Panamá debe mejorar el proceso de selección de magistrados
para mejorar su sistema de justicia
La Corte Suprema de Justicia es un órgano fundamental en un Estado de Derecho, y su independencia
de otros poderes es esencial para su buen funcionamiento. Por lo tanto, es de suma importancia que la
Corte Suprema de Justicia esté integrada sólo por profesionales capaces e íntegros. La experiencia
demuestra que la única manera de lograr esto es a través de un proceso de selección de magistrados
transparente, y que tome como punto de partida los méritos de los candidatos.
Actualmente, y tal como lo expusieron la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Debido
Proceso (DPLF) en las audiencias temáticas de marzo de 2010 y octubre de 2011 ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Panamá carece de un procedimiento con tales características.
Existía uno que tímidamente trató de establecer ciertas reglas mínimas, pero fue revocado por el
presidente Ricardo Martinelli. Esto significa que en la actualidad no existen en Panamá las garantías
necesarias para que solamente los candidatos más capaces e íntegros lleguen a la Corte Suprema de
Justicia.
Asimismo, Alianza Ciudadana Pro Justicia y DPLF han expresado su preocupación por la carencia de una
ley de carrera judicial en Panamá. Esta omisión legislativa ha conllevado a la existencia practica de un
sistema político de nombramiento que ha ofrecido reiteradas muestras de insuficiencia para asegurar
una institución judicial competente, en la que magistrados y jueces sean independientes de todo factor
externo en el ejercicio de sus funciones e imparcial en sus juicios, sometidos únicamente a la
Constitución y las leyes.
En años recientes, se ha podido ver las consecuencias de procesos de nombramientos de magistrados
que han carecido de la debida transparencia e investigación profunda de los méritos de los candidatos.
A pesar de las observaciones que varias organizaciones de la sociedad civil hicieron al Presidente
Martinelli en 2009, se procedió con la nominación y el nombramiento de los magistrados José Abel
Almengor y Alejandro Moncada Luna. Después de sólo nueve meses en el cargo, el magistrado
Almengor se vio obligado a renunciar debido a graves acusaciones de corrupción, y el desempeño del
magistrado Moncada Luna se encuentra muy cuestionado, en particular sus acciones, acompañadas por
el magistrado Harry Díaz, para promover y legalizar la Sala Quinta y el Proyecto de Ley 438, que
contenían propuestas que dañarían seriamente a la carrera judicial y la calidad de la impartición de
justicia en el país. Si bien esta propuesta de ley fue archivada hace unos días por la Asamblea General,
por petición del mismo magistrado Moncada Luna, estos hechos han puesto en entredicho al Órgano
Judicial y han mermado la confianza en la impartición de justicia en Panamá.Un proceso de selección de magistrados responsable, transparente y con una investigación profunda de
las credenciales de los postulantes a una magistratura puede prevenir estos escándalos y el
correspondiente daño al Estado de Derecho, mientras que fortalece la independencia de la justicia
panameña.
Con base en la experiencia comparada e internacional, DPLF considera que un buen proceso de
selección debe responder a los siguientes criterios:
• Las entidades a cargo de la pre-selección de candidatos deben ser autónomas;
• El perfil de magistrado debe ser claro y debe estar previamente establecido;
• El proceso de selección debe estar claramente definido, así como las responsabilidades de cada
actor que participa en el mismo, y debe haber transparencia sobre todas las etapas;
• Las entidades a cargo de la selección deben prever la posibilidad de recibir eventuales
observaciones de los distintos sectores de la sociedad sobre candidatos, y de investigar esas
tachas;
• Se deben realizar audiencias públicas con los candidatos para la evaluación de sus capacidades.
En cuanto al perfil de los candidatos, se considera que, para garantizar la mayor idoneidad de los
magistrados, las siguientes características son imprescindibles:
– Independencia e imparcialidad (comprobar la ausencia de vínculos políticos/económicos que
pudieran significar un conflictos de intereses mediante una declaración jurada previa y durante la
entrevista pública);
– Honorabilidad y una historia de conducta intachable (verificar evaluaciones laborales y discutirlas
durante la entrevista pública);
– Conocimiento legal notable (determinar si la Corte requiere un generalista o un especialista;
evaluar nivel de conocimiento del candidato por participación en cursos de especialización/autoría
de publicaciones/presentaciones académicas/reconocimiento profesional);
– Excelente capacidad de expresión oral y escrita, y habilidad analítica (revisar escritos y
exposiciones del candidato y comprobar habilidades durante la entrevista pública);
– Inteligencia creativa altamente desarrollada (presentar ejemplos durante la entrevista pública);
– Compromiso con la institucionalidad del Órgano Judicial (revisar anteriores escritos, exposiciones
y/o acciones y comprobar durante la entrevista pública);
– Compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la
transparencia (revisar anteriores escritos, exposiciones y/o acciones y comprobar durante la
entrevista pública);
– Capacidad de entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones tomadas (revisar
decisiones judiciales si candidato es juez, analizar escritos/declaraciones públicas, comprobar
durante la entrevista pública);
– Capacidad de mantener un balance adecuado entre mantener un alto ritmo de productividad, la
calidad de la decisión jurídica y la profundidad de la consideración del caso (revisar historia y
evaluaciones laborales y profundizar aspectos durante la entrevista pública).En el documento adjunto, Lineamientos para una selección transparente y meritocrática de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia (http://www.dplf.org/uploads/1337286784.pdf), se han desarrollado
estas recomendaciones en más detalle.
DPLF hace un llamado respetuoso al Consejo de Gabinete y a los diputados de la Asamblea Nacional de
la República de Panamá, para que tomen en cuenta estas recomendaciones y diseñen un
procedimiento de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia que esté basado en la
transparencia y que comprenda una investigación exhaustiva de los méritos de los candidatos.
Solamente a través de un procedimiento con estas características, se puede construir un Órgano Judicial
independiente y seguir mejorando la calidad de la impartición de justicia y el Estado de Derecho en
Panamá.
Asimismo DPLF exhorta a los diputados de la Asamblea Nacional y a la Corte Suprema de Justicia a
impulsar el debate y aprobación de la Ley de Carrera Judicial, cuyo proyecto de ley fue aprobado en su
primera etapa de formación de ley en 2009 y desde esa fecha no ha presentado avances. La carrera
judicial asentada en una norma con rango de ley refuerza la independencia judicial, en la medida que
garantiza mayores grados de estabilidad laboral y asegura que el ingreso, la permanencia y el ascenso de
los jueces respondan a criterios de mérito y buen desempeño.
Washington DC, 6 de agosto de 2012
Sobre DPLF: DPLF es una organización privada, sin fines de lucro, basada en Washington, DC, cuya misión es el
fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción del respeto de los derechos humanos en América Latina,
mediante alianzas estratégicas, investigación aplicada, comunicación y cabildeo. Nuestra visión es una América
Latina donde la sociedad civil participa plenamente en la consolidación del Estado de Derecho, usando las
herramientas jurídicas nacionales e internacionales, y en la que las instituciones judiciales son independientes,
transparentes, accesibles y conscientes del rol que tienen en el fortalecimiento de la democracia.
DPLF fue fundada por los miembros de la Comisión de la Verdad para El Salvador de Naciones Unidas, y fue creada
porque los derechos humanos solo pueden ser garantizados mediante la existencia de judicaturas nacionales
fuertes e independientes. El trabajo de DPLF se enfoca en cuatro áreas programáticas: Independencia Judicial,
Derechos Humanos e Industrias Extractivas, Justicia Transicional y Fortalecimiento del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
Publicaciones de DPLF sobre el sistema de justicia en Panamá:
2007 – Controles y Descontroles de la Corrupción Judicial en Centroamérica y Panamá (capítulo sobre Panamá):
http://www.dplf.org/uploads/1196714624.pdf
2009 – Entre la alarma y la expectativa: el reto de fortalecer la independencia judicial en Panamá:
http://www.dplf.org/uploads/1248111240.pdf
2010 – Informe presentado ante la CIDH sobre el sistema de justicia en Panamá:
http://www.dplf.org/uploads/1270757662.pdf
2011 – Informe presentado ante la CIDH sobre la situación de la administración de justicia y las violaciones a los
derechos humanos en Panamá: http://www.dplf.org/uploads/1334871225.pdf

Categorías: Comunicados

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14 Años de activismo ciudadano, “Por una justicia independiente, pronta e igual para todos”. La ACPJ es una red de organizaciones de la sociedad civil panameña, dedicada a promover la reforma de la justicia y a motivar la participación ciudadana en el tema

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