Junta Directiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia 2017 – 2018

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA

JUNTA DIRECTIVA  2017-2018

 Presidenta:             Magaly Castillo          –   Abogada

Vice Presidente:  Rafael Candanedo     – Periodista

Tesorero:                  Elsa Montilla  – Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad

Secretaria:              Gladys Miller  – Centro de Estudios y Capacitación Familiar

Fiscal:                        Luis Herrera     – Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá

Vocal:                        Daniel Holness – Centro de Estudios y Acción Social Panameño

Vocal:                        Roderick Chaverry         Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá

                       

 

Participación Ciudadana en la Reforma Judicial

PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL PANAMEÑA EN LA PROMOCIÓN

DE LA REFORMA JUDICIAL Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.

En los últimos diez años la sociedad panameña ha sido testigo de varios diagnósticos y

reformas parciales al ordenamiento jurídico, pero muy poco ha sido el debate y la

participación ciudadana en estas reformas y muy poco ha cambiado la percepción

ciudadana con respecto a que la justicia es lenta, selectiva, poco eficiente y poco accesible.

Es por ello, por lo que en el año 2000 se crea la Alianza Ciudadana Pro Justicia con la

finalidad de unificar los esfuerzos de la sociedad civil en promover la reforma judicial en

Panamá, debatir sobre el tema de la independencia del poder judicial, la despolitización en

la escogencia de magistrados y mejorar la acción de la administración de justicia para

enfrentar el crimen y la impunidad.

Inicialmente la Alianza fue conformada por cinco organizaciones ciudadanas y tres años

después somos un total de catorce organizaciones unidas en la tarea de pedir cuentas al

sistema de justicia.

Objetivos de la Alianza Ciudadana Pro Justicia:

1. Promover la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a los problemas

de la administración de justicia.

2. Promover la reforma de la justicia administrativa

3. Favorecer el acceso a la justicia mediante actividades de educación ciudadana y la

promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

4. Promover la reforma judicial que permita la eficiencia, independencia y

transparencia del sistema de justicia.

5. Convertirnos en un ente de monitoreo permanente sobre los avances de la

administración de justicia, especialmente en la lucha contra la impunidad.

Durante los años 2000 al 2002 la Alianza Ciudadana Pro Justicia se dedicó a organizar

espacios de debate sobre las deficiencias del sistema de justicia en especial el relacionado

con la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tema de la mora

judicial y el excesivo número de presos sin condena, paralelamente a visibilizar las

deficiencias del sistema de justicia en la persecución de los delitos de corrupción. A partir

del año 2002 la Alianza Ciudadana Pro Justicia es reconocida por todos los sectores

nacionales y el tema de la reforma judicial pasa a ser uno de los temas prioritarios de los

medios de comunicación.

Durante el año 2003 la Alianza realizó un “Audito Ciudadano de la Justicia Penal en

Panamá”, que se ha convertido en el punto de partida de un proceso de monitoreo

permanente de la sociedad civil panameña. La recomendación más importante de este

audito fue la creación de la Comisión de Estado por la Justicia, que definiera una agenda de

la reforma judicial en Panamá; propuesta que fue presentada a los tres candidatos

2

presidenciales en el año 2004, mediante una “Petición ciudadana por la Justicia” que fue

firmada por más de 25 organizaciones de sociedad civil.

En febrero del 2005 nuevamente la Alianza Ciudadana Pro Justicia realiza acciones

tendientes a lograr un compromiso del Estado por la reforma judicial y es así como se

realiza el Foro denominado “La Reforma procesal Penal en Panamá- Hacia un sistema

Garantista”, donde los tres Órganos del Estado se comprometieron con la pronta

definición de un acuerdo de Estado por la Justicia que tuviese como punto central la

reforma del sistema de enjuiciamiento penal hacia un sistema garantista.

En marzo del 2005 y luego de un escándalo de corrupción a lo interno de la Corte Suprema

de Justicia, denunciada por uno de los magistrados, la sociedad civil panameña pidió la

renuncia de todos los magistrados de la Corte Suprema y se provoca una manifestación en

las escalinatas de la Corte. Frente a este panorama el Presidente de la República anuncia la

firma de un Pacto de Estado por la Justicia y la creación de la una Comisión de Estado por

la Justicia en la que participó la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Participación de la Alianza en la Comisión de Estado por la Justicia.

La Alianza se incorporó a la Comisión de Estado por la Justicia convencida que era el

escenario apropiado para definir la agenda de la reforma judicial y para lograr un

compromiso de los tres Organos del Estado, pero sin dejar de lado las denuncias de

corrupción que pesan en contra de algunos magistrados.

La Alianza planteó desde el primer momento que la prioridad era la reforma penal,

tomando en cuenta que en varios países de América Latina, las reformas judiciales

generales se han iniciado a través de la reforma del Código Procesal Penal, debido a que

esa reforma tiene un carácter fuerte de cambio que facilita y provoca la modificación del

resto de las instituciones del sistema judicial. De esta manera se suele provocar cambios

inmediatos que son visibles , tanto por sectores jurídicos, como por los ciudadanos, a través

de la prensa y la opinión pública. La reforma del código penal puede servir en este sentido

y cambio. Las reformas subsecuentes están ligadas comúnmente a mejorar situación en las

cárceles, la defensa del oficio, la falta de transparencia y el fortalecimiento de la

independencia del poder judicial.

La Comisión de Estado por la Justicia presentó en septiembre del 2005 una agenda de la

reforma judicial en Panamá y el compromiso de cada uno de los Órganos del Estado. Los

temas definidos como prioritarios por la Comisión de Estado por la Justicia son los mismos

temas estudiados y detectados como sensitivos en el Audito de la Justicia Penal en Panamá,

elaborado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, tales como: reformas a la defensa pública,

al sistema de enjuiciamiento penal, carrera judicial, procesos éticos y disciplinarios contra

magistrados, medidas para la agilización de la justicia y para disminuir el número de presos

sin condena.

3

EL CONTENIDO DE LA REFORMA

Los compromisos más importantes que deben ser cumplidos en los primeros seis meses

son:

– Aprobar la Política Criminológica de Estado y creación del ente rector.

– Convertir la subcomisión de reforma penal en Comisión codificadora de los nuevos

Código Penal y Procesal Penal.

– Lograr la aprobación por parte de la Asamblea de Diputados del Proyecto de agilización

de la justicia penal como proyecto de corto plazo.

– Lograr la reforma a la ley 59 sobre enriquecimiento injustificado que ya fue presentada a

la Asamblea de Diputados, para mejorar la actuación del sistema de justicia en la

persecución del enriquecimiento injustificado y la eliminación de la prueba sumaria en los

procesos contra servidores públicos.

– Aprobación de proyecto de ley que permitirá cambios en el Consejo Judicial, actualmente

integrada por el Presidente de la Corte, la Procuradora General de la Nación, el Procurador

de la Administración y el Colegio Nacional de Abogados, con el fin de que se integre otro

organismo de sociedad civil y que sea ésta instancia, la que se encargue de aprobar los

planes y programas de modernización de la justicia y del mejoramiento de la carrera

judicial, de tal forma que no queden adscritos a la voluntad de un Presidente de la Corte

Suprema de Justicia.

– Designar una comisión nombrada por el Consejo Judicial en la que se involucre a la

Alianza Ciudadana Pro Justicia, para que coordine la validación y consulta de los

anteproyectos de reforma al Código Judicial en lo relativo a procesos éticos y disciplinarios

y a los nuevos reglamentos de carrera, sobre los cuales ya se tienen propuestas legislativo.