Informe sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos en Panamá.

-Resumen-

En los últimos 40 años (1972-2012) los informes realizados por organismos internacionales han dejado en evidencia los pocos avances que ha tenido la conducta del Estado panameño respecto al derecho a defender los derechos humanos, señalando de manera reiterada obstáculos al derecho de asociación, libertad de expresión, manifestación y garantías judiciales, en varias administraciones públicas.

En esta ocasión y por primera vez una organización panameña – la Alianza Ciudadana Pro Justicia – realiza un informe sobre la situación de los defensores derechos humanos en Panamá. El informe desarrollado en el marco del programa Fortaleciendo al redes de defensores de Derechos Humanos auspiciado por la Unión Europea, hace referencia a las acciones, fortalezas, debilidades, relaciones, y en general, las condiciones en que se ejerce el derecho a defender los derechos humanos.

El informe, tiene entre sus objetivos visibilizar las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos, su papel en el desarrollo democrático y prevenir aumentos en los niveles de riesgo.

La información ha sido recogida principalmente mediante entrevistas, talleres, conversatorios, foros y jornadas de validación para obtener retroalimentación, confirmar, corregir o ampliar información a través de la participación de un número mayor de personas, en los cuales han participado ambientalistas, comunicadores sociales, miembros de organizaciones de desarrollo comunitario y organizaciones de sociedad civil activas en temas de derechos de la mujer, niñez, personas con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes, pueblos indígenas, campesinos, migrantes y refugiados, derechos laborales, privados de libertad, administración de justicia, entre otros.

HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES:

1. Se observó un desconocimiento inicial sobre la figura de defensor(a) de derechos humanos y por tanto, la mayoría de los defensores y defensoras desconocen el marco internacional que define la figura y busca proteger sus derechos.

2. En los últimos años se ha notado un incremento en la hostilidad hacia las personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, mediante un discurso público adverso por parte de las autoridades políticas a través de los medios de

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comunicación, incluyendo campañas de odio, descredito, descalificación y el uso de motivos discriminatorios, entre otros actos hostiles.

3. Los activistas de derechos humanos prefieren no utilizar el sistema judicial para la denuncia y resolución de los conflictos, por diversas causas: el desconocimiento de derechos e información necesaria, el deficiente acceso a servicios jurídicos, los resultados negativos de las acciones realizadas y la falta de confianza en las instituciones. Por tanto, se prefieren las acciones de movilización social en defensa de los derechos humanos.

4. Las personas entrevistadas evalúan como deficiente la labor de la Defensoría de Pueblo, en cuanto a la relación con la comunidad de defensores(as) de derechos humanos, como espacio de mediación y en cuanto a la capacidad para realizar sus fines y objetivos de promoción y protección de los derechos humanos. Señalan la necesidad de fortalecer las instituciones, mediante la revisión de su marco normativo, el seguimiento a las asignaciones presupuestarias, mecanismos de acción, sus gestiones y resultados

5. Sobre los actores políticos partidistas. Según los defensores entrevistados, no existe una relación seria o compromiso hacia los derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos. En posición de gobierno, la relación es por lo general de confrontación en cuanto afecta los planes de la administración. En oposición, los derechos humanos son utilizados instrumentalmente como elementos del discurso para lograr atención mediática y réditos electorales. En ninguno de los dos casos hay una relación de respeto hacia el tema, los titulares de derechos y las personas defensoras de derechos humanos.

6. Entre las amenazas al derecho a defender los derechos humanos se mencionan, además:

Abuso policial y militarización de la seguridad, contra el derecho de reunión y manifestación, evidenciado en los episodios de Changuinola, San Félix, Colón, el control policial de la vida en Darién y el desgaste de las relaciones con las autoridades de la comarca Kuna Yala.

También se han denunciado casos de acoso judicial, un caso de expulsión arbitraria del país a un defensor y activista de una organización internacional de derechos humanos, presiones laborales, despidos e intentos de uso abusivo del derecho penal.

Restricciones al derecho de asociación, mediante obstáculos para la constitución u operación de asociaciones basados en un amplio margen de discrecionalidad de las autoridades. Se prohíbe sin sustento alguno la organización estudiantil autónoma en los colegios y se han denunciado crecientes obstáculos a las organizaciones de trabajadores y otras de sociedad civil.

La libertad de expresión se ve afectada desde la falta de acceso a la información pública, restricciones a las fuentes para algunos comunicadores, interceptación de comunicaciones, uso discrecional de fondos para publicidad estatal. Otro obstáculo a este derecho afectando directamente a la ciudadanía es la falta de cobertura y algunas distorsiones en el enfoque de noticias sobre conflictos de

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derechos humanos (mujer, juventud, indígenas, población GLBT, entre otros) en los medios de comunicación.

El derecho a reunirse y manifestarse se ve obstaculizado por el abuso policial en el ejercicio de sus funciones de control del orden, mediante seguimientos, allanamientos, acosos, detenciones e interrogatorios, hechos que violentan los derechos a la libertad individual, la integridad y seguridad personal, la libertad de expresión y manifestación, la inviolabilidad del domicilio e incluso el derecho a la vida (Changuinola, San Félix, Colón)

Criminalización de la protesta, mediante la Ley 14 de 2010 que impone sanciones penales a lo que debería ser una falta administrativa, y la imposición de sanciones administrativas a miembros de un mismo sindicato, obligando a la organización a pagar miles de dólares en multas, por disturbios luego de manifestaciones.

Marco de impunidad a la Fuerza Pública, mediante leyes que establecen privilegios procesales y el apoyo de las autoridades civiles a la institución y sus unidades frente a las constantes denuncias de abuso, justificado en el discurso de seguridad nacional, sin prestar la debida atención, investigación y sanción.

La ausencia de mecanismos de consulta y participación es señalada como una de las causas de los conflictos y uno de las condiciones adversas en que se ejerce el derecho a defender los derechos humanos, junto a la falta de información y el carácter no vinculante de las consultas, en caso de realizarse.

En cuanto a las garantías judiciales, no existen oficinas, mecanismos o procedimientos especializados para denunciar, investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos en contra de defensores(as) de derechos humanos, realizadas a consecuencia de sus actividades de defensa.

No existen medidas de protección específicas para defensores de derechos humanos. De hecho, los entrevistados manifiestan preocupación porque se ha llegado a promover y proteger a individuos o grupos de choque, que realizan actos de violencia contra defensores(as) de derechos humanos con el pretexto de defender la gestión gubernamental frente a ataques políticos, ante los cuales la Fuerza Pública toma una actitud pasiva.

NUESTRAS RECOMENDACIONES:

1. Continuar difundiendo la figura del defensor o defensora de derechos humanos.

2. Fortalecer las redes temáticas de derechos humanos e impulsar la constitución de

una red nacional de defensores de derechos humanos.

3. Ampliar los conocimientos sobre el contenido y alcance de los derechos humanos

junto a los mecanismos de defensa de los mismos, en la comunidad en general y

entre los defensores y defensoras.

4. Promover la aprobación de una Ley de protección para personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

5. Evaluar la institucionalidad de derechos humanos en el país con el objetivo de

proponer los cambios que permitan el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos.

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Administrador

14 Años de activismo ciudadano, “Por una justicia independiente, pronta e igual para todos”. La ACPJ es una red de organizaciones de la sociedad civil panameña, dedicada a promover la reforma de la justicia y a motivar la participación ciudadana en el tema

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