Comunicado 26 Agosto de 2014

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La Constitución Política de la República de Panamá señala en su artículo 280 que la Contraloría General de la República, tiene entre sus funciones. “Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley…”

Durante la comparecencia de la Contralora General de la República a la Asamblea Nacional de Diputados la población panameña fue testigo cuando la Contralora en varias ocasiones aceptó que refrendó contratos, actos administrativos y órdenes de compra a sabiendas que en los mismos existía sobrecostos que afectaron el patrimonio público, así como también quedó claro que no hizo nada frente a las actuaciones de despilfarro de fondos públicos que se dieron sobre todo en un año preelectoral.

Las anomalías y falta de control del gasto público que ocurrieron en varias instituciones como el Programa de Ayuda Nacional, Asamblea de Diputados, en las Juntas Comunales y en Instituciones como la Defensoría del Pueblo, entre otras, fueron innumerables y los ciudadanos tenemos derecho a que se investiguen estos hechos y a saber la cuantía de la lesión patrimonial al Estado panameño.

En la mañana de hoy hemos convocamos a esta conferencia de prensa para manifestar nuestro malestar y repudio ante estos hechos públicos.

Nuestra solicitud es la siguiente:

  1. Que la Asamblea Nacional envíe a la Corte Suprema de Justicia un informe detallado de toda la actuación negligente e infractora de la Ley, de la Contralora de la República y un informe a la Procuraduría General de la Nación sobre la actuación del equipo de asesores de la Contralora y donde se detallen todas las denuncias de sobrecostos y contrataciones fraudulentas que se dieron a conocer durante las sesiones del 19 y 20 de agosto a la Asamblea de Diputados.
  2. Que la Corte Suprema de Justicia autorice el inicio de la investigación penal en contra la Contralora General de la República y ordene la suspensión provisional del cargo de esta funcionaria, hasta tanto se decida su situación penal.
  3. Que el Ministerio Público abra una investigación en relación a los sobrecostos y actos de corrupción denunciados durante la concurrencia de la Contralora a la Asamblea, en las que incurrió la Contralora y otros funcionarios.

A partir de este momento nos manifestamos en alerta y anunciamos que presentaremos una denuncia penal por los actos de infracción de los deberes de servidores públicos en la que incurrió la Contralora General de la República y varios de sus funcionarios.

Anunciamos igualmente que nos preparamos para la definición del perfil del nuevo Contralor o Contralora General de la República e invitamos a toda la sociedad panameña a participar y ser vigilantes de este proceso de selección y del proceso de selección de las personas que dirigirán la Procuraduría General de la Nación y de la Administración.

 

Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Colegio Nacional de Abogados, Espacio Encuentro de Mujeres

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