Plan De Seguridad Ciudadana

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Plan de Seguridad Ciudadana Panamá

Elaborador por la: Alianza Ciudadana Pro Justicia. (Toma en cuenta lo discutido en la Comisión de Estado por la Justicia

PANAMA Enero , 2010

I. II. III.

A. B. C.

IV. A.

Tabla de Contenidos

Introducción ……………………………………………………………………………………………. 2

Principios y objetivos de la Política de seguridad ciudadana. …………………………… 2

Coordinación Interinstitucional……………………………………………………………….. 3

Creación de Sistema de Seguridad Ciudadana……………………………………………. 3

Creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ……………………………. 5

Creación de la Dirección Coordinadora de la Política de seguridad ciudadana. .. 6

Líneas de acción de la nueva Política de Seguridad Ciudadana. ……………………. 7

Acciones para promover cohesión social ………………………………………………….. 7

B.seguridad y justicia ……………………………………………………………………………………… 8

C. Acciones encaminadas a la descentralización e incorporación de los municipios y la comunidad en las políticas de prevención………………………………………………….. 9

D. Acciones para controlar la seguridad privada mediante mejor legislación y mejor supervisión de sus actividades……………………………………………………………………… 11

E. Otras acciones preventivas …………………………………………………………………… 11

F. Acciones para el control y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana………. 12

Acciones para modernizar y profesionalizar las instituciones del sistema de

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PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA PANAMÁ.

I. Introducción

En el país se han desarrollado dos procesos de concertación nacional en los que se ha discutido el problema de la inseguridad ciudadana. Ambos procesos conocidos como el Pacto de Estado por la Justicia y la Concertación Nacional para el Desarrollo recomendaron la aprobación de una Política Criminológica de Estado como el instrumento más adecuado en el diseño e implementación de las acciones necesarias para la prevención y represión del crimen.

Presentamos a continuación un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que recoge algunas de las propuestas ya discutidas en los espacios de diálogo nacional y otras medidas adoptadas por algunos países de la región de cara a fortalecer el gobierno de la seguridad.

Una de las medidas prioritarias es la aprobación de una Ley de Seguridad Ciudadana que contemple la creación del Sistema de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Adicionalmente la ley debe aprobar los lineamientos de una política de seguridad según los acuerdos de Estado en materia de prevención de la violencia y el crimen.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana una vez instalado debe discutir el plan de Seguridad Ciudadana que a continuación presentamos. Este Plan debe ser sometido a una consulta amplia con todos los sectores nacionales antes de ser aprobado por este Consejo.

Todas estas acciones que forman parte de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ayudarán a enfrentar eficientemente el problema de la inseguridad ciudadana.

II. Principios y objetivos de la Política de seguridad ciudadana.

Los principios rectores de la política de seguridad ciudadana son postulados fundamentales a partir de los cuales el Estado define los contenidos básicos de su Plan de seguridad y de su política criminológica.1 Estos principios son: prevención, seguridad ciudadana, respeto a los Derechos Humanos, justicia social, desarrollo humano sostenible, participación ciudadana, y educación para una cultura de paz.

1 Propuesta de la Comisión Intersectorial de Alto nivel para la elaboración de la Política Criminológica. Primer borrador de política Criminológica de Estado. Panamá, Octubre del 2004

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Todas las acciones del Estado panameño en la atención de la violencia y la criminalidad deben enmarcarse en estos principios orientadores de la política de seguridad ciudadana y deben ejecutarse de manera coordinada según los mecanismos establecidos en la ley de seguridad ciudadana.

La política de seguridad ciudadana en Panamá debe tener como objetivo mejorar capacidad institucional del sistema de seguridad ciudadana para lograr mayor efectividad en la atención del fenómeno de la violencia y el crimen.

III.Coordinación Interinstitucional

A. Creación de Sistema de Seguridad Ciudadana.

La nueva ley que crea el sistema integral de seguridad ciudadana establecerá un adecuado ordenamiento de las funciones de cada uno de los actores institucionales. Los principales actores del sistema de seguridad y justicia son: la policía, los servicios de inteligencia, otros cuerpos civiles y militares abocados a la seguridad, el ejecutivo, el parlamento, el sistema de justicia penal, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.

Cada actor del sistema de seguridad y justicia debe conocer sus responsabilidades y funciones, claramente establecidas en las normas o lineamientos de las políticas. El delimitar responsabilidades de manera clara a cada sector será clave para evitar duplicación de funciones.

Entres los actores relevantes del sector público se destacan:

El Ministerio de Seguridad Pública: Responsable de la dirección política del sistema de seguridad ciudadana, que en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Justicia coordinarán el sistema de estadísticas criminales y el seguimiento a todo el régimen penitenciario nacional.

La Asamblea Nacional: Le corresponde la aprobación de las leyes de seguridad ciudadana, aprobación del presupuesto del sector justicia y el control de las instituciones del sistema. Es necesario que los parlamentos cumplan con esta función y para ello se requiere una mayor independencia del resto de los poderes del Estado.

Los Municipios: Les corresponde la observación de la violencia en la esfera municipal, estrategias locales de prevención de la violencia, coordinar la participación comunitaria. Los municipios y los gobiernos locales son claves en los programas de prevención de la violencia en la medida que contribuyen a involucrar a la comunidad en la atención de los problemas comunes y en buscar alternativas a los menores en situación de riesgo social; desarrollando así un espíritu solidario y un mejor clima para la solución pacífica de los conflictos.

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La Policía: Le corresponde las labores de prevención, persecución de la delincuencia, desarrollar actividades de policía comunitaria y de policía especializada en criminalidad compleja. Las instituciones policiales serán evaluadas de acuerdo a su régimen profesional, los mecanismos de control interno, la estructura de personal y el sistema de capacitación y profesionalización.

El Ministerio Público: Es el encargado de llevar adelante el sistema de persecución del delito con la colaboración de los estamentos policiales. Le corresponde el desarrollo de la investigación de los delitos. Los estamentos de investigación requieren de adecuados mecanismos de coordinación con las instituciones policiales, de aduanas, migración, entre otras y adecuados mecanismos de control y evaluación de desempeño, adecuada cobertura y atención de víctimas.

El Poder Judicial: Le corresponde el eficiente funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal y el velar por el derecho a la defensa de los imputados.

La comunidad y la sociedad civil: La comunidad y los grupos sociales, incluyendo al sector privado y los medios de comunicación, juegan un papel fundamental en la identificación de los problemas de la seguridad y en mejorar los mecanismos de transparencia de las instituciones del sistema. Igualmente promueven el debate democrático sobre el problema de la inseguridad. La sociedad civil debe participar en los espacios interinstitucionales del gobierno de la seguridad.

Los otros actores, como lo son las organizaciones cívicas, gremiales y el sector académico, los medios de comunicación, son igualmente importantes en el diálogo intersectorial e incluyente sobre políticas públicas, en la medida que contribuyen a la legitimidad de las políticas y a cambiar actitudes frente al problema, y en la medida en que se inclinen hacia un rol más colaborativo entre sociedad civil y el Estado.

El Ministerio de Educación: La prevención de la violencia y el rescate de los menores que se encuentran fuera del sistema educativo.

El Ministerio de Desarrollo Social: Encargado de la prevención social y atención de la violencia juvenil en especial la reinserción de los jóvenes pandilleros o en conflicto con la ley.

Las agencias de seguridad privada: Aunque no son parte del sistema de justicia participan en brindar seguridad a la comunidad. Las empresas dedicadas a brindar el servicio de protección de la seguridad y bienes de las personas realizan una función de complemento a la labor que deben realizar los estamentos policiales. Este servicio debe ser regulado por el Estado, por medio del establecimiento de pautas regulatorias que establezcan sanciones, supervisión y fiscalización del servicio.

Las políticas de Estado en materia de seguridad deben propiciar el intercambio, la cooperación y la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia y las instituciones encargadas de velar por la paz y seguridad ciudadana. Es decir, la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder judicial, Sistema Penitenciario y Ministerios de Gobierno, y los municipios o gobiernos locales, entre otras instituciones, deben actuar de manera armónica.

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B. Creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana será el ente rector de la política de seguridad ciudadana y debe tener la función de garantizar la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación de la política de seguridad, al igual que el seguimiento y monitoreo de las actividades y metas.

Los planes deben enfocarse en la prevención social, comunitaria y situacional, pero sin descuidar a las instituciones que ejercen el control y represión de la criminalidad. Es decir, por una parte, se debe fortalecer a las instituciones encargadas de los aspectos sociales y de atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, a los municipios, instituciones educativas y los sistemas penitenciarios y, por la otra, se debe fortalecer a las instituciones del sector justicia, la policía comunitaria y de investigación.

Las funciones para este organismo serían2:

Liderizar la puesta en marcha de objetivos, principios, estrategias y acciones de la Política de Seguridad Ciudadana.

Formalizar los compromisos con las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que cumplan con sus tareas en pro de la disminución de la criminalidad.

Coordinar y orientar las pautas y directrices en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de prevención y atención del delito en sus diversas modalidades.

Participar en sesiones y comisiones de alto nivel con el fin de proponer programas y proyectos de prevención innovadores que atiendan la problemática de la criminalidad y seguridad ciudadana.

Planificar y promover actividades y tareas vinculadas a la unidad organizacional

Presentar el presupuesto para el funcionamiento de la organización.

Gestionar recursos y alianzas estratégicas a nivel nacional e

internacional.

Identificar y proponer acciones de capacitación necesarias en materia de

desarrollo de la Política Criminológica.

Presentar informes anuales del trabajo que realiza, que destaque el

impacto cuantitativo y cualitativo de acciones que caracterizan la ejecución de la política (evaluación).

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debe estar presidido por el Ministerio de Seguridad Pública, que tendría la responsabilidad de presidirlo, convocarlo y vigilar la ejecución de las políticas.

2 Comisión Intersectorial de Alto nivel para la elaboración de la Política Criminológica. Primer borrador de Política Criminológica de Estado. Panamá, Octubre del 2004

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El Consejo debe quedar integrado por las instituciones del Estado, sector privado y sociedad civil. En el marco del funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se buscarán los consensos políticos sobre los lineamientos estratégicos, de forma tal de consolidar una política pública sobre Seguridad Ciudadana sustentable a mediano y largo plazo.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana estará integrado por3 :

Ministerio de Seguridad Ciudadana quien la preside. El Ministerio de Desarrollo Social

El Ministerio de Educación

Ministerio de Salud

Instituto Nacional para el Desarrollo Humano. Órgano Judicial;

Asamblea Nacional;

Procuraduría General de la Nación;

Defensoría del Pueblo

Director de la Policía Nacional

Representantes de los dos Municipios de mayor número de habitantes.

Un representante del Sector Privado

Un representante del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Un representante de los medios de comunicación.

El escenario propicio para lograr los acuerdos nacionales sobre la política de seguridad son los Consejos Nacionales de Seguridad Ciudadana. Estos espacios deben lograr los consensos políticos y técnicos; definir los planes y estrategias nacionales de seguridad y los mecanismos de control y monitoreo de las políticas de seguridad.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debe involucrar a los municipios al mismo tiempo que deben establecerse espacios de coordinación a nivel de los municipios. Es prioritario que los municipios formen parte de ese sistema de seguridad y que participen en la lucha contra el crimen por medio de programas de prevención que busquen mejorar los niveles de convivencia ciudadana.

C. Creación de la Dirección Coordinadora de la Política de seguridad ciudadana.

Esta Dirección Coordinadora de la Política de seguridad será un ente con independencia y autonomía presupuestaria, adscrita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Seguridad Ciudadana, encargada de organizar, planificar, coordinar y supervisar la ejecución de la Política de seguridad.4

3 Propuesta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentada a la Comisión de Estado por la Justicia en la reunión del 26 de marzo del 2009.

4 Anteproyecto de ley aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Comisión de Estado por la Justicia. Panamá, 2009.

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La Dirección de Coordinación de la Política de seguridad tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1. Participar en todas las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y asumir la secretaría técnica de esta Comisión.

2. Liderar la puesta en marcha de los objetivos, las estrategias y las acciones de la Política Criminológica.

3. Motivar e integrar a todas las instituciones y entes involucrados en la ejecución de la Política Criminológica a través de alianzas estratégicas.

4. Formalizar los compromisos con las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que cumplan con sus tareas en pro de la disminución de la criminalidad.

5. Coordinar y orientar las pautas y directrices en las instituciones gubernamentales en materia de prevención y atención del delito en sus diversas modalidades.

6. Participar en sesiones y comisiones de alto nivel, con el fin de proponer programas y proyectos de prevención innovadores que atiendan la problemática de la criminalidad y seguridad ciudadana.

7. Planificar y promover actividades y tareas vinculadas a la unidad organizacional.

8. Presentar el presupuesto para el funcionamiento de la oficina..

9. Gestionar recursos y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.

10.Identificar y proponer acciones de capacitación necesarias en materia de

desarrollo de la Política Criminológica.

11. Presentar informes anuales del trabajo que realiza, que destaquen el impacto

cuantitativo y cualitativo de acciones que caracterizan la ejecución de la Política Criminológica.

La Dirección de Coordinación de la Política Criminológica tendrá un Director Ejecutivo, designado por el Órgano Ejecutivo de una terna presentada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

IV. Líneas de acción de la nueva Política de Seguridad Ciudadana.

A. Acciones para promover cohesión social

a.1 Promoción de los métodos alternos de resolución de conflictos.

El primer beneficiado con un sistema óptimo de mediación y conciliación es el sistema de justicia, al ver reducida su carga laboral. A menor carga de trabajo, mejor administración del tiempo, que se refleja en una mayor calidad de la actividad jurisdiccional y una mejor optimización de los recursos económicos y materiales.

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Es necesario promover la mediación como mecanismo en la solución de faltas menores, delitos culposos y delitos menos graves, relacionados a la acción penal. La mediación se da en todos los juicios sumarios, en los que la condena no excede los tres años

a.2 Creación de la Justicia de paz

Los altos niveles de conflictividad e intolerancia que vive actualmente el país, nos obligan a darle un giro al régimen legal para ponerlo a tono con los fundamentos de la cultura de paz, es decir, la respuesta no está en la judicialización de los conflictos pues la historia nos ha demostrado que el sistema ordinario de justicia impartido por nuestros tribunales está saturado, por lo que es necesario constituir una justicia comunitaria que brinde al ciudadano herramientas para solucionar sus conflictos a través del diálogo, promueva la cohesión social, la participación ciudadana y que a su vez permita desahogar la administración de justicia ordinaria.

La nueva justicia de paz ayudará a mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y a brindar alternativas eficaces al fenómeno de la violencia social y comunitaria. La nueva justicia de paz quedará adscrita a lo municipios y se apoyará en la participación ciudadana.

a.3 Capacitación de la Policía Comunitaria

Se requiere de una institución policial más cercana a los ciudadanos y para ello se debe definir una nueva visión e iniciar un proceso de capacitación del personal policial. Se trata de colocar a la comunidad como socio en el combate a la violencia y a la criminalidad. 5 La idea no es crear un grupo de policías comunitarios sino que toda la institución policial asuma una nueva visión al servicio de la comunidad y de la mano de la participación ciudadana.

La policía comunitaria debe actuar en comunicación con la organización comunitaria o local y definir estrategias para desarrollarlas de manera coordinada con los municipios

B. Acciones para modernizar y profesionalizar las instituciones del sistema de seguridad y justicia

b.1 Impulsar la pronta entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal

Se debe invertir en la profesionalización y modernización de los estamentos de seguridad pública e investigación criminal de acuerdo a lo establecido en el nuevo sistema acusatorio.

b.2 Profesionalización de la Policía, Ministerio Público y Poder judicial.

En América Latina, la policía es una institución centralizada, es decir, estructurada y definida en relación con la organización político-administrativa del país. Aún cuando

5 Javier Gamero Kinosita, Globalización del modelo de policía comunitaria

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intervengan en el ámbito local dependen orgánica y funcionalmente de los gobiernos nacionales.

Esta forma de funcionamiento centralizada ha impedido que se atienda adecuadamente el fenómeno de la violencia y la inseguridad y ha distanciado a la policía de la comunidad.

El nuevo sistema busca formas descentralizadas para el funcionamiento de las instituciones policiales, que permita que, a nivel municipal o a nivel comunitario, se puedan decidir, conducir y controlar las acciones y programas de seguridad ciudadana de manera más focalizada y de acuerdo a las realidades y necesidad de las comunidades. Esto, por supuesto, requiere que los gobiernos locales se preparen y creen instancias especializadas en los tema de seguridad y prevención de conflictos y de la violencia.

b.3 Seguimiento a los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia

La Comisión de Estado por la Justicia acordó varias reformas encaminadas a mejorar las instituciones del sector justicia y seguridad, entre ellas:

Modernizar el sistema de estadísticas criminales y su uso adecuado por las instituciones responsables de la seguridad pública y realizar estudios diagnósticos periódicos de criminalidad.

Desarrollar programas de protección a las víctimas de delitos.

Aumentar el número de defensores de oficio a nivel nacional para llegar a un

promedio de cinco defensores por cada cien mil habitantes.

Analizar la actual situación de los centros de internamiento y atención de menores infractores y destinar los recursos para que permitan la reinserción social de estos jóvenes.

Combatir de manera enérgica la corrupción y la participación en el crimen organizado de los miembros de la policía y de los estamentos de seguridad, por medio del establecimiento de adecuados mecanismos de control.

C. Acciones encaminadas a la descentralización e incorporación de los municipios y la comunidad en las políticas de prevención.

c.1 Creación de los Consejos Municipales de Seguridad Ciudadana

Un actor fundamental en la búsqueda de consensos son los municipios y las comunidades, que históricamente. han sido sujetos pasivos en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana. La idea es que los municipios formen parte de los Consejos Nacionales de Seguridad y, a su vez, conformen los Consejos municipales de

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seguridad ciudadana, que, sobre la base de los lineamientos nacionales de políticas de seguridad ciudadana, puedan definir las políticas municipales de seguridad ciudadana.

Para participar de manera efectiva en los espacios de debate y definición de consensos, se debe estar informado y, para ello, debe existir acceso a la información. Este acceso a la información debe darse no solo en el plano nacional, sino a nivel municipal. Se trata de democratizar la información y de definir en conjunto las prioridades.

Esta instancia municipal o consejo de seguridad ciudadana a nivel municipal, se debe encargar de:

Dar seguimiento a la información sobre la situación de delito y la violencia en la comunidad.

Planificación de una estrategia de seguridad local.

Coordinación político institucional del sistema policial local.

Coordinación del sistema local de prevención social de la violencia y el delito.

Coordinación de la participación comunitaria en los asuntos de la seguridad

pública.

Creación de un sistema de información y planificación estratégica de la

seguridad pública local, que sistematice toda la información sobre violencia y seguridad, que elabore un mapa de la problemática, un observatorio de la violencia.

Capacitación del personal municipal en los temas de la seguridad pública local, para mejorar la capacidad física, técnica y humana de las administraciones locales con el fin de optimizar su gestión y orientar su operación al logro de resultados eficaces y eficientes.

Los Municipios deben participar en la formulación, implementación y evaluación de las estrategias locales de prevención social del delito y la violencia, tales como

Desarrollar un Plan Nacional para frenar la violencia contra las mujeres y la familia.

Mejorar el servicio de atención a los jóvenes y adultos con dependencia al alcohol y las drogas y campañas de prevención.

Que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación desarrollen un programa urgente dirigido a las escuelas primarias y secundarias ubicadas en áreas de alta incidencia delictiva para la atención especial a los menores en riesgo social.

c.2 Participación de organizaciones de sociedad civil

Los distintos sectores de la sociedad civil deben participar de manera activa en las políticas de prevención de la violencia y la criminalidad:

Involucrar a la comunidad en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad, creando comités de seguridad ciudadana con el apoyo de los municipios.

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Motivar a los medios de comunicación y agencias publicitarias a que disminuyan y controlen la transmisión de programas violentos y a unirse a la tarea de educar para la paz.

Impulsar el programa de policía comunitaria y los programas de vecinos vigilantes.

D. Acciones para controlar la seguridad privada mediante mejor legislación y mejor supervisión de sus actividades.

La aprobación de normativas de regulación es el primer paso en el camino de modernizar este servicio. Se requiere:

Un sistema eficaz de gestión y rendición de cuentas, que garantice la existencia de normas, procedimientos correctos y detallados y un sistema eficaz de registro.

Contar con una supervisión constante del cumplimiento de derechos laborales a

los empleados de este tipo de empresas.

Ampliar requerimientos de ingreso, capacitación y protección social para los

trabajadores del sector.

Establecer responsabilidades legales y códigos de conducta en las normas que

regulen su funcionamiento.

Definir el rol de las empresas de seguridad privada en la prevención del tráfico

ilícito de armas de fuego y su mal uso.

E. Otras acciones preventivas 6

A continuación enumeramos algunas de las medidas de prevención.

Prevención a mediano plazo.

Elaborar y ejecutar una reforma educativa integral más humanista tendiente a fortalecer los valores cívicos, morales y la enseñanza de los derechos humanos y la cultura de paz.

Establecer alternativas de atención al fracaso y a la deserción escolar.

Rescatar y fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en los niveles primarios,

básico y medio (a nivel privado y público).

6 Resumen de principales acciones sugeridas en el informe de la Concertaciòn Nacional para el Desarrollo, Panamá, de 2007.

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Atención a los derechos humanos de los privados de libertad.

Dotar de recursos suficientes al sistema penitenciario para que se implemente de manera integral la ley de modernización del sistema penitenciario

Implementar medidas que permitan la conmutación de las penas por labores comunitarias que contribuyan a la reinserción social.

Sustituir progresivamente a la Policía por custodios civiles en la seguridad interna de los centros penitenciarios.

Invertir en la capacitación para el empleo de los privados de libertad de tal forma que se contribuya a la reincorporación de estas personas a la vida productiva del país.

Prevención de carácter social.

Políticas de Estado dirigidas a enfrentar el serio problema de exclusión social que viven miles de hogares panameños, mejorando su acceso a la salud, a una vivienda digna y a la educación.

Incentivar la capacitación para el empleo en los barrios con mayor situación de criminalidad, con el apoyo de la empresa privada.

Establecer y constituir mecanismos y programas comunitarios orientados a la atención de la niñez y la adolescencia con el fin de resistir la presión ante la comisión de hechos delictivos y uso de drogas.

Ley general de sueldos y protección de los derechos laborales de los panameños y panameñas.

F. Acciones para el control y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana.

La rendición de cuentas de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana y justicia es otro elemento fundamental para el logro de la confianza ciudadana. Estos Mecanismos de control y rendición de cuenta deben darse a lo interno del sistema y en otros casos con la participación ciudadana. Algunas de las medidas son:

f.1. Mejores controles internos y externos de las instituciones:

Se trata de fortalecer la exigencia de responsabilidad y la rendición de cuentas por parte de las organizaciones del sistema de seguridad ciudadana y de justicia a través de mejores marcos regulatorios, que establezcan los mecanismos de rendición de cuentas, lo roles de cada Órgano del Estado en la gestión de la información y el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información. Igualmente los nuevos marcos regulatorios

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deben contemplar la obligación y mecanismo de rendición de cuenta en materia presupuestaria.

El control parlamentario de las instituciones de seguridad y el control ejercido por las organizaciones no gubernamentales deben aparecer en los marcos regulatorios.

Se requiere el fortalecimiento de mecanismos de depuración de las instituciones para que enfrenten eficientemente la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los aparatos de seguridad. Estos mecanismos deben existir en las instituciones policiales, Organismos de investigación Judicial, Ministerio Público, Órgano Judicial y sistemas penitenciarios.

Los mecanismos de control deben comprender un proceso continuo de evaluación, investigación y depuración policial, fiscal y judicial que se traduzca en capacitación, reconocimiento o sanción y despido, según cada caso.7

f.2 Fortalecimiento del rol de auditoria social de la sociedad civil

Los observatorios de la violencia no solo pueden realizarse desde las estructuras del municipio, sino que las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un rol de importancia en la capacitación de auditores sociales para la realización de observatorios de conflictividad, que ayuden a crear conciencia sobre el fenómeno de la violencia y la participación de la comunidad en la prevención y atención del problema.

f.3 Creación de observatorios nacionales y Municipales.

El seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad requiere de un Sistema de información unificado, que en algunos países es denominado sistema de estadísticas criminales, que genere información especializada, actualizada y confiable que sirva para medir el impacto de las políticas públicas en la situación de inseguridad.

Las políticas de seguridad no lograrán el impacto deseado en la sociedad si las mismas no van acompañadas de un fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo tanto a nivel de las instancias gubernamentales, como de los monitoreos y observatorios de la sociedad civil. Este monitoreo del cumplimiento de las metas será necesario para facilitar la planeación y la evaluación de las funciones y de los roles que desempeñan cada una de las instituciones del sistema.

Los monitoreos u observatorios de la violencia y del desempeño de las instituciones del sistema deben ser periódicos y recoger información sistémica; además de involucrar a la sociedad civil deben definir indicadores y hacer públicos los resultados que sirvan para la toma de decisiones oportunas.

El monitoreo facilita la obtención de información, la sistematización de resultados y procesos y, por tanto, es un insumo básico para determinar avances y la eventual

7 Salomón Leticia, Formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, ponencia presentada en foro regional “Seguridad y gobernabilidad. OEA/WSP , Managua 2003.

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evaluación de la política. Mediante la actividad de monitoreo, se da seguimiento y se analiza el comportamiento de variables claves.8

El seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad requiere de un Sistema de información unificado que en algunos países es denominado sistema de estadísticas criminales, generador de información especializada, actualizada y confiable que sirva para medir el impacto de las políticas públicas en la situación de inseguridad

Panamá, mayo de 2009.

8 Seguridad y Paz un reto de país: Recomendaciones para una Política de seguridad ciudadana en el Salvador. Comisión nacional para la seguridad ciudadana y Paz social. 2007

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Referencias

Comisión Intersectorial de Alto nivel para la elaboración de la Política Criminológica. Primer borrador de Política Criminológica de Estado. Panamá, Octubre del 2004

Propuesta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentada a la Comisión de Estado por la Justicia en la reunión del 26 de marzo del 2009.

Anteproyecto de ley aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Comisión de Estado por la Justicia. Panamá 2009.

Javier Gamero Kinosita, Globalización del modelo de policía comunitaria

Resumen de principales acciones sugeridas en el informe de la Concertaciòn Nacional para el Desarrollo, Panamá, de 2007.

Salomón Leticia, Formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, ponencia presentada en foro regional “Seguridad y gobernabilidad. OEA/WSP , Managua 2003.

Seguridad y Paz un reto de país: Recomendaciones para una Política de seguridad ciudadana en el Salvador. Comisión nacional para la seguridad ciudadana y Paz social. 2007

Propuesta de la Comisión Intersectorial de Alto nivel para la elaboración de la Política Criminológica. Primer borrador de Política Criminológica de Estado. Panamá, Octubre del 2004

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