POR LA JUSTICIA Y EL ESTADO DERECHO

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
COMUNICADO
POR LA JUSTICIA Y EL ESTADO DERECHO
Luego que los medios de comunicación divulgaron graves señalamientos y denuncias por
manipulación de la justicia, contra magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia y
de la Corte Suprema de Justicia, se han dado algunos hechos que nos hacen confirmar que
estas denuncias no serán investigadas, quedando en la más absoluta impunidad, como
sucede con todas las denuncias contra magistrados de la Corte y casos de corrupción de
alto perfil:
1. El silencio del resto de los magistrados de la Corte Suprema quienes no se han
pronunciado sobre las graves denuncias de intromisión del Ejecutivo en los asuntos
judiciales.
2. El día 9 de mayo se abre un proceso disciplinario donde el magistrado sustanciador
es el Licdo. Harry Diaz y donde se llama al ex Juez Ballesteros a ratificarse de sus
señalamientos contra los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, no se dice nada sobre los señalamientos contra los dos magistrados
del Pleno de la Corte que también fueron mencionados por el ex juez de la
República.
3. El “almuerzo familiar” realizado el día 13 de mayo y que fue ampliamente
difundido por los medios de comunicación entre el magistrado Moncada Luna, un
miembro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados y
un empresario muy cercano al gobierno del actual Presidente de la República.
Todo esto demuestra la burla a la que estamos siendo sometidos los ciudadanos de este
país a quienes se nos pide respeto a la “institucionalidad”, a sabiendas que no existe tal
institucionalidad, y que tanto el Órgano Judicial como la Asamblea Nacional de Diputados
son instituciones manipuladas por el actual Órgano Ejecutivo.
Es por ello, que mientras sigan ocupando los cargos de magistrados en el Órgano Judicial
los abogados: Wilfredo Saenz, Secundino Mendieta, Alejando Moncada Luna y José Ayú
Prado, sin que se aclaren estos hechos denunciados, la administración de la justicia
panameña seguirá en entredicho y serán la viva muestra de la grave crisis de
institucionalidad que vive el país.
Estamos claros que pedir la renuncia tampoco ha tenido resultado en los últimos años, por
lo que el único camino que tenemos los panameños y panameñas para reconstruir la
institucionalidad y volver a vivir en un Estado de Derecho es la activa participación
ciudadana para exigir a la próxima Asamblea de Diputados que cumpla su rol de investigar
y enjuiciar a los magistrados de la Corte. Igualmente frente a este panorama tenemos la
responsabilidad ciudadana de iniciar el proceso hacia una Constituyente.
Panamá, 20 de mayo de 2014.

SEPARATA DE CIRCULO DE PAZ

PROGRAMA JUSTICIA RESTAURATIVA Y METODOS ALTERNOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

ES UN MODELO DE JUSTICIA, QUE A PARTIR DEL DELITO RECONSTRUYE Y BUSCA MEDIANTE LA PARTICIPACION Y EL DIALOGO ENTRE LAS PARTES , NO SOLAMENTE REPARAR EL DAÑO SI NO COMPRENDER LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO Y MEJORAR LAS RELACIONES SOCIALES, AYUDANDO EN EL PROCESO DE RECONTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL.

El Derecho A Defender Los Derechos Humanos

Manual para defensores y defensoras de derechos humanos que trata sobre la identidad, derechos, protección y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Producto del proyecto “Fortaleciendo las redes de defensores de derechos humanos en Panamá”, realizado con auspicio de la Unión Europea.

Informe Sobre La Situación De Los Defensores Y Defensoras De Derechos Humanos En Panamá (Resumen Ejecutivo E Informe Completo)

Informe sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos en Panamá.

-Resumen-

En los últimos 40 años (1972-2012) los informes realizados por organismos internacionales han dejado en evidencia los pocos avances que ha tenido la conducta del Estado panameño respecto al derecho a defender los derechos humanos, señalando de manera reiterada obstáculos al derecho de asociación, libertad de expresión, manifestación y garantías judiciales, en varias administraciones públicas.

En esta ocasión y por primera vez una organización panameña – la Alianza Ciudadana Pro Justicia – realiza un informe sobre la situación de los defensores derechos humanos en Panamá. El informe desarrollado en el marco del programa Fortaleciendo al redes de defensores de Derechos Humanos auspiciado por la Unión Europea, hace referencia a las acciones, fortalezas, debilidades, relaciones, y en general, las condiciones en que se ejerce el derecho a defender los derechos humanos.

El informe, tiene entre sus objetivos visibilizar las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos, su papel en el desarrollo democrático y prevenir aumentos en los niveles de riesgo.

La información ha sido recogida principalmente mediante entrevistas, talleres, conversatorios, foros y jornadas de validación para obtener retroalimentación, confirmar, corregir o ampliar información a través de la participación de un número mayor de personas, en los cuales han participado ambientalistas, comunicadores sociales, miembros de organizaciones de desarrollo comunitario y organizaciones de sociedad civil activas en temas de derechos de la mujer, niñez, personas con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes, pueblos indígenas, campesinos, migrantes y refugiados, derechos laborales, privados de libertad, administración de justicia, entre otros.

HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES:

1. Se observó un desconocimiento inicial sobre la figura de defensor(a) de derechos humanos y por tanto, la mayoría de los defensores y defensoras desconocen el marco internacional que define la figura y busca proteger sus derechos.

2. En los últimos años se ha notado un incremento en la hostilidad hacia las personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, mediante un discurso público adverso por parte de las autoridades políticas a través de los medios de

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comunicación, incluyendo campañas de odio, descredito, descalificación y el uso de motivos discriminatorios, entre otros actos hostiles.

3. Los activistas de derechos humanos prefieren no utilizar el sistema judicial para la denuncia y resolución de los conflictos, por diversas causas: el desconocimiento de derechos e información necesaria, el deficiente acceso a servicios jurídicos, los resultados negativos de las acciones realizadas y la falta de confianza en las instituciones. Por tanto, se prefieren las acciones de movilización social en defensa de los derechos humanos.

4. Las personas entrevistadas evalúan como deficiente la labor de la Defensoría de Pueblo, en cuanto a la relación con la comunidad de defensores(as) de derechos humanos, como espacio de mediación y en cuanto a la capacidad para realizar sus fines y objetivos de promoción y protección de los derechos humanos. Señalan la necesidad de fortalecer las instituciones, mediante la revisión de su marco normativo, el seguimiento a las asignaciones presupuestarias, mecanismos de acción, sus gestiones y resultados

5. Sobre los actores políticos partidistas. Según los defensores entrevistados, no existe una relación seria o compromiso hacia los derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos. En posición de gobierno, la relación es por lo general de confrontación en cuanto afecta los planes de la administración. En oposición, los derechos humanos son utilizados instrumentalmente como elementos del discurso para lograr atención mediática y réditos electorales. En ninguno de los dos casos hay una relación de respeto hacia el tema, los titulares de derechos y las personas defensoras de derechos humanos.

6. Entre las amenazas al derecho a defender los derechos humanos se mencionan, además:

Abuso policial y militarización de la seguridad, contra el derecho de reunión y manifestación, evidenciado en los episodios de Changuinola, San Félix, Colón, el control policial de la vida en Darién y el desgaste de las relaciones con las autoridades de la comarca Kuna Yala.

También se han denunciado casos de acoso judicial, un caso de expulsión arbitraria del país a un defensor y activista de una organización internacional de derechos humanos, presiones laborales, despidos e intentos de uso abusivo del derecho penal.

Restricciones al derecho de asociación, mediante obstáculos para la constitución u operación de asociaciones basados en un amplio margen de discrecionalidad de las autoridades. Se prohíbe sin sustento alguno la organización estudiantil autónoma en los colegios y se han denunciado crecientes obstáculos a las organizaciones de trabajadores y otras de sociedad civil.

La libertad de expresión se ve afectada desde la falta de acceso a la información pública, restricciones a las fuentes para algunos comunicadores, interceptación de comunicaciones, uso discrecional de fondos para publicidad estatal. Otro obstáculo a este derecho afectando directamente a la ciudadanía es la falta de cobertura y algunas distorsiones en el enfoque de noticias sobre conflictos de

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derechos humanos (mujer, juventud, indígenas, población GLBT, entre otros) en los medios de comunicación.

El derecho a reunirse y manifestarse se ve obstaculizado por el abuso policial en el ejercicio de sus funciones de control del orden, mediante seguimientos, allanamientos, acosos, detenciones e interrogatorios, hechos que violentan los derechos a la libertad individual, la integridad y seguridad personal, la libertad de expresión y manifestación, la inviolabilidad del domicilio e incluso el derecho a la vida (Changuinola, San Félix, Colón)

Criminalización de la protesta, mediante la Ley 14 de 2010 que impone sanciones penales a lo que debería ser una falta administrativa, y la imposición de sanciones administrativas a miembros de un mismo sindicato, obligando a la organización a pagar miles de dólares en multas, por disturbios luego de manifestaciones.

Marco de impunidad a la Fuerza Pública, mediante leyes que establecen privilegios procesales y el apoyo de las autoridades civiles a la institución y sus unidades frente a las constantes denuncias de abuso, justificado en el discurso de seguridad nacional, sin prestar la debida atención, investigación y sanción.

La ausencia de mecanismos de consulta y participación es señalada como una de las causas de los conflictos y uno de las condiciones adversas en que se ejerce el derecho a defender los derechos humanos, junto a la falta de información y el carácter no vinculante de las consultas, en caso de realizarse.

En cuanto a las garantías judiciales, no existen oficinas, mecanismos o procedimientos especializados para denunciar, investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos en contra de defensores(as) de derechos humanos, realizadas a consecuencia de sus actividades de defensa.

No existen medidas de protección específicas para defensores de derechos humanos. De hecho, los entrevistados manifiestan preocupación porque se ha llegado a promover y proteger a individuos o grupos de choque, que realizan actos de violencia contra defensores(as) de derechos humanos con el pretexto de defender la gestión gubernamental frente a ataques políticos, ante los cuales la Fuerza Pública toma una actitud pasiva.

NUESTRAS RECOMENDACIONES:

1. Continuar difundiendo la figura del defensor o defensora de derechos humanos.

2. Fortalecer las redes temáticas de derechos humanos e impulsar la constitución de

una red nacional de defensores de derechos humanos.

3. Ampliar los conocimientos sobre el contenido y alcance de los derechos humanos

junto a los mecanismos de defensa de los mismos, en la comunidad en general y

entre los defensores y defensoras.

4. Promover la aprobación de una Ley de protección para personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

5. Evaluar la institucionalidad de derechos humanos en el país con el objetivo de

proponer los cambios que permitan el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos.

3

Resumen Ejecutivo-Independencia Judicial

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
OBSERVATORIO CIUDADANO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
JUSTICIA EN PANAMÁ
RESUMEN EJECUTIVO – INDEPENDENCIA JUDICIAL
Todos los estudios realizados en Panamá sobre el tema de independencia judicial,
en el presente siglo, coinciden en el diagnóstico de falta de transparencia,
corrupción y subordinación a factores externos de poder, como consecuencia de
las debilidades legales o de hecho.
En los últimos cinco años, en vez de mejorar, la situación ha empeorado debido a
la falta de voluntad política para realizar los cambios que fueron acordados en la
Comisión de Estado por la Justicia, y ello se evidencia en los seis temas
fundamentales que miden la independencia judicial:
I-. Sistemas de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de la Administración.
1. En abril del 2011 mediante resolución No. 67, el Consejo de Gabinete derogó
la resolución que establecía la autorregulación para la escogencia de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue parte de los acuerdos de
la Comisión de Estado por la Justicia, lo que ha significado un retroceso para
la transparencia del sistema judicial.
2. Debido al excesivo presidencialismo y a la existencia de una Asamblea
Nacional de Diputados con mayoría oficialista, la escogencia de los
magistrados de la Corte Suprema y Procuradores, dependen exclusivamente
de la voluntad del Presidente de la República, lo que afecta la independencia
de todo el sistema judicial.
3. La falta de requisitos más rigurosos para los que aspiran a ocupar los cargos
de magistrados de la Corte Suprema, facilita la designación por amiguismos y
de personas que no son necesariamente las más idóneas.
4. Tampoco favorece a la independencia judicial la existencia de procedimientos
especiales de investigación y juzgamiento cruzados, es decir, que se
investigan mutuamente. La Corte Suprema investiga y juzga a los diputados y
los diputados investigan y juzgan a los magistrados de la Corte Suprema.2
II-. Acceso a la información y transparencia en la administración de justicia.
1. No se encuentran accesibles a los ciudadanos ni en los sitios web ni a petición
ciudadana: las estadísticas de los expedientes que se tramitan por cada juez o
magistrado, estadísticas de gestión y desempeño de jueces, nombramiento de
jueces, distribución del presupuesto, número de denuncias contra jueces y
magistrados, resultados de las auditorías y evaluación del desempeño judicial.
2. Las solicitudes de información pública no tienen una respuesta institucional
adecuada dentro de los términos que establece la Ley de Transparencia.
Todas las solicitudes de información para la realización de este informe se han
extendido mucho más allá de los términos establecidos en la ley; y en la
mayoría de los casos no hubo respuesta, lo que es contrario al principio de
rendición de cuentas y transparencia en la judicatura.
3. El Recurso de Hábeas Data, como mecanismo de acceso a la información, es
demostradamente inefectivo. La Alianza Ciudadana presentó Habeas Data en
julio del 2011 sobre tema relacionado con el nombramiento de Magistrados de
Tribunales Superiores y, diez meses después, no ha sido resuelto.
III- Carrera Judicial
1. Las deficiencias del sistema de Carrera Judicial en Panamá han sido
señaladas en varios informes y estudios realizados en los últimos años, y
aún se mantienen:
 El régimen de carrera es vulnerable a los vaivenes políticos internos y
externos, por lo que no se garantiza una selección basada en méritos,
capacidad, formación académica y vocación.
 La discrecionalidad que tiene la autoridad nominadora para seleccionar al
juez de una lista larga de elegibles, que le presenta la Comisión de
Personal, se presta para seleccionar no a los mejores sino a las personas
cercanas o de confianza de la autoridad nominadora.
 Los resultados de las pruebas y entrevistas que se realizan en el proceso
de evaluación de los aspirantes, no son vinculantes.
 El sistema no reconoce la antigüedad y los méritos de los aspirantes por vía
del ascenso.
 Existen serios cuestionamientos por parte de los funcionarios judiciales en
materia de publicidad, apertura a concurso, criterios en la pre-evaluación,
selección y confidencialidad de los resultados de la selección. 3
 No existe información oficial sobre número de funcionarios y cuántos de
ellos pertenecen a Carrera Judicial. La información extraoficial que se logró
obtener es que existen aproximadamente 5,000 posiciones en el Órgano
Judicial, de los cuales 1,000 son de libre nombramiento y remoción. Y de
las 4,000 posiciones de carrera, solamente 1,300 han sido acreditados. Es
decir, existen 2,700 posiciones cuyos cargos no han sido puestos a
concurso, debido a que la acreditación a la Carrera Judicial, fue suspendida
desde el año 2005.
2. Nombramientos bajo cuestionamientos:
 En el 2010, se hizo el nombramiento de una magistrada en Las Tablas con
una regulación vigente obsoleta, que debió ser reformada luego de los
acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia en el 2005.
 En el 2011, se hizo el nombramiento de tres magistrados del Tribunal de
Apelaciones del Segundo Distrito Judicial y de Jueces de Circuito de lo
Penal para el nuevo sistema penal acusatorio sin convocatoria a concurso,
de acuerdo a las normas vigentes, sino mediante acuerdos de la Sala IV de
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, cuando debió
corresponder la decisión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y los
Tribunales Superiores de Distrito, respectivamente, según el artículo 209 de
la Constitución Política. Este proceso fue objeto de muchas críticas en los
medios de comunicación debido la designación de abogados sin
experiencia en el ramo penal o el sistema acusatorio.
3. El proyecto de Ley de Carrera Judicial que surge como resultado de los
acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, presentado en agosto de 2009
a la Asamblea Nacional de Diputados y aprobado en primer debate a fines
de octubre de 2009, fue retirado del orden del día.
IV-. Capacitación del funcionario judicial
1. El presupuesto operativo de la Escuela Judicial para del año 2011 es
insuficiente para cubrir los costos de las acciones de capacitación. Su
recurso humano es insuficiente y sufrió una importante reducción de
personal durante el 2010, que se mantiene hasta la fecha.
2. No existen mecanismos formales de evaluación de la calidad docente y de
las acciones de capacitación, ni para la evaluación de los programas por los
participantes. No se conoce el desarrollo de planes a mediano y largo plazo
para la Escuela Judicial, ni de la ampliación de la cobertura de capacitación
fuera del Primer Distrito Judicial de la ciudad de Panamá. 4
3. La Escuela Judicial no se enfoca en la formación especializada, ya que
dicta seminarios de nivel medio o elemental que no aportan al cometido de
formar a los integrantes de la judicatura que han de conocer la más
actualizada doctrina jurídica en todos los ámbitos que faciliten la adopción
de las mejores decisiones judiciales.
V-. Régimen disciplinario
1. El margen de discrecionalidad para la aplicación del régimen disciplinario es
demasiado amplio, al no existir en la norma una sanción específica para cada
infracción según la gravedad de la misma.
2. Del total de 183 procesos disciplinarios y por faltas a la ética en el Órgano
Judicial iniciados a partir del año 2000 y en trámite hasta el primer cuatrimestre
del año 2009, se emitieron 29 veredictos, de los cuales se conoce solo de ocho
sanciones o amonestaciones a funcionarios.
3. La Dirección de Auditoría Judicial tiene serias deficiencias:
 Según jueces entrevistados existe un entendimiento confuso de las
funciones que tiene la dirección de auditoría. Es una oficina supeditada
a los lineamientos y directrices de los presidentes de la Corte Suprema.
 No recibimos información sobre los parámetros existentes para decidir si
un caso o un despacho se audita o no. Por lo tanto se presta para
subjetividades sobre qué despachos se someten a una auditoría.
 La Dirección de Auditoría Judicial está auditando en estos momentos
casos del 2004; lo que pone de manifiesto un deficiente sistema de
auditorías.
 Existen muchas críticas por parte de los jueces por la forma como
procede la dirección de auditoría. La oficina no es funcional, no tiene el
equipo técnico ni la regulación que permita su efectividad.
 Los resultados de las auditorías no se conocen. Sólo las conoce el juez
y los superiores jerárquicos.
 Se conoce de investigaciones contra jueces que han sido autorizadas
por un coordinador de presidencia de la Corte Suprema. No existe una
regulación clara sobre quién autoriza la investigación de un juez.
 No se conocen cuántas destituciones o medidas se han adoptado como
resultado de las auditorías judiciales.
 La falta de idoneidad y preparación de los auditores para realizar
auditorías judiciales, ya que muchas veces no tienen idea de los
procedimientos y las normas de procedimientos.5
 La Dirección de Auditoría cuenta con diez auditores y personal
itinerante, que es de libre remoción y nombramiento de Sala Cuarta de
la Corte. Adscrita a la Carrera Judicial sólo están la Directora y algunos
otros puestos.
4. Las disposiciones para la creación de comisiones y la oficina de Ética Judicial,
así como sistemas de evaluación del desempeño no han sido llevadas a la
práctica. No hay reportes de la conformación, funcionamiento o resultados de
la labor de tales mecanismos u organismos.
5. Hubo una evaluación de los juzgados penales en el año 2007 cuyos resultados
nunca se hicieron públicos.
6. El acuerdo que dice en qué consiste la evaluación del desempeño no se
publicó en Gaceta Oficial y no se está aplicando.
VI-. Presupuesto
1. Durante el período 2008-2012, el presupuesto destinado a las instituciones
encargadas de la administración de justicia ha representado entre el 2.7% y
3.6% de los ingresos corrientes del Estado, pero solamente entre el 1.1 y
1.4% del Presupuesto General del Estado, y aproximadamente el 0.5% del
Producto Interno Bruto en cada año.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Presupuesto.
$ 0
$ 5.000.000.000
$ 10.000.000.000
$ 15.000.000.000
$ 20.000.000.000
$ 25.000.000.000
$ 30.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012
Gráfica 2
Presupuesto del sector de Administración de Justicia vs
Presupuesto General del Estado, Ingresos Corrientes del
Gobierno Central y Producto Interno Bruto del país
Años: 2008-2011
Ingresos Corrientes del Gobierno Central
Presupuesto General del Estado
Producto Interno Bruto del país6
2. Los montos asignados al Órgano Judicial cubren lo ordenado
constitucionalmente, pero no alcanzan el 2% al 6% del Presupuesto
General del Estado, como sucede en la mayoría de los países. Esto se
traduce en debilidad interna de la institución para su desarrollo, frente a
otras instituciones con menores niveles de responsabilidades o
competencias como lo es el Ministerio de la Presidencia.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Presupuesto
y el Instituto Nacional de Estadística y Censo.
3. El presupuesto del Ministerio de la Presidencia es ocho veces más alto que
el de la administración de justicia. Sin embargo las funciones del Ministerio
de la Presidencia son principalmente: la comunicación del Presidente de la
República y el Consejo de Gabinete con las demás instituciones del Estado
y la ciudadanía en general, desarrollar programas de asistencia social y
mantener la seguridad del Presidente y otros altos dignatarios, además de
coordinar de manera general la gestión pública.
4. Las diferencias entre los presupuestos solicitados por las instituciones y las
asignaciones finales son notables, resultando insuficientes para cubrir las
crecientes demandas de servicios y sus costos operativos. Para el año
2010 el Órgano Judicial solicitó una asignación presupuestaria de
B/.120,000,000. recibiendo finalmente B/.74,175,500, es decir 61.8% de lo
solicitado.
5. El Órgano Judicial y el Ministerio Público tienen autonomía administrativa
para la elaboración de su proyecto de presupuesto y para el manejo del
presupuesto asignado. Sin embargo, existe un control político del Órgano
Ejecutivo al momento de aprobar el presupuesto para la administración de
justicia, lesionando el principio de autonomía e independencia del Órgano
judicial.
$ 0
$ 200.000.000
$ 400.000.000
$ 600.000.000
$ 800.000.000
$ 1.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012
Ministerio de la Presidencia Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Gobierno y Justicia* Administración de Justicia7
RECOMENDACIONES
1. Aprobar el proyecto de Ley de Carrera Judicial como garantía y protección
contra la politización en los procesos de selección, nombramiento y
evaluación disciplinaria y de desempeño en la administración de justicia.
2. Adecuar la asignación presupuestaria a los mínimos recomendados por la
Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados,
es decir el 2% del Presupuesto General del Estado.
3. Es urgente cambiar el sistema de selección de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación y Procurador de la
Administración para fortalecer la independencia judicial. Se requiere un
método transparente y participativo, que se fundamente en los méritos,
capacidad, formación académica y vocación de los aspirantes.
4. Fortalecer el sistema de capacitación judicial con la asignación
presupuestaria y de personal necesario para ampliar su cobertura, con
planes a mediano y largo plazo, y mecanismos de evaluación y
retroalimentación que permitan certificar la calidad, pertinencia y eficacia de
las capacitaciones.
5. Es necesaria la reactivación de la Comisión de Estado por la Justicia para
el seguimiento a la agenda de la reforma judicial.
6. Mejorar y ampliar las acciones de divulgación hacia la población, sobre la
independencia judicial y sus diversos elementos, resaltando la importancia
de tribunales independientes como garantía última de sus derechos.
Panamá, mayo de 2012