Pacto de Estado por la Justicia

INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTADO POR LA JUSTICIA

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Procuraduría de la Administración

Asamblea Nacional

Procuraduría General de la Nación

Colegio Nacional de Abogados

Órgano Judicial

Órgano Ejecutivo

Defensoría del Pueblo

Alianza Ciudadana Pro Justicia

Comité Ecuménico

ii

COMISIÓN DE ESTADO POR LA JUSTICIA

Por la Procuraduría de la Administración:

_________________________________

Licdo. Oscar Ceville Procurador – Coordinador de la Comisión

Por la Asamblea Nacional:

_________________________________ H.D. Elías Castillo

Presidente

Por la Procuraduría General de la Nación:

_________________________________ Licda. Ana Matilde Gómez Ruiloba Procuradora

Por el Colegio Nacional de Abogados:

_________________________________ Licda. Mercedes Araúz de Grimaldo Presidenta

Por el Órgano Judicial:

___________________________________

Magistrado José A. Troyano

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Por el Órgano Ejecutivo:

___________________________________ Licda. Olga Golcher

Viceministra de Gobierno y Justicia

Por la Defensoría del Pueblo:

____________________________________ Licdo. Juan Antonio Tejada

Defensor del Pueblo

Por la Alianza Ciudadana Pro Justicia:

____________________________________ Licda. Magaly Castillo

Directora Ejecutiva

Por el Comité Ecuménico:

____________________________________ Reverendo Roberto Bruneau

iii

La Comisión de Estado por la Justicia agradece el esfuerzo brindado en cada una de las reuniones para las cuales fueron habilitados aquellos miembros suplentes que con sus aportes complementaron valiosamente la labor de la Comisión.

Estos Miembros Suplentes son:

Por la Asamblea Nacional

H.D. Jerry Wilson Navarro H.D. Jorge Hernán Rubio H.D. Raúl Rodríguez

Por el Órgano Ejecutivo Licdo. Nelson Rojas

Por la Procuraduría General de la Nación Dr. Rigoberto González

Por la Defensoría del Pueblo

Licdo. Guido Rodríguez Licdo. Guillermo Ríos Valdés

Por el Colegio Nacional de Abogados

Licdo. Carlos Alberto Vásquez R. Licdo. Mario de Diego Gambotti

Por Alianza Ciudadana Pro Justicia Licdo. Víctor Lewis

iv

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ESTADO POR LA JUSTICIA

SECRETARIO TÉCNICO

Licdo. Rogelio Sánchez Tack

ASESORÍA TÉCNICA Y RELATORÍA

Dr. José Rigoberto Acevedo Licda. Elizabeth Cedeño

Dr. José Guillermo Broce Ing. Edgar Rodríguez Salazar

SECRET ARIAS

Ligia Alfaro de Landau Bélgica Cedeño

Elga Reyes

SOPORTE TÉCNICO

Ing. Ricardo Fuentes Mario Bejerano

Licda. Josefina Coutiño Licdo. Demetrio Olaciregui

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional Asamblea Nacional Asamblea Nacional

Consultor de Modernización y Mejoramiento Continuo de la Gestión Judicial. Proyecto Órgano Judicial – PNUD

Procuraduría de la Administración Asamblea Nacional

Asamblea Nacional

CIMAP CIMAP

Consultor Internacional en materia de Estrategia de Implementación y Ejecución de la Reforma Judicial.

Consultor Nacional en materia de Estrategia de Divulgación y Comunicación

v

ÍNDICE

I. RESOLUCIÓN DE GABINETE QUE PROPONE LA COMISIÓN DE ESTADO POR LA JUSTICIA PARA LA PRESELECCIÓN DE ASPIRANTES A OCUP AR VACANTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LAS PROCURADURÍAS

II. ÁREAS PRIORITARIAS DE LA REFORMA JUDICIAL

III. RESULTADOS ESPERADOS POR ÁREAS PRIORITARIAS Y PROYECTOS

– ACCESO A LA JUSTICIA

– REFORMA INTEGRAL DE LA JURISDICCIÓN PENAL

– REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

– RENDICIÓN DE CUENT AS Y TRANSP ARENCIA

– REFORMAS JURISDICCIONALES

IV. PROPUESTAS DE REFORMAS IDENTIFICADAS POR ÁREAS PRIORITARIAS

ACCESO A LA JUSTICIA

Página

VISIÓN FUTURA DE LA REFORMA JUDICIAL DE PANAMÁ

INTRODUCCIÓN

……………………………….. xi

……………………………….. xii ……………………………….. 1

……………………………….. 2 ……………………………….. 3

……………………………….. 3 ……………………………….. 4

……………………………….. 5

……………………………….. 8 ………………………………..10

……………………………….. 13

……………………………….. 13 ……………………………….. 14

……………………………….. 16

PROPUESTA 1: PROPUESTA 2:

PROPUESTA 3:

CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE PAZ

AMPLIAR EL SERVICIO Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (RAC)

REESTRUCTURAR EL MODELO DE DEFENSA PÚBLICA

vi

PROPUESTA 4: PROPUESTA 5:

MEJORAR LOS INSTRUMENTOS QUE TUTELAN LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES

REDISEÑO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ESPECÍFICAMENTE, SOBRE LAS INSTITUCIONES DE GARANTÍAS

……………………………….. 17 ……………………………….. 18

……………………………….. 19

……………………………….. 22 ……………………………….. 22

……………………………….. 25

……………………………….. 26

…………………………………30 ……………………………….. 31

REFORMA INTEGRAL DE LA

JURISDICCIÓN PENAL

PROPUESTA 6:

PROPUESTA 7: PROPUESTA 8:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINOLÓGICA DE ESTADO

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL

NUEVOS CÓDIGOS PENAL Y PROCESAL PENAL

REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PROPUESTA 9:

PROPUESTA 10:

PROPUESTA 11:

PROPUESTA 12:

REDISEÑO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO PARA MAGISTRADOS, PROCURADORES, JUECES, FISCALES Y PERSONEROS

FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA JUDICIAL EN EL ÓRGANO JUDICIAL E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA DE INSTRUCCIÓN JUDICIAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE DESPACHOS EN EL ÓRGANO JUDICIAL Y EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

vii

PROPUESTA 13:

PROPUESTA 14: PROPUESTA 15:

PROPUESTA 16:

FORT ALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA JUDICIAL

REFORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CONSEJO JUDICIAL

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES

DISEÑO E IMPLEMENT ACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL PARA EL ÓRGANO JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO

RENDICIÓN DE CUENTAS Y

TRANSP ARENCIA

PROPUESTA 17: PROPUESTA 18:

PROPUESTA 19: PROPUESTA 20:

PROPUESTA 21:

FORT ALECER LA AUDITORÍA JUDICIAL EN EL ÓRGANO JUDICIAL

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA JUDICIAL EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MEJORAR LA INVESTIGACIÓN EN CASOS DE CORRUPCIÓN

IMPLEMENT AR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA EFECTIVO EN EL ÓRGANO JUDICIAL

CREAR LA SECRET ARÍA DE COMUNICACIÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO

REFORMAS JURISDICCIONALES

LA

……………………………….. 35

……………………………….. 36 ……………………………….. 37

……………………………….. 38

……………………………….. 39 ……………………………….. 40

……………………………….. 41 ……………………………….. 42

……………………………….. 43

……………………………….. 43

……………………………….. 45

PROPUESTA 22:

PROPUESTA 23:

REFORMAS A LA JURISDICCIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

REFORMA LEGAL DE LA JURISDICCIÓN CIVIL

viii

PROPUESTA 24: PROPUESTA 25: PROPUESTA 26: PROPUESTA 27:

REDEFINICIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA, Y DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA JURISDICCIÓN LABORAL

REFORMA A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO

ADMINISTRA TIVO

REFORMA A LA JURISDICCIÓN MARÍTIMA

……………………………….. 47

……………………………….. 50

……………………………….. 52

……………………………….. 52 ……………………………….. 54

……………………………….. 58

…………………………………61

…………………………………65

…………………………………75 …………………………………92

………………………………..100 …………………………………109 …………………………………113

V. FORMULACIÓN DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VI. CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA ADOPCIÓN DE LA NUEVA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

ANEXOS

Anexo No.1

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE GABINETE PARA LA PRESELECCIÓN DE ASPIRANTES A OCUPAR VACANTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LAS PROCURADURÍAS

Anexo No.2

PROYECTO DE LEY QUE CREA LA JURISDICCIÓN DE PAZ

Anexo No.3

PROYECTO DE LEY DE AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL

Anexo No.4

PROYECTO DE LEY SOBRE PROCESO DISCIPLINARIO POR FALTAS ÉTICO-DISCIPLINARIAS

Anexo No.5

PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA CARRERA JUDICIAL

Anexo No.6

PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CONSEJO JUDICIAL

Anexo No.7

PROPUESTA DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA DE ESTADO ELABORADA POR EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

ix

Anexo No.8

LISTA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Anexo No.9

INTEGRANTES DE SUBCOMISIONES DE TRABAJO

…………………………………137 …………………………………139

x

VISIÓN FUTURA DE LA REFORMA JUDICIAL DE PANAMÁ

Sistema de Administración de Justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita identificar que se cumple con el debido proceso legal, sin excesivo formalismo, y con las garantías del Estado de derecho, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que trasmita confianza ciudadana en la Justicia.

xi

INTRODUCCIÓN

El Pacto de Estado por la Justicia, ha sido convocado por el Excelentísimo Señor, Martín Torrijos Espino, Presidente de la República, para sellar un compromiso nacional de alcanzar un sistema judicial independiente, transparente y eficiente, ante la crítica situación de la Administración de Justicia y consciente de la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema.

Este Pacto está dirigido a la creación de una Comisión de Estado por la Justicia con dos objetivos específicos, a saber: definir una Agenda de la Reforma Judicial y orientar en forma sistemática los esfuerzos permanentes dirigidos a la ejecución de dicha Agenda.

El Pacto de Estado por la Justicia fue suscrito en marzo de 2005 por Martín Torrijos Espino, Presidente de la República; Jerry Wilson Navarro, Presidente de la Asamblea Nacional; José Troyano, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Ana Matilde Gómez Ruiloba, Procuradora General de la Nación; Oscar Ceville, Procurador de la Administración; Juan Antonio Tejada, Defensor del Pueblo; Carlos Vásquez Reyes, P r e s id e n t e d e l C o le g io N a c io n a l d e A b o g a d o s . S e d e c id ió a d e m á s q u e e l C o m it é Ecuménico fuese el depositario de este Pacto.

Los integrantes del Pacto reconocen la urgencia de dirigir su orientación, esfuerzos y recursos a lograr una reforma judicial integral que incluya:

– Cambios en la estructura de organización, en los procedimientos y en la normativa del sistema de justicia, para lograr un Órgano Judicial y un Ministerio Público transparente, imparcial, independientes, eficientes, eficaces y competentes.

– El establecimiento de la forma de escoger a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que permita mayor transparencia en estos procesos de selección.

– Expedición de una Ley de Carrera, tanto para el Órgano Judicial como para el Ministerio Público a fin que cuenten con personal idóneo y honesto, se garantice el respeto, decoro e independencia de los Jueces y Magistrados y se establezcan las condiciones de acceso a quienes aspiren a ser operadores judiciales.

– Establecimiento de un sistema de rendición de cuentas y evaluación del desempeño de los Magistrados, Jueces, Procuradores, Fiscales y Personeros, para que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público respondan a dichos resultados.

– La coordinación con las facultades de Derecho de las Universidades para garantizar la formación ética y moral de los jueces y magistrados como parte de la enseñanza del Derecho.

xii

– Elaboración de un anteproyecto de reforma a la legislación procesal del país, que comprenda la simplificación de los procesos judiciales, a fin que la administración de justicia sea un instrumento al servicio de los ciudadanos.

– Un sistema que garantice la seguridad jurídica, con principios y normas jurídicas claras para que se respeten los derechos de los ciudadanos.

La Comisión de Estado por la Justicia, está integrada por: Lic. Oscar Ceville, – Procurador de la Administración (Coordinador); Lic. José Troyano – Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (Comisionado); H.D. Elías Castillo – Presidente de la A s a m b l e a N a c io n a l( C o m i s io n a d o ) ; L ic . A n a M a t i l d e G ó me z R u i lo b a – P r o c u r a d o r a General de la Nación (Comisionada); Lic. Olga Golcher – Viceministra de Gobierno y Justicia (Comisionada); Lic. Juan Antonio Tejada – Defensor del Pueblo (Comisionado); Lic. Mercedes Araúz de Grimaldo – Presidenta Nacional del Colegio Nacional de Abogados (Comisionada); Lic. Magaly Castillo – por la Alianza Ciudadana Pro Justicia (Comisionada) y el Reverendo Roberto Bruneau, en representación del Comité Ecuménico como observador con derecho a voz. La misma se instaló en la Procuraduría de la Administración e inició labores el 16 de marzo de 2005.

La Comisión de Estado por la Justicia durante los 180 días para los cuales fue convocada, como una primera etapa, desarrolló una serie de funciones, que se resumen así:

De la Participación Ciudadana. Los Comisionados en sus primeras sesiones consideraron como actividad prioritaria, escuchar a todas aquellas personas naturales o jurídicas que quisiesen exponer argumentos sobre el tema de la Administración de Justicia y para tal fin, hizo una convocatoria pública. Como resultado de la misma, se debatió el tema con veintiséis personas jurídicas, entre gremios de abogados, todos los partidos vigentes y organizaciones de la sociedad civil. Hubo participación individual de un número plural de abogados.

De la Designación de Subcomisiones. Los Comisionados consideraron necesario también designar Subcomisiones de trabajo, que abordaran y estudiaran las dificultades y las problemáticas que presentan la diversidad de jurisdicciones y que a partir de los diagnósticos, informes y propuestas ya elaboradas, presentasen las soluciones respectivas, con las modificaciones legales que se requiriesen para modernizar el Sistema.

Las Subcomisiones designadas fueron las siguientes: Reforma al Código Penal; Reforma al P ro ced imie nt o P ena l; A cceso a la Just ic ia y Jur isd ic c ió n Co nst it uc io na l; Re fo r ma Estructural; Competencia y Asuntos al Consumidor; Familia, Niñez y Adolescencia; Justicia Administrativa; Rendición de Cuentas y Transparencia; Justicia Laboral; Jurisdicción Civil; y, la Jurisdicción Marítima.

De las sesiones de la Comisión. Durante estos 180 días, la Comisión realizó 84 reuniones ordinarias, con un promedio de 3 horas de trabajo, que suman alrededor de 240 horas netas de trabajo, sin contar el trabajo adicional de las subcomisiones, el de la Secretaría de la Comisión, ni el trabajo de los Relatores.

xiii

Del contenido del Informe. El Informe de Relatoría contiene el desarrollo de las propuestas de Reforma Judicial al Sistema de Administración de Justicia Panameño dentro del cual se identificaron cinco (5) áreas prioritarias, a saber: Acceso a la Justicia; Reforma Integral de la Jurisdicción Penal; Rendición de Cuentas y Transparencia; Reformas Jurisdiccionales; y Reforma Estructural del Sistema de Administración de Justicia, y se definieron reformas concretas sobre las siguientes materias:

– Propuesta de Resolución de Gabinete que contempla un proceso para la selección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, de Procuradores de la Nación y de la Administración transparente y participativo, toda vez que crea una Comisión de Preselección con la función de seleccionar a personas idóneas y honestas para ocupar dichos cargos. Esta Comisión deberá proponerle al Órgano Ejecutivo una lista de no más de 15 ni menos de 10 precandidatos, para que de la misma el Presidente, en acuerdo con el Consejo de Gabinete, designe al Magistrado (a) o Procurador (a), según sea el caso.

– En el área de Acceso a la Justicia se formulan propuestas concretas sobre la siguientes materias:

Creación de la Jurisdicción de Paz en reemplazo de la Justicia Administrativa de Policía.

Ampliación de los servicios y mecanismos de Resolución Alternativa de Conflicto (RAC).

Reestructuración del Modelo de Defensa Pública.

Mejoramiento de la Tutela Efectiva de los Derechos de los Grupos Vulnerables.

Rediseño de la Justicia Constitucional, particularmente, sobre instituciones de garantías, con la implementación de la Sala de Garantías.

– En el área de Reforma Integral de la Jurisdicción Penal se formulan reformas concretas sobre las siguientes materias:

Se propone una Política Criminológica de Estado, con principios y estrategias claras y definidas, para su aprobación por parte del Órgano Ejecutivo.

Se formulan medidas de agilización de la Justicia Penal.

Se propone la adopción de un nuevo Código Penal y de Procedimiento Penal.

– En el área de Reforma Estructural del Sistema de Administración de Justicia se formulan propuestas concretas sobre las siguientes materias:

Agilización de Procesos, con la implementación de servicios comunes y nuevas tecnologías.

xiv

Institución de la Carrera Judicial y de Instrucción Judicial para incorporar dentro del Sistema Judicial la evaluación del desempeño y un efectivo proceso disciplinario para todos los servidores judiciales, hasta los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Procuradores de la Administración y de la Nación.

Establecimiento de un sistema administrativo y financiero autónomo, para el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Reformulación de la estructura funcional del Consejo Judicial.

Fortalecimiento de la Formación de los Operadores Judiciales.

– En el área de Reformas Jurisdiccionales se formulan propuestas concretas sobre las siguientes materias:

Reforma a la Jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, a la Jurisdicción Administrativa y a la Jurisdicción Marítima.

Redefinición y Mejoramiento de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, y de la Familia.

Mejoramiento de la gestión de la Jurisdicción Laboral con la adopción de medidas de agilización de procesos.

Reforma Legal de la Jurisdicción Civil, con medidas concretas para la agilización de procesos, y la revisión integral del Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.

Se propone una Reforma a la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial para adecuar sus funciones al proceso acusatorio que se implementará en la nueva Reforma Penal.

– En el área de Rendición de Cuentas y Transparencia se formulan propuestas concretas sobre los siguientes aspectos:

Fortalecimiento de la Auditoría Judicial en el Órgano Judicial y creación de un ente, similar en el Ministerio Público.

Implementación de mecanismos que permitan mejorar la investigación en casos de corrupción.

Un mecanismo efectivo de comunicación que permita incrementar la transparencia en el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Del análisis de las recomendaciones de mejora de cada área prioritaria se formularon veintisiete (27) propuestas con su respectivo ente coordinador y tiempo de implementación, lo cual permitirá la ejecución efectiva de la Reforma Judicial planteada.

xv

El informe también contiene los criterios orientadores de la nueva Ley sobre el ejercicio de la Abogacía, entre los que se pueden citar:

Fortalecer la ética profesional del Abogado, implementado la materia de ética en todas las universidades que ofrezcan la Carrera de Derecho.

La aplicación de un examen de suficiencia académica profesional como requisito para ser Abogado. Este examen se aplicará por una Junta Examinadora adscrita al Consejo Judicial.

Reforzar el secreto profesional extendiéndolo a todos los Abogados, y empleados de la Firma.

Crear la Secretaría de Educación Legal Continuada.

Establecer la obligación de conocer razonablemente al cliente, especialmente en la tramitación de las Sociedades Anónimas.

Finalmente, se formularon propuestas para la Reforma Judicial que requerirán de Reformas Constitucionales, entre las cuales están:

– Creación del Consejo de la Judicatura, como máximo organismo administrativo del Órgano Judicial, que ejecute todas las acciones que guarden relación con el capital humano de la institución, en especial en lo atinente a la Carrera Judicial, Régimen Disciplinario y Administración o Gerencia, propiamente tal.

– Establecimiento de un nuevo procedimiento para el nombramiento de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de los Procuradores de la Nación y de la Administración mediante un proceso transparente que permita la participación ciudadana.

– Otorgar mayor autonomía financiera y presupuestaria al Órgano Judicial y al Ministerio Público.

A juicio de la Comisión de Estado por la Justicia, el trabajo realizado reúne los requisitos esenciales para una reforma integral del Sistema Judicial. Se ha establecido su esquema conceptual, ha habido la participación de los operadores judiciales, de la sociedad civil y de los tres Órganos del Estado, todo ello dentro del marco de la institucionalidad democrática.

Se ha logrado una revisión de qué hacer, cómo hacerlo y a quiénes tomar en cuenta para una reforma judicial que deberá formar parte del proceso de reformas del Estado.

En materia de Reforma Penal, se recomienda al Órgano Ejecutivo la designación de la Sub- Comisión de Reforma Penal como Comisión Codificadora de los nuevos Código Procesal Penal y Código Penal, para que en el plazo de tres meses puedan cohesionar los dos proyectos y presentarlo al Órgano Ejecutivo a través de la Comisión de Estado por la Justicia, a fin de que sean considerados como Proyectos de Ley.

No olvidemos que la Reforma Judicial es una tarea permanente que están obligados a orientar las partes vinculadas al tema, que han sido identificados en los párrafos anteriores,

xvi

de allí el compromiso que cada uno de estos entes debe adquirir para la consecución de los objetivos trazados.

En este sentido, ya se han realizado esfuerzos con organismos internacionales como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de que los proyectos que estos organismos están llevando a cabo dentro de nuestro país dirigidos al mejoramiento de la Administración de Justicia sean complemento de las Propuestas de Reformas que orientará y ejecutará la Comisión de Estado por la Justicia, en aras de lograr la transformación de nuestro Sistema de Administración de Justicia.

Confiamos que a partir de este esfuerzo, se inicie el proceso renovador que haga al Sistema Judicial Panameño, a sus Magistrados, Jueces y Fiscales, más independientes, transparentes, eficientes y competentes, con mecanismos que permitan medir su desempeño y sancionar las faltas a la ética y las disciplinarias de todos los operadores judiciales, para hacer de la Administración de Justicia Panameña un instrumento útil, que brinde seguridad jurídica y mayor confianza a las panameñas y los panameños.

xvii

I. RESOLUCIÓN DE GABINETE QUE PROPONE LA COMISIÓN DE ESTADO POR LA JUSTICIA PARA LA PRESELECCIÓN DE ASPIRANTES A OCUP AR VACANTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LAS PROCURADURÍAS

Propuesta Prioritarias

El modelo de Resolución de Gabinete que propone la Comisión de Estado por la Justicia tiene como premisa establecer un proceso transparente de preselección de aspirantes a ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia y las Procuradurías.

Este proceso se caracteriza por los siguientes aspectos:

Se crea una Comisión Especial de Preselección como organismo consultivo y asesor del Consejo de Gabinete, la cual se instalará cada vez que surja una vacante en los cargos antes señalados.

Esta Comisión se integrará por un representante de los Decanos de las Facultades de Derecho de las distintas Universidades acreditadas con más de 15 años de servicio al país; un representante del Colegio Nacional de Abogados; un representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia; un representante del Órgano Judicial o del Ministerio Público. Igualmente participará el Comité Ecuménico como observador y dirimente en el proceso de preselección.

El procedimiento a seguir contempla una convocatoria pública dirigida a todos los aspirantes, una etapa de evaluación fundamentada en criterios objetivos que culmina con remisión de la lista de candidatos, que no será menor de 10 ni mayor de 15 para cada puesto vacante de selección, al Consejo de Gabinete a fin de que en acuerdo con el Presidente de la República, tal como lo estipula la Constitución Política de la República, designe al Magistrado (a) o Procurador (a), según sea el caso.

(Ver Anexo No. 1)

1

II.ÁREAS PRIORITARIAS DE LA REFORMA JUDICIAL

ACCESO A LA JUSTICIA

Objetivos Prioritarias

Garantizar de manera eficaz e igualitaria el Derecho Constitucional que tienen todas las personas de acceder a la Justicia, ya sea a través de los Tribunales y Juzgados del país, bajo las reglas del debido proceso legal, o bien, a través de mecanismos alternos de solución de conflictos.

REFORMA INTEGRAL DE LA JURISDICCIÓN PENAL

Reformar la Jurisdicción Penal para integrarla a los requerimientos que caracterizan al Estado de Derecho, especialmente en el ámbito del absoluto respeto y tutela de las Garantías Fundamentales y de los Derechos Humanos, así como en el equilibrio de los Derechos de las Víctimas y de sus familiares, fundamentados solidamente en una Política Criminológica de Estado.

REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Reestructurar el modelo de gestión gerencial y despachos judiciales a fin de modernizar, simplificar y agilizar los procesos de los servicios de la Administración de Justicia.

Establecer mecanismos efectivos para fortalecer la Carrera Judicial, a través de un proceso científico de selección y nombramiento de Jueces y Magistrados, que garantice estabilidad, idoneidad, destrezas y habilidades para desarrollar la función trascendental de Administrar Justicia.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

Crear una cultura de transparencia y ética en la gestión del Sistema de Administración de Justicia, a través del acceso público a la información de acuerdo con la Ley, y la incorporación de mecanismos de medición de rendimiento de los funcionarios del sistema.

REFORMAS JURISDICCIONALES

Adecuar los procesos jurisdiccionales para dotarlos de mayor transparencia menos formalismo de trámites simplificados y ágiles, con respecto absoluta de las Garantías del Debido Proceso, lo cual permitirá un Sistema de Administración de Justicia más eficaz.

2

III. RESULTADOS ESPERADOS POR ÁREAS PRIORITARIAS Y PROPUESTAS

N.° Propuestas ACCESO A LA JUSTICIA

1. Creación de la Jurisdicción de Paz

Organismo Ejecutor: Procuraduría de la Administración

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

2. Ampliar el servicio y los mecanismos de Resolución

Alternativa de Conflictos (RAC)

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Organismo de Consulta y Colaborador:

Alianza Ciudadana Pro Justicia

3. Reestructurar el modelo de Defensa Pública

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 4 años (2006 – 2009)

Organismo de Consulta y Colaborador: Colegio Nacional de Abogados y Defensoría del Pueblo.

Resultado esperado

Para el año 2007 se habrá transformado la actual Jurisdicción Administrativa de Policía en una jurisdicción de Paz adscrita al Órgano Judicial, lo que significará un mayor acceso a la justicia civil y penal, a través del funcionamiento efectivo de la nueva Jurisdicción de Paz, en los procesos que le atribuye la Ley correspondiente, garantizando así el respeto al debido proceso legal, inexistente o nulo en la actual Jurisdicción Administrativa de Policía.

Para el año 2007, el Órgano Judicial y otras instituciones, habrán ampliado e implementado la cobertura de los métodos de resolución de conflictos como una fórmula más de acceso a justicia. Para ello, se pondrá en funcionamiento un Centro de Mediación en las provincias de Coclé, Veraguas, Colón, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos y Darién, cada uno con 4 mediadores, certificados. Así mismo, se contará con Centros de Mediación Comunitaria y además se informará a la ciudadanía sobre el funcionamiento y beneficios de éste sistema.

Para el 2009, el Instituto de Defensoría de Oficio será fortalecido con la incorporación de 30 nuevos Defensores, para que esa tutela judicial efectiva llegue a las personas de escasos recursos económicos y reciban un servicio efectivo y de calidad.

3

4. Mejoramiento de los instrumentos que tutelan los

derechos de los Grupos Vulnerables

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Organismo de Consulta y Colaborador:

Defensoría del Pueblo

5. Rediseño de la Justicia Constitucional,

específicamente sobre Instituciones de Garantías

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Durante los próximos dos años (2006-2007) se habrá ratificado el Convenio 169 de la OIT, que es el marco internacional que tutela los derechos de los Pueblos Indígenas y revisado la normativa nacional que garantice la tutela de los derechos de las personas con discapacidad, de la niñez y adolescencia y mujeres, fortaleciendo sobre estas, con mayor rigor, la protección punitiva penal.

También para el 2007, el Órgano Judicial habrá capacitado a su personal y desarrollado un conjunto de herramientas e instrumentos que facilite a las personas con discapacidad y grupos vulnerables conocer sus derechos y los mecanismos que ofrece el sistema para hacerlos valer.

Para el año 2007, los panameños y extranjeros podrán acudir a defender sus derechos y garantías fundamentales a la Sala de Garantías de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá competencia legal para resolver los procedimientos de Amparo, sin excesivo formalismo, lo que significará mejorar el acceso a la justicia de las personas de forma más expedita, directa y a menor costo.

REFORMA INTEGRAL DE LA JURISDICCIÓN PENAL

6. Desarrollo e Implementación de una Política

Criminológica de Estado

Organismo Ejecutor: Órgano Ejecutivo

Periodo de Ejecución: 1 año (2006)

Organismos de Consulta y Colaboradores: Órgano Judicial, Asamblea Nacional,

Para el año 2006, el Estado Panameño contará con una Política Criminológica de Estado coordinada por un ente rector que se encargará de establecer los lineamientos y estrategias fundamentadas en la prevención, la seguridad ciudadana, los derechos humanos, la participación ciudadana y en la educación sobre cultura y paz, los cuales orientarán todos los programas institucionales dirigidos a la prevención y represión de las conductas delictivas.

4

Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Colegio Nacional de Abogados, Instituto de Criminología y Alianza Ciudadana Pro Justicia.

7. Medidas de Agilización de la Justicia Penal

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial – Asamblea Nacional.

Periodo de Ejecución: 6 meses (2006)

8. Nuevos Códigos Penal y Procesal Penal

Organismo Ejecutor: Procuraduría de la

Administración

Periodo de Ejecución: 3 años (2006 – 2008)

Organismo de Consulta y Colaborador: Órgano Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y Justicia y Alianza Ciudadana Pro Justicia

Para el próximo año 2006, se habrán incorporado dentro de la Ley, mecanismos de apoyo a la transición hacia un sistema de corte acusatorio, tales como restricciones para la aplicación de detención preventiva, evitando así el aumento de la sobrepoblación en las cárceles, medidas para el incremento de la economía procesal, mejora en la organización judicial para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, y normas que ofrecen mayor efectividad en la persecución de los hechos punibles.

Para el año 2008, se habrá implementado el nuevo marco legal que garantiza el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio, e igualmente estará vigente un nuevo Código Penal con proporcionalidad entre la pena y la gravedad del delito.

REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

9. Rediseño del Sistema Disciplinario para

Magistrados, Procuradores, Jueces, Fiscales y Personeros

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Para el año 2006, se contará con un proceso uniforme para causas contra los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público por faltas éticas o disciplinarias.

Para el año 2007, los servidores judiciales contarán con un Tribunal Disciplinario que les

5

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Organismo de Consulta y Colaborador:

Consejo Judicial

10. Fortalecimiento de la Carrera Judicial en el

Órgano Judicial e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Organismo de Consulta y Colaborador: Consejo Judicial

11. Diseño e implementación de la Carrera de Instrucción

Judicial en el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y de la Administración)

Organismo Ejecutor: Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de la Administración

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Organismo de Consulta y Colaborador: Consejo Judicial

garantice el Debido Proceso y la transparencia en los casos por faltas a la ética y disciplina judicial.

En un plazo de 2 años el Órgano Judicial habrá incrementado la independencia judicial interna mediante la transparencia e igualdad de oportunidades en la selección y nombramiento de los servidores judiciales, a cargo del Consejo de Administración de la Carrera.

Para el año 2007, el Órgano Judicial habrá evaluado el desempeño del 100% de los jueces y servidores judiciales, para determinar si cumplen eficazmente las funciones a ellos encomendada, y habrá incorporado al 100% de los funcionarios cuyas posiciones están pendientes de ser sometidas a concurso.

En el año 2007, el Ministerio Público contará con un nuevo diseño del sistema de Carrera de Instrucción y habrá incorporado, mediante un proceso transparente, al 100% de los fiscales y personal auxiliar, cuyas posiciones están pendientes de ser sometidas a concurso.

En un plazo de 2 años el Ministerio Público contará con un sistema de evaluación del desempeño para los fiscales y personal auxiliar, para determinar si cumplen efectivamente sus funciones.

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12. Diseño e implementación del modelo de gestión de

despachos en el Órgano Judicial y en la Procuraduría General de la Nación

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 4 años (2006 – 2009)

13. Fortalecimiento de la capacitación de los

Operadores del Sistema Judicial

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

14. Reformulación de la estructura funcional del

Consejo Judicial

Organismo Ejecutor: Consejo Judicial

Periodo de Ejecución: 1 año (2006)

Para el año 2009, se habrán implementado los servicios comunes de apoyo jurídico administrativo a los despachos judiciales a nivel nacional, suprimiendo así todo desarrollo de función administrativa a Magistrados, Jueces y Fiscales, para que tengan mayor tiempo en tramitar y resolver las causas judiciales que se les asignen.

Para el año 2009, los despachos judiciales funcionarán con un sistema de información de seguimiento de causas y con herramientas de soporte informático que permita la agilización de los procesos y el incremento de la transparencia en la información pública judicial.

Para el año 2007, la Escuela Judicial funcionará de manera autónoma y contará con una estructura fortalecida, adecuada y con programas de formación inicial y continuada a Magistrados, Jueces, Fiscales y auxiliares del Sistema Judicial.

Además, se contará con una Maestría en la U n i v e r s i d a d S a n t a M a r ía L a A n t ig u a , p a r a Jueces y Magistrados para fortalecer su razonamiento lógico, ética judicial y la aplicación de herramientas técnicas que mejoren su función.

En el próximo año 2006, el Consejo Judicial, debidamente reformado en su competencia e integración, habrá formulado políticas de Administración de Justicia que beneficien a los usuarios del sistema y a las Instituciones que lo conforman.

Además contará con una Secretaría Ejecutiva que garantice su operatividad a través del seguimiento de los planes que emanen del Consejo.

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15. Creación e implementación de despachos judiciales

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 4 años (2006 – 2009)

16. Diseño e implementación del nuevo modelo de

gestión gerencial para el Órgano Judicial y el Ministerio Público

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 4 años (2006 – 2009)

En el año 2006, el Órgano Judicial y el Ministerio Público contarán con Mapas Judiciales actualizados.

Para el año 2009 se habrán puesto en marcha los Despachos Judiciales necesarios y prioritarios para ampliar la cobertura del servicio de justicia a nivel nacional.

Para el año 2008, el Órgano Judicial y el Ministerio Público estarán funcionando con nuevos procesos gerenciales fundamentados en la medición de resultados, de forma que se garantice la efectividad del servicio de los despachos judiciales al público en general.

Para el 2009, el Órgano Judicial habrá invertido en programas de modernización el 15 % del presupuesto anual asignado, provenientes de los recursos del Estado y de las multas o sanciones monetarias que impongan los jueces en cada jurisdicción.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

17. Fortalecer la Auditoría Judicial en el Órgano

Judicial

Proyectos Identificados

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Organismo de Consulta y Colaborador:

Colegio Nacional de Abogados

Para finales del año 2005, la Dirección de Auditoría Judicial contará con un reglamento de f u n c io n a m i e n t o a p r o b a d o y u n A c u e r d o d e creación reformado de forma tal que se limite su alcance a la medición de la efectividad en la gestión judicial de cada despacho.

A finales del año 2007, se contará con inventario del 100% de los casos tramitados en cada tribunal del país.

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18. Creación de la Dirección de Auditoría Judicial en la

Procuraduría General de la Nación

Organismo Ejecutor: Procuraduría General de la Nación

Periodo de Ejecución: 1 año (2006)

Organismo de Consulta y Colaborador:

Colegio Nacional de Abogados

19. Mejorar la investigación en casos de corrupción

Organismo Ejecutor: Procuraduría General de la Nación

Periodo de Ejecución: 1 año (2006)

Organismo de Consulta y Colaborador:

Alianza Ciudadana Pro Justicia, Colegio Nacional de Abogados y Defensoría del Pueblo.

20. Implementar un mecanismo de comunicación y

transparencia efectivo en el Órgano Judicial

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

Para el año 2006, en la Procuraduría General de la Nación estará funcionando la Unidad de Auditoria Judicial debidamente reglamentada, presupuestada y con personal idóneo y capacitado para cumplir con la función de auditar la gestión de las fiscalías, en términos análogos a la jurisdiccional.

Para el año 2006, la Procuraduría General de la Nación habrá fortalecido las Fiscalías Anticorrupción, a través de una reforma legal y con programas de capacitación a fiscales en técnicas de investigación de casos complejos como crimen organizado, lavado de activos, delitos financieros y la tecnificación de los despachos, a fin que las investigaciones de los delitos sean más eficaces.2

Para el año 2006, el Órgano Judicial habrá implementado el mecanismo de comunicación y transparencia, y publicado en la página electrónica y en el Registro Judicial la información estadística y de gestión judicial de todos los despachos judiciales del país, para lograr el acceso efectivo de los ciudadanos a la información del desempeño judicial.

Para el año 2007, se contará en el Órgano Judicial con un Centro de Información y Atención al Ciudadano en cada provincia del país, para mejorar ese servicio.

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21. Crear la Secretaría de Comunicación en el

Ministerio Público

Organismo Ejecutor: Procuraduría General de la Nación

Periodo de Ejecución: 1 año (2006)

Para el año 2006, estará funcionando en la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Comunicación, con el fin de informar de forma oportuna a la sociedad y a los medios de comunicación, sobre la gestión de instrucción sumarial, a través de la página electrónica de la Institución y con voceros autorizados.

REFORMAS JURISDICCIONALES

22. Reformas a la Jurisdicción de Libre Competencia y

Asuntos del Consumidor

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 1 año (2006)

23. Reforma Legal de la Jurisdicción Civil

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 -2007)

En 12 meses, los consumidores y usuarios de servicios públicos, de acuerdo a la reforma legal promovida, sabrán cómo y dónde interponer sus reclamaciones y defender sus derechos de una manera fácil, efectiva, y expedita.

En los próximos 12 meses, un Juzgado Civil, debidamente equipado y con personal capacitado, estará funcionando como programa piloto en el que se resolverán los procesos en trámites orales y en dos fases.

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Para el año 2007, se habrán redactado dos anteproyectos de ley, uno que reforme de manera integral el Código de Procedimiento Civil y otro que reforme el Código Civil, a fin de unificar el procedimiento para hacerlo más ágil y efectivo.

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24. Redefinición de la Jurisdicción de Familia,

y de Niñez y Adolescencia

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 – 2007)

En los próximos 12 meses (2006), los Tribunales de la Jurisdicción de Niñez y A d o le s c e n c i a y lo s T r i b u n a l e s d e F a m i l i a , estarán resolviendo los casos que se presentan a su jurisdicción, de manera ágil y eficaz, de acuerdo a lo establecido en la reforma legal promovida por el Órgano Judicial, al suprimirse una serie de formalismos procesales en esos procesos.

La Jurisdicción Penal de Adolescentes contará con un servicio de atención permanente en turnos de 24 horas de los Centros de Custodia y de Cumplimiento, atendido por personal debidamente capacitado, y la víctima tendrá mayor protección y participación en el proceso.

Para el año 2006, se habrá reformado la normativa legal laboral a fin de incorporar medidas de agilización de procesos, con la utilización de formatos únicos y medios tecnológicos.

Para el año 2007, se habrá ampliado la cobertura de la jurisdicción laboral con la puesta en funcionamiento de los Juzgados de trabajo creados por ley desde el año 2001, y de acuerdo con las exigencias y demandas de casos laborales se habrá implementado la Sala de Casación Laboral.

Para el año 2006, se habrán incorporado normas que permitan al usuario de esta jurisdicción la mejor comprensión del recurso de Nulidad y el de Plena Jurisdicción, y otras regulaciones para f a c i l it a r e l A c c e s o a la J u s t ic i a e n e s t a jurisdicción. Igualmente, se habrá desarrollado un estudio para la actualización del Código Administrativo.

25. Mejoramiento de la gestión de la Jurisdicción

Laboral

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006-2007)

26. Reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativo

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 1 año (2006)

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27. Reforma a la Jurisdicción Marítima

Organismo Ejecutor: Órgano Judicial

Periodo de Ejecución: 2 años (2006 -2007)

Organismo de Consulta y Colaborador: Autoridad Marítima de Panamá y el Colegio Nacional de Abogados.

En 12 meses, los Tribunales Marítimos, estarán ofreciendo a sus usuarios un servicio de mayor calidad, transparencia y efectividad, mediante el establecimiento del Departamento de Auditoria Contable en cada Tribunal y la atención brindada a los usuarios a través de personal

idóneo y

capacitado.

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IV. PROPUESTAS DE REFORMA IDENTIFICADAS POR ÁREAS PRIORITARIAS

Dentro de cada una de las áreas prioritarias se han identificado 27 propuestas concretas, que al ser ejecutadas pondrán en marcha la cadena transformadora del Sistema de Justicia. Estas propuestas han sido evaluadas de acuerdo a criterios objetivos y efectivos, que promuevan cambios estructurales, incorporando acciones realizables para la consecución de los objetivos trazados en cada una.

Igualmente, se han agrupado estas acciones en periodos de corto plazo (de 1 a 8 meses), mediano plazo (de 8 a 18 meses) y largo plazo (superior a los 18 meses).

ACCESO A LA JUSTICIA

Propuestas Identificadas

Propuesta 1: Creación de la Jurisdicción de Paz

Objetivo:

Transformación de la jurisdicción actual de Justicia Administrativa de Policía, tales como regidores, corregidores y juzgados nocturnos y otras autoridades de policía, a una Jurisdicción de Paz adscrita al Órgano Judicial.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Aprobar el Proyecto de Ley que transforma la jurisdicción actual de Justicia

Administrativa de Policía, a una Jurisdicción de Paz adscrita al Órgano Judicial. Ver Anexo No. 2 – Proyecto de Ley que crea la Jurisdicción de Paz.

A Mediano Plazo:

A.2. Capacitar científicamente a los nuevos operadores de la Jurisdicción de Paz.

A.3. Desarrollar un programa de divulgación a los ciudadanos, de este nuevo modelo de Justicia Administrativa.

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A.4. Crear y reacondicionar estructuras físicas, así como dotar de recurso humano y de recursos materiales, tecnológicos y financieros a los nuevos despachos que funcionarán en la Jurisdicción de Paz para su efectivo funcionamiento.

A.5. Establecer un nuevo mecanismo de acceso a la Justicia que permita que los corregidores y regidores se conviertan en conciliadores o mediadores comunitarios.

A.6. Suscribir convenios con las distintas facultades de Derecho, a fin de permitir a los estudiantes del último año de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas realizar servicio social en los nuevos Juzgados de Paz.

Propuesta2: Ampliar el servicio y los mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC)

Objetivo:

Fomentar una cultura de paz que promueva la solución pacífica de conflictos mediante la utilización de métodos alternos, al estrictamente jurisdiccional, tales como la mediación, el arbitraje y la conciliación, lo cual favorecerá la descongestión del Sistema de Justicia.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Aprobar, por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Acuerdo por el cual se crea la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), la cual entre sus funciones tendrá la responsabilidad de coordinar y establecer las políticas del servicio ofrecido por los Centros de Mediación del Órgano Judicial.

A.2. Fortalecer los Centros de Mediación del Órgano Judicial de la Ciudad de Panamá, distrito de San Miguelito y provincia de Chiriquí, a través del reacondicionamiento de sus instalaciones, de la dotación del recurso humano mejoramiento y modernización de las herramientas básicas de trabajo.

A.3. Desarrollar programas de capacitación, información y difusión sobre métodos alternos de solución de conflictos.

Se proponen los siguientes:

– Seminarios y talleres para capacitar a los usuarios y al personal de las Instituciones del Sistema de Justicia, sobre la existencia de métodos alternos de solución de conflictos, tales como la mediación y la concertación social, para que

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éstos sean efectivamente utilizados.

– Capacitación a nivel introductoria, de entrenamiento y de certificación de mediadores.

– Programas de divulgación masiva a la sociedad en general de los modelos de RAC, a través de diferentes medios, tales como: talleres educativos, programas de radio y televisión, entre otros.

A.4. Constitución de un Consejo Asesor o Consultivo de Métodos Alternos de Solución de Conflictos adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia.

A.5. Elaboración y aprobación del reglamento de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Mediano Plazo:

A.6. Ampliar la cobertura del servicio de Mediación que ofrece el Órgano Judicial a nivel

nacional, de acuerdo con la siguiente programación:

– Para el 2006: Creación de los Centros de Mediación de las provincias de Coclé, Veraguas y Colón.

– Para el 2007: Creación de los Centros de Mediación de las provincias de Bocas del Toro, Herrera, Los Santos y Darién.

Cada uno de estos Centros operará con cuatro (4) mediadores certificados.

A.7. Incorporar en los programas de estudio de las distintas Universidades, cursos sobre Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Ética Judicial.

A.8. Crear el Instituto especializado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia.

A.9. Crear Centros de Mediación Comunitaria itinerantes, adscritos a la Procuraduría de la Administración.

A.10. Incluir dentro del presupuesto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y del Órgano Judicial partidas de inversión para el fomento de la utilización de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos.

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Propuesta 3: Reestructurar el modelo de Defensa Pública

Objetivo:

Garantizar la tutela judicial efectiva a través del rediseño del Instituto de Defensoría de Oficio, y mediante la extensión de la concesión del patrocinio procesal gratuito a otras instituciones.

Acciones a ejecutar:

A corto plazo:

A.1. Desarrollar un Estudio que permita evaluar la viabilidad de dotar de autonomía funcional al Instituto de Defensoría de Oficio, a fin de garantizar la independencia del defensor público y la consolidación del proceso penal de corte acusatorio.

A.2. Desarrollar programas de capacitación orientados al fortalecimiento permanente de habilidades y destrezas del defensor en su materia de especialidad, particularmente, en materia penal y procesal penal.

A.3. Suscribir convenios con las Universidades Privadas que poseen consultorios jurídicos, a fin de fortalecer y ampliar el servicio de Asistencia Legal Gratuita a la Población.

A Mediano Plazo:

A.4. Fortalecer la función del Defensor Público con la implementación de equipos técnicos que mejoren la calidad de la atención de los procesos y su eficacia.

A.5. Incorporar otras formas de Asistencia Legal Gratuita para los ciudadanos, tales como: Defensores Pro Bono, Turnos en el Colegio de Abogados, Licitación del Servicio de Defensa Pública, entre otros.

A.6. Dotar de infraestructura y de recursos financieros, humanos y materiales a la Defensoría del Menor, a fin de garantizar a los menores en riesgo y a los menores infractores la tutela judicial efectiva de sus derechos mediante la representación de una defensa técnica y científica en cada caso en particular.

A Largo Plazo:

A.7. Ampliar el servicio de defensa pública incrementando el número de Defensores de Oficio en 30 para que puedan desempeñar sus funciones con mayor eficacia y se garantice la tutela judicial efectiva de quienes representan.

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Propuesta 4: Mejorar los instrumentos que tutelan los derechos de los grupos vulnerables

Objetivo:

Atender de manera eficaz y efectiva las necesidades de los grupos vulnerables de la población, como usuarios del Sistema de Administración de Justicia, a través de programas de capacitación, sensibilización y fortalecimiento institucional.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Revisar la efectividad en la aplicación y seguimiento de las medidas cautelares como el abandono del hogar o la restricción de acercamiento, decretadas por Jueces y Fiscales, en los procesos de Delitos Sexuales y de Violencia Intrafamiliar.

A.2. Mejorar la coordinación entre la Policía Nacional y Policía Técnica Judicial y las instituciones que atienden la salud familiar en el área de orientación y tratamiento requerido, a fin de ofrecer una oportuna protección y atención a las víctimas de delitos de violencia intrafamilair.

A.3. Desarrollar talleres informativos en colegios públicos y privados, para dar a conocer a niños y jóvenes, sus derechos y deberes, y los mecanismos para ejercerlos dentro del Sistema de la Administración de Justicia.

A.4. Implementar mecanismos efectivos de seguimiento de la aplicación rigorosa de la normativa vigente en materia de derechos de género y en especial los convenios internacionales suscritos por la República de Panamá.

A.5. Ratificar el Convenio 169 de la OIT, que tutela de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas.

A.6. Desarrollar programas de capacitación, orientación y sensibilización para funcionarios judiciales, sobre el respeto al marco legal de los derechos de los grupos vulnerables.

A.7. Reformular los objetivos de los planes de capacitación de los funcionarios y usuarios del sistema judicial, a fin de incorporar en los programas de estudio, el tema de inclusión y el uso del lenguaje inclusivo.

A.8. Facilitar y suministrar información accesible a todos los grupos vulnerables sobre sus derechos y deberes, y las vías para ejercerlos.

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A.9. Actualizar los procedimientos y las medidas de protección más adecuadas para los grupos vulnerables, a través de una efectiva coordinación entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación y el Órgano Judicial.

A Mediano Plazo:

A.10. Mejoramiento del sistema de acceso a la justicia para personas con discapacidad, a través del reacondicionamiento de las infraestructuras de las instituciones del sistema de justicia; del nombramiento de intérpretes; de la capacitación a funcionarios judiciales en el lenguaje de los sordomudos y de la elaboración de manuales en Sistema Brailey, a fin de que las personas ciegas puedan conocer sus derechos y hacerlos valer dentro del Sistema de Justicia.

A.11. Elaboración de una estrategia de acceso a la justicia para las comarcas indígenas, que se fundamente en una integración respetuosa de sus valores culturales.

Propuesta 5: Rediseño de la Justicia Constitucional, específicamente, sobre las Instituciones de garantías

Objetivo:

Mejorar el acceso a la tutela judicial efectiva en las instituciones de garantías, a través de la simplificación de procedimientos y reducción de formalismos procesales.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Establecer medidas de gestión que garanticen la simplificación de los procedimientos y el cumplimiento de los términos en los procesos de Garantías Constitucionales.

A Mediano Plazo:

A.2. Crear la Sala de Garantías, dotada de la infraestructura, del capital humano y de los recursos financieros y materiales para el debido cumplimiento de sus funciones.

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REFORMA INTEGRAL DE LA JURISDICCIÓN PENAL

Propuestas Identificadas

Propuesta 6: Desarrollo e Implementación de una Política Criminológica de Estado

Objetivo:

Establecer una Política Criminológica de Estado como el instrumento más adecuado en el desarrollo e implementación de las políticas necesarias para la prevención y represión de las conductas delictivas, sin improvisación, sustentada en una herramienta científica caracterizada por la estrategia, la coherencia y la coordinación de los distintos entes que intervienen en la lucha contra el delito.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Aprobar por el Órgano Ejecutivo la propuesta de Política Criminológica de Estado, coordinada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, conjuntamente con la participación de todas aquellas entidades y personas que están involucradas en la prevención y represión del delito.

Ver Anexo No. 7 – Propuesta de Política Criminológica de Estado.

Los principios rectores de la Política Criminológica de Estado, son los siguientes:

Principio Rector de la Prevención.

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias:

a. Fortalecer los valores de la vida y la unidad familiar como base de la sociedad.

b. Establecer la educación como pilar fundamental para la realización de todo el potencial humano.

c. Emplear los medios de comunicación como instrumentos de servicio y elevación del nivel cultural.

d. Atender con eficacia y promover las políticas sociales del Estado.

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Principio Rector de Seguridad Ciudadana.

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias:

a. Fortalecer los mecanismos del control social en la seguridad humana.

b. Desarrollar acciones convincentes y duraderas en materia de seguridad humana.

c. Definir claramente la política del Estado en materia de seguridad humana.

d. Fomentar la cultura de la paz para disminuir la espiral de violencia.

e. Mejorar el acceso a los servicios básicos de subsistencia ciudadana.

Principio Rector a los Derechos Humanos.

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias:

a. Respetar el derecho a la vida como valor fundamental.

b. Hacer efectivo el respeto a los Derechos Humanos.

c. Fortalecer el compromiso y la voluntad de toda la sociedad, en la defensa de la dignidad humana.

d. Sensibilizar a la comunidad respecto al impacto negativo de la promoción de la violencia generalizada.

Principio Rector de Justicia Social.

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias:

a. Equilibrar la distribución de las riquezas del Estado.

b. Incrementar la participación del Estado en las políticas sociales.

c. Lograr mayor accesibilidad, independencia, imparcialidad en la Administración de Justicia.

d. Promover la solidaridad personal como internacional.

Principio Rector de Desarrollo Humano Sostenible.

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias:

a. Promover la inversión nacional y extranjera a fin de crear más y mejores plazas de empleo que permitan ese desarrollo.

b. Optimizar y racionalizar el uso de los recursos del Estado.

c. Disminuir la pobreza y extrema pobreza en un ámbito real y no ficticio.

d. Promover la igualdad de oportunidades.

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Principio Rector de Participación Ciudadana.

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias:

a. Promover la participación ciudadana en los problemas que los afecte y soluciones institucionales rápidas y adecuadas.

b. Incrementar la participación de la comunidad en la consolidación de comunidad democrática.

c. Incluir a la ciudadanía en las actividades de prevención del delito.

d. Promover la participación ciudadana en determinadas decisiones que debe adoptar el Estado.

e. Adoptar medios alternos para la solución de conflictos en aquellos delitos que lo permita la Ley.

Principio Rector de Educación para una Cultura de Paz.

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias:

a. Rescatar y fortalecer los valores humanos.

b. Fomentar la convivencia pacífica de los asociados a través de programas integrales.

c. Respetar las normas de convivencias sociales a través de otros medios de control social distinto al punitivo.

d. Incrementar la capacidad operativa de las organizaciones responsables de la salud mental de la población.

A.2. Crear un ente coordinador, con autonomía presupuestaría, denominado Oficina Coordinadora de la Política Criminológica de Estado, que sería la entidad encargada de implementarla de manera científica, planificada, coordinada, supervisada y debidamente evaluada.

Esta Oficina será adscrita al Órgano Ejecutivo y contará con la participación de Órgano Judicial, Asamblea Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Colegio Nacional de Abogados, Instituto de Criminología y Sociedad Civil.

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Propuesta 7: Medidas de Agilización de la Justicia Penal

Acción a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Aprobar el Proyecto de Ley que incorpora medidas de agilización de la Justicia

Penal.

Ver Anexo No. 3 – Anteproyecto de Ley de Agilización de la Justicia Penal.

Propuesta 8: Nuevos Códigos Penal y Procesal Penal

Objetivos: Código Penal

Aprobar un nuevo Código Penal, que sea el producto de los planteamientos de la Política Criminológica de Estado, que de manera integral regule en un solo texto todo el catálogo de delitos, penas y medidas de seguridad, evitando así la improvisación legislativa que lleva al aumento exagerado de conductas delictivas.

Código Procesal Penal

Aprobar un nuevo Código de Procedimiento Penal, desvinculado de toda relación con el Procedimiento Civil y actualizado con las nuevas teorías y corrientes doctrinales que sustentan el Sistema Acusatorio. Además, se persigue la modificación a la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial para adecuarla a este nuevo sistema garantista.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Convertir a las Sub-Comisiones encargadas del análisis de Jurisdicción Penal,

Objetivo:

Aprobar medidas de urgencia con reformas sustanciales al procedimiento penal y a las normas penales sustantivas, que permitan brindar soluciones inmediatas en materia de Justicia Penal, mientras se aprueban los nuevos Códigos en materia penal.

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designadas por la Comisión de Estado por la Justicia, en una Comisión Codificadora que concluya la elaboración de los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, en un término de tres meses, contados a partir de la entrega del presente informe.

A.2. Presentar los Proyectos de Código Penal y de Código de Procedimiento Penal, por parte de las respectivas Sub-Comisiones, a la Comisión de Estado por la Justicia, para su validación.

El contenido de estos Proyectos recoge los siguientes planteamientos:

Código Penal:

– Aumentar el número de penas principales, adicionando la multa y arresto de fin de semana.

– Incrementar las penas accesorias, tales como la prohibición de portar armas y la publicación de las sentencias condenatorias.

– Introducir un catálogo de penas sustitutivas como arresto domiciliario y el trabajo comunitario, y entre las medidas sustitutivas de la pena de prisión, se instituye la libertad vigilada.

– Elevar el límite mínimo de pena de prisión a seis (6) meses y mantener el máximo en veinte (20) años, aumentada hasta veinticinco (25) años en caso de concurso de delito.

– Introducir nuevas conductas delictivas tales como: lesiones al feto, reproducción y manipulación genética, desaparición forzada de personas, prevaricación por parte de funcionarios de instrucción y judiciales, y reforzar los delitos contra la Administración Pública, entre otros.

– Adecuar las penas, reservando la pena de prisión para los delitos graves; la multa para delitos que generen perjuicio económico y las penas alternativas para los delitos de menor gravedad.

– En cuanto a los delitos de corrupción de servidores públicos se incorporan los siguientes lineamientos:

a. Aumentar a 25 años el término de prescripción de la acción penal para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

b. Mantener como pena unitaria la de prisión sin opción de pena sustitutiva, en los delitos de peculado por sustracción o malversación y por error ajeno; delitos de corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.

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c. Adicionar al peculado por extensión al que se halle encargado por cualquier concepto de donaciones provenientes del extranjero para obras de carácter público o de interés social.

– Reconocer a las personas jurídicas como agentes responsables de delitos, con independencia de las personas naturales autoras o partícipes de los mismos e incorporar un catálogo de sanciones penales aplicables a aquéllas.

– Restringir los tipos penales en blanco.

– Incorporar la figura del consentimiento como causa de justificación y ampliar el marco de las causas de inculpabilidad bajo la figura de la no exigibilidad de otra conducta.

– Incorporar un catálogo de postulados básicos en materia penal sustantiva, con una orientación filosófica al mandato Penal que incluye los dogmas de última ratio del derecho penal: derecho penal de acto, tutela de bienes jurídicos, fundamento de punibilidad, respeto a la dignidad humana, principio de necesidad, proporcionalidad e irracionalidad de la pena y la medida de seguridad.

– Instituir como garantías penales fundamentales los principios de tipicidad inequívoca, lesividad, culpabilidad, conocimiento de la ley, igualdad de las personas, favorabilidad, prohibición analógica, prohibición de doble juzgamiento, cosa juzgada y debido proceso.

– Incorporar una estructura dogmática del delito que permita el análisis metódico de la conducta (acción u omisión), tipo objetivo, tipo subjetivo (dolo o culpa), antijuridicidad (ausencia de causa de justificación) y reprochabilidad.

Código Procesal Penal

– Aprobar un Código de Procedimiento Penal autónomo.

– Enmarcar el nuevo Código Procesal Penal dentro de los principios que rigen al Sistema Acusatorio, caracterizado por ser garantista y uno de los pilares actuales del Estado Constitucional, Democrático y Social de Derecho.

– Adoptar los medios alternativos de solución de conflictos paralelamente al Proceso Penal.

– Crear nuevas normas dentro de la acción Civil derivada del delito para hacer más eficiente la reparación de daños y perjuicios a la víctima, introduciendo el procedimiento para la presentación de la demanda Civil en el Proceso Penal.

– Ampliar el concepto de víctima al cónyuge, conviviente de hecho en condiciones de estabilidad y singularidad y los accionistas respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica.

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– Establecer que la investigación o persecución penal de los delitos estará a cargo exclusivo del Ministerio Público, bajo la supervisión del Órgano Jurisdiccional a través del denominado Juez de Garantía, el cual supervisará la fase preparatoria del proceso.

A.3. Reformar los mecanismos de capacitación y selección del capital humano que trabaja en la Policía Técnica Judicial, para contar con un recurso científicamente calificado y confiable en su labor de perseguir la comisión de delitos.

A Mediano Plazo:

A.4. Aprobar por parte de la Asamblea Nacional, los Proyectos de Códigos Penal y Procesal Penal, fusionando ambas Comisiones en la acción A.1 de la página anterior.

A.5. Modificar la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial (Ley 16 de 1991), para adecuarla al sistema acusatorio propuesto en el nuevo Código de Procedimiento Penal.

REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Propuestas Identificadas

Propuesta9: Rediseño del Sistema Disciplinario para Magistrados, Procuradores, Jueces, Fiscales y Personeros

Objetivo:

Convertir el proceso ético-disciplinario en un mecanismo diáfano, más participativo y con plazos definidos, que no se aparte de los principios que rigen la Administración de Justicia y que garantice un máximo de claridad en la naturaleza de las causas, cumpliendo con las reglas del Debido Proceso y el respeto de las garantías y derechos fundamentales.

Acciones a ejecutar:

A corto Plazo:

A.1. Establecer una nueva normativa en el Código Judicial que desarrolle con claridad la competencia que le otorga el artículo 160 de la Constitución Política a la Asamblea

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Nacional para que pueda juzgar las faltas graves y gravísimas que cometan los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tal y cual se detalla en el Proyecto que reforma el proceso por faltas ético- disciplinarias del anexo No. 5.

A.2. Aprobar la propuesta de Proyecto de Ley que propone al Sistema Disciplinario de Magistrados de Tribunal Superior, Fiscales y Personeros de la siguiente forma:

– Establecimiento de un único proceso ético-disciplinario para causa contra Magistrados de Tribunal Superior, Jueces, Fiscales y Personeros.

– Establecimiento de un listado único de causales que presten mérito para el inicio de un proceso ético-disciplinario, en lugar de los listados vigentes en las normas del Código Judicial que enmarcan faltas en lo ético y disciplinario. Estas causales serán aplicables en procesos tanto para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Procuradores, como para Magistrados de Tribunal Superior, Jueces, Fiscales y Personeros.

Ver Anexo No. 4 – Propuesta de Proyecto de Ley que contempla el Proceso contra funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público por faltas ético- disciplinarias.

A Mediano Plazo:

A.3. Reformar la normativa vigente para crear el Tribunal Disciplinario, dentro del Órgano Judicial y Ministerio Público, como instancia superior e independiente que lleve a cabo la labor de administrar con transparencia la jurisdicción disciplinaria para Magistrados de Tribunal Superior, Jueces, Fiscales y Personeros.

A.4. Elaborar un documento oficial en el que se reconozcan las normas o código ético del organismo judicial, el cual promocione su contenido preventivo en el desarrollo de las funciones judiciales.

Propuesta 10: Fortalecimiento de la Carrera Judicial en el Órgano Judicial e implementación de un Sistema de Evaluación

del Desempeño

Objetivo:

Contar con un Sistema de Carrera inspirado en los principios rectores de independencia funcional e imparcialidad judicial, que logre la confianza ciudadana en la gestión judicial, mediante la aprobación de un nuevo reglamento de Carrera Judicial que contenga una reforma integral del sistema de reclutamiento, selección, evaluación y capacitación de los servidores judiciales.

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Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Aprobar la propuesta de Reglamento del Sistema de Carrera Judicial, incorporando en el proceso de Convocatoria, Reclutamiento y Selección de Personal y Administración de la Carrera Judicial, los siguientes parámetros:

– Reducción de la lista de elegibles a los cinco (5) primeros, según puntaje.

– Eliminación de privilegios para aspirantes internos, entre ellos, los concursos internos y la doble ponderación.

– Adecuación de la tabla de valoración en atención a las nuevas modalidades de estudios y competencias.

– Establecer períodos fijos para el anuncio de la celebración de concursos (cuatrimestrales).

– Supuestos claros, sin excepciones, para la no admisión de candidatos.

– Plazos cortos en las distintas etapas del proceso de reclutamiento y selección.

– Separación entre la administración de los Recursos Humanos de la Institución y la Carrera Judicial.

– Reducción del período probatorio a tres (3) meses.

– Exigencias de cursos generales como pre-requisito para ingresar al Órgano Judicial.

– Exigencia de pruebas de conocimiento que midan el conocimiento jurídico de las áreas propias de la competencia del cargo a los aspirantes, elaboradas bajo la dirección de la Escuela Judicial y los técnicos de la Carrera.

– Eximencia del periodo probatorio por haber desempeñado el cargo por lo menos un año en el período inmediatamente anterior.

– Se reconoce la estabilidad de todos los funcionarios que han ingresado a la Carrera Judicial condicionada a la conducta y cumplimiento de los deberes de acuerdo a los parámetros establecidos en el sistema de evaluación del desempeño.

– Participación de las asociaciones de funcionarios judiciales reconocidas en la Institución.

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– Reconocimiento del traslado entre funcionarios de igual categoría por mutuo acuerdo y aprobación del respectivo superior jerárquico.

– Señalar tiempo mínimo de permanencia en el cargo ganado por concurso para la estabilidad institucional y seguridad jurídica.

– Reglamentación del ascenso por antigüedad y mejor hoja de servicios, como parte del sistema de incentivo y reconocimiento.

– Recepción obligada de los documentos, por quien corresponda (analistas), que insistan en presentar los aspirantes, siempre y cuando se encuentren dentro de los términos del concurso.

– P a r t ic ip a c ió n d e l C o n s e jo d e A d m i n i s t r a c ió n d e C a r r e r a J u d ic i a l, d e l a s asociaciones gremiales y de los superiores jerárquicos en las recomendaciones a los incentivos al personal.

– Participación representativa de las distintas jurisdicciones y funcionarios administrativos interesados, en la confección del Manual de Descripción de Cargos.

– Extender a dos meses, la licencia por enfermedad grave comprobada (justificada).

– Extender a tres años el término de la licencia con o sin sueldo para ocupar otro cargo en la Institución o para estudios.

A.2. Aprobar el Proyecto de ley de la Carrera Judicial, que incorpora los principios fundamentales, las políticas que desarrollan la misma bajo un régimen más científico de selección de capital humano idóneo y un proceso de transparencia, y la gerencia de la Carrera mediante la creación de un Consejo de Administración:

Principios fundamentales:

– Estabilidad e inamovilidad de los funcionarios de carrera en el empleo, condicionada a la conducta y cumplimiento de sus deberes, de acuerdo a los parámetros establecidos en el sistema de evaluación del desempeño.

– Igualdad de remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones y niveles de responsabilidad.

Políticas:

– El procedimiento de reclutamiento y selección se fundamenta en los sistemas de transparencia, profesionalismo y competencia.

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– El Órgano judicial proveerá la formación y capacitación de los nuevos integrantes como a los servidores ya vinculados, para fortalecer sus competencias y capacidad de desempeño.

– Se efectuará evaluación periódica del desempeño.

– Se propiciará un sistema de promoción e incentivos a los funcionarios judiciales para premiar el mérito y de disciplina para sancionar las faltas y depurar el sistema de forma que se mantengan siempre los mejores.

Consejo de Administración de la Carrera Judicial:

– Este Consejo estará integrado por entes representativos de las jurisdicciones y funcionarios administrativos, y que entre sus funciones se encargue de interpretar y aplicar las normas y procedimientos del sistema de Carrera Judicial; recomendar ante el Pleno de la Corte las reformas o modificaciones que requiera el Reglamento de Carrera Judicial; someter y aprobar los cursos de formación inicial y pruebas de conocimiento que determine la Escuela Judicial; servir como medio de consulta sobre las controversias que se susciten con relación a la aplicación del Reglamento de Carrera, y atender aquellos asuntos que somete a su consideración la autoridad máxima de la Institución.

Ver Anexo No. 5 – Proyecto de Carrera Judicial.

A.3. Concluir los concursos pendientes y suspender las nuevas convocatorias o aperturas de posiciones a concurso, mientras se implementa el nuevo Reglamento de Carrera Judicial.

A.4. Realizar un inventario de posiciones de carrera e identificar las vacantes pendientes para ser sometidas a concurso al tiempo de la vigencia de las reformas de Carrera Judicial y apertura de los concursos de todas las posiciones que resulten de este estudio, a través de un crédito extraordinario aprobado por la Asamblea Nacional para cubrir los costos de publicación de los avisos de convocatoria y la tramitación correspondiente.

A.5. Integrar una comisión, con personal capacitado e idóneo que se dedique a diseñar los cursos y confeccionar las pruebas de conocimiento jurídico de las áreas propias de la competencia del cargo que deben superar los aspirantes para ingresar a la Carrera Judicial.

A Mediano Plazo:

A.6. Incorporar al Sistema de Carrera Judicial, en el año 2007, al 100% de los

funcionarios, cuyas posiciones están pendientes de ser sometidas a concurso.

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A.7. Diseñar e implementar un sistema de información (banco de datos) debidamente actualizado, sobre el historial laboral y académico de los funcionarios que forman parte de la Carrera Judicial y que además permita almacenar información de los aspirantes externos, evitando el tener que validar repetidamente sus documentos.

Sistema de Evaluación de Desempeño para los Servidores Judiciales

A Corto Plazo:

A.8. Diseñar el sistema de evaluación del desempeño para todos los servidores judiciales, dando prioridad a la evaluación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Tribunales Superiores y Jueces Seccionales, de Circuito y Municipales.

Este sistema debe otorgarle preponderancia a los siguientes factores: Calidad, Eficiencia o Rendimiento, Responsabilidad y Organización de Trabajo.

A.9. Incorporar en el Acuerdo de creación del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, la responsabilidad de este ente de realizar la evaluación del desempeño a Magistrados, Jueces y Defensores de Oficio.

La evaluación del desempeño del personal Judicial subalterno corresponderá al superior jerárquico o administrativo, ajustado a estándares de rendimiento y excelencia previamente aprobados y transparencia del proceso.

A.10. Establecer dentro del Reglamento de la Auditoría Judicial, su participación como auxiliar del proceso de evaluación del desempeño, suministrando toda la información necesaria recabada en las visitas inspectoras y demás medios de conocimiento del estado de los despachos judiciales.

A Mediano Plazo:

A.11. Implementar el Sistema de Evaluación del desempeño diseñado, alcanzando para el año 2006, la evaluación del 50% de los Magistrados y Jueces, y para el año 2007, culminar el proceso para el resto de los Magistrados y Jueces, y para todo el personal de Carrera.

Propuesta 11: Diseño e implementación de la Carrera de Instrucción Judicial en el Ministerio Público

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Objetivo:

Rediseñar el Sistema de Carrera que opera en el Ministerio Público, para que se convierta en una real herramienta que regule el cumplimiento de los principios rectores de independencia e imparcialidad judicial y que garantice que el Ministerio Público siempre cuente con personal idóneo y competente para el ejercicio de sus funciones.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Desarrollar una consultoría y su implementación, para el rediseño del actual sistema de carrera del Ministerio Público y que establezca a la vez, el sistema de evaluación del desempeño de fiscales, personeros y personal auxiliar de los despachos judiciales.

A.2. Realizar un inventario de posiciones de carrera e identificar las vacantes pendientes para ser sometidas a concurso al tiempo de la vigencia de las reformas de Carrera de Instrucción Judicial y apertura de los concursos de todas las posiciones que resulten de este estudio, a través de un crédito extraordinario aprobado por la Asamblea Nacional para cubrir los costos de publicación de los avisos de convocatoria y la tramitación correspondiente.

A Mediano Plazo:

A.3. Incorporar al Sistema de Carrera de Instrucción Judicial, en el año 2007, al 100% de los funcionarios, cuyas posiciones están pendientes de ser sometidas a concurso.

Propuesta12: Diseño e implementación del modelo de gestión de despachos en el Órgano Judicial y en la Procuraduría

General de la Nación

Objetivo:

Incorporar en el Órgano Judicial y Procuraduría General de la Nación, un nuevo modelo de gestión judicial que instrumentalice métodos que incrementen niveles de transparencia, especialización, eficiencia y efectividad, reduciendo así el rezago judicial y los costos operativos en la gestión de los despachos.

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Acciones a ejecutar:

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Estrategias de agilización aplicables a todas las jurisdicciones

A Corto Plazo:

A.1. Excluir de las responsabilidades de los Magistrados y Jueces, aquellas funciones no jurisdiccionales, que pueden ser desempeñadas por otros entes gubernamentales o administrativos de la Institución, tales como:

– Tomar Declaraciones Extrajudiciales para acreditar la honorabilidad y buena conducta de quien pretenda obtener idoneidad de Ingeniero y/o Arquitecto.

– Tomar Declaraciones Extrajudiciales para acreditar la residencia continua de quien pretenda obtener la nacionalidad panameña por naturalización.

– Emitir certificación de no existir proceso penal instaurado contra quien pretenda obtener idoneidad de Contador Público Autorizado.

A.2. Reformar la normativa vigente a fin de eliminar la denominada “Hora Judicial”, con el propósito de establecer que todo acto judicial inicie a la hora señalada con las partes que concurran.

A.3. Capacitar a los operadores de justicia para la generalización en la aplicación de buenas prácticas judiciales detectadas.

A.4. Reformar la normativa vigente, a fin de establecer un nuevo horario de labores y de atención al público dentro del Órgano Judicial y Ministerio Público, que permita al personal de los despachos judiciales adelantar el trámite de los procesos y dar respuesta más rápida a las peticiones formuladas.

A.5. Elaborar y actualizar de forma periódica los planes de agilización por Jurisdicción e instancia.

A Mediano Plazo:

A.6. Crear acceso vía Internet u otro medio tecnológico a las bases de datos del Registro Público, Registro Civil, Municipios, Registro Judicial, Policía Técnica Judicial, Sistema Penitenciario, Catastro, Ministerio de Economía y Finanzas, Asamblea Nacional, Gaceta Oficial y otros.

A.7. Diseñar un nuevo sistema de trabajo para la pronta atención de las solicitudes del Órgano Judicial y Ministerio Público, a través de la creación de oficinas representativas de otras instituciones del Estado vinculadas a la labor jurisdiccional, con capacidad de recibir, emitir y certificar documentos, mediante la aprobación de Convenios Interinstitucionales.

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Reingeniería del Servicio Judicial: Servicios Comunes

A Corto Plazo:

A.8. Culminar la implantación del modelo de gestión judicial piloto en las unidades judiciales regionales de Chiriquí y San Miguelito, creadas a través del proyecto con el Banco Interamericano para el Desarrollo.

A.9. Revisar y evaluar el funcionamiento de las dependencias de la Dirección Nacional de Servicios Comunes, para establecer los recursos humanos y materiales que permitan fortalecer su gestión.

A Mediano Plazo:

A.10. Implantar Centros de Comunicaciones Judiciales, Centros de Información y Atención al Ciudadano y Registros Únicos de Entrada en los cuatro Distritos Judiciales.

A.11. Ampliar los servicios prestados por la Dirección Nacional de Servicios Comunes, basados en el establecimiento de la organización estructural y reglamentación de la planta de servicios comunes por jurisdicción.

Se consideró la siguiente planta de servicios comunes para atender las actividades dentro de la labor jurisdiccional:

– Práctica de diligencias judiciales

– Cumplimiento o ejecución de resoluciones judiciales

– Custodia de evidencias y documentos (por ejemplo: Certificados de Garantía)

– Designación de auxiliares judiciales

– Ejecución y seguimiento de medidas cautelares

– Tramitación de expedientes

– Archivos judiciales

– Equipos Interdisciplinarios

– Administración de audiencias y programación de matrimonios (Agenda Única)

– Concertación Social

– Búsqueda de rebeldes

– Apoyo para la ejecución de diligencias judiciales (Policía Nacional)

– Documentación Judicial o Investigación Jurídica

– Videoconferencias

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– Coordinación Penitenciaria

A.12. Confeccionar afiches que contengan los nuevos flujos de procedimientos judiciales, originados por la incorporación de los sistemas de trabajo fundamentados en los servicios que se creen, con la finalidad de divulgación, monitoreo y evaluación de buenas prácticas.

Uso estratégico de la informática y de las nuevas tecnologías

A Corto Plazo:

A.13. Adquirir e implantar sistemas de información para el control y seguimiento de expedientes en todas las jurisdicciones e instancias judiciales, en el Órgano Judicial y Ministerio Público.

A.14. Incorporar nuevas tecnologías como la grabación digital de audiencias, la notificación a las partes y/o sus apoderados de las resoluciones que se expidan en los procesos, por correo electrónico y la videoconferencia en los procedimientos judiciales, como herramientas de agilización y de reducción de costos operativos.

A.15. Concluir en el Órgano Judicial, la implantación de los sistemas de información para la selección de jurados de conciencia, agenda única y reparto equitativo y aleatorio, en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Primer y Segundo Tribunal Superior, y Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá.

A Mediano Plazo:

A.16. Adecuar las leyes procesales y la ley orgánica de las instituciones que conforman el Sistema de Administración de Justicia, con normas que den apertura al uso de nuevas tecnologías en las prácticas tribunalicias, entre ellas:

– Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios, establezcan regulaciones para el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

– Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

– Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de

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carácter personal que contengan, en los términos que establezca la ley.

– Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán contactar con los despachos u oficinas de la administración de justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado a), cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

Especialización de los despachos judiciales atendiendo a la materia o al tipo de proceso.

A Mediano Plazo:

Especializar juzgados y fiscalías por materia o tipo de proceso, con la finalidad de elevar los niveles de eficiencia y efectividad en el ejercicio de la labor jurisdiccional, al adquirir los juzgadores un manejo más profundo de los asuntos sometidos a su consideración.

Propuesta 13: Fortalecimiento de la capacitación de los Operadores del Sistema Judicial

.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Fortalecer la Escuela Judicial, a través de su autonomía financiera y administrativa y del otorgamiento de facultades para su autogestión, con el propósito que desempeñe, como lo requiere un sistema efectivo de carrera, la labor de formación de los servidores judiciales en todas las áreas de competencia y actualización.

A.2. Convertir a la Escuela Judicial en una Institución de formación inicial y continuada de Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores de Oficio, Personeros y auxiliares del sistema, con igualdad de oportunidades para todos.

A.3. Culminar la implementación de la Maestría para Jueces y Fiscales sobre principios éticos, razonamiento lógico y herramientas técnicas que faciliten la gestión judicial, la cual es coordinada por la Universidad Santa María La Antigua y el Órgano

Objetivo:

Reformular el funcionamiento de la Escuela Judicial de forma tal que se de cumplimiento a su responsabilidad como institución fundamental para la formación de servidores judiciales del Órgano Judicial y Ministerio Público, como se establece en el Código Judicial.

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Judicial. A Mediano Plazo:

A.4. Suscribir convenios con universidades a fin de desarrollar programas de estudios dirigidos a fortalecer las habilidades y destrezas de los operadores judiciales y su personal auxiliar.

A.5. Diseñar e implementar un sistema de información para la administración de los programas de formación que ofrece la Escuela Judicial, de forma tal que se garantice la transparencia y equidad en la asignación de participantes a los cursos y seminarios. Este sistema deberá estar interrelacionado con la base de datos del Sistema de Carrera Judicial.

Propuesta 14: Reformulación de la estructura funcional del Consejo Judicial

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Aprobar el Proyecto de Ley que reforma la normativa del Consejo Judicial, a fin de proponer las siguientes modificaciones:

– Incorporar entre sus integrantes a un miembro de la sociedad civil.

– Incorporar en su estructura una Secretaría Ejecutiva Permanente, que diseñe, ejecute y de seguimiento a los planes y propuestas que emanen del Consejo Judicial.

– Establecer como función del Consejo Judicial, la coordinación de las Direcciones de Auditoría Judicial del Órgano Judicial y Ministerio Público.

Ver Anexo No. 6 A Mediano Plazo:

A.2. Poner en funcionamiento la Secretaría Ejecutiva Permanente del Consejo Judicial,

Objetivo:

Reformular la estructura funcional del Consejo Judicial para que se constituya en el ente encargado de la formulación y seguimiento de los programas de fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.

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con un equipo de expertos que se dedique al examen periódico de la aplicación de los Códigos y leyes (codificación), la jurisprudencia y la doctrina nacional, a fin de recomendar las modificaciones que fueren necesarias para fortalecer el sistema de Administración de Justicia.

Propuesta 15: Creación e implementación de despachos judiciales

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Desarrollar una consultoría para la elaboración de un Mapa Judicial en el Ministerio Público y la actualización del Mapa Judicial del Órgano Judicial, a fin de justificar la necesidad de creación de nuevos juzgados y fiscalías.

Esta consultoría coadyuvará a determinar la viabilidad y prioridad en la implementación de aquellos despachos judiciales que han sido creados por Ley y hasta la fecha no se han puesto en funcionamiento por la falta de asignación presupuestaria, tales como:

– Despachos para implementar la Ley 29 del 1 de febrero de 1996, normas sobre la defensa de la competencia y asuntos del consumidor.

– Despachos judiciales para implementar la Ley 3 del 17 de mayo de 1997 (Código de la Familia, artículo 748 modificado por la Ley 40 del 26 de agosto de 1999).

– Despacho para la puesta en ejecución de la Ley 41 del 1 de julio de 1998, Ley General del Ambiente.

– Despachos para implementar la segunda y tercera fase de la Ley 40 del 26 de agosto de 1999, Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

– Despachos para dar cumplimiento al Decreto-Ley No.8 del 26 de febrero de 1998, el cual reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables.

– Despachos de Atención a las Víctimas del Delito, según o establece la Ley 31 del 28 de mayo de 1998. (en este caso, se propone que la atención a las víctimas

Objetivo:

Organizar y redistribuir los despachos judiciales atendiendo a indicadores científicos, basados en el estudio de la concentración de la carga laboral en el territorio nacional.

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corresponda a la Defensoría del Pueblo).

– Despachos para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 194 del 25 de agosto de 1999, por el cual se adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca Ngöbe-Bugle.

Propuesta 16: Diseño e implementación del nuevo modelo de gestión gerencial para el Órgano Judicial y el Ministerio

Público

Objetivo:

Reestructurar el modelo de gestión gerencial del Órgano Judicial y Ministerio Público, con el propósito de garantizar la autonomía administrativa y financiera que requieren estos organismos para brindar un servicio de justicia expedito, transparente e independiente.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Reformar la normativa legal existente, para que en los casos que las leyes contemplen multas o sanciones monetarias, se destinen estos ingresos al Órgano Judicial, a fin de que reviertan a las jurisdicciones que atienden estos procesos.

A.2. Establecer un trámite expedito en las modificaciones de la estructura de personal y del presupuesto autorizado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los dos Procuradores.

A.3. Desarrollar un Estudio que establezca un mecanismo viable y científico para determinar el incremento automático del porcentaje mínimo de los ingresos corrientes del Estado, destinados a cada institución del sistema de justicia, a fin de sustentar una reforma constitucional al respecto.

Entre las variables a considerar están: el incremento anual de la población, nivel de desempleo, aumento de la litigiosidad y delincuencia, el fenómeno económico y político de la globalización, entre otros.

A Mediano Plazo:

A.4. Desarrollar una reingeniería integral de la esfera administrativa de las instituciones

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del sistema de Administración de Justicia para que operen con eficiencia y efectividad en beneficio de los Despachos Judiciales.

A.5. Descentralizar la gestión presupuestaria, completando la implementación del proyecto de descentralización hacia los otros Distritos Judiciales.

A.6. Otorgar al Órgano Judicial y Ministerio Público la facultad de tramitar todos sus pagos, incluyendo planilla, contratistas, proveedores, viáticos, entre otros, afianzando así la autonomía financiera de ambas instituciones, con una política de pago ordenada y cónsona con sus prioridades.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSP ARENCIA

Proyectos Identificados

Propuesta 17: Fortalecer la Auditoría Judicial en el Órgano Judicial

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Revisar y aprobar el Reglamento de la Dirección de Auditoría Judicial.

A.2. Levantar un inventario de los expedientes que reposan en los despachos judiciales de toda la República, utilizando un procedimiento y criterio uniforme en la recopilación de la información.

A.3. Establecer como responsabilidad de Magistrados y Jueces, la administración e inventario de los negocios de su Despacho Judicial, apoyados para el efectivo desempeño de esta labor, de un sistema de información que garantice la calidad y confiabilidad de la información del estado de los negocios.

Esta propuesta conlleva reformar lo que corresponda, en el Acuerdo No. 364 de 3 de octubre de 2002 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sobre la responsabilidad de la Dirección Auditoría de realizar la función de control de inventario de

Objetivo:

Establecer un Sistema de Medición y Evaluación permanente del rendimiento de la gestión judicial, a fin de evitar acumulación de expedientes sin trámites en los despachos y brindar más confianza y certeza en el Sistema de Justicia.

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expedientes.

A.4. Fortalecer el Presupuesto para la Direcció n de Auditoría Judicial, con la correspondiente dotación de Recursos Humanos y materiales para su adecuado funcionamiento.

A.5. Establecer al Consejo Judicial como ente coordinador de la Dirección de Auditoría Judicial.

A.6. Establecer el deber del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de elaborar y aprobar en las dos primeras semanas del año el calendario de visitas en las que la Dirección de Auditoría realizará el áudito de estos.

A.7. Diseñar, aprobar y divulgar ampliamente los criterios y parámetros que utilizará la Dirección de Auditoría Judicial, en su labor de inspección y evaluación de la actividad de cada despacho judicial.

A.8. Ampliar el marco de funcionamiento de la Auditoria Judicial, incrementando y especializando el número de auditores en seis (6) unidades.

Propuesta 18: Creación de la Dirección de Auditoría Judicial en la Procuraduría General de la Nación

Acción a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Desarrollar una consultoría y su implementación, para el diseño e implementación de la Dirección de Auditoría Judicial dentro del Ministerio Público. Esta medida permitirá obtener una estructura administrativa adecuada para auditar la gestión de instrucción sumarial que desempeña el Ministerio Público y establecer cuáles serían los requerimientos en presupuesto, personal y equipo para ponerla en funcionamiento.

Objetivo:

Crear dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación un ente que se encargue de realizar Auditoría Judicial en cada despacho sobre los negocios que se encuentran en trámite, a fin de medir y evaluar su rendimiento.

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Propuesta 19: Mejorar la investigación en casos de corrupción

Objetivo:

Fortalecer la confianza ciudadana en una aplicación de Justicia igual para todos, eliminando la prueba sumaria requerida para investigar y procesar, en ciertos delitos a funcionarios públicos como: Diputados, Ministros de Estado, Procuradores, Presidentes de la República, entre otros, de manera que no existan obstáculos procesales para perseguir delitos de corrupción cometidos por funcionarios de alta o menor jerarquía y se les pueda sancionar ejemplarmente.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Modificar la Ley de forma urgente para eliminar el requisito procesal de la prueba sumaria o preconstituida, a fin de que el Ministerio Público pueda entrar a investigar de inmediato el delito.

Esta propuesta de modificación ya fue remitida por la Comisión de Estado por la Justicia, a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

A.2. Implementar talleres de ética aplicada dirigidas a los funcionarios de los Despachos Anticorrupción, a fin de reforzar los principios de conducta y actuación que deben observar como investigadores y como parte del proceso de Administración de Justicia.

A.3. Desarrollar programas de capacitación dirigidos a mejorar las destrezas y habilidades de los Fiscales y del equipo auxiliar, en técnicas de investigación de casos complejos, como crimen organizado, lavado de activos, delitos financieros y contra la administración pública, entre otros, a fin de mantenerlos actualizados en el trámite de estos casos para hacer su gestión más eficiente y efectiva.

A.4. Dotar a las Fiscalías Anticorrupción de medios tecnológicos para agilizar los trámites de cada investigación.

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Propuesta20: Implementar un mecanismo de comunicación y transparencia efectivo en el Órgano Judicial

Objetivo:

Implementar un mecanismo de comunicación efectivo entre las instituciones de la Administración de Justicia, con los entes encargados de formación de opinión pública y sociedad en general para que la rendición de cuentas sea conocida y se reduzcan al mínimo las especulaciones en torno al funcionamiento de la Justicia.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Incluir en la Publicación del Registro Judicial y en la página electrónica del Órgano Judicial la relación de negocios resueltos y los pendientes al final de cada mes, de todas jurisdicciones e instancias.

A.2. Fortalecer la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial e incorporar la figura de voceros autorizados, cuya función será proporcionar datos veraces y de carácter oficial sobre los temas de Administración de Justicia y mantener relación directa con los Medios de Comunicación Social.

A.3. Desarrollar un programa de formación de comunicadores sociales en materia de Periodismo Judicial.

A.4. Proporcionar al Órgano Judicial, los recursos financieros para culminar el proyecto de reproducción del Registro Judicial en disco compacto (CD) y lograr así que todos los Magistrados y Jueces del país cuenten de forma oportuna con esta herramienta, que incrementa la seguridad jurídica.

A.5. Implementar un mecanismo que permita acceder de forma expedita y confiable a la información estadística de casos de corrupción.

A Mediano Plazo:

A.6. Convertir a la Dirección de Registro Judicial en una Dirección de Documentación Judicial, adscrita a la Sala de Negocios Generales, integrando en ella las funciones de los departamentos de Archivo Judicial, Imprenta, Dirección de Registro Judicial y Dirección de Biblioteca.

A.7. Implementar sistemas de seguimiento de causas en todas las jurisdicciones e

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instancias del Órgano Judicial, con el propósito de conocer de forma inmediata la realidad de cada Despacho Judicial y poder así prevenir y detectar situaciones que puedan afectar su buen desempeño.

A.8. Replicar el sistema de reparto aleatorio y equitativo de causas en todas las jurisdicciones e instancias del Órgano Judicial a nivel nacional, con el objetivo de lograr mayor transparencia y celeridad en el proceso y reducir los riesgos de manipulación en la adjudicación de los negocios en los despachos judiciales.

Propuesta 21: Crear la Secretaría de Comunicación en el Ministerio Público

Objetivo:

Contar, a nivel del Ministerio Público, con un mecanismo de comunicación efectivo y transparente que coordine y verifique la información sobre casos que se tramiten en las diversas instancias del Ministerio Público para que tanto las otras instituciones del Sistema de Administración de Justicia como la sociedad en general, pueda obtener información veraz y de forma expedita de la gestión de instrucción judicial.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Crear una Secretaría de Comunicación en el Ministerio Público, con voceros autorizados, cuya función sea proporcionar datos veraces y de carácter oficial sobre los temas que conoce.

A.2. Adecuar y actualizar la Página Electrónica del Ministerio Público, para que el ciudadano pueda acceder a información sobre las labores que desarrolla.

REFORMAS JURISDICCIONALES

Proyectos Identificados

Propuesta 22: Reformas a la Jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor

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Objetivos:

Alinear la normativa legal vigente con las garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política que reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquieren.

Modificar el ordenamiento jurídico de competencias de asuntos del consumidor para permitir un mayor acceso a la justicia, celeridad, efectividad y el cumplimiento del debido proceso.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Modificar la Normativa Legal en los siguientes aspectos:

– Otorgar competencia a los Juzgados de Comercio por la Ley 29 de 1996, para conocer a prevención del ERSP (Ente Regulador de los Servicios Públicos) las controversias que se susciten entre los usuarios y los prestadores de servicios públicos.

– Establecer la potestad del consumidor de interponer sus reclamaciones ante el Juzgado Municipal de Comercio a través de abogados o sin intervención de éstos.

– Introducir la figura del patrocinio procesal gratuito y brindar asesoría y representación jurídica a los consumidores y usuarios sin costo alguno y conjuntamente con las organizaciones de consumidores y usuarios.

– Invertir la carga de la prueba y en caso de dudas, la misma será siempre favorable a los consumidores y usuarios.

– Elevar la cuantía de conocimiento de los Juzgados Municipales de Comercio creados por la Ley 29 de 1996 a procesos mayores de B/. 500.00 y que la competencia de los procesos hasta B/.500.00 se le otorgue a la CLICAC.

– Determinar que la práctica de prueba solamente pueda ser aplazada una sola vez y por causa justificada.

– Eliminación de la doble ratificación de las prácticas de pruebas, que una realiza la CLICAC y la otra ante el Juzgado respectivo.

– Extender la aplicación de la acción de clase, a la defensa de cualquier derecho sustantivo consagrado en la Ley 29 de 1996 y no sólo limitarla para daños

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derivados de un bien o producto.

– Eliminar el pago de las costas por parte de la “clase” y establecer la obligación del juzgador de definir la clase y quien la representa.

– Eliminación de costas para el usuario demandante que no logre probar su pretensión.

– Establecer un procedimiento dentro del cual las partes puedan acceder a la información, que se encuentra dentro de la investigación adelantada por CLICAC en su contra.

– Establecer con claridad que el Recurso de Casación podrá interponerse en aquellos procesos cuya “Cuantía” sea superior a B/. 500.000.00.

– Conformar y dotar dentro de las instituciones existentes una Unidad Especializada en asuntos del consumidor y del usuario, llámese Defensoría de Oficio, Oficina Delegada Especial (Ej. Tomar como referencia que actualmente existe pero con limitación de personal y recursos, la figura de la Delegada Especial del Defensor para los Servicios Públicos Privatizados), Superintendencia del Consumidor y del Usuario u Oficina de similar naturaleza, para que oriente y si es necesario dependa los derechos de los consumidores y usuarios.

A.2. Promover la divulgación de los mecanismos que tienen a su alcance los consumidores y usuarios para defender sus derechos.

A.3. Dotar de bibliografía especializada en materia de competencia y derecho de consumidor en los despachos judiciales encargados del tema y organizar programas de capacitación para los funcionarios que laboran en los mismos, a fin de facilitar la Resolución de los conflictos que se presenten ante ellos.

A Mediano Plazo:

A . 4 . C r e a r u n fo n d o p a r a la s O r g a n i z a c io n e s d e C o n s u m i d o r e s y U s u a r io s , e n cumplimiento con lo establecido en la Ley 29 de 1996, el cual puede ser producto de un porcentaje que se asigne de las multas administrativas impuestas por la CLICAC y las multas impuestas por el Órgano Judicial.

Propuesta 23: Reforma Legal de la Jurisdicción Civil

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Objetivo:

Incorporar al proceso civil las formas alternas de solución de conflictos tales como: la mediación, conciliación y arbitraje, y modificar el Proceso Civil para establecer un procedimiento mixto para todos los procesos de conocimiento.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Establecer para todos los procesos el deber del Juez de procurar la conciliación de

las partes.

A.2. Modificar la Normativa Legal para adoptar medidas urgentes que agilicen los procesos civiles, estas son:

– Establecer que, excepto la primera Resolución que se dicte en todo proceso debe ser notificada a las partes personalmente, las demás Resoluciones puedan notificarse, en la medida de lo posible, por mecanismos modernos de comunicación (fax, correo electrónico….).

– Establecer el término de un (1) mes para la consignación de la fianza, bajo el apercibimiento que vencido el plazo indicado sin que haya presentado la caución, el Tribunal decretará el archivo de la solicitud de Secuestro, sin perjuicio que lo vuelva a solicitar nuevamente.

– Establecer que la obligación de compulsar las copias es del recurrente y que si al vencimiento del plazo para compulsar las copias el apelante no lo ha hecho, el Tribunal declarará desierto el recurso.

– Otorgarle competencia a los Alguaciles Ejecutores para que también puedan decretar allanamientos.

– Autorizar a los Tribunales Superiores a declarar desierto un recurso de apelación.

– Establecer la facultad del Juez de desembargar los bienes que no hayan sido rematados cumplida la tercera fecha.

A.3. Elaborar un plan piloto para crear Juzgados que conozcan de causas cuyo procedimiento sea exclusivamente oral.

A.4. Crear una Comisión Revisora que elabore un Anteproyecto de Reformas Integrales al Código de Procedimiento Civil y al Código Civil, a fin de establecer la unificación y simplificación del Proceso Civil y revisar las normas sobre quiebra y

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remate judicial. A Mediano Plazo:

A.5. Establecer un solo procedimiento mixto de conocimiento para la tramitación de los procesos ordinarios, sumario y oral, de la siguiente forma: la demanda, la contestación y los alegatos serán presentadas por escrito; se realizará una audiencia preliminar en la que se delimiten los hechos pertinentes a la controversia que deban ser probados en la audiencia ordinaria y se resuelvan materias relativas a los presupuestos procesales y a las incidencias de previo y especial pronunciamiento. Finalmente, se realizará una audiencia ordinaria en la que se practiquen las pruebas y se decida el proceso.

Propuesta 24: Redefinición de la Jurisdicción de Familia, y de Niñez y Adolescencia

Objetivos:

Modificar las competencias de los Tribunales de Niñez y Adolescencia, y de Familia, a fin de evitar la duplicidad de procesos y garantizar un mejor acceso a la justicia.

Agilizar los procesos de Familia, y de Niñez y Adolescencia, eliminando el exceso de formalismos legales, fortaleciendo la protección del menor y los derechos de la víctima por el acto infractor.

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos.

A.2. Modificar la Normativa Vigente en los siguientes aspectos:

– Modificar las competencias de los Tribunales y Juzgados de Niñez y Adolescencia, y de Familia, estableciendo claramente cuáles son los procesos que deben conocer cada una de estas jurisdicciones, a fin de evitar la duplicidad de procesos y garantizar un mejor acceso a la justicia de familia y del menor.

Jurisdicción de Familia:

– Establecer la posibilidad de que las partes en los procesos de guarda y crianza, reglamentación de visitas y pensión de alimentos puedan accionar sin necesidad

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de apoderado judicial.

– Eliminar el plazo de dos (2) meses exigido para decretar el divorcio en los procesos donde la parte demandada acepta los hechos.

– Eliminar el requisito de dos (2) años de matrimonio que se exige para decretar el divorcio por mutuo consentimiento y reducir, en estos casos, el término de dos (2) meses para la ratificación de las partes.

– Eliminar de la participación del Ministerio Público en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento.

– Unificar criterios entre los Jueces que conocen de los procesos de divorcio por mutuo consentimiento para que se permita que la manifestación personal se pueda realizar en el Tribunal, ante Agentes Consulares o ante Notario.

– Ampliar el listado de causales de divorcio, a otras tales como: incompatibilidad de caracteres.

– Eliminar la audiencia de Segunda Instancia en los procesos de alimentos.

– Concentrar en la vía judicial de manera exclusiva la competencia para conocer los procesos de alimentos.

– Establecer criterios fijos para decidir las pensiones alimenticias.

– Remitir a la Asociación Panameña de Créditos los datos de los que incumplen sus obligaciones de pago de pensión alimenticia.

– Retener la ficha de seguro social del obligado, por los empleadores para entregarla a los beneficiarios de pensión alimenticia.

– Establecer que los términos de prescripción se contarán a partir del último hecho de violencia.

– Definir con claridad el estatus de los menores en los proceso de divorcio por mutuo consentimiento y separación de hecho, respeto a la guarda y crianza, reglamentación de visitas y alimentos.

– Establecer que para los casos de Violencia Intrafamiliar, el funcionario de instrucción y el Juez tomen en cuenta además del informe del sicólogo forense que determina la afectación sicológica, otros factores que reposan dentro del expediente, para tomar una decisión más objetiva y justa.

Jurisdicción de Niñez y Adolescencia:

– Eliminar la obligación de los Juzgados de Niñez y Adolescencia de emitir vistas 48

judiciales en los procesos de familia.

– Establecer que la autoridad que conozca del Proceso de Guarda y Crianza, sea el Tribunal competente para conocer sobre las Solicitudes de Reglamentación de Visitas, de Reintegro y de Medidas de Protección.

– Validar acuerdos emitidos en el Centro de Mediación con la utilización de formatos únicos que no requiera necesidad de audiencia judicial.

– Implementar la figura de reintegro y protección como medida cautelar o como un proceso independiente.

– Crear el procedimiento en caso de desacato del régimen de comunicación y visitas.

– Mejorar el sistema de autorización de salida del país a menores de edad.

– Elaborar la ley de protección integral.

Jurisdicción Penal de Adolescentes

– Establecer el horario de funcionamiento de los Centros de Custodia y de Cumplimiento, a fin de que operen las 24 horas del día.

– Dar cumplimiento a lo establecido en la ley, en cuanto a la clasificación científica del menor infractor en los Pabellones de Custodia y de Cumplimiento.

– Capacitar al personal de la PTJ y la Policía Nacional en el tratamiento de adolescentes y sobre los derechos de los mismos.

A.3. Unificar criterios entre el Ministerio Público y las autoridades judiciales de Niñez y Adolescencia, en cuanto a la ejecución de las medidas de protección.

A.4. Elaborar acuerdos interinstitucionales para coordinar y reforzar las acciones del sector salud pública por parte del Ministerio de Salud, y la Administración de Justicia.

A.5. Elaborar protocolos específicos para la evaluación de las personas dentro de los procesos de divorcio por violencia intrafamiliar.

A Mediano Plazo:

A.6. Mejorar las condiciones de trabajo del funcionario judicial a través de una equiparación salarial y la creación de una nueva estructura administrativa, integrando equipos interdisciplinarios acorde con el número de despachos judiciales que los utilizan.

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Propuesta 25: Mejoramiento de la gestión de la Jurisdicción Laboral

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Reformar el marco legal, en los siguientes aspectos:

– Aumentar la cuantía de los procesos de competencia de las Juntas de Conciliación y Decisión de B/ 1,500 hasta B/ 3,000 y la de los Juzgados de Trabajo de B/. 3,001 en adelante.

– Aumentar la cuantía del Recurso de Apelación contra las decisiones de las Juntas de Conciliación y Decisión a más de B/. 2,500, y de los procesos que se ventilen ante los Juzgados Seccionales de Trabajo a más de B/. 3,000.

– Ampliar la utilización del recurso de casación en las causas que se ventilan ante las Juntas de Conciliación y Decisión cuyas cuantías excedan los B/ 5,000.00 o cuando el monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro, incluyendo salarios vencidos, exceda de dicha suma.

– Incorporar los procesos de autorización de despido dentro de aquellos susceptibles del recurso de casación.

– Aumentar la cuantía para conocer del recurso de casación a procesos de cuantía superior a B/ 5,000.00.

– Incorporar la posibilidad de que los apoderados judiciales puedan presentar escritos y memoriales por cualquier medio moderno de comunicación (como fax), siempre que se pueda corroborar la autenticidad de la firma.

– Incorporar las fianzas de compañías de seguro o cartas de garantía bancaria como cauciones con el apercibimiento que las mismas tendrán vigencia durante el proceso cuyas resultas garantiza.

– Establecer que el Recurso de Casación Laboral debe interponerse ante los

Objetivo:

Mejorar la Justicia Laboral con la implementación de los Tribunales Laborales creados por ley y de la Sala de Casación Laboral, cuando se creen las condiciones y exigencias procesales laborales.

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Tribunales Superiores de Trabajo y no ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, como ocurre en la actualidad.

– Permitir la notificación del Auto Ejecutivo por conducta concluyente, a través de testigo o edicto emplazatorio.

– Restablecer la competencia de los Juzgados Seccionales de Trabajo para conocer del proceso de reintegro por despido en violación al fuero sindical que conoce actualmente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

– Incorporar la etapa procesal del alegato en los procesos ante los Juzgados Seccionales de Trabajo, regulando el tiempo de duración, la clase de proceso y que sea por escrito.

– Reducir el tiempo para declarar la caducidad de la instancia de dos (2) años a seis (6) meses.

– Incorporar el llamamiento del acreedor hipotecario en las ejecuciones de sentencias y procesos ejecutivos, para hacer valer sus derechos.

– Establecer que algunos incidentes, como el de nulidad y falta de competencia, sean de previo y especial pronunciamiento, contemplándose un término para su resolución.

– Establecer que los honorarios de los Defensores de Ausente en materia laboral sean pagados por el Estado.

A.2. Implementar nuevos modelos de gestión como reunión de coordinación, formatos uniformes, reglamentos de audiencias, registro actualizado sobre exhortos y despachos que permitan una mayor agilización en el trámite de los procesos judiciales.

A Mediano Plazo:

A.3. Implementar la Sala de Casación Laboral, a fin de lograr la descongestión de la carga laboral de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que actualmente conoce del recurso de casación laboral, y de garantizar la especialidad de la materia y una justicia mucho más rápida y eficaz. La implementación de esta Sala estará condicionada a las exigencias de la demanda en casos laborales.

A.4. Poner en funcionamiento los tribunales de la Jurisdicción Laboral creados por ley, a fin de cubrir la demanda de justicia. Estos Tribunales son los siguientes:

– Juzgado de Trabajo de La Chorrera, tal como lo dispone el artículo 460 J del Código Judicial, según lo establece la Ley 59 del 2001.

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– Juzgados laborales Marítimos, creados por el Decreto Ley 8 de 26 de febrero de 1998.

Propuesta 26: Reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativo

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Reformar el marco legal, en los siguientes aspectos:

– Diferenciar el Recurso de Plena Jurisdicción con el Recurso de Nulidad.

– Introducir procesos abreviados en el área Contencioso Administrativa como para los casos de destitución de funcionarios.

– Declarar la sustracción de materia en cualquier parte del proceso y no solo en la sentencia.

A.2. Desarrollar un estudio para la elaboración de un nuevo Código Administrativo.

Propuesta 27: Reforma a la Jurisdicción Marítima

Acciones a ejecutar:

A Corto Plazo:

A.1. Crear el Departamento de Auditoría Interna para ambos Tribunales.

A.2. Aprobar con criterio uniforme, los reglamentos para las funciones de los alguaciles,

Objetivo:

Actualizar la legislación Contencioso Administrativa la cual data del año 1943, ya que no responde a las exigencias y necesidades actuales.

Objetivo:

Revisar y actualizar el marco regulatorio y el funcionamiento de la jurisdicción marítima, a fin de adecuarlo con las necesidades de los usuarios.

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los custodios, el departamento de contabilidad y para las secretarías de ambos tribunales marítimos.

A.3. Incrementar en número y en calidad a los funcionarios que integran los Tribunales Marítimos.

A.4. Desarrollar programas de capacitación para jueces y funcionarios de esta jurisdicción.

A.5. Nombramiento de intérpretes públicos autorizados para facilitar la traducción de documentos.

A.6. Establecer convenios de coordinación con las entidades relacionadas con la gestión de los Tribunales Marítimos.

A Mediano Plazo:

A.7. Revisar y actualizar las normas que rigen el procedimiento marítimo (Decreto Ley 8 de 1982) y el Libro II del Código de Comercio.

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V. FORMULACIÓN DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La Reforma de la Justicia Panameña alcanzará su máximo nivel, cuando se ejecuten reformas a la Constitución Política en el tema de la Justicia o del Órgano Judicial. En este sentido, la Comisión de Estado por la Justicia luego de evaluar los diagnósticos, estudios y conclusiones de las distintas personas que han participado y colaborado en esta tarea de establecer las políticas reformatorias del Sistema Judicial, ha identificado las siguientes prioridades que necesitan reforma constitucional:

– Creación del Consejo de la Judicatura, como máximo organismo administrativo del Órgano Judicial, que ejecute todas las acciones que guarden relación con el capital humano de la institución, en especial en lo atinente a la Carrera Judicial, Régimen Disciplinario y Administración o Gerencia, propiamente tal.

Esta Reforma conllevaría la eliminación del artículo 209 de la Constitución Política, porque sería incompatible con las funciones que debe desarrollar el Consejo de la Judicatura.

A este respecto, el Órgano Judicial ha presentado reserva por cuanto considera que la creación de este Consejo supondría un menoscabo a la autonomía administrativa y por ende, a la independencia judicial, entre otras consideraciones las cuales quedaron expuestas en la Nota No. PCSJ-0328-2005 de fecha 16 de septiembre de 2005, la cual quedó depositada en los archivos de la Comisión.

– Nombramiento de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de los Procuradores de la Nación y de la Administración mediante un proceso científico y transparente, de acuerdo al procedimiento establecido en el Modelo de Resolución de Gabinete aprobado por la Comisión de Estado por la Justicia.

– Introducir una modificación Constitucional que expresamente señale que la facultad jurisdiccional la posee solo el Órgano Judicial, toda vez que, esta facultad jurisdiccional es la base del Sistema Acusatorio que se propone en la Reforma Penal.

– Modificación al artículo 275 de la Constitución Política, a fin de exceptuar de la Contención del Gasto Público al Órgano Judicial y al Ministerio Público, para dotarlos de mayor autonomía financiera o manejo presupuestario.

– Modificar el artículo 220 de la Constitución Política, para separar las funciones que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación respecto a aquellos que son de la competencia de la Procuraduría de la Administración

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– Modificar el Artículo 214 de la Constitución Política, a fin de establecer un mecanismo científico para determinar el incremento automático del porcentaje mínimo de los ingresos corrientes del Estado destinados al Órgano Judicial y al Ministerio Público.

– Establecer la obligación al Tesoro Nacional de transferir a la cuenta de operaciones de las instituciones encargadas de administrar justicia, los montos mensuales de las partidas asignadas en el presupuesto, rompiendo la actual dependencia que la supeditan a las prioridades del Tesoro Nacional.

– Reformar el artículo 160 de la Constitución Política, el cual, en la actualidad, le da base legal constitucional a la Asamblea Nacional para conocer de los delitos y faltas que cometan los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que en el futuro esta norma ofrezca mayor transparencia y seguridad ciudadana en la Justicia, respecto a las faltas éticas y disciplinarias, que han sido agrupadas de acuerdo a su gravedad de la siguiente forma:

Faltas Graves:

1. Faltar el respeto, ya sea de palabra, por escrito o de obra, a los superiores en el

orden jerárquico;

2. Al no ejercer sus facultades de dirección de conformidad con los deberes que le corresponden;

3. Introducir o portar armas de cualquier naturaleza durante las horas de trabajo, salvo que el funcionario cuente con la autorización para ello;

4. Dar a las partes o terceras personas, opiniones, consejos, indicaciones o información confidencial en relación con asuntos pendientes en sus despachos, que sean o puedan ser motivo de controversia;

5. Sugerir a Magistrados, Jueces, Fiscales o Personeros la decisión de negocios pendientes en juicios o en causas criminales;

6. Nombrar o contribuir al nombramiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de sus convivientes o parientes de sus convivientes dentro de los grados de consanguinidad indicados, para cualquier cargo judicial o de auxiliar de la jurisdicción;

7. Escoger a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras personas que deban intervenir como auxiliares de la administración de justicia, mediando nepotismo y favoritismo;

8. Conceder entrevistas privadas a puerta cerrada y en esa forma oiga argumentos o admita comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial;

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9. Retrazar injustificadamente la tramitación de los asuntos que conozcan y se comprobara el cargo;

10.Nombrar funcionarios judiciales o de instrucción en los cargos de partidores, depositarios de bienes o en cualquier otro cargo que sean materia de procedimiento judicial o administrativo;

11. Desempeñar los cargos de partidores, depositarios de bienes que sean materia de procedimiento judicial o administrativo o cualquier otro cargo, cuando dicho nombramiento le corresponda a los despachos judiciales o de instrucción o a las partes en el proceso;

12. Al no colaborar con la labor de Auditoría Judicial o de Instrucción o proporciones información falsa;

13.Retardar, omitir o rehúsar injustificadamente actos propios de su cargo o instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos, siempre que éstas no violen las leyes;

14. Utilizar el tiempo y recursos del Estado en beneficio propio. Faltas Gravísimas:

1. Faltar al despacho tres días o más en un mes, o más de un lunes en el mismo lapso, sin causa justificada;

2. Ejecutar actos de irrespeto, abuso de autoridad, de violencia o coacción contra subalternos, compañeros de trabajos u otras personas o incitar a cometerlos;

3. Revelar a terceros o medios de comunicación, sin autorización expresa, información que emane de los asuntos jurídicos que se ventilan en la Institución, así como de la información administrativa de carácter restringido;

4. Marcar la tarjeta de tiempo de cualquier empleado al iniciar o terminar la jornada de trabajo;

5. Utilizar en provecho propio, para fines de especulación, los informes que lleguen hasta él por razón de sus funciones;

6. Ejercer por si o por interpuesta persona la abogacía, el comercio o cualquier otro cargo o actividad, aunque no sea retribuido a excepción de la docencia universitaria, misma que estará sujeta a la evaluación del desempeño;

7. Aceptar regalos o favores de los litigantes que estén ejerciendo ante su Tribunal o de cualquiera persona cuyos intereses puedan ser afectados en sus fallos;

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8. Retirar de las dependencias del Órgano Judicial o del Ministerio Público documentos, materiales y/o equipo de trabajo; sin previa autorización escrita del Superior Jerárquico;

9. Portar o usar injustificadamente sustancias ilícitas que produzcan dependencia física o psíquicas, o asistan en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes;

10. Ocasionar culposamente daños o pérdidas de bienes, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder en razón de sus funciones;

11. Violar la ley por ignorancia inexcusable.

– El tema del Tribunal Constitucional fue discutido ampliamente en la Comisión, y debido a su importancia se recomienda ampliar más el debate contemplando los siguientes parámetros:

Integrado por tres (3) Magistrados.

Tiene como función la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución, de tal manera que con la audiencia del Procurador General de la Nación o de la Administración conocerá sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que puedan violentar la Constitución.

Conocerá del juzgamiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la comisión de Delitos Dolosos y por la ejecución de Faltas Gravísimas.

Serán designados considerando el método propuesto en la Resolución de Gabinete que aprobó la Comisión de Estado por la Justicia.

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VI.CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA ADOPCIÓN DE LA NUEVA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

La Comisión de Estado por la Justicia dentro de su análisis del Sistema de Administración de Justicia identificó como parte de la Reforma Judicial, la adopción de una nueva Ley que regule el Ejercicio de la Profesión de Abogado, por ser un ente activo dentro del Sistema, que en muchas ocasiones contribuye con la dilación del trámite de los procesos por la excesiva litigiosidad.

El Anteproyecto de Ley que dicta una nueva Ley de la Abogacía está siendo evaluado por una comisión coordinada por el Colegio Nacional de Abogados, no obstante, se han definido criterios claros sobre los cuales se sustentará esta nueva regulación como lo son:

– Redefinición de la Estructura Funcional y Administrativa del Colegio Nacional de Abogados.

– Fortalecer la ética profesional del Abogado, implementado la materia de ética en todas las universidades que ofrezcan la Carrera de Derecho.

– La aplicación de un examen de suficiencia académica profesional como requisito para ser Abogado. Este examen se aplicará por una Junta Examinadora adscrita al Consejo Judicial.

– Reforzar el secreto profesional extendiéndolo a todos los Abogados, y empleados de la Firma.

– Crear la Secretaría de Educación Legal Continuada.

– Establecer la obligación de conocer razonablemente al cliente, especialmente en la tramitación de las Sociedades Anónimas.

– Regular el Ejercicio de la Profesión por Abogados Extranjeros.

– Fortalecer el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio Nacional de Abogados estableciendo dos (2) Fiscalías, aumentando el número de sus miembros de 5 a 7, exigiéndoles como mínimo veinte (20) años en ejercicio de la profesión y no formar parte de Partidos Políticos.

– Crear la doble instancia para la sanción de faltas a la ética, estableciendo la Sala Cuarta como segunda instancia.

– Incorporar como falta la copia intelectual de los escritos, las distorsiones y la inadecuada utilización de los medios de comunicación por los Abogados y el exceso de litigiosidad.

– Aumentar a dos (2) años la prescripción para la denuncia o quejas por faltas.

– Adicionar como sanción la indemnización civil y la exclusión.

– Establecer la obligación de los Abogados de suscribir con sus clientes un contrato de servicios profesionales.

– Prohibir los “Referal Fees”.

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– Prohibir al abogado funcionario litigar en la Institución en que sea Director, esta prohibición se extiende a todos los miembros de la Firma.

– Recomendar la contratación de un seguro de responsabilidad profesional.

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ANEXOS

La Comisión de Estado por la Justicia recomienda al Órgano Ejecutivo que los Proyectos que se presentan a continuación, como Propuestas Legislativas, sean sometidos a un proceso de consulta, estudio, revisión y validación, antes de ser remitidos a la Asamblea Nacional, como Proyectos de Ley.

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Anexo No. 1

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE GABINETE PARA LA PRESELECCIÓN DE ASPIRANTES A OCUPAR VACANTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LAS PROCURADURÍAS

RESOLUCIÓN DE GABINETE No. De de de 2005

Por la cual el Consejo de Gabinete dicta una reglamentación

en concordancia con los numerales 2 y 8 del artículo 200 de la Constitución Política de la República de Panamá.

EL CONSEJO DE GABINETE CONSIDERANDO:

Que en la Declaración Ciudadana del Centenario por la Justicia y el Estado de Derecho, suscrita en el año 2003 por diversas organizaciones de la sociedad civil, se expresa el convencimiento sobre el trascendental papel que cumple la justicia en la protección de los derechos de las personas, la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y la resolución pacífica de los conflictos, por lo que se requiere de un esfuerzo especial para fortalecerla.

Que las naciones que han alcanzado los más altos niveles de desarrollo, tienen como característica común, el haber logrado un nivel de excelencia e independencia en la prestación del servicio público de Administración de Justicia donde el Órgano Judicial y el Ministerio Público son la piedra angular.

Que el artículo 200 de la la Constitución Política de la República de Panamá establece que son funciones del Consejo de Gabinete acordar con el Presidente de la República los nombramientos de los (as) Magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia, del (la) Procurador (ra) General de la Nación, del (la) Procurador (a) de la Administración, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional.

Que el Presidente de la República acogió el reclamo ciudadano tendiente a lograr la designación de los Magistrados (as) a la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de los Procuradores (as) de la Nación y de la Administración, sobre la base de un proceso de preselección en el que tenga amplia participación la sociedad civil;

Que el Presidente de la República decidió crear una Comisión de Estado por La Justicia, integrada por representantes de los tres Órganos del Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo, el

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Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a fin de recibir fórmulas alternativas o procedimientos más participativos para la elección de dichos cargos;

Que es una aspiración de la sociedad panameña que quienes alcancen estas investiduras sean profesionales que tengan la credibilidad de la comunidad por sus valores éticos y morales, idoneidad técnica y jurídica, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia, que permitan recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Que los requisitos para ocupar tales cargos están claramente establecidos en nuestra Constitución Política. No obstante, ante la ausencia de un procedimiento de preselección de candidatos, le es permitido al Consejo de Gabinete emitir una reglamentación sobre esa materia, según lo dispone el artículo 200 en su numeral 8 de la Constitución Política.

RESUEL VE:

Artículo 1. Créase una Comisión Especial de Preselección de los aspirantes a ocupar los cargos de Magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de Procurador (ra) General de la Nación y de Procurador (a) de la Administración.

Los integrantes de esta Comisión serán designados mediante Decreto expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia, y serán convocados como organismo consultivo y asesor del Consejo de Gabinete, cada vez que se haga necesario iniciar un proceso de preselección de los aspirantes a ocupar los cargos antes señalados.

Artículo 2. La Comisión estará integrada de la siguiente forma:

a) Un (a) representante de los Decanos de las Facultades de Derecho de las distintas universidades acreditadas con más de quince (15) años de servicio al país, escogido por el Consejo de Rectores;

b) Un (a) representante del Colegio Nacional de Abogados.

c) Un (a) representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

d) Un (a) representante del Órgano Judicial o del Ministerio Público, escogido por el Consejo Judicial.

El Comité Ecuménico tendrá participación dentro de la Comisión Especial de

Preselección, a través de uno de sus miembros, como observador y garante de las decisiones que se tomen dentro del proceso de preselección. Así mismo, este representante actuará como dirimente, en los casos, en que la Comisión no pueda decidir por existir paridad al momento de adoptar una decisión.

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Artículo 3. Todos los miembros de la Comisión Especial, incluyendo a los representantes de gremios, serán escogidos por cada una de las entidades u organizaciones que la integran; deberán ser ciudadanos o ciudadanas de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de sus funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer; deberán ser mayores de 35 años, y no haber sido sometidos a ningún tipo de sanción por delito doloso.

Artículo 4. Todo miembro de la Comisión se abstendrá de evaluar a los (as) aspirantes que tengan respecto a él algún vínculo de parenstesco legal; así como alguna relación que se identifique como conflicto de intereses, tales como enemistad manifiesta, pertenecer a firmas forenses comunes, a empresas, por mantener relaciones comerciales entre sí, o por cualquier otra relación de naturaleza análoga.

Artículo 5. Cuando el Consejo del Gabinete deba llenar una vacante a los cargos de Magistrado (a) de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de Procurador (a) General de la Nación o de Procurador (a) de la Administración hará una convocatoria pública con dos (2) meses de antelación a la fecha del vencimiento del período correspondiente.

Cuando la vacante definitiva del cargo ocurra por causa distinta al vencimiento del período, esta convocatoria deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que tenga lugar el hecho que la origine.

Artículo 6. Tratándose del nombramiento de Magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia, del (la) Procurador (a) General de la Nación o del (la) Procurador (a) de la Administración, la convocatoria estará dirigida a todos los abogados (as) interesados que cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar tales cargos. En dicha convocatoria se designará la sede, el horario y el término que tendrá la Comisión para recibir la documentación, que no excederá de los treinta (30) días siguientes a la última publicación de la convocatoria.

Para los fines del cargo de suplente de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la convocatoria estará dirigida a los funcionarios de Carrera Judicial de servicio en el Órgano Judicial que cumplan con los requisitos constitucionales para llenar la vacante.

Artículo 7: La convocatoria que tratan los artículos anteriores se publicará en la Gaceta Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional por tres (3) días consecutivos.

Artículo 8. Cuando se trate del nombramiento de Magistrado (a) de la Corte Suprema de Justicia, del (la) Procurador (a) General de la Nación o del (la) Procurador (a) de la Administración cuyo período se haya vencido, y tenga interés que se le considere para un nuevo período, se someterá al proceso de preselección establecido en esta Resolución.

Artículo 9. La Comisión Especial de Preselección tendrá las siguientes funciones:

a). Recibir la documentación de los (as) aspirantes, la cual deberá incluir al menos, lo establecido en el artículo 78 del Código Judicial;

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b). Recibir para su consideración las opiniones que por escrito presenten los (as) ciudadanos (as) u organizaciones en general, sobre los distintos aspirantes.

c). Elaborar un cuestionario escrito para ser respondido por los (as) aspirantes, con el propósito de evaluar objetivamente las cualidades y la hoja de vida de cada uno (a) de los (as) aspirantes;

d). Entrevistar personalmente a los (as) aspirantes, en caso de considerarse necesario.

e). Efectuar dentro del término previsto en el artículo siguiente, la preselección de los (as) aspirantes que, a juicio de la Comisión, deban ser considerados por el Consejo de Gabinete para ocupar el cargo de Magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, o de Procurador (a) General de la Nación y/o de la Administración.

Artículo 10. La Comisión tendrá un término no superior a quince (15) días desde el cierre de las postulaciones para hacer una preselección y remitir al Consejo de Gabinete una lista de candidatos que no será menor de diez (10) ni mayor de quince (15) para cada vacante de selección, acompañándola de la documentación de cada caso.

Esta lista se hará en orden alfabético y sin recomendación, ni puntuaciones, a su vez será publicada por tres (3) días consecutivos en dos (2) diarios de circulación nacional, para que la ciudadanía tenga conocimiento de la postulación de los candidatos seleccionados.

Artículo 11. Los miembros de la Comisión Especial no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12. El Consejo de Gabinete en acuerdo con el Presidente de la República de Panamá examinará la documentación y escogerá al (la) candidato (a) que ocupará la respectiva vacante. La designación se hará a través de una Resolución que será remitida a la Asamblea Nacional.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Anexo No. 2

PROYECTO DE LEY QUE CREA LA JURISDICCIÓN DE PAZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tradicionalmente en nuestro país la justicia de causas menores ha estado a cargo de las denominadas autoridades de policía: Corregidores, Alcaldes, Jueces Nocturnos y Gobernadores. Es en el Código Administrativo de 1917 en el que primeramente se establecen estas autoridades y sus competencias, siendo objeto de algunas modificaciones a lo largo de los años que no variaron fundamentalmente este sistema.

A pesar de la larga vida y utilidad del sistema de “justicia administrativa de policía”, el mismo revela desde hace ya varios años un agotamiento que se evidencia por las constantes denuncias de abusos y actuaciones irregulares de estas “autoridades de policía”.

La sociedad reclama cambios en este sistema de administración justicia, quizás el más importante y sensitivo para los sectores más desprovistos y marginados; de allí la necesidad de implementar reformas legislativas tendientes a garantizar el acatamiento de las garantías constitucionales como el debido proceso, el principio de legalidad, la presunción de inocencia y, en general, el respeto de los derechos fundamentales.

El proyecto propone la eliminación total de los Jueces Nocturnos y la conversión de los Corregidores en Jueces de Paz, adscribiéndolos al Órgano Judicial como el primer escalón de la pirámide jerárquica judicial por debajo de los Jueces Municipales, manteniendo gran parte de sus competencias actuales y su jurisdicción en la comunidad. En el orden penal, conocerán en primera instancia de las faltas establecidas en el Título II del Libro III Código Administrativo y en artículo 175 del Código Judicial.

Con esta medida se garantiza que estos funcionarios cumplan con los requisitos mínimos de idoneidad, exigiéndose en corregimientos de cierto tamaño el título de abogado; su salario sea acorde con la escala salarial del Órgano Judicial; su acceso a la función pública y el derecho a la estabilidad se maneje a través del régimen de carrera judicial; la formación y capacitación continua -independiente de aquélla que puedan ofrecer otras entidades-; se asegura la presencia de estos funcionarios en los lugares de difícil acceso; se les sujeta a la supervisión y evaluación de sus superiores; a los funcionarios se les garantiza independencia en el ejercicio de sus funciones y a los ciudadanos imparcialidad en la toma de decisiones; se asegura la estructura del personal subalterno idóneo y se facilita la coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales.

El proyecto establece el Juzgado de Paz de Turno, que conocerán las infracciones en horas y días inhábiles en el Distrito, pero con la obligación de repartir al final del turno los casos a los Juzgados de Paz del corregimiento respectivo.

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También se incorporan métodos alternos para la solución de conflictos como herramienta para estas nuevas autoridades, y por esa razón se contempla la fijación de una fecha de audiencia de conciliación de las partes o su remisión a un centro de mediación o conciliación.

El Sistema Penitenciario panameño aún no han aplicado detalladamente las Reglas Mínimas para la Clasificación de los Privados de Libertad, y como resultado de esto actualmente se mezclan infractores menores con reclusos de alta peligrosidad; por eso se propone la eliminación de la pena de arresto y su sustitución por días multa, salvo como medida de protección que no sobrepase las 24 horas en los casos de violencia doméstica.

Por último, se mantiene en los Alcaldes algunas funciones judiciales como el conocimiento de los procesos de tránsito, en primera o segunda instancia, y los procesos establecidos en el Título III del Libro Tercero del Código Administrativo, denominado Policía Material.

ANTEPROYECTO DE LEY De de de 2005

Por el cual se crea la figura del Juez de Paz, se adicionan y modifican algunas disposiciones del Código disposic y se dictan otras disposiciones.

La Asamblea Nacional Decreta:

ARTÍCULO 1: Se modifica el Artículo 65 del Código Judicial, así:

Artículo 65. (66) Para los efectos jurisdiccionales en lo judicial, divídase el territorio de la República en cuatro Distritos Judiciales. Estos se dividirán en Circuitos Judiciales que a su vez se dividen en Municipios Judiciales y éstos en Corregimientos Judiciales.

ARTÍCULO 2: Se modifica el Artículo 67 del Código Judicial, así:

Artículo 67. (68) Los Circuitos Judiciales se subdividen en Municipios Judiciales y éstos a su vez en Corregimientos Judiciales. Los Municipios y Corregimientos Judiciales corresponden a cada uno de los distritos y corregimientos según la división política establecida en la Constitución.

ARTÍCULO 3: Se adiciona el Capítulo IV al Título VI del Libro Primero del Código Judicial, así:

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CAPÍTULO IV JUECES DE PAZ

ARTÍCULO 4: Se adiciona el artículo 182 A al Código Judicial, así:

Artículo 182A. Juzgados de paz. Habrá un Juzgado de Paz en cada corregimiento de la República. La Corte Suprema de Justicia cuando lo considere conveniente puede, atendiendo a la distancia y al número de habitantes, extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz a más de un corregimiento o crear más de uno en un mismo corregimiento.

ARTÍCULO 5: Se adiciona el artículo 182 B al Código Judicial, así:

Artículo 182B. Nombramiento. Los Jueces de Paz serán nombrados por los Jueces M u n i c i p a l e s e n S a la d e A c u e r d o e n a q u e l lo s d i s t r it o s e n q u e e x i s t a n d o s o má s , indistintamente sean civiles, penales o mixtos.

En caso de que exista un solo Juez Municipal en el Distrito respectivo, corresponderá a éste realizar el nombramiento.

Todos los nombramientos se sujetarán a las reglas de la Carrera Judicial y demás leyes sobre la materia.

ARTÍCULO 6: Se adiciona el artículo 182 C al Código Judicial, así: Artículo 182C. Requisitos. Para ser Juez de Paz se requiere:

1. Ser panameño (a).

2. Haber cumplido veintiún (21) años de edad.

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. Ser abogado (a) o estudiante de Derecho de los dos últimos años de la carrera. En los

corregimientos cuya población no supere los diez mil (10,000) habitantes, podrá ocupar el cargo aquella persona que haya culminado estudios secundarios y aprobado el curso de capacitación impartido por la Escuela Judicial para ser Juez de Paz.

5. Ser residente del distrito en donde ejercerá sus funciones.

ARTÍCULO 7: Se adiciona el artículo 182 D al Código Judicial, así:

Artículo 182D. Personal del Juzgado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 87, los Juzgados de Paz contarán como mínimo con el personal siguiente: un Secretario, un Oficial Mayor, un Estenógrafo y un Notificador. Corresponde al Juez de Paz nombrar a su personal subalterno con arreglo a la Carrera Judicial y su Reglamento.

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ARTÍCULO 8: Se adiciona el artículo 182 E al Código Judicial, así:

Artículo 182E. Salario. Los Jueces de Paz percibirán un salario no inferior al que percibe el Secretario de Juzgado Municipal en el distrito que corresponda.

ARTÍCULO 9: Se adiciona el artículo 182 F al Código Judicial, así:

Artículo 182F. Residencia. Los jueces de paz tienen la obligación de residir en el distrito de su jurisdicción. Los jueces no pueden ausentarse de su jurisdicción sin el permiso correspondiente. El incumplimiento de éste artículo será considerado falta grave.

ARTÍCULO 10: Se adiciona el artículo 182 G al Código Judicial, así:

Artículo 182G. Atribuciones. Los Jueces de Paz conocerán en primera instancia:

1. En el orden civil, de la substanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos siguientes:

a). Ordinarios y ejecutivos cuya cuantía no exceda de quinientos balboas (B/.500.00), con exclusión de las demandas de carácter mercantil.

b). Servidumbres legales.

c). Lanzamiento por intruso.

2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de las faltas establecidas en el Título II del Libro III Código Administrativo y en artículo 175 de este Código.

3. Los demás que la Ley les atribuya.

ARTÍCULO 11: Se adiciona el artículo 182 H al Código Judicial, así:

Artículo 182H. Juzgado de paz de turno. Los juzgados de paz de un mismo Municipio Judicial serán organizados de tal manera que por lo menos uno permanezca en funcionamiento en horas y días inhábiles, a fin de que haya un juez expedito para la práctica de diligencias que urgentemente demanden su intervención y para las sanciones económicas de los que sean detenidos por faltas fuera del horario regular.

Cumplido el turno, se procederá con el reparto de los negocios ingresados al Juzgado de Paz que corresponda según el domicilio de las partes.

El sistema de turnos de los Juzgados de Paz será establecido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 12: Se adiciona el artículo 182 I al Código Judicial, así:

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Artículo 182I. Equiparación. En todas aquellas normas o disposiciones legales en que se haga referencia al “Corregidor”, deberá entenderse que se refiere al “Juez de Paz”, siempre que esto no implique el ejercicio de atribuciones contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional.

ARTÍCULO 13: Se modifica el artículo 578 del Código Judicial, así:

Artículo 578. (567) Todo allanamiento, para los efectos de que aquí se trata, se llevará a cabo entre las seis de la mañana y las siete de la noche, pero si hubiere temor razonable de que durante la noche se tomen medidas que frustrasen el objeto de la diligencia, el Juez podrá asegurar con cerradura los almacenes, habitaciones y otros locales donde se encuentren muebles, enseres o documentos, colocar sellos y adoptar las precauciones que estime conveniente, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, procurando el menor inconveniente.

ARTÍCULO 14: Se modifica el artículo 1231 del Código Judicial, así:

Artículo 1231. Los procesos ordinarios de menor cuantía se dividen, para los efectos del procedimiento, en tres grupos, a saber:

1. Los que tienen un valor que no exceda los quinientos balboas (B/.500.00).

2. Los que tienen un valor que excede de quinientos balboas (B/.500) sin pasar de mil quinientos balboas (B/.1,500.00); y

3. Los que tienen un valor que excede los mil quinientos balboas (B/.1,500.00) y no pasa de cinco mil balboas (B/.5,000.00).

ARTÍCULO 15: Se subroga el artículo 1232 del Código Judicial, así:

Artículo 1232. De las demandas correspondientes al primer grupo conocen los Jueces de Paz y de las correspondientes a los dos restantes los Jueces Municipales.

ARTÍCULO 16: Se subroga el artículo 1233 del Código Judicial, así:

Artículo 1233. El que demande a otro ante un Tribunal Municipal o Juzgado de Paz, por cosa distinta de una cantidad de dinero, expresará en cuánto estima su pretensión, y el Tribunal, en vista de sus explicaciones y de las averiguaciones que haga, si lo tiene a bien, determinará el grupo a que pertenece la demanda.

ARTÍCULO 17: Se subroga el artículo 1234 del Código Judicial, así:

Artículo 1234. Si al Tribunal le pareciere que el valor de la demanda es menor de cinco mil balboas (B/.5,000.00), dispondrá que se siga la tramitación del tercer grupo, mientras el demandado no objete la competencia. Si la objetare, se procederá como dispone el artículo 663 de este Código.

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ARTÍCULO 18: Se modifica el artículo 1235 del Código Judicial, así:

Artículo 1235. En los procesos ordinarios cuya cuantía no exceda de quinientos balboas (B/.500.00), el Tribunal hará comparecer a las partes, quienes pueden hacerse asistir por abogado, oirá sus razones y procurará avenirlas amigablemente. Si no lo consigue, examinará los testigos y los documentos que las partes presenten y escuchará sus alegaciones sucintas.

Seguidamente, el Juez en la misma audiencia decidirá lo que corresponda y la decisión se notificará a las partes, sin perjuicio de ejercer la potestad que le confiere el artículo 793 de este Código.

Si el Juez lo estima necesario, decretará un receso por dos días para preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá su notificación por edicto.

ARTÍCULO 19: Se modifica el artículo 1242 del Código Judicial, así:

A r t íc u lo 1 2 4 2 . E n lo s P r o c e s o s O r d i n a r io s c u yo v a lo r p a s e d e q u i n i e n t o s b a l b o a s (B/.500.00) y no exceda de mil quinientos balboas (B/.1,500.00), la demanda debe proponerse por escrito mediante abogado, y el Juez correrá traslado de ella al demandado para que la conteste dentro del término de cinco días.

ARTÍCULO 20: Se adiciona el artículo 1242 A del Código Judicial, así:

Artículo 1242A. En los Procesos Ordinarios cuyo valor pase de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) y no exceda de cinco mil balboas (B/.5,000.00), las decisiones que se dicten serán apelables de acuerdo a las reglas de los artículos siguientes.

ARTÍCULO 21: Se modifica el artículo 1246 del Código Judicial, así:

Artículo 1246: Contra la decisión que se dicte en estos procesos sólo cabe recurso de reconsideración.

ARTÍCULO 22: Se modifica el artículo 1325 del Código Judicial, así:

Artículo 1325. Los Jueces Municipales conocerán de los procesos de alimentos, a prevención con los Jueces de Paz, los Jueces de Familia, y los Jueces de Niñez y Ado lescencia.

ARTÍCULO 23: Se modifica el artículo 1396 del Código Judicial, así:

Artículo 1396. La demanda o aviso de desahucio debe promoverse por la persona con quien se haya celebrado contrato el arrendatario, pero si fuere el administrador, éste deberá acreditar su calidad de tal por escrito.

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La solicitud de desahucio se dirigirá al Juez de Paz del Corregimiento en donde estuviese ubicada la finca o bien arrendado; pero si éste se extiende a más de un Corregimiento la solicitud se formulará ante el respectivo Juez Municipal y se extiende a más de un Distrito se interpondrá ante el Juez de Circuito. Si el bien estuviese ubicado en dos o más provincias, la solicitud se dirigirá a cualquiera de los jueces de Circuito de dichas provincias.

ARTÍCULO 24: Se modifica el artículo 1402 del Código Judicial, así:

Artículo 1402. En el caso del ordinal 2 del artículo anterior, el arrendador podrá pedir el lanzamiento de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. El arrendador presentará al Juez una demanda escrita, acompañada del Certificado de Paz y Salvo del inmueble, del cual bastará con que quede en el expediente constancia de su presentación, el número del certificado y la fecha sin necesidad de que el documento sea agregado al mismo;

2. El Juez ordenará inmediatamente que ponga la demanda en conocimiento del arrendatario y concederá un término de cinco días, para que compruebe con el correspondiente recibo del último período de la renta, que no se halla en mora;

3. Transcurridos cinco días desde la notificación de la respectiva resolución sin que el arrendatario compruebe el pago de la renta, el Juez le señalará para la desocupación de la cosa arrendada un término de diez días si fuere predio urbano y de treinta días si fuere rústico.

Transcurridos estos plazos, el lanzamiento se llevará a cabo. ARTÍCULO 25: Se modifica el artículo 1407 del Código Judicial, así:

Artículo 1407. Ejecutoriado el auto de lanzamiento se procederá a su ejecución de acuerdo a lo establecido en el artículo 1040 de este Código.

ARTÍCULO 26: Se modifica el artículo 1409 del Código Judicial, así:

Artículo 1409. Cuando el bien se halle ocupado sin contrato de arrendamiento, el dueño, su apoderado o su administrador podrán solicitar al Juez que la haga desocupar y se la entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente.

ARTÍCULO 27: Se adiciona el Capítulo IA al Título IX del Libro Tercero del Código Judicial, así:

Capítulo IA Proceso por Faltas

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ARTÍCULO 28: Se adiciona el artículo 2463 A del Código Judicial, así:

Artículo 2463A. Corresponde a los Jueces de Paz conocer de los procesos por faltas.

ARTÍCULO 29: Se adiciona el artículo 2463 B del Código Judicial, así:

Artículo 2463B. Las faltas pueden juzgarse de oficio o a petición de parte afectada u ofendida.

Cualquier persona puede denunciar la comisión de faltas, sin constituirse en parte del proceso ni obligarse a probar su relato.

ARTÍCULO 30: Se adiciona el artículo 2463 C del Código Judicial, así:

Artículo 2463C. Cuando el juez competente llegare a tener conocimiento que se ha cometido alguna falta mandará citar a las partes a una audiencia dentro de los cinco días siguientes, salvo que el imputado se encuentre detenido, caso en el cual citará a las partes dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

ARTÍCULO 31: Se adiciona el artículo 2463 D del Código Judicial, así:

Artículo 2463D. La citación se hará por medio de una boleta en que conste el día y la hora en que debe comparecer el citado. La misma será entregada a éste por el secretario del juzgado o por algún agente de la autoridad. En la boleta a la que se refiere este artículo se hará constar el motivo de la citación.

Si el acusado no compareciere en el día y la hora señalados y no justifique su inasistencia, se librará boleta para hacerlo conducir por medio de los agentes de la autoridad a los estrados del juzgado.

ARTÍCULO 32: Se adiciona el artículo 2463 E del Código Judicial, así:

Artículo 2463E. Cuando sea posible por la existencia de personas ofendidas, la autoridad judicial competente convocará a las partes a una audiencia de conciliación en la que se realizarán las gestiones pertinentes para que lleguen a un acuerdo. También podrá remitir a un centro de mediación o conciliación debidamente acreditado.

Cuando las partes se hayan puesto de acuerdo, firmarán un documento en que así conste, con los compromisos que hayan adquirido. El juzgador homologará los acuerdos. A los treinta días calendarios contados a partir de la suscripción del acuerdo, se archivará la causa, con carácter de cosa juzgada, si ninguna parte ha presentado objeciones.

ARTÍCULO 33: Se adiciona el artículo 2463 F del Código Judicial, así:

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Artículo 2463F. De no lograrse un acuerdo conciliatorio o de no respetarse sus condiciones, o cuando, por otros motivos, no sea posible la conciliación, la autoridad judicial convocará a las partes para que concurran con las pruebas de cargo y descargo a una audiencia.

ARTÍCULO 34: Se adiciona el artículo 2463 G del Código Judicial, así:

Artículo 2463G. La audiencia en los procesos por faltas se seguirán las siguientes reglas:

1. En aquellos casos en que las personas acusadas hayan sido conducidas al Juez de Paz por agentes de la Policía Nacional o de la Policía Técnica Judicial, el informe de dichos agentes será considerado como la prueba de cargo.

2. De la audiencia se levantará un acta en la que solamente se hará constar los aspectos esenciales del acto, los planteamientos de las partes y las resoluciones del juez, evitando la transcripción total de lo ocurrido, de modo que no se desnaturalice su calidad de audiencia oral y sencilla.

3. Cuando el imputado reconozca el cargo, sin más trámite se finalizará la audiencia y se dictará el fallo.

4. El juez podrá, de oficio o a pedido de alguna de las partes, prorrogar la audiencia por un término no mayor de diez días para la presentación o práctica de alguna prueba pertinente y conducente.

5. El acta será leída al finalizar la audiencia y será firmada por las partes, quedando de este modo debidamente notificada. No obstante, si el Juez estimare inconveniente dictar su fallo de inmediato, contará con un período de diez (10) días para pronunciar su sentencia. Dicha resolución será debidamente motivada y será notificada personalmente a las partes.

6. En cuanto sean aplicables, regirán las reglas del proceso oral, adaptadas a la sencillez de la audiencia.

ARTÍCULO 35: Se adiciona el artículo 2463 H del Código Judicial, así:

Artículo 2463H. La sentencia dictada en los procesos por faltas será apelable, por el imputado y la víctima, ante el juzgado municipal penal respectivo.

Cuando se imponga sanción de días-multa o privativa de la libertad, el recurso de apelación se concederá en efecto suspensivo. Cuando se decreten medidas de amonestación o fianzas de paz y buena conducta, la apelación será concedida en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 36: Se adiciona el artículo 2463 I del Código Judicial, así:

Artículo 2463I. Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en aquellas faltas que requieran la querella de la persona afectada u ofendida.

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ARTÍCULO 37: Se adiciona el artículo 2463 J del Código Judicial, así:

Artículo 2463J. En materia de faltas excepcionalmente podrán aplicarse las medidas cautelares, cuando resulte indispensable para la protección de los intereses de las partes o de la justicia.

Artículo 2463K. En los procesos por faltas las parte pueden hacerse asistir por abogado para la mejor defensa de sus intereses.

ARTÍCULO 38: Se adiciona el artículo 2463 M del Código Judicial, así:

Artículo 2463M. En los procesos por falta las penas son:

1. Principal:

a. Días-multa

b. Trabajo comunitario, siempre que el sancionado consienta su imposición en lugar de

la pena de días-multa. c. Amonestación.

2. Accesorias:

a. Fianza de paz y buena conducta. b. Comiso

En los procesos por faltas no habrá pena de arresto o prisión, salvo como medida de protección que no sobrepase las 24 horas en los casos de violencia doméstica.

En toda norma en que se señala pena de arresto o prisión por la comisión de una falta de competencia de los Jueces de Paz, se entenderá que la sanción es de días multa.

ARTÍCULO 39: La presente Ley deroga la Ley 112 de 1974, el Decreto 5 de 3 de enero de 1934, el Decreto 111 de 6 de julio de 1934, el artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992 y el numeral 23 del artículo 4 de la Ley 2 de 2 de junio de 1987, y toda norma o disposición que le sea contraria.

ARTÍCULO 40: Esta ley empieza a regir a partir de su promulgación. Comuníquese y Cúmplase:

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de 2005, por el Suscrito

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Anexo No. 3

PROYECTO DE LEY DE AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL

ANTEPROYECTO DE LEY N° (De de 2005)

“POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y EL IMPULSO DE LOS PROCESOS PENALES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente ley, es adoptar disposiciones dirigidas al impulso de los procesos penales ordinarios, procurando la simplificación de trámites y la economía procesal, sin soslayar los derechos reconocidos a favor del imputado y de la Víctima, como garantía de una administración de justicia expedita, eficaz, imparcial y con igualdad a las partes. Por estos motivos, es necesario tomar medidas urgentes para actualizar las normas en cuanto al impulso de los procesos penales ordinarios.

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada mediante ley 15 de 1977, integrada al bloque de la constitucionalidad, al igual que todos los otros convenios sobre derechos humanos aprobados por la República de Panamá, exigen garantizar un proceso penal ante autoridad competente, justo, imparcial, culminando en plazo razonable.

En la aplicación de la presente ley, los operadores de justicia tendrán en cuenta los derechos del imputado y la víctima. La libertad es una garantía de los procesados y en la fase preparatoria o de instrucción sumarial, la detención preventiva solo corresponderá cuando existan exigencias excepcionales y, en el plenario, la aplicación de sanciones de prisión en centros penitenciarios será la última alternativa, cuando no se le conceda al juez otras opciones. la víctima tiene derecho a ser informada y oída en todo el proceso penal, y en virtud del principio de igualdad de las partes, tienen los mismos derechos que el imputado.

En síntesis, el texto del proyecto procura:

1. Adecuar la legislación procesal penal al texto actual de la Constitución, y a los Convenios y Tratados Internacionales;

2. lograr mayor efectividad en la persecución penal de los hechos punibles, sin descuidar las garantías de los sujetos procesales frente a la persecución, conforme a las leyes fundamentales de la Nación; y en particular, simplificar y agilizar los procedimientos y disminuir el tiempo de duración para arribar a la conclusión del proceso y la decisión final;

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3. Reestructurar la organización judicial, y de todos los componentes que deben intervenir en el procedimiento penal, para lograr los dos objetivos anteriores, y un mejor aprovechamiento de recursos humanos y materiales.

ASAMBLEA NACIONAL DECRET A

CAPÍTULO I DISPOSICIONES PENALES

Articulo 1: Por el cual se adicional el articulo 55-a del Código Penal

Artículo 55-A: El Servicio Comunitario supervisado, consiste en la prestación de trabajo, no retribuido, en obras comunitarias, que tendrá una duración entre 10 y 90 jornadas de trabajo y obliga al condenado a prestar jornadas diarias de trabajo físico o intelectual. La jornada no será menor de cuatro (4) horas y no podrá exceder de ocho (8) horas, de acuerdo al tipo de trabajo asignado, y se desarrollará en los lugares y horarios que determine el juez o tribunal correspondiente, ya sea en establecimientos públicos o en organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro con proyección social en la comunidad.

Se deberá observar además que no atente contra la dignidad del condenado y el trabajo deberá ser compatible con el sexo, edad, habilidades, destrezas, capacidad, preparación académica y condición física del condenado. No están obligados a trabajar los reclusos mayores de sesenta y cinco años de edad, los que tuvieren impedimentos físicos y los que padecieren de enfermedad que les haga imposible o peligroso el trabajo.

El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado y supervisado por la Institución del Estado correspondiente, que remitirá los reportes a la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, hasta tanto se cree la figura del Juez de Cumplimiento, la cual podrá establecer los convenios oportunos para tal fin y no se supeditará al logro de intereses económicos.

Si el condenado incurre en tres ausencias no justificadas al trabajo, el juez correspondiente, ordenará que la sentencia se ejecute ininterrumpidamente hasta el cumplimiento de la condena, computándose en tal caso, un día de privación de libertad, por cada jornada no cumplida.

Artículo 2. Por el cual se modifica el numeral 5 y se adiciona el numeral 9 al artículo 66 del Código Penal para que quede así:

Artículo 66.

Son circunstancias atenuantes comunes, cuando no estén previstas como elementos constitutivos o atenuantes específicas de un determinado hecho punible.

1……………

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5. La confesión del imputado hecha antes de la calificación del sumario. 6……………

9. La delincuencia primaria.

Artículo 3. Se modifica el artículo 77 del Código Penal

Artículo 77. Se confiere a los tribunales la facultad de suspender condicionalmente de oficio o a petición de parte, la ejecución de la pena cuya duración no exceda de tres (3) años de prisión.

El término de esta suspensión será de tres (3) a seis (6) años a partir de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y atendida las circunstancias del hecho y la extensión de la pena impuesta.

Artículo 4. Se modifica el artículo 78 ordinal 2° del Código Penal para que quede así: 1. …………..

2. Que no sea reincidente

3. ………………………

Artículo 5. Se modifica el artículo 82 del Código Penal para que quede así:

Artículo 82. Cuando no proceda la suspensión condicional de la pena y se trate de delincuente primario, el tribunal podrá reemplazar la pena de prisión impuesta no mayor de 3 años por una de las siguientes:

1. Servicio comunitario supervisado. 2. Conversión a días multas.

Artículo 6. Se deroga el artículo 84.

Artículo 7: Se modifica el artículo 83 del Código Penal para que quede así:

Artículo 83. La pena de prisión que no exceda de un año podrá ser sustituida por la reprensión pública o privada, o por días multa no menor de 50 ni mayor de 150.

La reprensión pública la recibirá personalmente el sancionado en la audiencia del Tribunal a puerta abierta.

La reprensión privada se hará, en cambio, a puerta cerrada ante el Tribunal constituido para este fin.

La reprensión irá acompañada de la advertencia conminatoria de que si se delinque de nuevo en el plazo de un año, se le hará cumplir, junto a la nueva pena por el hecho en que se ha incurrido, la que le fue sustituida por la reprensión.

Artículo 8. Se modifica el artículo 127 del Código Judicial los numeral 4 y 5 para que quede así:

Artículo 127. Los Tribunales Superiores conocerán en primera instancia de los siguientes procesos:

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4. De los procesos que se sigan por delito consumado de homicidio doloso, aborto provocado cuando sobreviene la muerte de la mujer.

5. De los procesos que se sigan por delitos de terrorismo, los cuales se surtirán conforme a las reglas de los juicios en derecho.

Artículo 9. Se modifica el numeral 13 del literal c del artículo 159 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 159. Es competencia de los jueces de circuito conocer en primera instancia:

a….

c….

1…..

13. Procesos penales por robo, competencia desleal, delitos contra los derechos de propiedad industrial, delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, peculado, procesos penales contra los Jueces y Personeros Municipales y los funcionarios en general que tengan mando y jurisdicción en uno o más distritos de sus respectivos circuito judicial, homicidio doloso en grado de tentativa, y cualquier otro delito que tenga señalada en la ley pena mayor de dos años de prisión; y

Artículo 10. Se modifica el artículo 174 literal a ordinal 2 para que quede así: Artículo 174. Los jueces municipales conocerán en primera instancia:

A. De los siguientes procesos penales:

1. ……….

2. Los procesos por delitos contra el honor, hurto simple, hurto en oficinas públicas, hurto con destreza, a viajeros o con abuso de confianza, apropiación indebida, usurpación, daños, retención indebida, y expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; y,

3. ……….

Artículo 11: Se agrega un párrafo al artículo 329 del código judicial para que quede así: Artículo 329: El Procurador de la Nación podrá crear nuevas agencias de instrucción o sustituir las existentes, sin que ello signifique alteración en la dotación presupuestaria vigente. En ejercicio de esta facultad también podrá disminuir o aumentar los números de dependencias del Ministerio Público que precise la ley, introducir cambios en el número, nomenclatura, organización administrativa y ubicación de las agencias del Ministerio Público, con la excepción de la Procuraduría de la Administración, sujeto a que ello se justifique por las necesidades del servicio y respetando la disponibilidad presupuestaria y las posibilidades económicas del Estado, al igual que el límite presupuestaria asignado por la Constitución.

Artículo 12: Se reforma artículo 351 para que quede así:

Artículo 351 Son atribuciones especiales de los Fiscales Anticorrupción de al Procuraduría General de la Nación.

1. Instruir las sumarias, y en general, ejercer la acción penal por delitos contra la Administración Pública, por Retención Indebida y Evasión del Pago de Cuotas a la Caja del Seguro Social. También conocerán los hechos en los que por cualquier circunstancia se encuentren afectados bienes del Estado, de instituciones autónomas o semiautónomas,

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de los Municipios, Juntas Comunales, empresas mixtas en las que tenga participación económica el Estado, y, en general, de cualquier entidad pública, cuando la lesión patrimonial supere los cinco mil balboas (B/.5,000.00)

2. Indagar a los sindicados, ordenar la práctica de las diligencias que se consideren necesarias para el esclarecimiento del hecho delictivo y descubrir a los autores, cómplices o encubridores del mismo;

3. Investigar los delitos que por delegación le asigne el Procurador General de la Nación, incluyendo aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos cuya investigación le corresponde al Procurador General de la Nación;

4. Poner fuera del comercio bienes del Estado, de los Municipios, Juntas Comunales, Instituciones Autónomas y Semiautónomas y, en general, de cualquier entidad pública, a fin de recuperarlos y hacerlos ingresar a la posesión o el patrimonio al cual correspondan;

5. Poner fuera del comercio bienes de particulares provenientes del hecho punible que se investiga; y,

6. Exigir y ejercer la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la administración pública que establece la Ley penal vigente.

Artículo 13. Se reforma artículo 352 para que quede así:

Artículo 352. Los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ejercerán sus funciones en cualquier lugar del territorio de la República.

Artículo 14. Se reforma artículo 353 para que quede así:

Artículo 353. Los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación podrán promover acciones civiles o contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, una vez cumplido los requisitos previstos en el artículo 377 del Código Judicial

Artículo 15: se derogan los artículos 354 a 358 del Código Judicial.

Artículo 16. Se modifica el artículo 429 para que quede así:

Artículo 429. En el ejercicio de sus funciones, el defensor de oficio podrá promover recursos y acciones que estime conveniente para la mejor defensa de los intereses de sus patrocinados. Ello incluye la presentación de las acciones de amparo de garantías constitucionales e inconstitucionalidad así como las advertencias de inconstitucionalidad, para ello no se le exigirá poder y bastará que presente copia autenticada de la providencia donde se designa como defensor principal del imputado.

El defensor de oficio no podrá ejercer las facultades de recibir y transigir.

En casos especiales, con autorización de representación y autorización expresa del juez, podrá transigir, conciliar, mediar o desistir.

Artículo 17: Se adiciona al artículo 776 del Código Judicial el siguiente numeral: Artículo 776: No serán recusables……………

1. …. 2. ….

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5. Los jueces que propongan a las partes la utilización de los métodos alternos de resolución de conflicto.

Artículo 18. Se modifica el artículo 1944 para que quede así:

Artículo 1944. Nadie podrá ser juzgado, sino por Tribunal competente, previamente establecido, conforme al trámite legal, y con plena garantía de su defensa.

Corresponde al Ministerio Público, en la fase plenaria, solicitar la absolución o demostrar en la audiencia la responsabilidad de los procesados llamados a juicio.

Artículo 19: Se adiciona un párrafo al artículo 1948

Artículo 1948: Toda norma legal que limite la libertad personal, el ejercicio de los poderes conferidos a los sujetos del proceso o que establezcan sanciones procesales será interpretada restrictivamente. En Caso de duda razonable se debe favorecer al reo.

Artículo 20: Adiciónese un articulo nuevo después del 1965 del Código Judicial

Artículo nuevo: Una vez presentada la denuncia o la querella, el juez o el agente del Ministerio Público, tiene la obligación de informarle a las partes la existencia de los métodos alternos de solución y de los centros reconocidos, ya sea público o privado. De ser aceptada por las partes el juez derivará el proceso al centro escogido por éstas. Sólo será aplicable a los delitos que admiten el desistimiento de la pretensión punitiva.

Las partes podrán solicitar al juez en cualquier momento o fase procesal que su causa sea ventilada a través de los métodos alternos de solución de conflictos. El incumplimiento de los acuerdos logrados en la mediación conlleva la continuación del proceso penal.

Artículo 21: Se modifica el artículo 1967 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 1967. (1984-B) También podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo, en los delitos de retención indebida, por desistimiento de la persona ofendida, cuando el imputado remita las cuotas obrero-patronales o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente, antes de la audiencia preliminar.

También podrá terminarse el proceso por desistimiento, a través de la conciliación o mediación o cualquier otra forma alterna de resolución de conflictos y el perdón de la víctima en los delitos permitidos por la ley.

En los casos de violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente se estará sujeto a las condiciones que establece el artículo 1966 del código judicial, para que opere el desistimiento.

Artículo 22: Se modifica el artículo 1993 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 1993. Las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público podrán ser objetadas por las partes mediante incidente de controversia, el que será resuelto por el tribunal

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competente para conocer del proceso en un término no mayor de 30 días. Exceptuase la orden de detención preventiva.

Tales incidentes se tramitarán sin interrumpir el curso del sumario ni la ejecución de la diligencia objetada. Contra esa resolución no procede recurso alguno.

Artículo 23: Se modifica el artículo 2033 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2033: El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatro meses siguientes a su iniciación, o desde la aplicación de una medida cautelar restrictiva de la libertad personal, término que podrá prorrogarse hasta por dos meses más cuando sean varios los imputados o los hechos punibles.

Transcurrido el término, se ordena el reemplazo de la medida cautelar, a quienes se encuentren detenidos preventivamente.

En los casos de secuestro, extorsión, violación carnal, robo agravado, delitos financieros, contra la administración pública, delitos que afecten bienes o valores de Estado o de una entidad pública, delitos contra la seguridad colectiva que implique peligro común, terrorismo, trafico de drogas y demás delitos conexos y en general los delitos con pena mínima de cinco años de prisión, en cuyos procesos no existan vinculados, no se concluirá el sumario hasta tanto se agote la investigación , previa autorización del juez de la causa. En caso de haberse aplicado medida cautelar restrictiva de la libertad personal, el sumario deberá perfeccionarse dentro de año siguiente a su aplicación, termino que podrá ser prorrogado por el juez de acuerdo a la complejidad de la investigación , el cual no podrá exceder a los tres años, luego de lo cual se ordenará el reemplazo de la medida cautelar.

No se tendrá en cuenta, para que el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo que la causa sufriere dilaciones no imputables a la administración de justicia.

Artículo 24: Se agrega un párrafo al artículo 2040 del Código Judicial para que quede así: Articulo 2040:

…………..

En los casos de secuestro , extorsión, agravado, homicidio, delitos financieros, contra la administración pública , delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, delitos contra la seguridad colectiva que implique peligro común terrorismo, tráfico de drogas y demás delitos conexos, que involucren organizaciones criminales, durante la investigación sumaria los abogados tendrá derecho a enterarse del Estado del proceso y a recibir copias de las constancias procesales que sean necesarias para al defensa y que no perjudiquen el resultado de la investigación.

Artículo 25. Se modifica el artículo 2045 para que quede así:

Artículo 2045. El funcionario de instrucción averiguará con toda claridad y exactitud las cualidades y circunstancias que constituyan la clase de delito conforme lo designa y clasifica el código penal.

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Toda diligencia que requiera la participación del imputado se debe notificar por edicto a las partes. La inobservancia de lo anterior acarrea la nulidad de lo actuado. El edicto será desfijado transcurrida las 48 horas de su fijación.

Artículo 26. Se modifica el artículo 2046 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2046. El hecho punible se comprueba con el examen que se haga por facultativo o peritos, de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público.

Podrán los agentes de la policía, en los casos de flagrancia, practicar requisas o registros en las ropas de las personas siempre que no lesionen la dignidad ni el pudor del sujeto. Si se trata de una persona de sexo distinto al del agente policial, deberá requisarla o revisarla un agente del mismo sexo, salvo situaciones de extrema de urgencia.

Artículo 27. Se modifica el artículo 2047 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2047. El funcionario de instrucción nombrará los facultativos o peritos que sean necesarios para el examen corporal o el reconocimiento que haya de practicarse y cuidará que este se realice en forma legal previo juramento de los mismos.

La intervención corporal deberá ser siempre practicada por un profesional de la medicina, de la odontología, o cualquier otro a fin, de acuerdo a la ley que regula dicha profesión y con el máximo respeto a la dignidad y pudor de la persona. Dicha designación se efectuará en una diligencia donde se precisen las razones que motivan la realización de la intervención y señalará la persona de confianza del procesado que pueden participar en ella y el defensor del imputado.

No podrá utilizarse para la exploración del imputado, técnicas o pruebas clínicas tales como narcoanálisis, psicoanálisis, psicometría, hipnosis y otros semejantes que afecten la conciencia o la libertad del imputado.

No obstante lo anterior, serán admisibles las intervenciones corporales para la constatación d e c ir c u n s t a n c i a s d e i m p o r t a n c i a p a r a d e s c u b r ir l a v e r d a d . T a le s c o mo m í n i m a s intervenciones para la extracción de sangre y otros fluidos o todo tipo de secreciones corporales, de piel, corte de uñas o cabellos, tomas de fotografías, huellas dactilares, constatación de tatuajes, deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones corporales y, en general, todas aquellas que no provoquen ningún perjuicio para la salud, siempre que sean autorizados por el Tribunal.

Estas pruebas serán, en todo caso, realizadas por peritos y siempre que éste no las considere riesgosas.

Esta petición se tramitará en forma similar a la fianza de excarcelación. Contra la decisión del Tribunal no procederá recurso alguno.

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Artículo 28. Se modifica el artículo 2069 del Código Judicial para que quede así: Articulo 2069:

1………………………

8. La preexistencia y propiedad de las cosas sustraídas, se podrá acreditar la deposición jurada del consorte, hijos, hermanos o quienes le prestan servicios personales a la víctima

A falta de otras pruebas en caso de turistas o personas que estén en tránsito se tendrá como pruebas la declaración jurada del interesado

Articulo 29:

Se adiciona un párrafo final al artículo 2089

La declaración indagatoria, cuando así sea necesario para beneficio del proceso o por seguridad del imputado, podrá recibirse desde el centro penitenciario mediante el uso de video conferencia o cualquiera otra tecnología similar que tenga a su disposición el centro.

Artículo 30. Se modifica el artículo 2093 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2093. En la indagatoria se harán al imputado todas las preguntas conducentes a la averiguación de los hechos solicitándole que especifique si lo desea, en forma coherente, dónde estaba el día y la hora en que se cometió el delito; si sabe quiénes son los autores o partícipes del hecho que se averigua y todo lo demás que se crea oportuno para descubrir la verdad o lo que crea oportuno para su defensa, cuidando que no haya interrupciones innecesarias en el curso de la diligencia.

Artículo 31. Se modifica el artículo 2097 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2097. Es prohibido el empleo de promesas, coacción o amenazas para obtener que el imputado declare, así como toda pregunta capciosa o sugestiva. El funcionario que viole esta norma, incurrirá en la sanción disciplinaria correspondiente, sin perjuicio de la sanción penal que le pudiere corresponder.

El funcionario de instrucción debe garantizar el derecho a la defensa para la recepción de la declaración indagatoria.

El funcionario de instrucción pondrá en conocimiento del imputado el derecho que le consagra el artículo 2139 del Código Judicial.

Artículo 32. Se modifica el artículo 2127 del Código Judicial para que quede así: Artículo 2127. Son medidas cautelares personales:

1. La prohibición del imputado de abandonar el territorio de la república sin autorización judicial;

2. El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública

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3. La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente:

4. La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, según sea el caso;

5. La detención preventiva.

Las medidas cautelares personales serán tramitadas en forma similar a la fianza de excarcelación.

La medidas cautelares personales serán controladas a través de los mecanismos electrónicos o de cualquier otra naturaleza establecidos para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.

El Ministerio de Gobierno y Justicia, adoptará, reglamentara y será responsable de los mismos con la supervisión del Tribunal o del agente de instrucción competente.

Las resoluciones sobre medidas cautelares personales, no están sujetas a consulta y sólo admiten el recurso de apelación en el efecto diferido, cuando es negado el reemplazo de la detención preventiva por otras de menor gravedad.

Artículo 33. Se modifica el artículo 2128 del Código Judicial para que quede así: Artículo 2128. Serán aplicables las medidas cautelares:

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas.

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo.

c. Cuando por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros

medios de violencia personal.

Artículo 34. Se modifica el último párrafo artículo 2135 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2135. El juez o funcionario de instrucción podrá ordenar al imputado el deber de no alejarse de su propia casa, habitación o establecimiento de salud o de asistencia donde se encuentre recluido.

Cuando sea indispensable, podrán ordenarse limitaciones o prohibiciones al derecho del imputado de comunicarse con personas distintas de las que cohabiten con él o lo asistan.

Si el imputado no puede proveerse para sus necesidades económicas o las de su familia, o si se encontrare en situación de absoluta indigencia, o en circunstancias especiales, el juez o funcionario de instrucción podrá autorizarlo para que se ausente del recinto penitenciario durante la jornada laboral, por el tiempo que fuere necesario para satisfacer esas exigencias; igualmente podrá autorizarle permiso escolar.

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El Ministerio Público podrá controlar en todo momento el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.

Para los efectos legales, el imputado sometido a medida cautelar personal consistente en la obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, se computará como una detención preventiva en un centro penitenciario.

Artículo 35. Deróguese el numeral cuatro del artículo 2198 del Código Judicial.

Artículo 36. Se modifica el artículo 2141 del Código Judicial y queda así:

Artículo 2141: La detención preventiva será revocada por el Juez sin más trámites, de oficio o a petición de parte, cuando se exceda del término de dos (2) años, pero en los delitos que tengan señalada pena mínima de cinco o más años de prisión, podrá extenderse hasta el mínimo de la pena aplicable al caso, sin exceder de seis años. En éstos casos, la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el artículo 2127 del Código Judicial.

Las resoluciones que dicte el Órgano Judicial con el objeto de cumplir lo dispuesto en éste artículo, no admitirán recurso alguno.

Cumplido este periodo sin que se hubiese dictado sentencia el imputado será puesto en libertad y sometido a otra medida cautelar personal si fuere necesario y atendiendo a la circunstancia del caso.

Artículo 37: Se adiciona un numeral al artículo 2173.

Numeral 8 En los delitos de violencia doméstica o cualquier otro, en los cuales esté en peligro la vida de los victimas o sus familiares o de los testigos que rindieron testimonio en el proceso.

Artículo 38: Se adiciona un párrafo al artículo 2195

Cuando el agente del Ministerio Público solicite sobreseimiento, reemplazará la detención preventiva por otra medida cautelar personal de menor gravedad que garantice la presencia del imputado en el proceso, antes de remitir el expediente al tribunal competente.

Artículo 39. Se adiciona un artículo 2195a del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2195a: Desde la diligencia de declaración indagatoria hasta antes de calificar la fase intermedia, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada cuando la prueba de la culpabilidad sea evidente, por tanto, si fuere necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho días, entonces el expediente será remitido al Tribunal competente quien en un término de diez días hábiles dictará la sentencia de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no hubiere violación de garantías fundamentales. En éstos casos el procesado tendrá derecho a una disminución de una cuarta a una tercera parte de la pena por razón de haber aceptado su culpabilidad.

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Artículo 40: Se reforma el artículo 2201

Artículo 2201(2007-A): Llegado el día y hora señalados, el Juez declarará abierta la sesión y hará leer por la Secretaría la Vista Fiscal enviada por el Ministerio Público y el escrito de oposición de la defensa, si lo hubiere.

Luego, el Juez concederá la palabra al representante del Ministerio Público, quien expondrá los resultados de la instrucción sumarial y los medios de prueba que justifiquen la solicitud contenida en la Vista Fiscal, y al defensor para que sustente su escrito de oposición, si lo hubiere.

Si el imputado estuviere presente podrá solicitar se le interrogue sobre los cargos atribuidos, teniendo presente lo dispuesto en los Artículos 2237 y 2239 de este Código.

A continuación, el Juez concederá la palabra por una sola vez, y por un término no mayor de treinta minutos, al Ministerio Público, al querellante si lo hubiere y el defensor, para que formulen los alegatos que consideren convenientes antes de que el Tribunal resuelva el mérito del sumario.

Cuando fueren varios imputados, el Ministerio Público puede disponer de una hora adicional por cada imputado.

En casos dificultosos o de evidente complejidad, a solicitud de parte interesada el juez podrá extender el periodo de alegatos hasta por un hora.

Artículo 41. Se modifica el artículo 2202 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2202 (2207-B): Concluido el período de alegatos a que alude el artículo anterior, el juez, en la misma audiencia decidirá lo que corresponda en derecho y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación para las partes presentes.

Si el juez lo estima necesario, decretará un receso por veinticuatro horas, para preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá su notificación por edicto.

Contra el auto de enjuiciamiento no procede recurso alguno.

Cuando se decida incidentes de previo y especial pronunciamiento conforme al artículo 2277 de este Código, solo se concederá apelación contra la decisión que los niega, por lo que esta se surtirá en efecto suspensivo.

Las solicitudes de acumulación que el juez admita en el acto de audiencia también son recurribles en apelación que se concederá en el efecto suspensivo.

Artículo 42. Deróguese el artículo 2203 del Código Judicial.

Artículo 43: Se reforma el artículo 526 del Código Judicial:

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Artículo 526 (516): Toda diligencia o acto judicial se iniciará y cumplirá a partir del momento en que empiece la hora señalada. No se entenderá que ha transcurrido el tiempo hábil para comenzar a practicarla, sino hasta transcurrido 10 minutos de la hora fijada

Artículo 44. Se modifica el artículo 2204 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2204 (2207-D). El incumplimiento de los términos señalados para la audiencia preliminar, constituye falta disciplinaria que será sancionada conforme a este Código.

Si las partes concurrieren antes de la hora fijada, el juez no tendrá que esperar el vencimiento del plazo fijado en el artículo 526 del Código Judicial.

Cuando las partes no concurrieran a la primera fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, sin mediar causa justificada dentro de los treinta días hábiles con anticipación a la fecha de audiencia, el juez les impondrá una multa no menor de B/.50.00 ni mayor de B/.100.00 que deberá ser cancelada en un término máximo de 15 días al Tesoro Nacional. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Debe el juez, dada las circunstancias anteriores fijar fecha alterna para la celebración de la audiencia y nombrar defensor de oficio.

Articulo 45: Adiciónese un articulo nuevo al código judicial (2204-a)

Articulo nuevo: Al apoderado judicial o defensor del imputado, que sea reemplazado en la audiencia alterna por un defensor de oficio, se le impondrá multa de B/.200.00 por dejar en indefensión a su representado, sino presenta memorial en el cual informa que no seguirá asistiéndolo en la causa, con 15 días calendarios de anticipación a la fecha de audiencia. Se exceptúa lo anterior, en caso de duelo de familiares cercanos o incapacidad por enfermedad debidamente comprobada.

Cuando se trate de ausencia no justificada del defensor de oficio además de la multa se le pondrá en conocimiento a su superior inmediato para que lo haga constar en el expediente personal del defensor.”

Artículo 46. Se modifica el artículo 2219 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2219. Luego que el tribunal competente haya concluido o recibido la diligencia para comprobar el hecho punible y descubrir a los autores o participes, si encontrare que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la sana critica o graves indicios contra alguno, declarará que hay lugar a seguimiento de causa contra estos. Si el Fiscal de la causa y el querellante no presentan acusación, el juez no la elevara a la fase plenaria. Si se llama a juicio con base únicamente en la acusación presentada por la querella, el Ministerio Público continuará interviniendo en la proceso, pero no estará obligado a mantener la pretensión de aquel.

Artículo 47. Se modifica el artículo 2228 del Código Judicial para que quede así:

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Artículo 2228. La audiencia será pública bajo pena de nulidad según los principios de oralidad, publicidad y unidad de acto.

El juzgador podrá ordenar que se realicen mediante el uso de la tecnología de video conferencia o cualquier otra similar que tenga a su disposición desde el centro penitenciario cuando así lo considere en el beneficio del proceso; también podrá ordenar que las sesiones se realicen a puerta cerrada, cuando así lo exijan las razones de moralidad, de orden público, y el respeto a la persona ofendida por el delito o sus familiares. Esta decisión la tomará el juez, de oficio o solicitud de parte y no procederá en contra de ella recurso alguno.

Artículo 48. Se modifica el artículo 2302 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2302. al Agente del Ministerio Público se le notificarán todas las resoluciones que se dicten en el proceso. Les serán notificadas personalmente las resoluciones sobre fianza excarcelaria y las contempladas en los artículos 2301 y 2303. Las demás serán notificadas por edicto.

El edicto será fijado al día siguiente de dictada la resolución por el tribunal y su fijación durará 3 días.

Este edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación y desfijación, y la notificación surtirá efectos legales desde la fecha y hora en la que fuere desfijado.

Los edictos llevarán una numeración continua y con copia de cada uno de ellos, se formará un cuaderno que se conservará en secretaría.

En el supuesto que el agente de instrucción comunique al tribunal que se da por notificado, antes de la desfijación del edicto, se entenderá surtida la notificación.

El día de la fijación del edicto el Tribunal remitirá al Agente del Ministerio Público, una copia certificada de la resolución respectiva, con la constancia de la fecha de fijación.

Quedará surtida la notificación una vez desfijado el edicto.

Para los efectos de las notificaciones personales, este funcionario se considerará legalmente notificado transcurridas 48 horas, contadas a partir del ingreso del expediente a su despacho.

En todo caso el Agente del Ministerio Público deberá devolver inmediatamente el expediente al tribunal competente, dentro de las 24 horas siguientes a su notificación, salvo que se le hubiere corrido traslado de éste en los términos de la ley.

Artículo 49. El último párrafo del artículo 2303 del Código Judicial quedará así:

Artículo 2303……………………………………………………………………………………………………………. Las demás resoluciones se notificarán por edicto, el cual debe cumplir con lo contemplado en el artículo 2302.

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Articulo 50: Adiciónese un párrafo al articulo 2318 de Código Judicial

……..

De ser declarado culpable el tribunal podrá disminuir la pena de prisión entre una sexta parte y una tercera parte, luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible.

Articulo 51: Se modifica el articulo 2357 para que quede así: Articulo 2357: En las diligencias a las cuales se refiere los articulo 2344 y 2358, ordinales 1 de este código, el Presidente podrá designar un funcionario de su despacho para que lo represente, quien deberá ser idóneo para el ejercicio de la abogacía

Artículo 52. Se modifica el artículo 2395 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2395. Cuando no proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los términos previstos en el artículo 78 del Código Penal, el juez del conocimiento al momento de dictar sentencia o en cualquier tiempo después, a petición de parte o de oficio, podrá reemplazar la pena de prisión no mayor de tres años, siempre que no fuese un delincuente reincidente, por cualesquiera de las medidas establecidas en los ordinales 1 y 2 del artículo 82 del Código Penal, según lo que en derecho corresponda.

La resolución que reconozca esta medida es irrecurrible.

Artículo 53. Se modifica el artículo 2397 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2397. Cuando el juez del conocimiento haga uso de la facultad de otorgar motivadamente la remisión condicional que deja en suspenso la ejecución de la pena privativa de la libertad, cuya duración no exceda de tres años, así lo hará constar en la sentencia que le pone fin al juicio, debiendo adoptar en ella todas las medidas legales previstas en los artículos 77, 78 y 79 del Código Penal. También advertirá en la sentencia que la suspensión condicional de la pena será revocada en los casos previstos en el artículo 80 del Código Penal, incluida la declaración de que trata el último párrafo de dicho artículo.

Artículo 54. Se modifica el artículo 2402 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2402. El tribunal del conocimiento, al hacer uso de la facultad de conmutación por días multa o servicio comunitario supervisado, cuando a un delincuente no reincidente le ha impuesto pena de prisión que no exceda de tres años, así lo hará constar en la sentencia final, debiendo fijar el monto de la pena de los días multas, con sujeción a las condiciones económicas del condenado. El fallo respectivo debe estar debidamente motivado aun cuando no lo conceda.

Artículo 55. Se modifica el artículo 2412 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2412. En toda sentencia se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique al imputado, el tiempo que haya estado detenido por ese delito.

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Cuando el imputado ha estado sometido a las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal previstas en los literales b y c del artículo 2127 de este Código, en la sentencia se le computará cada cinco días de medida cautelar cumplida por un día de prisión.

Artículo 56. Se modifica el artículo 2526 del Código Judicial para que quede así: Artículo 2526. El imputado o su defensor podrán solicitar que el proceso se sustancie y decida en la audiencia preeliminar, cuando la investigación esté completa y la prueba resulte evidente.

La solicitud podrá ser presentada en el acto de audiencia preeliminar, antes del inicio de la fase de alegatos.

Las partes podrán presentar en el acto, testigos con el objeto de ser repreguntados o aquellos que, habiendo sido aducidos durante el sumario, no hubieran podido recurrir a rendir declaración por causa previamente comprobada en el expediente. También podrán solicitar la recepción de testimonios que considere conducentes el juez, siempre y cuando se encuentren presentes en el acto para evacuar la práctica probatoria.

La decisión que tome el juez en cuanto a las pruebas en dicho acto no admite recurso alguno.

El juez podrá dictar la sentencia una vez concluidos los alegatos y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación a las partes.

Artículo 57. Se modifica el artículo 2529 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2529. Concluida la audiencia, el Juez dictará sentencia según lo preceptuado en el capítulo I, Título VI del Libro III de este código, pero los términos allí previstos se reducirán a la mitad.

En los casos sometidos al proceso abreviado, si el tribunal impusiere pena de prisión, esta será disminuida entre una sexta a una tercera parte, luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible.

Artículo 58. Se modifica el artículo 2530 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2530. Cuando el imputado sea sorprendido en flagrante delito, esté detenido preventivamente o sujeto a otra medida cautelar personal y exista al menos confesión de su parte, el funcionario de instrucción remitirá inmediatamente el expediente con la vista fiscal, solicitando el proceso directo.

En los casos que se sigan mediante el proceso directo la pena será disminuida entre una sexta parte y una tercera parte luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible.

Tanto el imputado como su defensor podrán solicitar este procedimiento. Artículo 59: Se reforma el artículo 2532 para que quede así:

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Articulo 2532

La solicitud acompañada del sumario y de las demás piezas procesales, se presentará al juez quien determinará si se trata de situación de flagrancia y si existe confesión en cuyo caso dictará inmediatamente el auto de enjuciamiento.

Artículo 60. Se modifica el artículo 23 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, tal como fue modificado por la Ley 13 del 27 de julio de 1984, para que quede así:

Artículo 23. Las medidas cautelares en los delitos relacionados con drogas serán aplicadas por el Agente Instructor o el Tribunal Competente, las cuales no serán consultadas, ni apeladas si son sustituidas por el Tribunal de la causa.

Capítulo IV Disposiciones Finales

Artículo 61: En las disposiciones al Código Judicial, donde dice Fiscal o Fiscales Delegados, debe entenderse Fiscal o Fiscales anticorrupción, respectivamente.

Artículo 62. Esta Ley empezará a regir desde su promulgación. Comuníquese y Cúmplase:

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de 2005, por el Suscrito

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Anexo No. 4

PROYECTO DE LEY SOBRE PROCESO DISCIPLINARIO POR FALTAS ÉTICO – DISCIPLINARIAS

PROYECTO DE LEY No. DE DE DE 2005

Por el cual se establece el Proceso Ético Disciplinario contra los Funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRET A:

ARTÍCULO 1: Se modifica la denominación del Título XII del Libro Primero del Código Judicial, Así:

TITULO XII: DE LOS PROCESOS CONTRA FUNCIONARIOS DEL ORGANO JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO POR FALTAS ÉTICO – DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 2: Se modifica la denominación del Capítulo I, del Título XII del Libro Io del Código Judicial, Así:

CAPÍTULO 1: DE LOS PROCESOS POR FALTAS ÉTICO – DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 3: Se modifica el Artículo 286 del Código Judicial, Así: ARTÍCULO 286: De las causas constitutivas de las faltas ético – disciplinarias. A. Faltas Leves:

1. Dirigir a los Órganos del Estado, a los funcionarios públicos o a las entidades oficiales o particulares, felicitaciones o censuras por sus actos;

2. Censurar injustificadamente, por escrito o verbalmente, la conducta oficial de otros Jueces o Magistrados o Agentes del Ministerio Público;

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3. Sugerir o solicitar a Magistrados, Jueces, Fiscales o Personeros el nombramiento de una determinada persona;

4. Tomar parte en reuniones, manifestaciones o en cualquier acto de carácter político que no sea depositar su voto en los comicios electorales o cualesquiera consultas o plebiscitos populares de carácter oficial.

B. Faltas Graves:

5. Faltar el respeto, ya sea de palabra, por escrito o de obra, a los superiores en el orden jerárquico;

6. Al no ejercer sus facultades de dirección de conformidad con los deberes que le corresponden;

7. Introducir o portar armas de cualquier naturaleza durante las horas de trabajo, salvo que el funcionario cuente con la autorización para ello;

8. Dar a las partes o terceras personas, opiniones, consejos, indicaciones o información confidencial en relación con asuntos pendientes en sus despachos, que sean o puedan ser motivo de controversia;

9. Sugerir a Magistrados, Jueces, Fiscales o Personeros la decisión de negocios pendientes en juicios o en causas criminales;

10. Nombrar o contribuir al nombramiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de sus convivientes o parientes de sus convivientes dentro de los grados de consanguinidad indicados, para cualquier cargo judicial o de auxiliar de la jurisdicción;

11. Escoger a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras personas que deban intervenir como auxiliares de la administración de justicia, mediando nepotismo y favoritismo;

12. Conceder entrevistas privadas a puerta cerrada y en esa forma oiga argumentos o admita comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial;

13.Retrazar injustificadamente la tramitación de los asuntos que conozcan y se comprobara el cargo;

14.Nombrar funcionarios judiciales o de instrucción en los cargos de partidores, depositarios de bienes o en cualquier otro cargo que sean materia de procedimiento judicial o administrativo;

15. Desempeñar los cargos de partidores, depositarios de bienes que sean materia de procedimiento judicial o administrativo o cualquier otro cargo, cuando dicho

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nombramiento le corresponda a los despachos judiciales o de instrucción o a las partes en el proceso;

16. Al no colaborar con la labor de Auditoría Judicial o de Instrucción o proporciones información falsa;

17.Retardar, omitir o rehúsar injustificadamente actos propios de su cargo o instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos, siempre que éstas no violen las leyes;

18. Utilizar el tiempo y recursos del Estado en beneficio propio.

C. Faltas Gravísimas:

19. Faltar al despacho tres días o más en un mes, o más de un lunes en el mismo lapso, sin causa justificada;

20. Ejecutar actos de irrespeto, abuso de autoridad, de violencia o coacción contra subalternos, compañeros de trabajos u otras personas o incitar a cometerlos;

21. Revelar a terceros o medios de comunicación, sin autorización expresa, información que emane de los asuntos jurídicos que se ventilan en la Institución, así como de la información administrativa de carácter restringido;

22. Marcar la tarjeta de tiempo de otro empleado al iniciar o terminar la jornada de trabajo;

23. Utilizar en provecho propio, para fines de especulación, los informes que lleguen hasta él por razón de sus funciones;

24. Ejercer por si o por interpuesta persona la abogacía, el comercio o cualquier otro cargo o actividad, aunque no sea retribuido a excepción de la docencia universitaria, misma que estará sujeta a la evaluación del desempeño;

25. Aceptar regalos o favores de los litigantes que estén ejerciendo ante su Tribunal o de cualquiera persona cuyos intereses puedan ser afectados en sus fallos;

26.Retirar de las dependencias del Órgano Judicial o del Ministerio Público documentos, materiales y/o equipo de trabajo; sin previa autorización escrita del Superior Jerárquico;

27. Portar o usar injustificadamente sustancias ilícitas que produzcan dependencia física o psíquicas, o asistan en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes;

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28. Ocasionar culposamente daños o pérdidas de bienes, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder en razón de sus funciones;

29. Violar la ley por ignorancia inexcusable.

ARTÍCULO 4: Se modifica el Artículo 287 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 287: Los procedimientos ético – disciplinarios podrán ser promovidos individualmente por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Superiores, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales Superiores, los Jueces de Circuito, los Fiscales de Circuito, los Jueces Municipales, los Personeros Municipales y cualquier particular.

En el caso de funcionarios administrativos que no estén adscritos a Despachos Judiciales o de instrucción este procedimiento serán promovidos también por su supervisor administrativo o jefe funcional.

ARTÍCULO 5: Se modifica el Artículo 288 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 288: Los funcionarios mencionados en el artículo anterior deberán promover el procedimiento ético – disciplinario en los siguientes supuestos:

1. Por cualquier información relevante llegada a su conocimiento, debiendo constar la procedencia de la información;

2. Por queja presentada por cualquiera persona ante el Tribunal de Turno y ;

3. Cuando por escrito se lo ordenen sus superiores en el orden jerárquico.

ARTÍCULO 6: Se modifica el Artículo 289 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 289: La potestad sancionadora en los procedimientos éticos – disciplinarios será ejercida por el respectivo superior jerárquico o el supervisor administrativo o jefe funcional en el caso de funcionarios administrativos que no estén adscritos a despachos judiciales o de instrucción.

En todos los casos la instrucción quedará a cargo del Consejo de Administración de Carrera Judicial o su similar en el Ministerio Público.

ARTÍCULO 7: Se modifica el Artículo 290 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 290: El procedimiento consistirá en:

1. El superior jerárquico de turno cuando proceda o el supervisor administrativo o jefe funcional recibirá los antecedentes o el libreto de queja;

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2. En el caso de tratarse de una queja, luego del reparto correspondiente, se citará al particular que se ratifique de ésta bajo la gravedad del juramento, dentro de un término que no podrá ser menor de cinco días ni mayor de veinte días;

3. La resolución mediante la cual se concede el término para que comparezca a ratificarse de la queja el particular, se notificará mediante edicto que será fijado en los estrados del Tribunal correspondiente;

4. En caso de que el particular no comparezca a ratificarse de la queja dentro del término que se le concedió para este fin, se ordenará el archivo de la misma;

5. Luego de ratificada la queja o tratándose de un procedimiento ético – disciplinario iniciado de oficio se dará vista de los antecedentes por cinco días al funcionario contra quien se proceda;

6. El superior jerárquico, supervisor administrativo o jefe funcional remitirá los antecedentes o el expediente de la queja al conocimiento del Consejo de Administración de Carrera Judicial o su similar en el Ministerio Público;

7. Este Consejo o su similar en el Ministerio Público emitirá una resolución admitiendo las pruebas conducentes que se hubiesen presentado a favor del acusado o en su contra cuando alguien quiera hacerlo, y en la misma resolución establecerá las fechas para la evaluación de las pruebas admitidas;

8. Se señalará un término no menor de tres días ni mayor de quince para la práctica de las mismas y la fechas correspondientes serán notificadas por conducto del despacho u oficina correspondiente;

9. El Consejo de Administración de Carrera Judicial o su similar en el Ministerio Público estará facultado para procurar de oficio las pruebas para demostrar o descartar la existencia de la falta imputada;

10. Una vez completada la investigación el funcionario instructor remitirá las actuaciones al Despacho que ejerza la potestad sancionadora, acompañado de un informe que incluirá las recomendaciones pertinentes;

11. El funcionario que ejerce la potestad sancionadora contará con un plazo de tres meses para resolver la causa, imponiendo la sanción disciplinaria que corresponda o declarando que no habrá lugar a ello, o para poner en circulación el proyecto correspondiente en los casos de organismos colegiados. En este último caso la decisión no deberá exceder de un mes adicional.

12. Cuando el proceso es promovido por queja, podrá terminar y archivarse en cualquier momento, por desistimiento del promotor.

ARTÍCULO 8: Se modifica el Artículo 291 del Código Judicial, Así:

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ARTÍCULO 291: Lo decidido será en todo caso apelable por el funcionario afectado, ante el Superior del que decidió la causa disciplinaria, recurso éste que será concedido en el efecto devolutivo.

El funcionario afectado podrá interponer el recurso de apelación en contra de la resolución que le impone una sanción disciplinaria, en el acto de la notificación o dentro del término de dos días siguientes al día en que se notifique de la decisión.

Interpuesto el recurso de apelación, el funcionario afectado deberá sustentarlo dentro del término de cinco días siguientes al día en que promovió dicho medio de impugnación.

En caso de que el recurso de apelación no fuere sustentado, éste será declarado desierto.

Cuando el recurso de apelación fuere sustentado, será concedido y se remitirá los autos al Superior, dejándose copia autenticada de la actuación en el despacho del funcionario que impuso la corrección o sanción disciplinaria.

El funcionario u organismo colegiado que sea competente para conocer de la apelación interpuesta en contra de la resolución que impone una sanción o corrección disciplinaria, deberá resolverla dentro del término de treinta (30) días.

ARTÍCULO 9: Se modifica el Artículo 292 del Código Judicial, Así:

A R T Í C U L O 2 9 2 : A lo s J u e c e s y M a g i s t r a d o s , fu n c io n a r io s ju d i c i a l e s s u b a lt e r n o s , funcionarios administrativos no adscritos a despachos judiciales, Agentes del Ministerio Público, funcionarios subalternos de las agencias de instrucción y funcionarios administrativos del Ministerio Público, en caso de que se comprobase el cargo imputado, se les aplicará las siguientes sanciones correccionales de conformidad con la gravedad de la falta así:

Sanciones para Faltas Leves:

1. Amonestación;

2. Multa no menor de veinticinco balboas (B/.25.00) ni mayor de quinientos balboas

(B/.500.00).

Sanción para Faltas Graves:

1. Suspensión del cargo y privación de sueldo por lapso no mayor de treinta días; y Sanción para Faltas Gravísimas:

1. Destitución.

Tres faltas leves hacen una grave y dos faltas graves hacen una gravísima.

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ARTÍCULO 10: Se elimina el Artículo 293 del Código Judicial. ARTÍCULO 11: Se modifica el Artículo 294 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 294: Cuando la sanción que se le impusiere al funcionario fuere la multa, se comunicará a la oficina pagadora para que la haga efectiva.

En caso de que la sanción que se impusiese fuese la suspensión del cargo y privación del sueldo, se comunicará al suplente que debe reemplazar al sancionado y a la oficina pagadora respectiva.

Cuando el funcionario fuere destituido, esta sanción se le comunicará a la oficina pagadora respectiva.

Esta comunicación sólo se hará cuando el fallo está ejecutoriado.

ARTÍCULO 12: Se modifica el Artículo 295 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 295: La acción para solicitar que se le imponga una sanción disciplinaria a un funcionario, prescribirá en el término de un año contado a partir de la fecha en que la alegada falta disciplinaria fue cometida.

El término de prescripción se interrumpe con la presentación de la queja o con el envío de los antecedentes a Auditoria Judicial, cuando el procedimiento disciplinario se promueve de oficio.

La prescripción no podrá ser reconocida de oficio, y por lo tanto, el funcionario acusado deberá alegarla ante la autoridad que por ley le corresponde decidir la causa disciplinaria.

ARTÍCULO 13: Se modifica el Artículo 296 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 296: Cuando se trate de unidades nominadoras que excedan de cinco personas, la conformación del Tribunal que deberá pronunciarse sobre la falta alegada, se regirá a nivel circuital de conformidad con las disposiciones previstas en el Capítulo III del Título V del Libro I, del Código Judicial.

Cuando se tratare de un Juez Municipal o de un subalterno que conoce de casos correspondientes a dos jurisdicciones, el procedimiento disciplinario será resuelto por un Tribunal integrado por los Superiores de la Jurisdicción donde se origina la queja o la investigación de conformidad con las reglas establecidas en el párrafo anterior. Si la investigación o al queja no guardan relación directa con la tramitación de una causa en particular, el negocio será repartido de manera alterna entre los jueces que componen cada una de las jurisdicciones de la autoridad nominadora.

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ARTÍCULO 14: Cuando las faltas graves y gravísimas sean ejecutadas por Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que establece el artículo 160 de la Constitución Política, le corresponderá juzgarlas a la Asamblea Nacional y aplicar las sanciones que establece el Código Judicial.

ARTÍCULO 15: Se eliminará el Artículo 297, 298, 299 y 300 del Código Judicial.

ARTÍCULO 16: Esta ley modifica la denominación del Título XII, del Libro I, del Código Judicial modifica el Capítulo I, Título II, Libro I, los artículos 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296 y elimina el artículo 293 del Código Judicial.

ARTÍCULO 17: Esta ley entra a regir a partir de su promulgación. Comuníquese y Cúmplase:

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de Suscrito

de 2005, por el

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Anexo No. 5

PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA CARRERA JUDICIAL

PROYECTO DE LEY DE DE DE 2005

Por el cual se instituye el Sistema de Carrera Judicial.

La Asamblea Nacional Decreta:

ARTÍCULO 1: Se modifica el Artículo 270 del Código Judicial, para que quede Así:

ARTÍCULO 270. La Carrera Judicial es un sistema científico de selección y administración del personal que ingresa al Órgano Judicial. Dicha carrera se basa en los méritos, títulos y antecedentes del aspirante para ocupar el respectivo cargo, de conformidad a los requisitos establecidos por la Ley y los procedimientos señalados en los reglamentos y en los manuales a que se refiere el artículo 306 de la Constitución Nacional.

No forman parte de la Carrera Judicial los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y el personal de Secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no formen parte de la Carrera Judicial, que incluye Escribientes, Asistentes, Conductores, Agentes de Seguridad, Citadores y Porteros. Estos funcionarios subalternos serán de libre nombramiento y remoción del titular del Despacho, pero tendrán los demás derechos, obligaciones y prohibiciones que las leyes del ramo les asignan a los otros funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

ARTÍCULO 2: Se adiciona el Artículo 270 A al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 A: La Carrera Judicial es un factor determinante de la independencia judicial, y se basa en la idoneidad, capacidad, probidad e igualdad de oportunidades para estimular el ingreso de los más aptos.

En consecuencia, todos están obligados a respetar la independencia de los cargos judiciales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

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Los que en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales se consideraren presionados o perturbados en su independencia, lo pondrán en conocimiento del Consejo de Administración de la Carrera Judicial.

El Consejo promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial. ARTÍCULO 3: Se adiciona el Artículo 270 B al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 B: La Carrera Judicial se fundamenta en los siguientes principios:

1. Estabilidad e inamovilidad de los funcionarios de carrera en el empleo, condicionada a la conducta y cumplimiento de sus deberes, de acuerdo a los parámetros establecidos en el sistema de evaluación del desempeño.

2. Igualdad de oportunidades para las personas que aspiran ingresar a la Institución.

3. Procedimiento de reclutamiento y selección con base en sistemas de reconocida transparencia y profesionalismo.

4. Igualdad de oportunidades de todos los funcionarios de carrera para ser promovidos y trasladados en su beneficio dentro del Órgano Judicial, condicionada al cumplimiento de los requisitos de educación y experiencia, idoneidad, mérito y eficiencia en la prestación del servicio.

5. Evaluación periódica del desempeño.

6. Igualdad de remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones y niveles de responsabilidad.

7. Formación tanto a los nuevos integrantes como a los ya vinculados para fortalecer sus competencias y capacidad de desempeño.

8. Sistemas de promoción.

9. Excelencia profesional del servicio de justicia, con acceso a becas, licencias por estudios y capacitación permanente del personal de carrera.

ARTÍCULO 4: Se adiciona el Artículo 270 C al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 C: Las normas sobre la Carrera Judicial regularán todo lo relacionado con:

1. Clasificación de cargos

2. Selección de personal

3. Evaluación del desempeño

4. Remuneración e incentivos

5. Asistencia y puntualidad

6. Licencias y vacaciones

7. Régimen disciplinario

8. Acciones y recursos

9. Capacitación

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ARTÍCULO 5: Se adiciona el Artículo 270 D al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 D: Para ingresar a la Carrera Judicial se requiere:

1. Ser de nacionalidad panameña y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos

2. Reunir los requisitos mínimos de idoneidad, educación, edad y experiencia que se exigen para desempeñar el cargo, en la Ley y el Manual Descriptivo de Clasificación de Cargos, según el caso.

3. No tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, a tenor de lo dispuesto en el Código Judicial.

4. Haber aprobado satisfactoriamente los exámenes, pruebas y demás requisitos de ingreso exigidos.

5. Haber cumplido satisfactoriamente el periodo de prueba

6. Ser nombrado funcionario permanente en un cargo incluido dentro del régimen de Carrera.

ARTÍCULO 6: Se adiciona el Artículo 270 E al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 E: Las unidades que tendrán responsabilidad en la administración de la Carrera Judicial son:

1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia

2. La Sala Cuarta de Negocios Generales

3. El Consejo de Administración de Carrera Judicial

4. La Escuela Judicial

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial y La Escuela Judicial tendrán sus propios reglamentos, que deberánser aprobados por Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 7: Se adiciona el Artículo 270 F al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 F: El Consejo de Administración de Carrera Judicial tendrá jurisdicción en el ámbito nacional, para la administración de la Carrera Judicial que estará integrado por un principal y un suplente, así:

1. Un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

2. Un Magistrado de los Tribunales Superiores

3. Un Juez de Circuito

4. Un Juez Municipal

5. Un Defensor de Oficio

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6. Un Representante de las Asociaciones de Funcionarios Judiciales reconocidas en el Órgano Judicial.

Cuando el Consejo de Administración de la Carrera Judicial deba abordar temas que se relacionen con los Secretarios y Demás Personal Subalterno o con Funcionarios de Apoyo Administrativo, se integrará igualmente de un representante de este colectivo.

Los integrantes del Consejo serán escogidos por mayoría de votos entre sus pares, brindarán servicios por un período de dos (2) años y no tendrán derecho a reelección en el período inmediatamente siguiente.

El representante de las Asociaciones de Funcionarios Judiciales será escogido de acuerdo a sus reglamentos.

ARTÍCULO 8: Se adiciona el Artículo 270 G al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 G: Son funciones del Consejo de Administración de Carrera Judicial:

1. Administrar el sistema de Carrera Judicial, procurando condiciones de acceso a los aspirantes a través de un proceso transparente, que genere personal idóneo y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de los operadores de justicia, regido por el principio de igualdad de oportunidades.

2. Interpretar y Aplicar las normas y procedimientos del sistema de Carrera Judicial.

3. Elaborar el Manual de Descripción de Cargos.

4. Aprobar los cursos de formación inicial y pruebas de conocimiento que elabore la Escuela Judicial

5. Servir como medio de consulta en las controversias que se susciten con relación a la aplicación del presente Reglamento.

6. Atender aquellos asuntos que somete a su consideración la autoridad máxima de cada Institución.

7. Nombrar a los integrantes de la Comisiones de Evaluación para el ingreso en el Órgano Judicial

8. Preservar la independencia de los cargos del Órgano Judicial y especialmente la de los jueces y magistrados, en el ejercicio de sus funciones judiciales.

9. Evaluar el desempeño de los funcionarios del Órgano Judicial

10.Recomendar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia las reformas o modificaciones, que requiera el Reglamento de Carrera Judicial, así como la aprobación de otros reglamentos relacionados con el mismo.

ARTÍCULO 9: Se adiciona el Artículo 270 H al Código Judicial, así:

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ARTÍCULO 270 H: El Consejo de Administración de Carrera Judicial tendrá un Secretario Ejecutivo nombrado por este organismo de acuerdo a los procedimientos de carrera judicial, a quien jerárquicamente responderá.

Este Secretario Ejecutivo deberá poseer los mismos requisitos que para ser Juez de Circuito.

ARTÍCULO 10: Se adiciona el Artículo 270 I al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 I: El Consejo de Administración de Carrera Judicial tendrá a su cargo los departamentos de asesoramiento y asistencia técnica, encargados de aplicar el sistema de carrera judicial, ellos son:

1. Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal.

2. Departamento de Valoración y Evaluación del Desempeño

3. Departamento de Clasificación de Cargos.

Los encargados de los departamentos serán elegidos por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, de conformidad a las normas sobre carrera judicial y deberán reunir los requisitos consignados en el Manual de Descripción de Cargos.

ARTÍCULO 11: Se modifica la denominación del Capítulo I, del Título XII del Libro Primero del Código Judicial, así:

CAPÍTULO I

DEL ACCESO Y PROMOCIÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL

ARTÍCULO 12: Se modifica el Artículo 271 del Código Judicial, así:

Artículo 271: El ingreso en el Órgano Judicial por la categoría de Juez Municipal requerirá la superación de las pruebas previstas en el Reglamento de Carrera Judicial, a las que podrán presentarse todos los aspirantes que reúnan los requisitos fijados para el cargo en la Ley y el Reglamento.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial nombrará las Comisiones que evalúen las indicadas pruebas de ingreso en el Órgano Judicial por la categoría de Juez Municipal, en la forma en que se determine en el Reglamento.

Una vez concluidos los ejercicios, cada Comisión de Evaluación remitirá la lista de aspirantes al Consejo de Administración de la Carrera Judicial ordenada de mayor a menor puntuación.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial formará las ternas con los aspirantes de mejor puntuación, quienes serán sometidos a las pruebas sicológicas donde se determinará

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únicamente la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio del cargo en ese aspecto. Si alguno de los aspirantes no fuera declarado idóneo, se completarán las ternas con los inmediatamente siguientes en el orden de puntuación.

Obtenidos los resultados el Consejo de Administración de la Carrera Judicial emitirá resolución en que determine quiénes son los candidatos de mejor puntuación y remitirá copia autenticada de esta a la autoridad nominadora.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

Nombrados los candidatos llevarán a cabo un curso de capacitación inicial diseñado conjuntamente por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial.

ARTÍCULO 13: Se subroga el Artículo 272 del Código Judicial, así:

Artículo 272: Para ocupar los cargos de Jueces de Circuito o Seccionales se procederá por la vía del ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior.

Si hubiere una segunda vacante, se ocupará por el funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, que haya ingresado en el Órgano Judicial por el procedimiento establecido en el artículo anterior, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial remitirá a la autoridad nominadora la copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor derecho al ascenso.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

ARTÍCULO 14: Se subroga el Artículo 273 del Código Judicial, así:

Artículo 273: Para ocupar los cargos de Magistrado de Tribunal Superior se seguirán las siguientes reglas:

1. Cuando se presente la primera vacante a nivel nacional, se procederá por la vía de ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al funcionario de la categoría

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inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial remitirá a la autoridad nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor derecho al ascenso.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. Y,

2. Si hubiere una segunda vacante, ésta se someterá a concurso entre juristas de reconocido prestigio en la especialidad del cargo, que reúnan los requisitos que establece la ley y el Reglamento.

A estos efectos, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial nombrará las Comisiones que evalúen las pruebas de ingreso en el Órgano Judicial por la categoría Magistrado de Tribunal Superior. Cada una de las indicadas Comisiones estará integrada por un magistrado del la Corte Suprema, quien la presidirá, dos magistrados de tribunales superiores, un Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá de la disciplina jurídica relacionada con la plaza convocada, y un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial emitirá la resolución en donde determine quiénes son los candidatos aspirantes de mejor puntuación, quienes serán sometidos a las pruebas sicológicas donde se determinará únicamente la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio del cargo en ese aspecto. Si alguno de los aspirantes no fuera declarado idóneo, se completarán las ternas con los inmediatamente siguientes en el orden de puntuación.

Obtenidos los resultados el Consejo de Administración de la Carrera Judicial emitirá la resolución donde determine quiénes son los candidatos de mejor puntuación y remitirá copia de esta a la autoridad nominadora.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

Las mismas reglas se observarán para llenar las vacantes siguientes. Si se declarare desierto el procedimiento de selección

ARTÍCULO 15: Se adiciona el Artículo 273 A al Código Judicial, así:

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ARTÍCULO 273 A: Para ocupar las vacantes que se originen en el Instituto de Defensoría de Oficio y las que se den a nivel de los Secretarios y demás personal subalterno en el Órgano Judicial, se seguirán las siguientes reglas:

1. Cuando se presente la primera vacante a nivel nacional, se procederá por la vía de ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior; y

2. Si hubiere una segunda vacante, ésta se someterá a concurso entre los que trabajan en la institución y los aspirantes externos al Órgano Judicial, siempre que en ambos casos, reúnan los requisitos que fije la ley y el reglamento y, de haberse previsto, hayan superado los exámenes o pruebas establecidos al efecto.

3. Las mismas reglas se observarán para llenar las vacantes siguientes.

El nombramiento de los funcionarios indicados en este artículo se llevará a cabo en la

forma prevista en el Reglamento de Carrera Judicial.

A tales efectos, el Consejo de Administración de Carrera Judicial enviará a la unidad nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor puntuación.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres (3) candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

ARTÍCULO 16: Se adiciona el Artículo 273 B al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 273 B: Las vacantes que se originen en las áreas de apoyo administrativo y demás personal no contemplado en el artículo precedente, se someterán a concurso entre los que trabajan en la institución y los aspirantes externos al Órgano Judicial, siempre que en ambos casos, reúnan los requisitos que fije la ley y el reglamento y, de haberse previsto, hayan superado los exámenes o pruebas establecidos al efecto.

El nombramiento de los funcionarios indicados en este artículo se llevará a cabo en la forma prevista en el Reglamento de Carrera Judicial.

A tales efectos, el Consejo de Administración de Carrera Judicial enviará a la unidad nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor puntuación.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres (3) candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

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ARTÍCULO 17: Se modifica el Artículo 275 del Código Judicial, así:

ARTÍCULO 275: Los suplentes de los Magistrados de los Tribunales Superiores y de los Jueces, ya sean estos de Circuitos o Municipales, serán escogidos por concurso de conformidad a las normas y reglamentos de carrera judicial, pero no pertenecerán a ésta.

ARTÍCULO 18: Se modifica el Artículo 278 del Código Judicial, así:

ARTÍCULO 278: El escalafón comprende las categorías que van de Jueces Municipales a Magistrados de Distrito Judicial.

ARTÍCULO 19: Se modifica el Artículo 283 del Código Judicial, así:

ARTÍCULO 283: Con excepción de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Jueces Municipales los Magistrados y los Jueces podrán ser trasladados a puestos de igual categoría por cualquiera de las causas siguientes:

a. Por manifiesta enemistad con uno o más de los Magistrados o entre Jueces que integran un Tribunal de Apelaciones y Consultas;

b. Cuando en la sede del Tribunal en que ejercen sus cargos actúen permanentemente como abogados, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Magistrado o Juez y no hubiere más que un tribunal o un juzgado, ya sea de lo Civil o de lo Penal.

Los literales anteriores son aplicables a los Agentes del Ministerio Público en lo que les corresponda.

Después de acordado el traslado de un Magistrado, Juez o agente del Ministerio Público, éste se llevará a cabo apenas surja la posibilidad de hacerlo, ya sea por vacante que se produzca o por darse la situación contemplada en el párrafo primero de este artículo.

ARTÍCULO 20: Se modifica el Artículo 285 del Código Judicial, así:

ARTÍCULO 285: Corresponde al tribunal o Juez que hizo el nombramiento recibir las renuncias y aceptarlas. Una vez aceptadas, debe comunicársele al Consejo de Administración de Carrera Judicial para que abra el puesto a concurso si no fuere el caso de cubrir la vacante a base de antigüedad y mejor hoja de servicio.

ARTICULO 21: Esta Ley modifica los artículos 270, 271, 272 y adiciona los artículos 270 A, B, C, D, E, F, G, H, I, 273 A y B, subroga el artículo 272 y 273 del Código Judicial.

ARTÍCULO 22: La presente Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación. Comuníquese y Cúmplase:

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de 2005, por el Suscrito

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Anexo No. 6

PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CONSEJO JUDICIAL

PROYECTO DE LEY DE DE DE 2005

Por el cual se modifican las Normas del Consejo Judicial. LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRET A:

CAPÍTULO I

DEL CONSEJO JUDICIAL

ARTÍCULO 2: Se modifica el Artículo 438 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 438: El Consejo Judicial será un organismo consultivo, encargado de establecer las Políticas de Estado para el fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.

ARTÍCULO 3: Se modifica el Artículo 439 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 439: El Consejo Judicial estará integrado por los siguientes miembros:

– El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.

– Los Presidentes de Sala de la Corte Suprema de Justicia.

– El Procurador General de la Nación.

– El Procurador de la Administración.

– El Presidente del Colegio Nacional de Abogados.

– Un Representante de la Sociedad Civil.

ARTÍCULO 4: Se subroga el Artículo 440 del Código Judicial, Así: ARTÍCULO 440: Son funciones del Consejo Judicial:

ARTÍCULO 1:

del Código Judicial, Así:

Se modifica la denominación del Capítulo I, del Título XVI del Libro Io

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1. Procurar la efectividad de la Administración de Justicia que garantice la seguridad jurídica, con principios y normas jurídicas claras para que los ciudadanos tengan acceso a ella.

2. Asegurar que exista un sistema de Carrera Judicial e Instrucción Judicial para el Órgano Judicial y el Ministerio Público respectivamente, transparente, que establezca las condiciones de acceso a quienes aspiren a los cargos de Jueces, Magistrados y Agentes del Ministerio Público, que genere personal idóneo y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de los operadores de justicia, regido por los principios de igualdad de oportunidades de los aspirantes.

3. Promover la formación ética y moral de los aspirantes a la profesión de abogado, destacando su importancia en el ejercicio privado, así como el desempeño en los cargos de Magistrados, Jueces y Agentes del Ministerio Público.

4. Formular recomendaciones para mejorar la estructura y organización del Órgano Judicial y el Ministerio Público, para lograr que estas instituciones sean independientes, eficientes, eficaces y competentes.

5. Planificar los programas, proyectos y actividades del Órgano y el Ministerio Público y vigilar la efectiva ejecución de los mismos.

6. Establecer un sistema de evaluación de resultados de la gestión judicial para el mejoramiento continuo de toda la estructura.

7. Fomentar un Sistema de Rendición de Cuentas en el Órgano Judicial y el Ministerio Público para que los presupuestos de estas instituciones respondan a dichos resultados, bajo el concepto de que un Sistema de Justicia Ágil y Transparente es beneficiosa para el país porque asegura la inversión que se traduce en una mejora general para todos los ciudadanos.

8. A n a l i z a r p e r ió d i c a m e n t e la r e mu n e r a c ió n d e l o s e mp l e a d o s ju d i c i a l e s y d e l Ministerio Público.

9. Analizar los ordenamientos procesales, métodos y sistemas de trabajo de los despachos judiciales y sugerir reformas.

10. Procurar que se clasifique, ordene y publique la Jurisprudencia Nacional; y,

11. Revisar periódicamente la división territorial y funcional de la Administración de Justicia, con la finalidad de plantear cambios de acuerdo a la incidencia de conflictos en cada región.

12. Opinar sobre los programas de capacitación de los servidores del Órgano Judicial y el Ministerio Público.

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13.Fomentar la autonomía financiera y administrativa del Órgano Judicial y el Ministerio Público.

14. Rendir informe cada dos años, de las modificaciones o actualizaciones que sean necesarias para el fortalecimiento del Sistema de Justicia.

ARTÍCULO 5: Se subroga el Artículo 441 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 441: El Consejo Judicial contará con una Secretaria Ejecutiva permanente, cuyo personal, incluyendo al Secretario Ejecutivo, será designado por el propio Consejo.

ARTÍCULO 6: Se subroga el Artículo 442 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 442: El Secretario Ejecutivo debe reunir los mismos requisitos necesarios para ser Secretario General de la Corte Suprema de Justicia y percibirá igual remuneración que éste en cuanto a sueldo y gastos de representación.

El Secretario del Consejo Judicial, con la colaboración del personal que dirige tendrá las siguientes atribuciones:

a. Llevar debidamente foliadas y empastadas las actas de sesión del Consejo Judicial.

b. Impulsar y dar seguimiento a los planes y propuestas del Consejo Judicial y rendir los

informes de avance que corresponda.

c. Diseñar y ejecutar las acciones concretas para el cumplimiento de las metas del Consejo

Judicial.

d. Convocar las sesiones del Consejo Judicial.

e. Dirigir el equipo de expertos que apoya al Consejo Judicial.

f. Supervisar la labor del personal a su cargo.

ARTÍCULO 7: Se subroga el Artículo 443 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 443: El Consejo Judicial dictará el reglamento de su régimen interno, sesionará una vez al mes y presentará los resultados de su gestión a la Nación en el mes de enero de cada año, sobre el inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 8: Se subroga el Artículo 444 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 444: El Consejo Judicial contará con un equipo de expertos que funcionará en forma sistemática y continua, coordinada con los administradores de justicia y las unidades de apoyo administrativo, para la planeación judicial y mejoramiento continuo, bajo la dirección de la Secretaría Ejecutiva, que tendrá las siguientes funciones:

a. Examen periódico de las leyes y su aplicación a través de la jurisprudencia y doctrina nacional. Este equipo informará cada seis meses al Consejo Judicial, las

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recomendaciones o actualizaciones que deban hacerse para fortalecer el sistema de

justicia.

b. Análisis de las situaciones críticas y de oportunidades de mejora organizacional.

c. Atender los proyectos en ejecución y dar seguimientos a los implementados.

d. Mejorar y documentar los procedimientos judiciales.

e. Crear e implantar un sistema de planificación judicial.

ARTÍCULO 9: Se subroga el Artículo 445 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 445: Cada uno de los miembros del Consejo Judicial debe procurar que la instancia por él representada, realice las acciones que correspondan para el logro de los objetivos del mismo.

ARTÍCULO 10: Se subroga el Artículo 446 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 446: Los proyectos del Consejo Judicial deben contemplar la reorganización estructural del Órgano Judicial y del Ministerio Público, para la creación de servicios comunes que maximicen los resultados obtenidos tradicionalmente y procuren la optimización de los recursos invertidos y tendrá una visión clara de que la modernización del Sistema de Justicia requiere el desarrollo tecnológico de las instituciones involucradas.

Cuando el Consejo Judicial detecte que un área determinada de la Administración de Justicia tiene severos problemas para el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley a causa de que la propia legislación debe ser mejorada, así lo recomendará al Presidente de la República, destacando la urgencia de la adopción de la medida.

ARTÍCULO 11: Esta ley modifica la denominación del Capítulo I, del Título XVI, del Libro I, del Código Judicial, los artículos 439, subroga los artículos 440, 441, 442, 443, 444, 445 y 446 del Código Judicial.

ARTÍCULO 12: Esta ley entra a regir a partir de su promulgación. Comuníquese y Cúmplase:

Propuesta a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de Suscrito.

2005, por el

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Anexo No. 7

PROPUESTA DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA DE ESTADO COORDINADA POR EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

PRESENT ACIÓN

Se presenta a consideración de la sociedad panameña la Primera Propuesta de Política Criminológica preparada por un equipo de profesionales designados por la Comisión Intersectorial de Alto Nivel, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 66 de 5 de abril de 2002 y modificado por el Decreto Ejecutivo No. 128 de 29 de mayo de 2002.

La conformación de esta Comisión surgió del interés y preocupación ante el fenómeno de la criminalidad y seguridad ciudadana durante el desarrollo de la Primera Jornada Científica Nacional y Seguridad Ciudadana, realizada en Octubre de 2001, por la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, con la participación de diferentes instituciones, grupos organizados y organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema.

La presente Propuesta de Política Criminológica es concebida en su concepto más amplio considerando sus componentes sociales lo cual es cónsono con las recomendaciones de las Naciones Unidas que al respecto ha señalado, que el sistema de justicia penal además de ser un instrumento de control y disuasión debe contribuir también al objetivo de mantener la paz y el orden y de reparar las desigualdades y proteger los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y social equitativo.

El esfuerzo plasmado en este documento tiene como propósito servir de base en las toma de decisiones con respecto al abordaje técnico del fenómeno relativo a la criminalidad y seguridad de las personas en nuestro país, con una óptica de modelo participativo basado en los procesos comunitarios, con la intervención activa de la sociedad civil e instituciones formales de control social; de manera que se faciliten el espacio y los medios para hacerle frente a la criminalidad desde un contexto más amplio y democrático.

Para el diseño y contenido de la Propuesta de Política Criminológica se revisó la bibliografía más actualizada sobre el tema; así mismo se consultó con expertos internacionales como el Dr. José María Rico y María de la Luz de Lima, entre otros, y se sometió la Propuesta a la consideración de profesionales de diferentes especialidades de nuestro medio vinculados al tema, destacándose la participación de las expertas nacionales Marcela Márquez y Carmen Antony.

A efectos del diagnóstico necesario para la caracterización de la situación del fenómeno delictivo en nuestro país, el equipo de trabajo que participó en la elaboración de la presente Propuesta realizó un análisis situacional a través de las siguientes subcomisiones: Criminalidad (adultos y menores), Prevención, Comisión Judicial, Seguridad Ciudadana y Subcomisión Socioeconómica

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Al equipo que elaboró esta propuesta le anima el propósito de aportar a la solución de un problema que nos corresponde a todos(as) los ciudadanos(as) de este país; esfuerzo que puede ser reforzado y complementado con la participación de toda la sociedad civil al momento que las diferentes acciones programadas se ejecuten y a través de los diferentes momentos de su evaluación.

Como producto de la solicitud formal hecha por la Comisión de Estado por la Justicia en junio de 2005 para revisar y elaborar finalmente este documento, fue creada la subcomisión para este propósito, coordinada por la Mgtra. Aida Selles de Palacios, directora del Instituto de Criminología y participantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Órgano Judicial, Alianza Ciudadana e Instituto de Criminología.

INTRODUCCIÓN

La Criminalidad en Panamá con el consecuente sentimiento de inseguridad ciudadana ante el temor al delito, se ha convertido en uno de los problemas sociales de mayor preocupación, aún cuando no ha alcanzado despertar una alarma social y que desde el punto de vista cuantitativo en atención a la población total, no es significativo, si lo es desde el punto de vista cualitativo; es decir, dadas las características de violencia, agresividad e innovación tecnológica con que son ejecutados los hechos delictivos, denotan la transformación del delito al cual se han incorporado técnicas y métodos de otras latitudes, resultando insuficientes los esfuerzos para su control y prevención.

El incremento de hechos delictivos con participación de personas con minoría de edad, la reincidencia y habitualidad de personas adultas en la comisión de delitos, la disfunción familiar, la participación progresiva de la mujer implicada en hechos criminosos especialmente en delitos contra la salud pública, la mora judicial producto de una ineficiente administración de justicia y la falta de aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva; son algunas de las variables que contribuyen a que la inseguridad y el temor ante el delito aumente, lo que constituye un obstáculo para el logro de niveles óptimos en la calidad de vida de la ciudadanía, y por ende en el desarrollo de nuestro país.

Unido al tema de la variación cualitativa del hecho delictivo, está la situación del Sistema Penitenciario que ante la falta de políticas en esta materia, no ha cumplido con un efectivo rol de rehabilitación del detenido, lo que se traduce en un aumento de la reincidencia, y lo hace cada vez más refractario a todo intento de tratamiento lo cual anula toda posibilidad de reinserción social. Por otro lado, debemos considerar que la criminalidad es multicausal, en la cual convergen y se conjugan una variedad de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, etc., que en un momento determinado influyen en diferentes grados en el paso al acto delictivo. Ante este complejo problema,

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muchas veces se han seguido canales o vías poco adecuadas, como las que descansan prioritariamente en la represión y en algunas acciones de prevención que carecen de soporte científico y de la correcta planificación que el mismo exige.

La reacción social ante un hecho delictivo tradicionalmente descansa en instituciones tales como la Policía Nacional, Ministerio Público, Órgano Judicial, Sistema Penitenciario, entre otras, a pesar de la importancia y responsabilidad que las mismas tienen en relación al control y prevención de la criminalidad, no cuentan con parámetros definidos que permitan su actuación de manera integral, de modo que funcionen como una unidad orgánica, con miras a lograr la efectividad de sus acciones y programas.

En tal sentido, Elías Carranza (1992) ha dicho que “salvo intentos esporádicos que no descansan en la estructuración de una política integrada sostenida en el tiempo, la realidad general de los países, indica que los subsistemas policial, judicial, penitenciario, post- penitenciario, de menores y legislación penal, accionan cada uno de ellos en forma muy autónoma e impulsados con frecuencia por criterios encontrados entre sí. Igualmente inexistentes han sido como era de suponer, las que hemos denominado políticas criminológicas en sentido amplio que deberían armonizar la actividad del Sistema de Justicia Penal con respecto a los restantes sectores del Estado y de la Sociedad”.

Con respecto a la prevención predelictiva o anterior a la comisión del delito o conducta antisocial, las acciones y programas han descansado de manera más acentuada en la Policía lo cual ha sido poco efectivo por lo que el incremento del delito, con el consiguiente sentimiento de inseguridad, ha llevado a aumentar el número de unidades policiales. En una Política Criminológica, en el sentido amplio como la hemos concebido, en esta propuesta debe incluirse el sistema de control social general, no sólo el Sistema de Justicia Penal, por ello, se considera como elemento fundamental su encuentro con otras áreas de la política de Estado con énfasis en el sector social (empleo, vivienda, salud, educación, recreación, etc.), por eso se enfatiza en la prevención primaria (antes de que se emita la conducta), que es realmente donde radica la posibilidad de disminución del delito; pues, desde la óptica solamente de la represión secundaria (después del hecho delictivo) los recursos y esfuerzos resultan insuficientes, y no constituye una verdadera respuesta a la seguridad y bienestar de la sociedad; por ello, el Sistema de Justicia Penal, además de ser un instrumento de control y disuasión debe contribuir también al objetivo de mantener la paz y el orden y reparar las desigualdades y proteger los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y social equitativo.

La presente Propuesta de Política Criminológica plantea la necesidad de participación coordinada de todos y cada uno de estos sectores de la sociedad, pues su ejecución implica así mismo un conjunto armónico de acciones y programas del aparato estatal que conduzca al logro de la justicia social; por ello una Política Criminológica, no se concibe sin un enfoque social que debe contemplar todas las reformas necesarias es decir, desde la óptica

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penal reacción-control (administración de justicia penal) y por otro lado, todos los mecanismos de prevención primaria.

La eficacia de una Propuesta de Política Criminológica exige ser abordada desde un enfoque integral dado que aspira disminuir y controlar la conducta antisocial, y esto sólo es posible, si se atienden los factores que generan este comportamiento y que de no atenderse oportunamente profundizarán más el problema.

Por todo lo anterior, al elaborar esta Propuesta la concebimos como una política que a la luz de los planteamientos de ILANUD (1976) debe ser considerada en la planificación nacional del desarrollo, por constituir un aspecto importante de la política general de un país. De allí que ésta se sustente en los siguientes principios rectores: Prevención, Seguridad Ciudadana, Respeto a los Derechos Humanos, Justicia Social, Desarrollo Humano Sostenible, Participación Ciudadana, y Educación para una Cultura de Paz. Esto implica redoblar esfuerzos en materia de prevención, lo cual exige la participación de todos los órganos del Estado, Instituciones, Ministerios, Organizaciones no Gubernamentales y la ciudadanía en general.

Esta propuesta contiene las acciones previas necesarias para la ejecución de la misma haciendo especial énfasis en el Ente Rector responsable de liderar su implementación, se incluye la síntesis, producto del estudio que se realizó para conocer la realidad sobre la temática, se establecen los objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, seguidamente se incluyen de manera explicativa los principios y estrategias que rigen la Política Criminológica propuesta, se presenta un plan de acción que incluye actividades de prevención general y específica. Por último el documento incluye una matriz de responsabilidades en donde se enumeran las acciones por principios, los plazos y corresponsabilidad institucional, gubernamental y no gubernamental, en que deben ser ejecutadas; así mismo el documento contiene todas las fuentes que sirvieron de apoyo para presentar este esfuerzo.

Las nuevas modalidades de la delincuencia urbana, la organización de la delincuencia económica, la variación cualitativa y cuantitativa del delito rural, exigen la investigación sobre sus causas, análisis de la justicia penal, perfeccionamiento y modernización de la investigación, lo cual se traduce en la necesidad de una política criminológica como parte de una política social integral.

Por último debemos señalar que el propósito fundamental de la Política Criminológica en nuestro país es promover que impere la justicia social de manera que se garantice la seguridad ciudadana a través de la atención oportuna y científica del fenómeno delictivo en todas sus manifestaciones.

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A. ACCIONES PREVIAS

La Política Criminológica concebida como parte de las Políticas Públicas demanda para su implementación de la voluntad estatal, porque en ella se determinan las directrices que orientan la atención, prevención y tratamiento del fenómeno de la criminalidad en nuestro país, en su contexto social. Precisamente es la Política Criminológica el medio del cual se valdrá el Estado panameño para atender integralmente la demanda que en estos menesteres exige la sociedad.

Es por esta razón que la Propuesta de Política Criminológica considera necesaria para su implementación las siguientes acciones previas:

– Institucionalizar la Propuesta de Política Criminológica.

– Crear y reglamentar un organismo con independencia y autonomía

presupuestaria, supeditado al Órgano Ejecutivo que liderice, planifique,

coordine, supervise y evalúe la ejecución de la Política Criminológica.

– Motivar e integrar a todas las instituciones y entes involucrados en la ejecución

de la Política Criminológica a través de alianzas estratégicas.

Tal como lo indica la segunda acción previa, la creación de este organismo permite contar con la autoridad que planifica, organiza, coordina y evalúa la puesta en marcha de la Política Criminológica en nuestro país; con los insumos que proveerán las instituciones gubernamentales o no gubernamentales que tengan corresponsabilidad con la operatividad de los proyectos y acciones de control, prevención y tratamiento de la problemática; lo que permite la participación de diversos actores, sin que cada uno de ellos deje de cumplir sus funciones específicas que le corresponde realizar para este propósito.

Al respecto, especialistas en el área señalan que “la multiplicidad de instituciones estatales que intervienen, así como la diversidad de finalidades declaradas o no de las mismas, hace que sea muy difícil la formulación y ejecución de prácticas coherentes del Estado sin la concurrencia de instancias que las coordinen y corrijan, en especial en el tema de la justicia penal juvenil, que se convierte en un fenómeno que engrana una aglomeración de expectativas de diversos sectores sociales, con la pretendida finalidad de construir una mejor convivencia social.” (Propuesta de Política Criminal y Seguridad Ciudadana para el Salvador. 2005).

Las funciones de competencia para este organismo serían:

– Liderizar la puesta en marcha de objetivos, principios, estrategias y acciones de la Política Criminológica.

– Formalizar los compromisos con las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que cumplan con sus tareas en pro de la disminución de la criminalidad.

– Coordinar y orientar las pautas y directrices en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de prevención y atención del delito en sus diversas modalidades.

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– Participar en sesiones y comisiones de alto nivel con el fin de proponer programas y proyectos de prevención innovadores que atiendan la problemática de la criminalidad y seguridad ciudadana.

– Planificar y promover actividades y tareas vinculadas a la unidad organizacional

– Presentar el presupuesto para el funcionamiento de la organización.

– Gestionar recursos y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.

– Identificar y proponer acciones de capacitación necesarias en materia de

desarrollo de la Política Criminológica.

– Presentar informes anuales del trabajo que realiza, que destaque el impacto

cuantitativo y cualitativo de acciones que caracterizan la ejecución de la política (evaluación).

José María Rico, experto criminólogo sugiere que este organismo se denomine “Comisión coordinadora de Política Criminológica”.

Esta Comisión de acuerdo a nuestra Propuesta debe contar con un Director(a) Ejecutivo(a) que cumpla con el siguiente perfil:

FORMACIÓN EN: Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Economía, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Medicina y Ciencias afines.

CONOCIMIENTOS:

– De las normas legales relacionadas con derechos humanos, niñez y adolescencia,

familia, derecho penitenciario y penal.

– De las políticas públicas

– De asuntos generales y específicos en materia de criminología y Política Criminológica.

– En Administración pública, planificación estratégica y organización de actividades.

– De la dirección, supervisión de personal, trabajo en equipo y liderazgo.

HABILIDADES:

– Para lograr consenso en la implementación de programas y proyectos con

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

– Gestionar y captar recursos.

– Analizar situaciones, plantear sugerencias y resolver problemas para realizar análisis

desde la perspectiva integral y global.

DESTREZAS:

– Para operar programas de informática

– Hablar, escribir o leer otro idioma.

– Conducir reuniones, grupos y población

RASGOS PERSONALES DE:

– Estabilidad emocional

– Sensibilidad social

– Con características de liderazgo democrático. – Evidente práctica de valores éticos

– Creatividad

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– Flexibilidad

EXPERIENCIA

– En elaboración de proyectos

El o la profesional designado(a) para asumir el rol de liderazgo en la Comisión coordinadora de Política Criminológica deberá tener como apoyo funcionarios administrativos.

B. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

La Síntesis Diagnóstica constituye la base de exigencia del por qué debemos contar con una Política Criminológica en el país, ya que parte del estudio de la realidad del fenómeno de la criminalidad y de las instancias de administración de justicia penal, de la percepción de la seguridad ciudadana y de la realidad socioeconómica del país.

Este análisis se presenta con información precisa de los síntomas que se refieren a los hechos o situaciones que se observan al analizar el fenómeno; las consecuencias que son los hechos que se producen negativamente de acuerdo a los síntomas identificados, el pronóstico, que son las circunstancias que mantendrán si los síntomas continúan produciéndose; y lo más interesante en el control del pronóstico que son las medidas que se deben adoptar en términos de prevención y atención de la problemática a efectos de poder modificar el pronóstico encontrado.

El diagnóstico presenta los aspectos o indicadores más relevantes que sirven de soporte a este trabajo, producto de las significativas investigaciones realizadas por el Instituto de Criminología y otras instancias académicas, administrativas y de profesionales nacionales considerados a través del trabajo de las subcomisiones ya anotada.

C. OBJETIVOS

1. ObjetivosGenerales

– Adoptar una Política Criminológica procurando el abordaje institucional desde un enfoque técnico, científico e integral del fenómeno de la criminalidad y seguridad ciudadana en nuestro país.

– Organizar un sistema oficial de gestión de políticas públicas orientadas a la prevención, criminal y la violencia en todas sus dimensiones.

– Garantizar la calidad de vida de la población panameña sobre la base de valores y procesos democráticos.

– Procurar una sociedad basada en una cultura de paz y justicia social.

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2. Objetivos Específicos.

– Ampliar las capacidades y oportunidades de los individuos, incluyéndolos como actores y diseñadores en este proceso para mejorar su calidad de vida.

– Asegurar la atención integral de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores víctimas de violencia y discriminación.

– Disminuir y controlar la criminalidad en el país desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.

– Fortalecer las instituciones y mecanismos de investigación y persecución del delito con la mayor eficiencia y celeridad que responda a la demanda ciudadana.

– Dar respuesta a la demanda de investigación y persecución de delitos convencionales y no convencionales para disminuir el alto costo social que implica su impunidad.

– Garantizar la seguridad ciudadana de la población panameña.

– Garantizar la administración de justicia sobre la base de la igualdad, equidad,

independencia, accesibilidad y democracia.

– Lograr la participación y organización ciudadana en el desarrollo integral de la

sociedad panameña con énfasis en la prevención del delito.

– Establecer un sistema de atención a través de mecanismos alternativos de

resolución de conflictos con miras a la generación de paz individual y social.

– Fortalecer los estamentos de seguridad a efectos de disminuir los niveles de inseguridad mediante la efectivización de acciones comunitarias y participación

ciudadana.

– Proveer los recursos técnicos financieros y humanos que permitan la rehabilitación

y reinserción social de las personas que incurran en delitos.

– Crear programas de atención integral a las víctimas de delitos.

– Velar por el respeto de los derechos humanos de todos los individuos sin ningún

tipo de discriminación.

– Promover la educación en valores.

– Fortalecer la unidad familiar.

D. PRINCIPIOS RECTORES

Los principios rectores que se consideran en esta propuesta parten de la base explicativa de que el fenómeno de la criminalidad se da en el contexto social evolutivo en tiempo y espacio, por tanto los principios que en ella se definen y sustentan deben ir más allá de lo jurídico y lo penal, lo que obliga necesariamente a tomar decisiones que incluyan medidas preventivas de carácter económico, social, político y psicológico, entre otras; tendentes a la prevención primaria del delito.

1. Principio Rector de Prevención

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Prevenir en materia criminológica, según Luís Rodríguez Manzanera (1979) es conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal, disponiendo de los medios necesarios para evitarlo1.

Las acciones de carácter preventivo aplicadas a los factores criminógenos contribuyen a evitar en el presente, más que a castigar en el futuro; lo que de manera eficaz y eficiente aplicado a la planeación, ejecución y evaluación de medias preventivas en estos factores tendrá repercusiones en los costos.

Parafraseando a Philippe Robert, quien propone tres niveles de prevención a saber:

Nivel primario, cuando se actúa sobre los contextos sociales y situacionales para evitar que se favorezca la delincuencia y para procurar condiciones favorables a comportamientos legales atiende a las causas generales de este fenómeno.

Nivel Secundario, dirigido a evitar a que se cometan busca infracciones. Busca detectar individuos con alta predisposición al delito o conducta antisocial

para evitar el surgimiento o agravación de una patología; es decir, trabaja con sujetos predelincuentes y con sujetos primarios en el delito.

Nivel Terciario, este nivel de prevención destinado a los sujetos condenados para rehabilitarlos y lograr su reinserción social incluye la atención postinstitucional, cuando la prevención se centra a evitar la reincidencia.2

Destaca Philippe que cuando la prevención se dirige a los destinatarios se distinguen las acciones o programas preventivos de carácter general dirigidas hacia el contexto cultural, social y económico que favorecen la no comisión de delitos y la prevención de aquella población potencialmente con situaciones que lo favorecen para que se abstengan de cometer las infracciones lo que conlleva a hacer menos vulnerables a las probables víctimas.

Las operaciones o prevención específica, según el mismo autor se dirigen a disminuir la frecuencia de los delitos a través de la rehabilitación de los individuos implicados con programas y actividades ya definidos. Desde un criterio más didáctico se habla de prevención general y de prevención especial o específica.

En esta propuesta se contempla un Plan de Acción con actividades a corto, mediano y largo plazo, correspondiente a la prevención general y específica, estas últimas atienden directamente los factores y situaciones relacionadas con la conducta antisocial y áreas conflictivas.

2. Principio Rector de Seguridad Ciudadana.

1 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís. Criminología. Editorial Porrúa, México, 1999, pág. 106.

2 BARATA, Alessandro. Documento de Política Criminal. Entre la Policía de Seguridad y la Política Social, 1992.

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El concepto de seguridad ciudadana, también conocido como seguridad humana, es un concepto integral, que en el ámbito internacional ha cambiado a fin de incluir dentro del mismo a toda la población indistintamente de su edad o cualquier condición.”3.

En las palabras de bienvenida que ofreció Aida Selles de Palacios en la Primera Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: evaluación y propuesta, acerca del tema de seguridad afirma: “La seguridad entendida como una necesidad vital del ser humano, se concibe como un valor que implica la libertad del individuo de autorrealización plena y por ende la satisfacción integral de todas sus necesidades. No obstante, históricamente las diferentes sociedades registran variadas y periódicas expresiones de temores individuales y colectivos que obedecen a diversas situaciones: desastres naturales, enfermedades, conflictos armados, revoluciones políticas, profundas crisis económicas y el aumento de la delincuencia.

Ante este último hecho social es que tiene cabida este sentimiento o percepción de inseguridad ciudadana que generalmente se fundamenta con una real o aparente percepción del incremento de la criminalidad y de la falta de represión y prevención del delito.

El ser humano a través de la historia ha demostrado también la importancia y prioridad concedida a la necesidad de seguridad, la cual ha sido planteada, al decir del Dr. José Ma. Rico y Luis Salas “como uno de los principales resortes de la vida organizada”, de allí la urgencia que exige la dinámica social moderna de que la seguridad ciudadana se realice con mayor participación comunitaria.

En atención a la complejidad de las estructuras sociales, la prevención y represión de la conducta antisocial deben adaptarse a las nuevas circunstancias sobre las cuales continuamente ejercen influencias las tendencias mundiales y regionales tales, como: las modernas tecnologías, la acelerada urbanización, la variación de patrones sociales, la significativa influencia de los medios de comunicación masiva, la globalización y el cambio de los modelos o paradigmas sociales científicos y filosóficos, etc. Es decir el mayor esfuerzo de tránsito hacia un nuevo modelo y enfoque de seguridad ciudadana ante el delito, de pasar irremediablemente a las acciones de prevención en donde se involucren todas las fuerzas vivas de la sociedad. Que al decir de Quirós Cuarón “las manecillas del reloj de la ciencia, marcan ya la hora de la prevención; donde aparece la prevención la represión se eclipsa”.4

3. Principio Rector de Respeto a los Derechos Humanos.

Como producto de los incipientes procesos democráticos que se dan en el país y definiendo el principio rector de respeto a los derechos humanos como: “un conjunto de facultades e

3 VILLANUEVA, Miriam. La seguridad Humana: ¿una ampliación del concepto de seguridad global?. En Argentina. Global No.3 (octubre-noviembre) 2000, citado por Delgado Diamante, Daniel. Curso intensivo sobre nuevas formas de seguridad en Centro América, Panamá, 22 de octubre de 2002.

4 SELLES de PALACIOS, Aida. “Palabras de bienvenida”. MEMORIA. 1a Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: Evaluación y Propuesta. Imprenta Universitaria, Panamá, 2003, p.21.

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instituciones que, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional5.

Es deber del Estado respetar promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos, ya sea, no interviniendo injustificada o ilegalmente en las libertades ciudadana o creando las condiciones económicas, sociales y culturales básicas para la satisfacción de las necesidades de la población.

Los derechos humanos se fundamentan en la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad como valores propios de la dignidad de todo ser humano; indispensables para la vida en sociedad, irrenunciables e inalienables.

4. Principio Rector de Justicia Social.

El Principio Rector de Justicia Social comprende las oportunidades y potencialidades que con equidad se ofrecen y promueven en cada individuo permitiéndole desarrollarse y proveerse de bienestar y seguridad; sobre fundamentos de derechos y deberes dentro del sistema social.

Al igual que la justicia social se reconocen como bienes de la ciudadanía, la libertad, democracia, solidaridad y participación.

La sociedad asegura la justicia social cuando se dan las condiciones que permiten a todos los asociados, principalmente, a aquellos sectores poblacionales cuya condición de desventaja los hace vulnerable (niñez y adolescencia) a cometer delitos o faltas; lo que demanda de parte del Estado acciones de protección y atención especial diferente a los adultos.

La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad; y solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre.

5. Principio Rector de Desarrollo Humano Sostenible.

La Política Criminológica enmarcada en procesos democráticos busca en este principio aumentar las capacidades y oportunidades para elevar el potencial de la población en nuestro país, sin discriminación de ninguna naturaleza.

Para este propósito, la concepción del desarrollo humano sostenible no solamente genera crecimiento económico sino que distribuye sus beneficios equitativamente; que regenera el ambiente en lugar de destruirlo que potencia a las personas, en lugar de marginarlas. El desarrollo humano sostenible otorga prioridad a los pobres ampliando sus opciones y

5 PEREZ LUÑO, A.E.: Delimitación conceptual de los derechos humanos en la obra colectiva: Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema. Ediciones de la Universidad de Sevilla. 1979, p.p. 43.

123

oportunidades y crea condiciones para su participación en las decisiones que los afectan. Es un desarrollo en pro del pobre, en pro de la naturaleza, en pro del trabajo, de las mujeres y los niños. (Informe Nacional de Desarrollo Humano. PNUD Panamá. 2002)

El desarrollo solo es posible y sostenible en la medida en que la sociedad o los grupos sociales sean los diseñadores o actores de ese proceso que garanticen una mejor calidad de vida a las presentes y futuras generaciones.

Atender el fenómeno social delictivo tiene que ver con el paso de un modelo represivo exclusivamente hacia otro u otros que impliquen las modernas tecnologías, entendida éstas como el ejercicio de las posibilidades que ofrecen las nuevas agrupaciones sociales, con miras a potenciar el desarrollo del ser humano en sus facetas físicas, emocionales, psíquicas, morales, sociales, y familiares, etc.

6. Principio Rector de Participación Ciudadana.

La participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en actividades públicas tendentes a operar en la toma de decisiones, especialmente en lo relativo a situaciones que les afecta, que deben definirse en la agenda de Estado para su atención corresponsable.

Los aspectos en que se debe desarrollar la participación ciudadana implican la defensa de intereses individuales y colectivos, como la planeación, ejecución, control, evaluación y seguimiento de proyectos y actividades comunales y nacionales, en lo que respecta a la calidad de los servicios públicos, la defensa de los ciudadanos ante eventuales arbitrariedades y en el proceso de toma de decisiones, bien sea a escala local, municipal, provincial o nacional.

La participación ciudadana se constituye en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del Estado, a través de su inserción en cinco áreas a saber:

a. En relación a la democracia, buscando el reestablecimiento del estado de derecho, la modernización de la institucionalidad política y la consolidación de las libertades públicas, particularmente la libertad de expresión.

b. Como elemento de la descentralización, entendida como la transferencia a los ciudadanos de funciones, atribuciones, o capacidades de decisión en diferentes materias, así como los recursos para hacer realidad dichas decisiones y responsabilidades.

c. Hace posible alcanzar una sociedad autorregulada y fortalecida en su capacidad de asumir su propia intervención.

d. A través del mejoramiento de las políticas sociales y la superación de la pobreza, focalizando los recursos destinados a la inversión social y a objetivos de carácter asistencial, induciendo al auto-desarrollo de las personas como procesos de aprendizaje.

e. Como factor de modernización de la gestión pública, permitiendo el acceso al Estado, patrimonio común de todos los ciudadanos y al control de su administración.

124

f. La Seguridad Ciudadana como elemento básico que disminuye e impide el desarrollo de sentimientos de angustias y temores.

g. La sociedad civil juega un papel proactivo y determinante en las medidas y acciones tendentes a disminuir y prevenir la delincuencia.

7. Principio Rector de Educación para una Cultura de Paz.

La Cultura de Paz es un estilo de vida caracterizado por manifestaciones pacíficas de convivencia que se sustentan en la práctica de valores que nos hacen más humanos y que humanizan nuestra existencia y en consecuencia, a nuestra sociedad.

Para alcanzar una sociedad de paz, los seres humanos contamos con inteligencia y capacidad de discernir que nos permita reflexionar, entender, comunicarnos y asociarnos, utilizando nuestra libertad para construir un mundo mejor.

La paz es una forma de interpretar las relaciones sociales y una forma de resolver los diversos e inevitables conflictos que se presentan en la sociedad. Debemos entender por conflicto, no solamente los hechos de violencia manifiesta, sino también la contraposición de intereses entre personas o grupos.

“La paz es un espacio de encuentro y un tiempo de relaciones humanas gozosas. No es solo ausencia de guerra, ni significa ausencia de conflictos. Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un conflicto continuo, pero es positivo en el sentido que es una derrota continuada de la violencia. Las relaciones humanas son siempre conflictivas y la superación pacífica y positiva de estas situaciones es precisamente la forma de convivencia armónica de las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás diferencias que puedan servir de excusa para la división, el antagonismo, el odio y la incomprensión.” (Manuel Méndez, Educar en Valores. 2002.)

La educación para una cultura de paz es un proceso continuo y permanente dentro de las tareas de la Política Criminológica que debe estar presente en el desarrollo de la personalidad de cada individuo de nuestra sociedad que aprende o reaprende a vivir en la no violencia. La educación para una cultura de paz confía en la creación de ámbitos de justicia de respeto, de tolerancia y felicidad gradualmente más amplios. Educativamente lo que se pretende es un proceso de enseñanza-aprendizaje de la cultura de la paz que implique una ética personal y social fundamentada en la convivencia en libertad y en igualdad, es decir, plenamente democrática.

E. ESTRATEGIAS RECTORAS POR PRINCIPIOS

1. Prevención

– Fortalecer los valores de la vida y la unidad familiar como base de la sociedad.

125

– Rol social de la escuela. La educación como pilar para la realización del potencial humano.

– Empleo de los medios de comunicación como instrumentos de servicio y elevación de la cultura.

– Atención y promoción de los servicios gratuitos de la salud mental.

2. Seguridad Ciudadana

– Disminución de la espiral de violencia en las demandas de medidas de represión del delito.

– Desarrollo de acciones convincentes y duraderas en materia de seguridad humana.

– Fortalecer los mecanismos de control social en la seguridad humana.

– Definición de la política del Estado en materia de seguridad humana.

– Mejoramiento del acceso a los servicios básicos de la ciudadanía.

3. Respeto a los Derechos Humanos

– Respetar el derecho a la vida como valor fundamental.

– Hacer efectivo el respeto a los Derechos Humanos.

– Fortalecer el compromiso y la voluntad de toda la sociedad, en la defensa de la

dignidad humana.

– Sensibilizar a la comunidad respecto al impacto negativo de la promoción de la

violencia generalizada.

4. Justicia Social

– Equidad en la distribución de la riqueza.

– Promoción del hombre y la mujer sin discriminación.

– Accesibilidad, independencia, imparcialidad y equidad en el sistema de

administración de justicia.

– Promoción de la solidaridad humana.

5. Desarrollo Humano Sostenible

– Promover la inversión nacional o extranjera cónsona con los principios del desarrollo humano sostenible.

– Optimización y racionalización en el uso de los recursos del Estado.

– Disminución de la pobreza.

– Igualdad y equiparación de oportunidades para todo ciudadano.

– Participación ciudadana en los problemas que nos afectan.

– Concretizar el principio del Interés Superior de la Niñez.

6. Participación Ciudadana

– Participación comunitaria en las estructuras políticas y sociales.

– Inclusión de la ciudadanía en las actividades de prevención del delito.

126

– A d o p c ió n d e me c a n i s mo s a lt e r n a t i v o s d e r e s o lu c ió n d e c o n f l i c t o (desjudicialización, despenalización, desprisionalización, mediación, arbitraje, entre otras).

7. Educación para una Cultura de Paz

– Rescate y fortalecimiento de la práctica de los valores humanos.

– Fortalecimiento de la convivencia pacífica de los asociados.

– Respeto a las normas de convivencia social.

– Promoción y fortalecimiento de la misión de las organizaciones responsables de la

salud mental de la población.

– Optimizar los mecanismos de control social con la finalidad de fortalecer una

cultura de paz.

F. PLAN DE ACCIÓN

En el Plan de Acción se presentan descritas las actividades en dos niveles a saber, las actividades dirigidas a la prevención general; estas como bien se explica en el Principio Rector de Prevención, se dirigen a la atención sobre los contextos sociales y situacionales, evitando que se favorezcan comportamientos delincuenciales; Además actúan sobre áreas o grupos poblacionales vulnerables por algunas condiciones que se identifican como factores criminógenos.

Las acciones de Prevención Específicas, son todas aquellas tareas que se encaminan al control, represión y actividades de readaptación y reinserción social. Estas buscan evitar la frecuencia de la reincidencia de los individuos que han cometido delitos y lograr su reincorporación a la sociedad de la cual son parte.

Todas estas acciones aparecen especificadas a corto, mediano y largo plazo.

Áreas prioritarias

Al establecer algunas líneas prioritarias de atención se quiere resaltar la indudable importancia que tienen estos indicadores de ser abordados a corto plazo, los que constituyen acciones que deben ponerse en práctica de manera urgente.

– Fortalecimiento y modernización de los entes encargados de la investigación criminal.

– Atención especial de la Población de Niñez y Adolescencia y juventud en general procurando la efectiva readaptación, reinserción y resocialización.

– Eficacia y modernización del Sistema de Justicia

– Incorporación y Fortalecimiento de la Policía Nacional en la prevención primaria

del delito a través del trabajo comunitario.

– Rescatar y fortalecer el rol de la familia, como grupo principal e indispensable en la

formación de la personalidad del individuo.

127

– Atender los problemas relacionados a la corrupción.

– Reconocer la dimensión y equidad en materia de género.

– Atender los sectores más vulnerables como lo son: indígenas, jóvenes,

discapacitados y en general los grupos más desfavorecidos para garantizar su

desarrollo e integración social.

– Ejecución de las acciones en materia de familia contenidas en el Libro III del

Código de la Familia.

1. Acciones de prevención general a corto, mediano y largo plazo a. Acciones de prevención general a corto plazo

– Crear, fortalecer y ejecutar incentivos para el desarrollo de la inversión.

– Garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas.

– Fortalecer las políticas de control y transparencia en la gestión pública.

– Promover la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado.

– Garantizar la aplicación de los mecanismos de control y fiscalización del gasto público.

– Elaborar y ejecutar una reforma educativa integral más humanista tendente a fortalecer los valores cívicos y morales, diversificando sus programas, a fin de adecuarlos a las necesidades de los miembros de la sociedad.

– Eliminar las prebendas y privilegios en los cargos públicos.

– Eliminar toda forma de discriminación que afecte los derechos fundamentales de las personas contemplados en nuestra legislación nacional.

– Identificar los instrumentos jurídicos que requieran reformas legales y

promover su aplicación ante las instancias correspondientes.

– Fortalecer los procesos y crear los instrumentos que permitan la accesibilidad a la administración pública, a fin de lograr mayor transparencia

en la gestión.

– Promover en los ciudadanos una conciencia representativa, participativa y

protagónica frente a los temas de agenda nacional.

– Crear la Contraloría Ciudadana.

– Rescatar la solidaridad como un valor y eje fundamental de la participación

ciudadana en las medidas de previsión y seguridad compartida.

– Crear escuelas para padres y futuros padres.

– Fomentar la creación de módulos comunitarios de atención a la salud mental

individual, familiar y laboral.

– Promover los valores morales, cívicos y culturales a través de campañas

sociales y comunitarias, donde se involucren a los medios de comunicación, clubes cívicos, las iglesias, escuelas, instituciones públicas y grupos organizados de las comunidades.

– Exigir un rol más pro-activo a las instituciones encargadas de regular la difusión de anuncios en vallas, cuñas y programas radiales y televisivos que atenten contra la moral y buenas costumbres.

– Actualizar y ejecutar el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud con énfasis en educación comunitaria y escolar.

128

– Establecer alternativas de atención al fracaso y a la deserción escolar.

– Establecer procesos de consulta permanente entre las autoridades

gubernamentales y los ciudadanos.

– Emprender campañas de sensibilización y concienciación hacia una

perspectiva de género en los sistemas familiares, educativos y comunales.

– Mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las instituciones y

organismos promotores de los derechos humanos.

– Impulsar las acciones de las instituciones encargadas de protección de los

derechos humanos

– Exigir la aplicación del principio “El interés superior del niño y la niña”.

– Involucrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones de necesidades y

conflictos.

– Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de la ejecución de los

programas y proyectos cumplan con este cometido.

– Diseñar, ejecutar y fortalecer campañas de promoción de valores a través de

todos los medios de comunicación.

– Diseñar y ejecutar programas de capacitación para una cultura de paz

(valores, actitudes y comportamiento), dirigido principalmente a docentes,

estudiantes y padres de familia.

– Hacer de la cultura de paz un componente obligatorio de la educación en

todos los niveles.

– Promover el liderazgo en las comunidades hacia una cultura de paz.

b. Acciones de prevención general a mediano plazo

– Crear y generar fuentes de empleo digno, sustentable y de calidad, con ingresos acorde a la realidad económica.

– Crear mecanismos que sirvan de incentivo económico, como un estímulo para la creatividad y la invención.

– Incrementar modelos de desarrollo sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

– Crear conciencia de la importancia de la conservación del ecosistema.

– Fortalecer y capacitar a las Juntas Locales a fin que identifiquen, atiendan y refieran a las entidades u organismos correspondientes, la problemática general de sus comunidades, especialmente la relacionada con la niñez y

adolescencia.

– Crear alternativas económicas para la atención de situaciones que afectan a

grupos familiares de pobreza crítica, a fin de consolidar la unidad familiar (subsidios familiares, microempresas familiares, becas laborales y educativas, exoneración de servicios básicos, entre otros).

– Descentralizar la gestión pública, a fin de aumentar su eficiencia y fundar modalidades o estilos de gestión de carácter participativo.

– Facilitar programas de previsión y seguridad en todos los niveles educativos para desarrollar una cultura de participación ciudadana.

– Promover el desarrollo integral del individuo con la finalidad de fortalecer su rol como miembro activo de una comunidad.

129

– Ejecutar programas socio-educativos dirigidos a las familias, con el fin de fortalecer patrones de crianza adecuados en la niñez y adolescencia.

– Apoyar e incentivar las organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas efectivos que fomenten los valores hacia la vida y la familia.

– Impulsar actividades de recaudación de fondos económicos destinados a desastres naturales.

– Facilitar el acceso y participación de la población general a los servicios de salud y nutrición, educación y capacitación para el trabajo.

– Reorientar el papel de los medios de comunicación con respecto al valor de la vida, rol educativo que están llamados a cumplir.

– Promover convenios interinstitucionales de asistencia mutua entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos humanos.

– Promover y ejecutar campañas de concienciación en Derechos Humanos dirigidos a la comunidad en general.

– Crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos

– Crear y fortalecer oficinas o centros de recepción de quejas de los servidores

públicos.

– Aplicar las regulaciones legales existentes con el propósito de minimizar las

conductas contrarias a los valores morales.

– Retomar el rol social que le corresponde a la educación general como

formadora integraldelindividuo.

c. Accionesdeprevencióngeneralalargoplazo

– Establecer mecanismos estrictos para el control de subsidios estatales y fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales.

– Reformular el régimen impositivo en relación al poder adquisitivo de las personas y el ingreso familiar.

– Satisfacer las necesidades básicas del individuo procurando su desarrollo integral.

– Promover iniciativas con miras al aprovechamiento de los fondos internacionales y programas de cooperación que beneficien a la población desfavorecida.

– Desarrollar campañas a través del sistema educativo en general y de los medios de comunicación acerca de una real y verdadera participación ciudadana en beneficio de la colectividad.

– Incluir ejes temáticos en el sistema educativo orientado a la formación de líderes en todos los ámbitos del desempeño humano que organicen y den seguimiento a los procesos participativos de la comunidad.

– Promover una reforma curricular que haga obligatoria la enseñanza en todos los niveles de la educación, la asignatura de Derechos Humanos fundamentales (nivel privado / nivel público).

– Modernizar y fortalecer los contenidos programáticos de la asignatura de Educación Cívica y extenderla a todos los niveles de educación básica.

– Rescatar y fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en los niveles primarios, básico y medio (a nivel privado y público).

130

– Promover la creación a través del Ministerio de Desarrollo Social de programas con sede en las comunidades que brinde atención gratuita a las familias, a través de educación y orientación familiar.

– Incentivar la generación de empleos y estabilidad laboral con la participación de la empresa privada.

– Promover la distribución de riquezas del país con criterios equitativos.

– Ajustar la remuneración de los empleados públicos y privados de acuerdo a

los estándares de vida actual.

– Revisar periódicamente las políticas económicas para ajustarlas al

mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.

– Concienciar a través de acciones educativas en la familia y la escuela el valor de la solidaridad como principio fundamental de la convivencia

armoniosa.

– Establecer mecanismos de evaluación de las acciones de las instituciones y

organismos no gubernamentales promotores de los derechos humanos.

– Incorporar la asignatura Derechos Humanos en los planes de estudio de

nivel básico, medio y universitario.

– Proponer la obligatoriedad de crear un espacio publicitario diario en las

concesiones y renovaciones de frecuencias de radio y televisión, así como en las inscripciones de medios escritos, tendientes a promover los valores y el respeto a los derechos humanos.

– Crear y fortalecer los programas de bienestar social del empleado en organizaciones públicas y privadas.

– Exigir el cumplimiento estricto de las leyes de carácter social vigente.

– Procurar una legislación laboral que garantice la estabilidad de los y las

trabajadores(as).

– Fortalecer la Carrera Judicial

– Promover y divulgar el estudio de la cátedra de cultura de paz.

– Promover programas de autogestión y microempresas a nivel de familias de

escasos recursos.

2. Acciones de prevención específica a corto, mediano y largo plazo a. Acciones de prevención específica a corto plazo

– Propiciar espacios y programas que permitan una mayor participación de los ciudadanos en la prevención de la criminalidad y toda forma de violencia.

– Integrar los programas de prevención de la criminalidad ya existentes en el sector público y privado, a fin de garantizar sus resultados.

– Promover e implementar los programas de enseñanza para la educación vial como parte de la educación básica dentro de las comunidades.

– Promover el estricto cumplimiento de las normas en materia de tránsito vehicular y aplicar las medidas de suspensión de la licencia de conducir que establecen las normas vigentes.

– Impulsar programas de autogestión en los centros penitenciarios.

131

– Desarrollar programas efectivos de rehabilitación de los privados de libertad.

– Implementar la ley penitenciaria. (Ley No 55 del 30 de julio de 2003, en todos los aspectos).

– Desarrollar programas de prevención e intervención en desajustes primarios en la personalidad de niños y adolescentes, en el ámbito de la escuela, del hogar y la comunidad.

– Desarrollar programas de prevención de la violencia en todos los niveles.

– Rescatar y fortalecer los mecanismos de censura de programas en los

medios de comunicación para evitar la promoción de la violencia.

– Implementar y fortalecer las medidas tendentes al consumo, venta,

distribución y tráfico de drogas.

– Establecer Programas Integrales para la conducción y manejo de la

violencia intrafamiliar.

– Comprometer a los propietarios de agencias publicitarias y medios de

comunicación a colaborar y participar solidariamente en las campañas de publicidad de anuncios comerciales y programas destinados a incentivar los valores humanos y la prevención de conductas antisociales.

– Aplicar y fortalecer las medidas de protección a las víctimas.

– Acondicionar espacios de atención en los centros penitenciarios y en las

instancias que asisten a los privados de libertad para que respondan a las

exigencias de la población femenina.

– Divulgar a través de todos los medios existentes, información acerca de

los servicios que prestan las entidades que administran justicia, con la

finalidad de orientar a los ciudadanos.

– Evaluar y fortalecer los sistemas de apoyo y coordinación de trabajo

interinstitucional a fin de mejorar la administración de justicia.

– Educar y orientar a la población en acciones de prevención del delito.

– Aplicar medidas cautelares distintas a la detención preventiva.

– Reformar la legislación procesal penal encaminada a establecer un

sistema que contemple la reducción de los términos procedimentales, duración de la detención preventiva y los procedimientos judiciales en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros tipos de delitos de cuello blanco.

– Orientar la función del Juez, fundamentando su labor de dictar resoluciones judiciales de manera efectiva.

– Crear servicios que permitan el aprovechamiento y mejor rendimiento de los recursos al brindar el servicio de administración de justicia.

– Respetar el principio de presunción de inocencia.

– Aplicar las normas existentes favorables al procesado.

– Desarrollar programas de prevención, en especial promoviendo la

participación de la familia y grupos organizados.

– Conformar equipos técnicos interdisciplinarios, como auxiliares de la

administración de justicia (Fiscalías y Juzgados)

132

– Fortalecer la profesionalización y modernización de los estamentos de seguridad pública.

– Aplicar las sanciones correspondientes a los operadores de justicia que incumplan las normas existentes.

– Implementar los mecanismos necesarios para vigilar y prevenir las acciones ilícitas de las empresas transnacionales.

– Reformar la reglamentación de tenencia y venta de armas ligeras en el país, con el fin de reducir al máximo la violencia generada por su uso indiscriminado.

– Promover el empleo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la creación de centros en la comunidad.

– Aumentar el número de defensores de oficio a nivel nacional

b. Acciones de prevención específica a mediano plazo

– Fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para la disminución de nuevos procesos judiciales.

– Implementar medidas que permitan la conmutación de las penas por labores comunitarias que contribuyan a la reinserción social. (Subrogados penales)

– Crear comités de seguridad ciudadana como parte de los gobiernos locales con la participación activa de la Policía Nacional.

– Idear modalidades de trabajo comunitario, dirigido a Padres negligentes que incumplan su responsabilidad.

– Sustituir progresivamente a la Policía por Custodios Civiles en la seguridad interna de los centros penitenciarios.

– Implementar el uso de métodos científicos en la selección de personal dentro del sistema penitenciario.

– Supervisar de manera estricta la migración extranjera a efecto de minimizar su participación en el delito en nuestro país.

– Realizar estudios diagnósticos periódicos de criminalidad.

– Establecer polos y retenes para atender el problema de la migración a

nivel interno.

– Desarrollar programas de prevención secundaria y atención en áreas de

alta incidencia delictiva.

– Promover la creación de centros de mediación y arbitraje para facilitar la

rápida solución de conflictos, con la finalidad de desjudicializar

conflictos y minimizar la mora judicial.

– Apoyar y crear programas de ayuda post-institucional de atención,

seguimiento y monitoreo de la población de jóvenes y adultos que han cumplido su período de privación de libertad, y en libertad condicional con participación activa de la sociedad civil. (Patronatos)

– Modernizar los servicios de los organismos de seguridad.

– Crear centros médicos especializados para la atención de detenidos con problemas de salud mental, centros médicos para el sistema

133

penitenciario de adultos de ambos sexos y centros de cumplimiento de

niñez y adolescencia.

– Efectivizar el acceso de la Justicia a los Grupos Indígenas.

– Hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos en la población

privada de libertad.

– Establecer centros penitenciarios acorde a las necesidades que sustenta la

Ley No 55.

– Desarrollar y fortalecer programas de protección a las víctimas de delitos.

– Involucrar a los medios de comunicación en programas de apoyo

comunitario en temas relativos a la prevención del delito.

– Profesionalizar y especializar periódicamente a los funcionarios que

administran justicia como garantía a la seguridad ciudadana.

– Modernizar el Instituto de Medicina Legal.

– Revisar y evaluar el régimen jurídico aplicable al adolescente en

conflicto con la ley penal.

– Revisar integralmente la legislación penal y procesal.

– Hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones relativas al Código

de Ética profesional de los funcionarios responsables de administrar

justicia con el fin de despenalizar conductas.

– Crear y fortalecer oficinas de centros o recepción de quejas de los

servidores públicos.

– Promover la aplicación de otras modalidades como forma de resolver

conflictos penales. (despenalización, desjudicialización,

desprisionalización y descriminalización).

– Capacitar a los docentes del nivel primario y medio y a la ciudadanía en

contenidos de cultura de paz y manejo de reacciones violentas.

– Fortalecer los programas de rehabilitación en los centros destinados a

adolescentes en conflicto con la ley.

– Capacitar a los docentes sobre la mediación para el anejo de conflictos

entre estudiantes.

c. Acciones de prevención específica a largo plazo

– Establecer y constituir mecanismos y programas comunitarios orientados a la atención de la niñez y la adolescencia con el fin de resistir a la presión ante la comisión de hechos delictivos y uso de drogas.

– Impulsar a través del Ministerio de Salud, campañas de prevención de uso y abuso de drogas.

– Crear en cada dependencia una oficina de responsabilidad profesional que asegure la administración objetiva de la queja del usuario y prevenga actos contrarios a la Ley y de manera especial, la corrupción.

– Reorientar los esfuerzos de los recursos del Ministerio Público hacia los delitos más graves que causan mayor daño social. (Criminalidad Violenta, Droga y Económica).

134

G. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

La Matriz de Responsabilidades para el cumplimiento de las acciones de prevención generales y específicas a corto, mediano y largo plazo se presentan a continuación en cada uno de los principios rectores de la Política Criminológica, con las responsabilidades que le competen de acuerdo a los Ministerios, Instituciones Gubernamentales y Organizaciones no gubernamentales.

1.

H. TALLERES DE DISCUSIÓN.

Jornada taller de consulta sobre la Primera Propuesta de Política Criminológica.

Fecha: 3 de febrero de 2004.

Lugar: Auditorio Ricardo J. Alfaro. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

Instituciones Participantes:

Ministerio de Educación

Ministerio de Gobierno y Justicia

Comisión de Justicia y Paz

Ministerio de Salud

Ministerio Público – Fiscalías

Sistema Penitenciario

Procuraduría General de la Nación

Ministerio Público

Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia- Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Escuela de Trabajo Social. Universidad de Panamá

Policía Nacional. Grupo de apoyo y Secretaría General

Policía Técnica Judicial

Defensoría del Pueblo

Alianza Ciudadana Pro Justicia. Organización patrocinadora de la Jornada Taller. Instituto de Criminología

2. Foro sobre la Primera Propuesta de Política Criminológica presentada a la Nación, en el marco del Aniversario XXXVII del ICRUP.

Fecha: 2 de febrero de 2005. Lugar: Salón de Docencia. ICRUP

Instituciones Participantes: Universidad de Panamá

135

– Vicerrectoría de Investigación y Postgrado – Instituto de la Mujer

– Relaciones Públicas

– Asuntos Estudiantiles

– Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Ministerio de Educación

Ministerio de Gobierno y Justicia

Colegio Nacional de Abogados

Asociación Cívica de San Miguelito Fundación Howard

Universidad Tecnológica de Panamá Caja de Seguro Social

SENADIS

Policía Nacional de Panamá

Instituto de Salud Mental

Ministerio de la Juventud la Mujer, la Niñez y la Familia Comisión para la Justicia y Paz

136

Anexo No. 8

LISTA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PERSONAS Y GREMIOS

1. Movimiento de Abogados Gremialistas

2. Asociación de Magistrados y Jueces

3. Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE

4. Licdo. José María Castillo

5. Licdo. Oswaldo Fernández

6. Licdo. Evans Loo

7. Dr. Carlos López Guevara

8. Licdo. Rolando Reyna

9. Licdo. Milton Henríquez

10. Licdo. Jorge Giannareas

11. Dr. Eduardo Morgan

12.Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI)

Licda. Angélica Maytín

13. Consejo de Rectores – Dr. Rolando Murgas

14. Dr. Carlos Muñoz Pope

15. Dr. José Juan Cevallos

16. Dr. Américo Rivera

17. Asociación de Magistradas y Juezas

18. Partido Cambio Democrático

19. Foro Afro Panameño

20. Partido Popular

FECHA

21 de marzo 23 de marzo

28 de marzo 30 de marzo 30 de marzo 01 de abril 01 de abril 04 de abril 06 de abril 06 de abril 11 de abril

11 de abril

11 de abril

13 de abril 15 de abril 15 de abril

22 de abril 22 de abril 22 de abril 29 de abril

137

21. Partido Molirena

22. Asociación Panameña de Derecho Constitucional – Dr. Silvio Guerra

23. Partido Solidaridad

24. Unión Nacional de Abogados – UNA

25. Instituto de Criminología

26. Partido Revolucionario Democrático

27. Partido Panameñista

29 de abril

29 de abril

06 de mayo 13 de mayo 20 de mayo 06 de junio 16 de junio

138

Anexo No. 9

INTEGRANTES DE SUBCOMISIONES DE TRABAJO

1.

LA SUBCOMISIÓN DE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

– Por Alianza Ciudadana Pro Justicia:

Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz – Coordinadora Lic. Ayda Jurado

Lic. Julia Correa

Lic. Ana Belfon

– Por la Asamblea Nacional: Dr. José Acevedo

– ASP AMAJ:

Lic. Idalides Pinilla

– Procuraduría General de la Nación: Lic. Grisell Mojica

– Por el Órgano Judicial: Lic. Eda Gutiérrez Lic. Raúl Olmos

LA SUBCOMISIÓN DE REFORMA AL PROCEDIMIENTO PENAL

– Por Alianza Ciudadana Pro Justicia: Lic. Oswaldo Fernández- Coordinador Lic. Magaly Castillo

Dr. Carlos Muñoz Pope

– Por el Órgano Judicial:

Magistrado Wilfredo Saénz

Magistrado Suplente Gabriel Fernández

– Por la Procuraduría General de la Nación: Licdo. Ramiro Esquivel

– Por el Colegio Nacional de Abogados: Licdo. Dionisio Rodríguez

2.

139

– Por la Procuraduría de la Administración: Licdo. Miguel Atencio

3. LA SUBCOMISIÓN DE REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

4.

– Por el Órgano Judicial:

Magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño – Coordinadora Licdo. Andrés Fuentes

Licda. Ana Zita Rowe

Ing. Edgar Rodríguez

– Por el Ministerio Público: Licda. Laura Montenegro Licda. Abril Arosemena

– Por la Asamblea Nacional:

Licdo. Agapito González Gómez Licdo. Salvador Sánchez González

– Por la Alianza Ciudadana Pro-Justicia: Licda. Damaris Caballero de Almengor

– Por la Defensoría del Pueblo: Dr. James Bernard

Licdo. Jorge Molina

– Por el Colegio Nacional de Abogados: Licdo. Mario De Diego

LA SUBCOMISIÓN LABORAL

– Por la Asamblea Nacional:

Licdo. Carlos Ayala – Coordinador

– Por el Órgano Judicial: Magistrada Haydeé Paolo Magistrada Margarita Centella Juez Rafael Pinzón

– Por la Defensoría del Pueblo:

140

5.

Licdo. Jorge Fabián Gutiérrez Licda. Dionisia Barrios

– Por la Procuraduría de la Administración: Licda. Marta García

– Por el Colegio Nacional de Abogados: Dr. Ricardo Lachman

LA SUBCOMISIÓN DE FAMILIA Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

– Por la Procuraduría General de la Nación: Licdo. Adolfo Pineda – Coordinador Licda. Lorena Coronell

Licdo. Rubén Arango

Licda. Abril Arosemena

– Por la Asamblea Nacional: Licda. Guadalupe Ruby Dr. Franklin Miranda

– Por el Órgano Judicial:

Mag. Ángela Russo de Cedeño Licdo. Edgar Torres

Licda. Waleska Hormechea Licda. Kathia Ponce

– Por la Defensoría del Pueblo: Licda. Elizabeth Fraguela

– Por el Colegio Nacional de Abogados: Licda. Corina Cano

Licda. Tania Toala

– Por la Procuraduría de la Administración: Licda. Rosenda Sarmiento

LA SUBCOMISIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIV A

– Por la Procuraduría de la Administración: Lic. Manuel Bernal – Coordinador

Lic. Crescencio Martínez

– Por Defensoría del Pueblo: Lic. María Selles

Lic. Edgardo Molino Mola

6.

141

7.

– Por la Asamblea Nacional: Lic. Andrés Wong

– Por la Procuraduría General de la Nación: Lic. Abilio Batista

Lic. Estrella Endara

– Por el Colegio Nacional de Abogados: Lic. José Carrasco

LA SUBCOMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

– Por la Procuraduría General de la Nación: Licda. Estrella Endara – Coordinadora

– Por el Órgano Judicial:

Magistrado Luis M. Carrasco Magistrada Esmeralda de Troitiño Magistrada Delia Carrizo de Martínez Ing. Edgar Rodríguez

Licda. Geneva Aguilar

Licda. Ninfa Alvarado Muñoz

– Por la Asamblea Nacional: Licda. Estela Koyner

– Por Alianza Ciudadana Pro-Justicia: Lic. Glodys Mendieta de Paz

Licda. GretelVillalaz

– Por la Defensoría del Pueblo: Dr. Jorge Giannareas

– Por el Colegio Nacional de Abogados: Licda. Cristela Arosemena

8. LA SUBCOMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

– Por la Defensoría del Pueblo:

Licda. Mónica J. Guillén Cedeño – Coordinadora

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– Por la Asamblea Nacional: Licdo. Alvaro Céspedes

– Por el Órgano Judicial: Magistrado Luis Camargo

– Por el Ministerio Público:

Licdo. William Parodi

Licdo. Carlos Ernesto González Ramírez

– Por el Colegio Nacional de Abogados: Licdo. Oriel Domínguez

9. LA SUBCOMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

– Por la Defensoría del Pueblo:

Licdo. Guillermo Ríos – Coordinador Licda. Irina Conoán

Licda. Idania Torrero

– Por la Alianza Ciudadana Pro-Justicia: Licda. Karen Palacios

Dra. Aida Selles

Licdo. Santander Tristán Donoso Licdo. Aresio Valiente

Licda. Ada Romero

– Por el Órgano Judicial: Licda. Miriam Cheng Licda. Kenia Porcell Licdo. Alberto González Licdo. José Correa

Licda. Waleska Hormechea

– Por la Procuraduría de la Administración: Licda. Indira de Muñoz

– Por la Asamblea Nacional: Licdo. Salvador Sánchez

– Por la Procuraduría General de la Nación: Licdo. Diomedes Kaa

– Por el Ministerio de Gobierno y Justicia

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Licda. Lenys Bustamante

10. LA SUBCOMISIÓN DE JURISDICCIÓN MARÍTIMA

– Por el Colegio Nacional de Abogados Dr. Liborio García Correa – Coordinador

– Por la Asamblea Nacional: Licda. Elizabeth Cedeño

– Por el Órgano Judicial: Licda. Gisela Agurto

– Por la Procuraduría General de la Nación: Licdo. Juan David Morgan Jr.

– Por la Defensoría del Pueblo: Dr. Guillermo Márquez

11. LA SUBCOMISIÓN DE JURISDICCIÓN CIVIL

– Por la Colegio Nacional de Abogados: Licda. Yolany Alvarado – Coordinadora Licdo. Juan Lombardi.

– Por la Asamblea Nacional: Licdo. Ismael Rodríguez

– Por la Defensoría del Pueblo: Licdo. Rodrigo García

– Por el Órgano Judicial: Licdo. Carlos Trujillo Licda. Elitza Cedeño Licda. Lesbia Wolfschoon Licdo. Nelson Riquelme

144

Lineamientos Para Selección Transparente Y Meritocrática De La Corte Suprema De Justicia

Lineamientos para una selección transparente y meritocrática de magistrados de la Corte Suprema de Justicia

El buen funcionamiento del sistema de justicia es un elemento fundamental para la existencia de una democracia real en la que se respeta el Estado de Derecho y existe un balance de poderes. La Corte Suprema de Justicia es una entidad fundamental para el sistema de justicia: no sólo es el órgano que tiene la última palabra sobre la interpretación de la ley, sino también suele estar encargado de la administración interna (como la disciplina sobre los jueces inferiores) del sistema de justicia. Por ende, resulta imprescindible que la Corte Suprema esté integrada por los magistrados más capaces e idóneos. La única manera de garantizar eso, es a través de un proceso de selección transparente, y basado en los méritos de los candidatos y no en sus vínculos o simpatía con el gobierno de turno u otros sectores de poder.

El presente documento contiene recomendaciones de DPLF sobre cuáles elementos debería tener un proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la selección de los profesionales más idóneos en esos importantes cargos. Estas recomendaciones están informadas por la experiencia internacional comparada en la selección de magistrados.

DPLF considera que en un adecuado proceso de selección de magistrados:

Las entidades a cargo de la pre-selección de candidatos deben ser autónomas.

Esto quiere decir que las entidades tienen que ser independientes y no estar sujetas – directamente o indirectamente- a demandas de otros sectores de poder en el país. Cuando la entidad a cargo de la pre selección de los candidatos esté conformada por representantes de distintos sectores y gremios nacionales, deben existir garantías de que sus decisiones estén basadas únicamente en los meritos de los candidatos. La autonomía aumenta la posibilidad que se tomen las mejores decisiones, fundadas en criterios sustantivos en lugar de en consideraciones políticas o económicas. La independencia de las entidades de selección, por esa razón, daría mayor legitimidad al proceso de selección.

El perfil de magistrado debe ser claro y debe estar previamente establecido.

Este perfil debe abordar las características profesionales y personales que se consideren elementos imprescindibles para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es importante que este perfil sea detallado, que esté previamente establecido y que se haga público, para que cada candidato tenga claridad sobre los requisitos necesarios para una postulación exitosa. De

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igual manera, la existencia de un perfil detallado y previamente establecido y publicado es una guía importante para el trabajo de los órganos seleccionadores, y es un factor significativo para disminuir la posibilidad de arbitrariedad en las decisiones de esas entidades. (Más adelante, se abordan en detalle los requisitos para un buen perfil del magistrado.)

El proceso de selección debe estar claramente definido, así como las responsabilidades de cada actor que participa en el mismo.

Para que un proceso de selección tenga legitimidad, debe haber confianza en que los actores involucrados cumplen con su rol de una manera adecuada. La existencia de un plan previamente establecido para el proceso de selección y la explicación del rol de cada entidad en ese proceso son elementos fundamentales para eso. Otros elementos imprescindibles son la existencia de transparencia y publicidad en todas las etapas del proceso.

En ese sentido, es importante hacer pública información sobre:

o ¿Cuáleselprocesoaseguir?

o ¿Cuáleselroldelasentidadesinvolucradasenelproceso? o ¿Cuálessonlasfacultadesdeesasentidades?

o ¿Cuáleselperfildelmagistrado?

o ¿Quiénessonlospostulantes?

o ¿Cómo se evaluará, en la práctica, las capacidades de los postulantes? (¿Cómo se pesa

cada elemento de su experiencia y habilidades -tanto profesionales como personales-?) o ¿Cuáles son las motivaciones de las nominaciones hechas? (En el caso de que exista un sistema de otorgar puntajes a los candidatos por su experiencia profesional, y no se

elige a los candidatos que han obtenido los puntajes más altos.)

Las entidades de selección deben prever la posibilidad de recibir eventuales observaciones de los distintos sectores de la sociedad sobre candidatos, y de investigar esas tachas.

A pesar de que una persona puede presentar una fuerte candidatura por su experiencia profesional, no se puede excluir que existan impedimentos que descalificarían al candidato para ocupar el cargo de magistrado -por ejemplo por graves faltas profesionales (aunque éstas no hayan sido investigadas o sancionadas), por afiliación a estructuras de crimen organizado, o por determinadas situaciones personales, como adicciones-. Es fundamental que exista una posibilidad que el público haga llegar su información en ese tipo de casos. Por la seriedad de las acusaciones contra una persona en ese tipo de denuncias, es recomendable que solamente se admita acusaciones hechas por personas naturales, dando nombre y apellido (i.e. no anónimas).

Al recibir una acusación de esa naturaleza, es imperativo que el señalamiento sea investigado. El proceso a seguir en esas investigaciones tiene que ser previamente establecido. Es altamente recomendable, para la legitimidad de estas investigaciones, que el examen del caso sea hecho por un órgano autónomo, como por ejemplo la Fiscalía.

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Se deben realizar audiencias públicas con los candidatos para la evaluación de sus capacidades.

Estas audiencias son instrumentos excelentes para conocer más sobre las ideas de los candidatos en cuanto al derecho y al rol de la judicatura y la Corte Suprema de Justicia en la sociedad. Algunas características importantes del perfil del magistrado, como su compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial y el rol que considera que debe tener la judicatura en la sociedad, son difíciles de evaluar sin ese tipo de examinación. A través de una entrevista pública, se pueden pedir explicaciones al candidato sobre sus afiliaciones personales y profesionales, así como sobre eventuales elementos controversiales de su pasado (o presente).

Celebrar esas audiencias en público aumenta la legitimidad del proceso de selección y, a su vez, funge como un instrumento de control importante. De igual manera, ayuda a informar al público acerca de esos procesos de importancia nacional, lo cual contribuiría a generar mayor interés y participación de la población.

DPLF considera que, para garantizar la mayor idoneidad de los magistrados, el perfil requerido debiese reunir las siguientes características:

Independencia e imparcialidad

La condición básica para un adecuado funcionamiento de la Judicatura y de los miembros de la institución judicial, es que sus integrantes sean personas independientes e imparciales. Eso quiere decir que no se dejen influenciar por intereses ajenos al Derecho, lo cual garantiza que sus decisiones estén basadas únicamente en criterios de aplicación de la ley. Por la importancia fundamental de la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces, varios instrumentos internacionales establecen esa condición como derecho fundamental para la ciudadanía (por ejemplo, Art. 14 PIDCP y Art. 8 CADH).

Otras normas internacionales, como los Principios Básicos de la Judicatura de las Naciones Unidas, ahondan sobre el contenido exacto de la garantía de contar con un poder judicial independiente. Se explicita que no sólo es fundamental que un juez sea independiente, sino también que dé la apariencia de esa independencia. En ese sentido, es importante que un candidato no tenga afiliaciones políticas y/o económicas que puedan dar la sugerencia que la persona no es independiente.

Para la examinación de esos antecedentes personales, es fundamental que el candidato presente una declaración jurada que contenga una lista exhaustiva de clientes, contratistas, contrapartes laborales y profesionales pasadas, así como las sociedades comerciales y profesionales en que participa o ha participado. Durante la entrevista pública del candidato, se deben examinar esos antecedentes.

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Honorabilidad y una historia de conducta intachable

La honorabilidad y la conducta intachable del magistrado son otros elementos indispensables para demostrar su legitimidad. Haber incurrido en conductas reprochables, aparte de deslegitimar al magistrado personalmente y a la institución de la Judicatura en general, puede hacer a la persona más vulnerable a presiones indebidas.

Para evaluar la honorabilidad del candidato y la historia de su conducta, es importante hacer una investigación sobre sus evaluaciones laborales: la persona no puede haber sido sancionada por un tribunal laboral o una comisión ética. La entrevista pública puede examinar esos aspectos también, y eventuales observaciones de la ciudadanía (tachas) tienen que ser investigadas y tomadas en cuenta a la hora de evaluar la aptitud del candidato.

Conocimiento legal notable

Otro elemento básico que debe poseer un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es que tenga un conocimiento legal extraordinario. La importancia y la complejidad de los casos presentados ante la Corte Suprema requieren que sus magistrados tengan un conocimiento académico excelente del Derecho. Para un tribunal como la Corte Suprema, es recomendable buscar a juristas con un conocimiento destacado en dos áreas del Derecho ( ́generalistas ́) o un conocimiento profundo en un área del Derecho ( ́especialistas ́). El perfil (generalista o especialista) y la especialización temática específica (en área(s) de Derecho) que se busca en el momento de selección deben depender del vacante y del tipo conocimiento legal disponible en la Corte Suprema de Justicia en ese momento.

La evaluación del nivel de conocimiento del candidato se puede hacer a través de varias examinaciones, entre otras (de manera acumulativa):

o Elgradodeformaciónacadémicadelcandidato;

o Suparticipaciónencursosdeespecialización;

o La autoría de libros o artículos académicos del Derecho, que han sido evaluados

positivamente por sus pares (existencia de reconocimiento de que esas publicaciones

han contribuido al avances del Derecho);

o Las presentaciones académicas o profesionales en temas de derecho;

o El reconocimiento de la persona como experta en temas de Derecho -por ejemplo, por

haber sido consultado como experto por entidades nacionales e internacionales-.

Excelente capacidad de expresión oral y escrita y habilidad analítica

Por la naturaleza del trabajo en la Corte Suprema de Justicia, es imprescindible que el magistrado tenga la capacidad de analizar bien cuál es la esencia del problema presentado ante la Corte. De igual manera, es fundamental que se sepa expresar bien, tanto de manera escrita como de manera oral. Esto significa que debe poseer un alto nivel de razonamiento jurídico y capacidad de análisis, tanto de manera oral como escrita, y que tenga la capacidad para

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sociedad en general.

Para evaluar las habilidades orales y escritas de los candidatos, es importante revisar escritos y documentos que el candidato haya elaborado en sus actividades profesionales. Si el candidato a magistrado de la Corte Suprema es juez, se puede analizar decisiones pasadas, y en el caso de que el candidato se haya desempeñado en el sector académico, se pueden examinar los libros y artículos académicos que ha preparado. Para un candidato que se ha desempeñado en el sector privado, se puede, de igual manera, analizar las contribuciones escritas que ha hecho en el marco de su trabajo (escritos legales que se hayan presentado a las cortes, por ejemplo). En caso de que no existan muchas contribuciones de esa naturaleza, el candidato puede presentar ensayos preparados especialmente para su candidatura para magistrado con la finalidad que se evalúe así su capacidad escrita y analítica.

Para evaluar la capacidad de expresión oral de los candidatos, se puede tomar en cuenta las exposiciones en foros profesionales que ha hecho. De igual manera, la entrevista pública puede proveer información valiosa sobre estas habilidades.

Inteligencia creativa altamente desarrollada

La naturaleza del trabajo que realiza una Corte Suprema de Justicia y el impacto que sus decisiones pueden tener, exige que la Corte esté preparada para afrontar nuevas situaciones y problemáticas. Para responder adecuadamente a estos desafíos en un ambiente de mucha presión laboral a lo interno y exigencias de la ciudadanía a lo externo, es esencial que los magistrados tengan la capacidad de afrontar los problemas que se le presentan de una manera adecuada, pero también rápida y constructiva.

Es fundamental, por ejemplo, que los magistrados cuenten con las siguientes características: o Habilidadparaencontrarsolucionesalosproblemasquesepresentan;y

o Capacidadparabuscaryobtenerconsensos;y

o Capacidaddetomarenconsideraciónlasposicionesdeotros.

Para la evaluación de esas capacidades, el candidato a magistrado tiene que presentar algunos ejemplos de situaciones en las que ha usado esas habilidades en el pasado. Un momento idóneo para la demostración de estas capacidades puede ser durante la entrevista pública.

Compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial

La Corte Suprema no sólo es la instancia más alta de jurisdicción del país, sino que también es el órgano de máximo jerarquía dentro del Poder Judicial que juega un rol fundamental en la organización de la judicatura. Es, por ende, esencial que los candidatos demuestren su comprensión de la magnitud de esa responsabilidad, y su compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial.

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Los candidatos tienen que demostrar ese compromiso mediante escritos, exposiciones y/o acciones al efecto de fortalecer la institucionalidad del poder judicial. Estos datos se pueden comprobar durante la entrevista pública.

Compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia

Los derechos humanos y los valores democráticos están a la base de la sociedad democrática moderna, cuyos valores y componentes están codificados en varios instrumentos internacionales suscritos por El Salvador. La transparencia de la gestión pública es un elemento fundamental en ello, tal como ha confirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por la importancia de esos principios, es esencial que los candidatos a magistrado demuestren su compromiso con esos valores. Ese compromiso se puede demostrar a través de escritos y declaraciones públicas, y se debería profundizar sobre las actividades del candidato en esos campos durante la entrevista pública.

Capacidad de entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones tomadas

La naturaleza del trabajo de la Corte Suprema de Justicia implica decidir sobre casos importantes, con potencial de causar un gran impacto en el ámbito social y jurídico del país. Es fundamental que los magistrados estén conscientes de esa responsabilidad, y que se comporten acorde a la misma.

Si el candidato es juez, se puede hacer una investigación de sus decisiones pasadas para establecer si se demuestra tal capacidad. De estar disponibles, se puede analizar escritos de los candidatos, además de declaraciones públicas. De igual manera, se puede entrevistar al candidato sobre este tema durante la audiencia pública.

Capacidad de mantener un balance adecuado entre mantener un alto ritmo de productividad, la calidad de la decisión jurídica y la profundidad de la consideración del caso.

El trabajo en la Corte Suprema de Justicia, además de ser de fundamental importancia para el país, es extremadamente demandante. Tal como la experiencia demuestra, muchos de los casos que se presentan ante la Corte Suprema son altamente complejos y de materias sensibles por el potencial impacto que una decisión podría tener. Para poder proveer una justicia expedita a la población -otro derecho humano fundamental por cuyo cumplimiento la Corte Suprema de Justicia tiene que velar-, la presión de trabajo es alta. Es de fundamental importancia que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sepan equilibrar el mantenimiento de un acelerado ritmo de trabajo con la calidad de la decisión jurídica y la profundidad de consideración del caso.

Los candidatos a magistrado tienen que demostrar su experiencia con y aptitud para trabajar en tal ambiente mediante su historia laboral, dando ejemplos de su desempeño sobresaliente en este aspecto. Durante la entrevista, se pueden profundizar estos aspectos.

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Fundación Para El Debido Proceso Legal Exhorta A Panamá A Mejorar El Proceso De Selección De Magistrados De La Corte Suprema De Justicia

Es de suma importancia que la Corte Suprema de Justicia esté integrada sólo por profesionales capaces e íntegros. La experiencia demuestra que la única manera de lograr esto es a través de un proceso de selección de magistrados transparente, y que tome como punto de partida los méritos de los candidatos. Panamá carece de un procedimiento con tales características.