caso de no existir acuerdo en conciliación, el juez escuchará a las partes quienes tendrán las mismas oportunidades para presentar sus cargos y descargos, así como las pruebas correspondientes, que serán valoradas por el juez. Culminada la audiencia, el juez de paz decidirá de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente Ley.

El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política de la República ni a los derechos fundamentales. Este fallo requiere ser motivado, y para ello el juez de paz tendrá en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

1. Los hechos y situación personal de las partes.

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales comprometidos.

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas, y

4. Los criterios de la comunidad sobre lo justo.

El fallo del juez de paz será notificado personalmente al finalizar la audiencia. Una vez 9

notificadas las partes sin que se presente recurso de apelación, la decisión del juez debe ser cumplida en un período máximo de los treinta días, siguientes a la notificación.

En caso de incumplimiento del fallo, el juez de paz dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el párrafo anterior, remitirá el expediente de oficio al juez municipal respectivo, para que se inicie el proceso penal por el delito de quebrantamiento de sanción.

Artículo 38. La parte que se considere agraviada por el fallo del juez de paz tiene derecho a interponer recurso de apelación y sustentarlo verbalmente en el acto de la notificación, sin necesidad de abogado, caso en el cual se dejará constancia en el expediente y se concederá a la otra parte la oportunidad para oponerse, de igual forma.

El recurso de apelación también podrá interponerse y sustentarse por escrito, ante el mismo juez, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Estos días empezarán a correr sin necesidad de resolución. Si no se sustenta el recurso de apelación, se declarará desierto.

Vencido este término, el opositor contará con tres días para formalizar su argumento que, de igual forma, corren sin necesidad de resolución, siempre que estuviere notificado de la resolución impugnada.

Artículo 39. Una vez surtido el trámite antes descrito, el juez de paz resolverá sobre la concesión de la apelación y, en caso de que fuere procedente, ordenará la notificación por edicto de la resolución que concede el recurso y remitirá enseguida el expediente a la Comisión de Apelaciones.

La resolución que decide la apelación es irrecurrible.

Artículo 40. La Comisión de Apelaciones estará integrada por tres jueces de paz de los corregimientos más cercanos. El juez de la causa participará en dicha Comisión para sustentar de forma oral su fallo, no obstante la decisión es tomada en sala de acuerdo por los otros tres jueces de paz.

La Comisión de Apelaciones podrá revocar, modificar o confirmar el fallo del juez de paz y decidirá dentro de los quince días siguientes a la fecha del recibo de la solicitud de apelación.

Las decisiones de los jueces de paz no son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El concejo municipal garantizará el funcionamiento administrativo de las comisiones de apelaciones del respectivo distrito y emitirá el reglamento correspondiente.

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Artículo 41. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, pero la Comisión podrá practicar las que quedasen pendientes de práctica en primera instancia y las que considere necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos, las cuales decretará de oficio, mediante resolución motivada e inapelable.

Artículo 42. Salvo lo establecido expresamente para casos especiales, las apelaciones contra los fallos del juez de paz se concederán:

1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de la resolución que ponga fin a la instancia.

2. En efecto devolutivo, cuando se trate de la resolución que ponga término al proceso de alimentos.

Artículo 43. El fallo de segunda instancia debe dictarse dentro de los treinta días siguientes al ingreso del expediente al tribunal y será notificado por edicto.

Sección 4a

Medidas

Artículo 44. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán ordenar, de forma irrecurrible, las siguientes medidas:

1. Fianza de Paz y Buena Conducta.

2. Orden de alejamiento.

3. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionada con los conflictos

vecinales.

4. Orden de desalojo o lanzamiento.

5. Cauciones pecuniarias.

6. Boleta de Protección.

7. Presentación periódica al Despacho.

8. En los casos de violencia doméstica o cuando esté en peligro la vida de las personas, los

jueces de paz tienen facultad para dictar las medidas de protección establecidas en la Ley, incluyendo aprehensiones a prevención que no excedan de veinticuatro horas. Adoptada esta medida provisional, el Juez deberá remitir inmediatamente el expediente a la autoridad competente.

9. En los casos que se requiera, el juez de paz podrá decretar el comiso de los bienes que se utilizaron para la comisión de la falta, los que serán colocados bajo su custodia en el área destinada por el juez de paz para ello, y se aplicarán las normas vigentes en materia de manejo de bienes aprehendidos.

10. El juez de paz también podrá realizar inspecciones en el lugar de los hechos, a solicitud de parte.

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11. Medidas de seguridad, para los casos de enfermos mentales e indigentes. El juez de paz aplicará como medidas de seguridad la remisión al hospital psiquiátrico o a establecimientos de readaptación o resocialización.

Sección 5a

Sanciones

Artículo 45. Los jueces de paz podrán imponer las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la falta o del asunto:

1. Amonestación verbal, privada o pública.

2. Trabajo comunitario.

3. Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil balboas (B/.1,000.00).

4. Reparación del daño causado o indemnización, como sanción accesoria.

5. Prohibición de portar armas, como sanción accesoria.

Todos los procesos en materia de justicia comunitaria procurarán la restauración de las relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo los derechos de las víctimas.

El juez de paz podrá sugerir o motivar el desarrollo de actividades que involucren a familiares o vecinos del infractor o a la comunidad, con el objeto de restaurar las relaciones interpersonales o vecinales y buscar la integración social.

Artículo 46. En caso de reincidencia en la comisión de una falta administrativa, el juez de paz podrá remitir al infractor a programas sociales municipales o estatales.

Artículo47. Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a solicitud del infractor, es prestado por este a la comunidad. Se refiere a trabajos relativos al ornato, limpieza, mantenimiento, decoración, construcción, reparación o cualquier otra labor que represente algún beneficio social dentro del lugar donde se cumple la sanción o en el distrito o provincia donde resida la persona. La prestación del trabajo comunitario estará bajo la vigilancia y control de la autoridad que la impuso.

Para los efectos del trabajo comunitario, se tomará en cuenta las habilidades, destrezas, potencialidades y preparación académica del infractor, a fin de generar grupos focales con actividades que les sirvan como labor-terapia y que favorezcan su reinserción en la sociedad.

Capítulo V

Destitución

Artículo48. Las causales de destitución de los jueces de paz y de los mediadores

comunitarios nombrados como funcionarios permanentes en las casas de justicia comunitaria, 12

son las siguientes:

1. Condena judicial ejecutoriada por delito doloso.

2. Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.

3. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en la presente Ley.

4. Recibir y/o hacerse prometer de cualquier persona pago, dádivas, favores, para sí o para

otro, como contribución o recompensa por la ejecución u omisión de las funciones inherentes

a su cargo.

5. Incurrir en una falta ética o disciplinaria grave.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en la carrera administrativa o municipal, si la hubiere.

Capítulo VI

Procedimiento Ético Disciplinario

Artículo 49. El juez de paz y el personal que integra la casa de justicia comunitaria, en el ejercicio de sus funciones, cumplirá y se sujetará a los principios contenidos en las normas aplicables a los servidores públicos según la Ley de Carrera Administrativa Municipal, si la hubiere, y el Código de Ética de los Servidores Públicos.

Artículo 50. En caso de violaciones a las normas éticas a que hace referencia el artículo anterior; la Comisión Técnica Distrital, de oficio o a petición de parte, deberá realizar las investigaciones de acuerdo con la legislación aplicable y solicitará al Alcalde la adopción de la sanción correspondiente. Las denuncias serán presentadas en las oficinas que para tal efecto determine la reglamentación respectiva.

Artículo51. En materia disciplinaria, se aplicará lo dispuesto en la ley de Carrera Administrativa. En caso de que la medida disciplinaria aplicable sea la destitución se deberá contar con el concepto previo de la Comisión Técnica Distrital. El Alcalde puede destituir al Juez de Paz siempre que cuente con el concepto favorable de la Comisión.

Artículo 52. El procedimiento ético y disciplinario deberá regirse por los principios del debido proceso, de estricta legalidad y respeto a las garantías procesales constitucionales, tales como: el derecho a ser escuchado, derecho a presentar los recursos de ley y proponer pruebas para su defensa legítima.

Capitulo VII

Justicia Comunitaria en las Comarcas

Artículo 53. La justicia comunitaria en las Comarcas, ya sea oral o escrita, será ejercida por

las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, y sus decisiones serán respetadas por las 13

autoridades administrativas y judiciales.

Artículo 54. En las Comarcas, se reconoce la forma y procedimiento tradicional de los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia comunitaria, de acuerdo con las normas previstas en la legislación indígena y las Cartas Orgánicas de las mismas Comarcas.

Artículo 55. Para cumplir con el buen funcionamiento de la justicia comunitaria por parte de las autoridades tradicionales, el municipio garantizará los recursos económicos necesarios.

Capítulo VIII

Disposiciones Transitorias y Finales

Sección 1a

Disposiciones Transitorias

Artículo 56. (Transitorio) Dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la presente ley, se realizará el proceso de formación de postulados y selección de los jueces de paz en los corregimientos de todo el país. La Procuraduría de la Administración certificará la inducción de los postulados, para lo cual los aspirantes a jueces de paz deben vincularse en los programas de inducción convocados por tal institución.

Artículo 57. (Transitorio) A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en aquellas disposiciones en que se mencione la figura del corregidor o juez nocturno de policía deberá entenderse juez de paz.

Sección 2a

Disposiciones Finales

Artículo 58. El artículo 393 del Código Penal queda así:

Artículo 393. Quien incumpla una decisión jurisdiccional ejecutoriada de pensión alimenticia o una pena accesoria de naturaleza penal, o una decisión ejecutoriada dictada por un juez de paz será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana.

Artículo 59. El artículo 174 del Código Judicial queda así:

Artículo 174. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia:

B. De los siguientes procesos civiles:

Los que versen sobre cuantía mayor de quinientos balboas (B/. 500.00), sin exceder de cinco mil balboas (B/. 5,000.00);

Artículo 60. El artículo 175 del Código Judicial queda así:

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Artículo 175. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos, cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas; de los procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación y daños, cuyas cuantías no excedan de doscientos cincuenta balboas, y de los procesos por lesiones culposas o dolosas, cuando la incapacidad sea inferior de treinta días.

Se exceptúan de esta disposición, las obligaciones que sean consecuencia de contratos mercantiles.

Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera de los delitos establecidos en esta disposición, éste deberá formular los cargos correspondientes. Sin el cumplimiento de este requisito, no se iniciará proceso alguno.

Artículo 61. El numeral 1 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 queda así:

Artículo 28. No son acusables ante la jurisdicción contencioso administrativa: 1° Las resoluciones que dicten los jueces de paz;

Artículo 62. El artículo 7 de la Ley 38 de 2001 queda así:

Artículo 7. Podrán aplicar las medidas de protección consagradas en el artículo 4 de esta Ley, los jueces de paz, las autoridades tradicionales en las zonas indígenas, los agentes del Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judicial, cada uno de acuerdo con su competencia.

Artículo 63. El artículo 9 de la Ley 38 de 2001 queda así:

Artículo 9. En los hechos de violencia que se presentasen en sus jurisdicciones, los jueces de paz deberán, provisionalmente, tornar conocimiento del hecho, aplicar las medidas de protección pertinentes y remitir el expediente incoado, en el que indicaran las medidas adoptadas, a la instancia competente en un término no mayor de setenta y dos horas, contado a partir del momento en que se aplica la medida aludida.

Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni promover ni aceptar advenimientos o desistimientos.

Artículo 64. El numeral 4 del artículo 751 del Código de la Familia queda así:

Artículo 751. A los Jueces Municipales de Familia les corresponde conocer y decidir en primera instancia:

4. Procesos de alimentos, a prevención de los jueces de paz.

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Artículo 65. El numeral 9 del artículo 754 del Código de La Familia queda así:

Artículo 754. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia les corresponde:

9. Conocer de los procesos de alimentos a prevención de los jueces Municipales de Familia y los jueces de paz.

Artículo 66. El artículo 771 del Código de La Familia queda así:

Artículo 771. Todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, cualquiera que sea su categoría, así como los jueces de paz, están obligados a prestar su cooperación para el cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las medidas que para su aplicación dispongan los Tribunales de Familia y de Menores, así mismo están obligados a demandar la protección de los menores cuando tengan conocimiento de la violación de sus derechos subjetivos.

Artículo 67. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así:

Artículo 1. Se faculta a los jueces de paz, alcaldes y gobernadores de provincia, a prevención, para sancionar administrativamente, con multas de cinco balboas (B/.5.00) a quinientos balboas (B/.500.00), al que bote o arroje en cualquier lugar público desperdicios o desechos que deberían ser colocados en bolsas, tinacos, canastas u otros recipientes destinados al propósito de recoger basura; al que raye paredes o edificios públicos o privados; así como al que deponga en lugares públicos excretas humanas o de animales. En todos los casos, el infractor está obligado a limpiar el lugar afectado.

Artículo 68. El primer párrafo del numeral 7 del artículo 27 del Texto Único de la Ley 13 de 1993 queda así:

Artículo 27. Se prohíbe a los propietarios de las unidades departamentales y a quienes las habitan a cualquier título, lo siguiente.

7. Modificar o adicionar cualquiera de las fachadas del edificio, sin el consentimiento de las dos terceras partes de las unidades departamentales, sin el estudio de un arquitecto idóneo y la aprobación de las autoridades competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin cumplimiento de los requisitos aquí establecidos, el juez de paz obligará a las unidades departamentales a la reposición de los elementos modificados y en caso de negativa por un período de treinta días, contado a partir de la notificación impondrá una multa que variará desde un cuarto por ciento o su equivalente en decimales hasta un uno por ciento o su equivalente en decimales del valor del apartamento dependiendo de la

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gravedad de la falta, hasta que se cumpla con lo establecido. Para que la Asamblea de Propietarios otorgue el permiso a que se refiere este numeral, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 69. El artículo 65 del Texto Único de la Ley 13 de 1993 queda así:

Artículo 65. Todas las controversias relativas al Régimen de Propiedad Horizontal, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley, serán competencia de la jurisdicción ordinaria, según las reglas de competencia que establece el Código Judicial. Sin embargo, para los efectos de la tramitación del cobro de los gastos comunes, los jueces de paz, en asuntos exclusivos de la presente Ley, tendrán competencia hasta la cuantía que establece el Código Judicial. En tal caso, estas autoridades deben aplicar el procedimiento correspondiente a los procesos ejecutivos de menor cuantía, y quedan facultadas para decretar secuestros en contra del moroso a petición d parte, sin necesidad de caución y hasta la cuantía fijada.

Artículo 70. Artículo 71. Artículo 72. Artículo 73. Artículo 74. Artículo 75. Artículo 76. Artículo 77. Artículo 78. Artículo 79. Artículo 80. Artículo 81.

Se deroga la Ley 112 de 1974.

Se derogan los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973. Se deroga el artículo 855 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 856 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 857 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 860 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 861 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 871 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 873 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 874 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 877 del Código Administrativo.

Se deroga el Capítulo IV del Título I del Libro III del Código Administrativo, 17

sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 878 al 898.

Artículo 82. Se deroga el Título II, Policía Moral, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 899 al 1312.

Se deroga el artículo 1668 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 1669 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 1670 del Código Administrativo.

Se deroga el Título IV, Policía Judicial, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 1672 al 1707.

Artículo 87. Se deroga el Título V, Procedimientos, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 1708 al 1745.

Artículo 88. La presente Ley modifica los artículos 174 y 175 del Código Judicial; los artículos 859 y 865 del Código Administrativo; el artículo 393 del Código Penal; los artículos 751, numeral 4; 754, numeral 9, y 771 del Código de la Familia; el artículo 28 de la Ley 135 de 1943; el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000; los artículos 7 y 9 de la Ley 38 de 2001; el primer párrafo del numeral 7 del artículo 27 y el artículo 65 del Texto Único de la Ley 13 de 1993. Adiciona el artículo 175 A al Código Judicial; así como deroga los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973; la Ley 112 de 1974; los artículos 855, 856, 857, 860, 861, 871, 873, 874 y 877; el Capítulo IV del Título I del Libro III, sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 878 al 898; el Título II, Policía Moral, del Libro III, que comprende los artículos 899 al 1312; los artículos 1668, 1669 y 1670; el Título IV, Policía Judicial, del Libro III, que comprende los artículos 1672 al 1707, y el Título V, Procedimientos, del Libro III, que comprende los artículos 1708 al 1745, todos del Código Administrativo.

Artículo 83.

Artículo 84.

Artículo 85.

Artículo 86.

Artículo 63. Esta Ley entrará a regir doce meses después de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _____

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