Manual De Justicia De Paz

Ponemos  en  sus  manos  este  resumen  de  la  propuesta  de  ley  que introduce “La Justicia de Paz o Comunitaria” en la República de Panamá, que busca mejorar y fortalecer la justicia impartida por corregidores y jueces nocturnos, haciéndola más participativa, transparente y efectiva.

Proyecto De Ley Que Regula La Justicia Comunitaria (Dic. 2009)

Artículo 1.

PROYECTO DE LEY De_______de__________de 2009

Que crea la Justicia de Paz.

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA:

Capítulo I

Objetivo y Principios

La presente ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos en este ámbito, a través de un sistema que permita dirimir las controversias, garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia y la convivencia pacífica.

Artículo 2. Los principios que orientan la justicia comunitaria son:

1. Diversidad Cultural. La justicia comunitaria debe tomar en cuenta las condiciones étnicas y culturales de las partes.

2. Eficacia. Garantizar la pronta atención y resolución de los conflictos que someta el ciudadano.

3. Equidad. Lograr el equilibrio de las partes en la resolución de los conflictos en el marco de los derechos humanos y conforme al contexto de la realidad local.

4. Gratuidad. El acceso a la justicia comunitaria será libre de costos para los ciudadanos.

5. Independencia. Ejercer la justicia comunitaria con sujeción a la Constitución y a la Ley.

6. Imparcialidad. Los jueces de paz actúan sin ninguna clase de discriminación entre las

partes, otorgándoles tratamiento igualitario frente al procedimiento.

7. Oralidad. Las actuaciones serán realizadas de manera oral, con inmediación de quien

resuelva la controversia.

8. Rendición de Cuentas. Suministrar periódicamente, a las autoridades nacionales y locales,

así como a la comunidad, la información relativa al resultado de su gestión, manejo y

tratamiento en la solución de los conflictos de su competencia.

9. Transparencia. Ejercer la justicia comunitaria conforme al interés público, proveer

información a requerimiento cuando no sea de carácter restringido o confidencial.

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Capítulo II

Organización, Funcionamiento y Recursos Económicos de la Casa de Justicia Comunitaria

Artículo 3. Se crea el servicio de justicia comunitaria por corregimiento el cual será prestado por el juez de paz y el mediador comunitario, de acuerdo con las competencias y procedimiento establecido en la presente Ley.

Artículo 4. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria que contará con el siguiente personal mínimo: un juez de paz, un secretario que lo reemplazará en sus ausencias, un mediador comunitario, un oficinista/notificador y cualquier otro personal que requiera el Despacho según el corregimiento. Podrá crearse más de una casa de justicia comunitaria por corregimiento tomando en cuenta el nivel de conflictividad, el número de habitantes, las diferentes realidades sociales dentro del mismo y el presupuesto municipal.

Artículo 5. Los mediadores comunitarios pueden ser funcionarios permanentes de la casa de justicia comunitaria o voluntarios de las comunidades aledañas. Estos últimos prestarán el servicio de acuerdo con un sistema de incentivos que será desarrollado por el municipio respectivo.

Artículo 6. Los salarios y demás prestaciones del juez y los funcionarios de la casa de justicia comunitaria, incluyendo al mediador comunitario cuando este último sea funcionario permanente, serán cargados al presupuesto de rentas y gastos municipales.

Artículo7. Se garantizará la prestación del servicio de justicia comunitaria de forma ininterrumpida y continua de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y conforme a las necesidades de cada municipio

El Concejo Municipal incorporará en el reglamento interno municipal lo relativo al funcionamiento de las casas de justicia comunitaria.

Artículo 8. En los corregimientos con altos niveles de conflictividad se brindará el servicio de Justicia de Paz en periodo nocturno. El juez de paz solamente podrá adoptar medidas de prevención y protección inmediatas a las víctimas y a la comunidad afectada y deberá remitir su actuación al juez de paz diurno o a la autoridad competente, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas.

Artículo 9. El servicio de justicia comunitaria funcionará con las siguientes autoridades e instancias: Alcalde, Concejo Municipal, Comisión Interinstitucional, Comisión Técnica Distrital, Juez de paz y Mediador Comunitario.

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Artículo 10. Existirá una comisión interinstitucional integrada por la Procuraduría de la Administración, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo, que ejercerán la coordinación de la comisión de manera rotativa. Además, la comisión interinstitucional estará conformada por un representante de cada una de las siguientes organizaciones: autoridades comarcales, los alcaldes y representación de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta Comisión tendrá como responsabilidad dictar las políticas a seguir en materia de justicia comunitaria. Para garantizar la continuidad, se trabajará con los mismos representantes de cada una de las entidades miembros de la comisión, independientemente de qué institución esté ejerciendo la coordinación.

Existirá una Secretaría Técnica encargada de convocar a las reuniones de la comisión, elaborar las actas, recabar las estadísticas y llevar los correspondientes registros.

Cada municipio llevará las estadísticas de los asuntos que conocen las casas de justicia comunitaria, incluso aquellos atendidos por mediadores comunitarios. El Alcalde correspondiente remitirá a la Secretaría Técnica de la Coordinación Interinstitucional, un informe trimestral con dicha estadística, dentro de la semana siguiente al vencimiento del período.

El ente coordinador convocará, como mínimo dos veces al año a los miembros de la Coordinación Interinstitucional para realizar la evaluación del sistema de justicia comunitaria y hacer las recomendaciones pertinentes.

Sección 1a

Formación y Capacitación

Artículo 11. El programa de formación inicial y capacitación continua para los jueces de paz, será diseñado por la Procuraduría de la Administración, con la colaboración de la Escuela Judicial y la Universidad de Panamá.

La ejecución de este programa estará a cargo de la Procuraduría de la Administración, en los municipios, quienes deberán garantizar su efectivo desarrollo. Este programa debe estar incorporado en el plan de capacitación municipal de la Procuraduría de la Administración.

Artículo 12. El seguimiento del servicio de mediación comunitaria que presten los municipios estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Para los efectos de la capacitación y acompañamiento técnico de los mediadores comunitarios, los alcaldes podrán recurrir a las entidades gubernamentales y no gubernamentales reconocidas para tal fin por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

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Sección 2a

Comisión Técnica Distrital

Artículo 13. La Comisión Técnica Distrital estará integrada por:

1. Un representante de la Defensoría del Pueblo,

2. Un representante de las universidades con presencia en el distrito o la provincia.

3. Dos representantes de las organizaciones de sociedad civil organizada con presencia en el

corregimiento o en su defecto en el distrito con trayectoria de labor comunitaria.

4. Un representante de la Junta Comunal del corregimiento de que se trate.

Artículo14. La Comisión deberá dictar su Reglamento Interno de funcionamiento, de selección del juez de paz y del procedimiento de conformación de la Comisión de Apelaciones. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas de acuerdo con los principios de transparencia, por consenso y en caso de no lograrse se adoptarán con el voto de la mayoría de los miembros.

La Comisión determinará el procedimiento para verificar la idoneidad ética y académica exigida como requisito para ser juez de paz.

Sección 3a

Juez de Paz y Mediador Comunitario

Artículo 15. El juez de paz es la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren el orden público y la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo a las competencias y procedimientos establecidos en la presente Ley.

Artículo 16. El mediador comunitario es aquel miembro de la comunidad con idoneidad para facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un conflicto, con miras a la solución del mismo, de una manera ágil, económica y amigable, así como a la restauración de las relaciones interpersonales y comunitarias.

Este mediador es un colaborador del juez de paz encargado de fortalecer los valores fundamentales de la convivencia humana, de respeto, tolerancia y libertad y contribuir en la búsqueda y promoción de la convivencia pacífica dentro del corregimiento.

Artículo 17.

Capítulo III

Requisitos, Selección y Nombramiento

Sección 1a

Requisitos Para ser juez de paz se requiere:

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1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

Ser de nacionalidad panameña.

Ser mayor de 30 años.

Ser abogado en aquellos municipios metropolitanos y urbanos; y en los Municipios semi- urbanos y rurales, haber culminado educación media.

Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por la

Procuraduría de la Administración.

Ser residente en el corregimiento respectivo, durante los últimos dos años anteriores a su postulación, en el caso de los municipios metropolitanos o urbanos, y en el distrito, en aquellos municipios semi-urbanos y rurales.

Ser postulado por la comunidad o una organización social del respectivo municipio.

Tener idoneidad ética, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Comisión Técnica Distrital.

Artículo 18. El aspirante a juez de paz no puede tener vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Gobernador, Alcalde, representantes de corregimiento o concejales; ni pertenecer a ningún partido político.

Artículo 19. El juez de paz no puede ejercer el comercio, cualquier otro cargo público o privado, excepto la docencia fuera de las horas laborables.

Artículo 20. Los requisitos para obtener la certificación como mediador comunitario son los siguientes:

1. Ser mayor de veintiún años.

2. Ser de nacionalidad panameña.

3. Haber culminado estudios primarios.

4. Haber recibido capacitación en materia de mediación comunitaria, por un mínimo de

cuarenta horas en una institución o centro de formación debidamente reconocido.

5. Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria, y

6. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad o estafa.

Estos requisitos deberán ser acreditados ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, que es la entidad competente para otorgar la certificación correspondiente.

Sección 2a

Proceso de Selección y Nombramiento

Artículo 21. Con la finalidad de reunir a la Comisión Técnica Distrital, cada vez que se haga necesario iniciar un proceso de selección de los jueces de paz, el Consejo Municipal dictará una resolución que contenga los siguientes puntos:

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1. Convocatoria a las organizaciones de sociedad civil de la comunidad con el fin de que presenten sus dos representantes.

2. Citación a los otros miembros que deben formar la Comisión.

3. Convocatoria pública para los interesados en el cargo de jueces de paz.

El Concejo Municipal realizará una convocatoria pública por corregimiento, para la selección de los aspirantes al cargo de juez de paz y mediador comunitario, cuando éste último sea un funcionario permanente.

Culminado el proceso de convocatoria, el Concejo tendrá un período de ocho días hábiles para revisar el cumplimiento de los requisitos solicitados y remitir a la Comisión Técnica Distrital, una vez instaurada, una lista con todos los aspirantes que reúnen los requisitos de elegibilidad.

El proceso de convocatoria pública para los cargos de juez de paz y mediador comunitario, cuando sea funcionario permanente, será reglamentado por el Concejo Municipal.

Artículo 22. Reunida la Comisión Técnica Distrital, esta evaluará la documentación de los aspirantes, realizará una entrevista y le asignará puntaje a cada uno de ellos.

Culminado este proceso que no será superior a quince días, la Comisión remitirá al Alcalde el informe de evaluación con la terna de los elegibles con mayor puntaje.

El Alcalde nombrará al juez de paz respectivo dentro de un término no mayor de tres días hábiles contado a partir de la recepción del informe de la Comisión Técnica.

Artículo 23. El Alcalde municipal nombrará en cada casa de justicia comunitaria, como mínimo, un mediador comunitario idóneo, residente del corregimiento respectivo. En caso de no existir mediadores comunitarios a nivel del corregimiento, deberá ser residente del distrito.

Artículo 24. El mediador comunitario cuando, a juicio de la Comisión Técnica Distrital, deba ser un funcionario permanente, será escogido mediante el procedimiento establecido para el juez de paz.

Artículo 25. El secretario, el oficinista/notificador y demás personal de las casas de justicia comunitaria serán nombrados por el juez de paz e ingresarán al servicio público mediante el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Administrativa Municipal y, en su defecto, a través de un concurso de mérito.

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Capítulo IV

Competencias, Procedimiento y Sanciones

Sección 1a

Competencia del Juez de Paz y el Mediador Comunitario

Artículo 26. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir, siempre y cuando no

constituyan delito, las siguientes faltas administrativas:

1. Impedir a las autoridades y agentes de la policía el ejercicio de sus funciones

constitucionales y legales.

2. Alteración del orden público y la convivencia pacífica.

3. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana.

4. Riña o pelea.

5. Provocaciones o amagos.

6. Ruidos y molestias desagradables.

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura.

8. Impedir el libre tránsito o transporte.

9. Perturbación del goce pacífico de la propiedad.

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad.

11. Destruir los parques, jardines, paredes o causar cualquier otro daño a la propiedad ajena.

12. Alterar las fachadas de las unidades departamentales o infringir las disposiciones del régimen

de Propiedad Horizontal.

13. No portar la cédula de identidad personal.

14. Enarbolar la bandera nacional en mal estado físico o su uso indebido.

15.Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública sin el permiso municipal

correspondiente.

16. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad.

Procurarse mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otro hasta por la suma de

doscientos cincuenta balboas (B/.250.00).

17. Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días.

18. Los hechos ilícitos de hurto, hurto agravado, estafa y otros fraudes, daños, apropiación

indebida, usurpación establecidas en el Código Penal, si la cuantía no excede los doscientos

cincuenta balboas (B/.250.00).

19. Todas aquellas que impliquen la infracción de disposiciones municipales.

Artículo 27. Los jueces de paz conocerán y decidirán las siguientes causas civiles: 1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00).

2. Asuntos relacionados a las servidumbres.

3. Asuntos relacionados a las cercas medianeras.

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4. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de Propiedad Horizontal cuyas cuantías no excedan los doscientos cincuenta balboas (B/.500.00).

5. Procesos por desahucio y lanzamiento por intruso.

6. A prevención, las pensiones alimenticias

En el caso de servidumbres, la decisión del juez de paz será de carácter provisional. No obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la instancia judicial correspondiente. Las decisiones provisionales del juez de paz se cumplirán hasta tanto sean revocadas por la instancia judicial.

Artículo 28. También corresponden al juez de paz las siguientes atribuciones:

1. Promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y las

disposiciones municipales.

2. Estimular el uso y aplicación de los medios alternos de solución de conflictos.

3. Administrar la casa de justicia comunitaria.

4. Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal de la casa de justicia

comunitaria.

5. Nombrar al secretario, oficinista/notificador y cualquier otro personal de la casa de justicia

comunitaria.

6. Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de conformidad con lo

establecido en la presente Ley.

7. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones.

Artículo 29. Los mediadores comunitarios podrán atender los casos que son competencia de los jueces de paz, exceptuando los casos de pensión alimenticia.

Artículo 30. Para acudir a la justicia comunitaria, ya sea a través del mediador comunitario o el juez de paz, no es obligatoria la representación judicial.

Sección 2a

Mediación Comunitaria

Artículo 31. La mediación comunitaria es la primera alternativa de justicia a la que se puede acudir de manera directa o por derivación del juez de paz.

Artículo 32. La mediación comunitaria es aquella donde las partes someten su conflicto ante un mediador idóneo, a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensuada al conflicto.

Este mecanismo desarrolla relaciones igualitarias y de cooperación entre las partes.

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Artículo 33. El acuerdo de mediación es el convenio de voluntades donde se expresan cada uno de los puntos acordados dentro de la sesión de mediación, el cual es de cumplimiento forzoso para las partes; se hará constar por escrito mediante un acta que prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada, a partir de la firma de los interesados y el mediador.

De no lograrse un acuerdo, las partes podrán someter el conflicto al conocimiento del juez de paz.

Sección 3a

Procedimiento ante los Jueces de Paz

Artículo 34. Las actuaciones ante el juez de paz se iniciarán de oficio o a solicitud de parte. La iniciación será de oficio por disposición del juez de paz o a instancia de parte cuando se accede a una petición de persona interesada.

En caso de iniciación de oficio, el juez de paz tiene la potestad de enviar el caso al mediador comunitario o realizar la audiencia oral.

Cuando el proceso se inicia a petición de una de las partes, el juez invitará a la contraparte al proceso. En caso de renuencia, se le citará, para lo cual el juez de paz podrá solicitar la colaboración de un agente de la Policía Nacional.

Artículo 35. Los agentes de la Policía Nacional son colaboradores de la justicia comunitaria. En aquellas diligencias donde se requiera su intervención, éstos deberán acatar y ejecutar las órdenes del juez de paz. Estas órdenes deberán constar por escrito, de manera clara y precisa.

Artículo 36. En el acto de audiencia, el juez de paz instará a las partes a la conciliación y podrá proponer alternativas de solución. Estas alternativas no son de obligatorio acatamiento para las partes, ni constituyen causales de recusación.

Artículo 37. En caso de no existir acuerdo en conciliación, el juez escuchará a las partes quienes tendrán las mismas oportunidades para presentar sus cargos y descargos, así como las pruebas correspondientes, que serán valoradas por el juez. Culminada la audiencia, el juez de paz decidirá de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente Ley.

El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política de la República ni a los derechos fundamentales. Este fallo requiere ser motivado, y para ello el juez de paz tendrá en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

1. Los hechos y situación personal de las partes.

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales comprometidos.

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas, y

4. Los criterios de la comunidad sobre lo justo.

El fallo del juez de paz será notificado personalmente al finalizar la audiencia. Una vez 9

notificadas las partes sin que se presente recurso de apelación, la decisión del juez debe ser cumplida en un período máximo de los treinta días, siguientes a la notificación.

En caso de incumplimiento del fallo, el juez de paz dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el párrafo anterior, remitirá el expediente de oficio al juez municipal respectivo, para que se inicie el proceso penal por el delito de quebrantamiento de sanción.

Artículo 38. La parte que se considere agraviada por el fallo del juez de paz tiene derecho a interponer recurso de apelación y sustentarlo verbalmente en el acto de la notificación, sin necesidad de abogado, caso en el cual se dejará constancia en el expediente y se concederá a la otra parte la oportunidad para oponerse, de igual forma.

El recurso de apelación también podrá interponerse y sustentarse por escrito, ante el mismo juez, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Estos días empezarán a correr sin necesidad de resolución. Si no se sustenta el recurso de apelación, se declarará desierto.

Vencido este término, el opositor contará con tres días para formalizar su argumento que, de igual forma, corren sin necesidad de resolución, siempre que estuviere notificado de la resolución impugnada.

Artículo 39. Una vez surtido el trámite antes descrito, el juez de paz resolverá sobre la concesión de la apelación y, en caso de que fuere procedente, ordenará la notificación por edicto de la resolución que concede el recurso y remitirá enseguida el expediente a la Comisión de Apelaciones.

La resolución que decide la apelación es irrecurrible.

Artículo 40. La Comisión de Apelaciones estará integrada por tres jueces de paz de los corregimientos más cercanos. El juez de la causa participará en dicha Comisión para sustentar de forma oral su fallo, no obstante la decisión es tomada en sala de acuerdo por los otros tres jueces de paz.

La Comisión de Apelaciones podrá revocar, modificar o confirmar el fallo del juez de paz y decidirá dentro de los quince días siguientes a la fecha del recibo de la solicitud de apelación.

Las decisiones de los jueces de paz no son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El concejo municipal garantizará el funcionamiento administrativo de las comisiones de apelaciones del respectivo distrito y emitirá el reglamento correspondiente.

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Artículo 41. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, pero la Comisión podrá practicar las que quedasen pendientes de práctica en primera instancia y las que considere necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos, las cuales decretará de oficio, mediante resolución motivada e inapelable.

Artículo 42. Salvo lo establecido expresamente para casos especiales, las apelaciones contra los fallos del juez de paz se concederán:

1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de la resolución que ponga fin a la instancia.

2. En efecto devolutivo, cuando se trate de la resolución que ponga término al proceso de alimentos.

Artículo 43. El fallo de segunda instancia debe dictarse dentro de los treinta días siguientes al ingreso del expediente al tribunal y será notificado por edicto.

Sección 4a

Medidas

Artículo 44. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán ordenar, de forma irrecurrible, las siguientes medidas:

1. Fianza de Paz y Buena Conducta.

2. Orden de alejamiento.

3. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionada con los conflictos

vecinales.

4. Orden de desalojo o lanzamiento.

5. Cauciones pecuniarias.

6. Boleta de Protección.

7. Presentación periódica al Despacho.

8. En los casos de violencia doméstica o cuando esté en peligro la vida de las personas, los

jueces de paz tienen facultad para dictar las medidas de protección establecidas en la Ley, incluyendo aprehensiones a prevención que no excedan de veinticuatro horas. Adoptada esta medida provisional, el Juez deberá remitir inmediatamente el expediente a la autoridad competente.

9. En los casos que se requiera, el juez de paz podrá decretar el comiso de los bienes que se utilizaron para la comisión de la falta, los que serán colocados bajo su custodia en el área destinada por el juez de paz para ello, y se aplicarán las normas vigentes en materia de manejo de bienes aprehendidos.

10. El juez de paz también podrá realizar inspecciones en el lugar de los hechos, a solicitud de parte.

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11. Medidas de seguridad, para los casos de enfermos mentales e indigentes. El juez de paz aplicará como medidas de seguridad la remisión al hospital psiquiátrico o a establecimientos de readaptación o resocialización.

Sección 5a

Sanciones

Artículo 45. Los jueces de paz podrán imponer las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la falta o del asunto:

1. Amonestación verbal, privada o pública.

2. Trabajo comunitario.

3. Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil balboas (B/.1,000.00).

4. Reparación del daño causado o indemnización, como sanción accesoria.

5. Prohibición de portar armas, como sanción accesoria.

Todos los procesos en materia de justicia comunitaria procurarán la restauración de las relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo los derechos de las víctimas.

El juez de paz podrá sugerir o motivar el desarrollo de actividades que involucren a familiares o vecinos del infractor o a la comunidad, con el objeto de restaurar las relaciones interpersonales o vecinales y buscar la integración social.

Artículo 46. En caso de reincidencia en la comisión de una falta administrativa, el juez de paz podrá remitir al infractor a programas sociales municipales o estatales.

Artículo47. Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a solicitud del infractor, es prestado por este a la comunidad. Se refiere a trabajos relativos al ornato, limpieza, mantenimiento, decoración, construcción, reparación o cualquier otra labor que represente algún beneficio social dentro del lugar donde se cumple la sanción o en el distrito o provincia donde resida la persona. La prestación del trabajo comunitario estará bajo la vigilancia y control de la autoridad que la impuso.

Para los efectos del trabajo comunitario, se tomará en cuenta las habilidades, destrezas, potencialidades y preparación académica del infractor, a fin de generar grupos focales con actividades que les sirvan como labor-terapia y que favorezcan su reinserción en la sociedad.

Capítulo V

Destitución

Artículo48. Las causales de destitución de los jueces de paz y de los mediadores

comunitarios nombrados como funcionarios permanentes en las casas de justicia comunitaria, 12

son las siguientes:

1. Condena judicial ejecutoriada por delito doloso.

2. Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.

3. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en la presente Ley.

4. Recibir y/o hacerse prometer de cualquier persona pago, dádivas, favores, para sí o para

otro, como contribución o recompensa por la ejecución u omisión de las funciones inherentes

a su cargo.

5. Incurrir en una falta ética o disciplinaria grave.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en la carrera administrativa o municipal, si la hubiere.

Capítulo VI

Procedimiento Ético Disciplinario

Artículo 49. El juez de paz y el personal que integra la casa de justicia comunitaria, en el ejercicio de sus funciones, cumplirá y se sujetará a los principios contenidos en las normas aplicables a los servidores públicos según la Ley de Carrera Administrativa Municipal, si la hubiere, y el Código de Ética de los Servidores Públicos.

Artículo 50. En caso de violaciones a las normas éticas a que hace referencia el artículo anterior; la Comisión Técnica Distrital, de oficio o a petición de parte, deberá realizar las investigaciones de acuerdo con la legislación aplicable y solicitará al Alcalde la adopción de la sanción correspondiente. Las denuncias serán presentadas en las oficinas que para tal efecto determine la reglamentación respectiva.

Artículo51. En materia disciplinaria, se aplicará lo dispuesto en la ley de Carrera Administrativa. En caso de que la medida disciplinaria aplicable sea la destitución se deberá contar con el concepto previo de la Comisión Técnica Distrital. El Alcalde puede destituir al Juez de Paz siempre que cuente con el concepto favorable de la Comisión.

Artículo 52. El procedimiento ético y disciplinario deberá regirse por los principios del debido proceso, de estricta legalidad y respeto a las garantías procesales constitucionales, tales como: el derecho a ser escuchado, derecho a presentar los recursos de ley y proponer pruebas para su defensa legítima.

Capitulo VII

Justicia Comunitaria en las Comarcas

Artículo 53. La justicia comunitaria en las Comarcas, ya sea oral o escrita, será ejercida por

las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, y sus decisiones serán respetadas por las 13

autoridades administrativas y judiciales.

Artículo 54. En las Comarcas, se reconoce la forma y procedimiento tradicional de los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia comunitaria, de acuerdo con las normas previstas en la legislación indígena y las Cartas Orgánicas de las mismas Comarcas.

Artículo 55. Para cumplir con el buen funcionamiento de la justicia comunitaria por parte de las autoridades tradicionales, el municipio garantizará los recursos económicos necesarios.

Capítulo VIII

Disposiciones Transitorias y Finales

Sección 1a

Disposiciones Transitorias

Artículo 56. (Transitorio) Dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la presente ley, se realizará el proceso de formación de postulados y selección de los jueces de paz en los corregimientos de todo el país. La Procuraduría de la Administración certificará la inducción de los postulados, para lo cual los aspirantes a jueces de paz deben vincularse en los programas de inducción convocados por tal institución.

Artículo 57. (Transitorio) A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en aquellas disposiciones en que se mencione la figura del corregidor o juez nocturno de policía deberá entenderse juez de paz.

Sección 2a

Disposiciones Finales

Artículo 58. El artículo 393 del Código Penal queda así:

Artículo 393. Quien incumpla una decisión jurisdiccional ejecutoriada de pensión alimenticia o una pena accesoria de naturaleza penal, o una decisión ejecutoriada dictada por un juez de paz será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana.

Artículo 59. El artículo 174 del Código Judicial queda así:

Artículo 174. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia:

B. De los siguientes procesos civiles:

Los que versen sobre cuantía mayor de quinientos balboas (B/. 500.00), sin exceder de cinco mil balboas (B/. 5,000.00);

Artículo 60. El artículo 175 del Código Judicial queda así:

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Artículo 175. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos, cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas; de los procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación y daños, cuyas cuantías no excedan de doscientos cincuenta balboas, y de los procesos por lesiones culposas o dolosas, cuando la incapacidad sea inferior de treinta días.

Se exceptúan de esta disposición, las obligaciones que sean consecuencia de contratos mercantiles.

Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera de los delitos establecidos en esta disposición, éste deberá formular los cargos correspondientes. Sin el cumplimiento de este requisito, no se iniciará proceso alguno.

Artículo 61. El numeral 1 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 queda así:

Artículo 28. No son acusables ante la jurisdicción contencioso administrativa: 1° Las resoluciones que dicten los jueces de paz;

Artículo 62. El artículo 7 de la Ley 38 de 2001 queda así:

Artículo 7. Podrán aplicar las medidas de protección consagradas en el artículo 4 de esta Ley, los jueces de paz, las autoridades tradicionales en las zonas indígenas, los agentes del Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judicial, cada uno de acuerdo con su competencia.

Artículo 63. El artículo 9 de la Ley 38 de 2001 queda así:

Artículo 9. En los hechos de violencia que se presentasen en sus jurisdicciones, los jueces de paz deberán, provisionalmente, tornar conocimiento del hecho, aplicar las medidas de protección pertinentes y remitir el expediente incoado, en el que indicaran las medidas adoptadas, a la instancia competente en un término no mayor de setenta y dos horas, contado a partir del momento en que se aplica la medida aludida.

Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni promover ni aceptar advenimientos o desistimientos.

Artículo 64. El numeral 4 del artículo 751 del Código de la Familia queda así:

Artículo 751. A los Jueces Municipales de Familia les corresponde conocer y decidir en primera instancia:

4. Procesos de alimentos, a prevención de los jueces de paz.

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Artículo 65. El numeral 9 del artículo 754 del Código de La Familia queda así:

Artículo 754. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia les corresponde:

9. Conocer de los procesos de alimentos a prevención de los jueces Municipales de Familia y los jueces de paz.

Artículo 66. El artículo 771 del Código de La Familia queda así:

Artículo 771. Todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, cualquiera que sea su categoría, así como los jueces de paz, están obligados a prestar su cooperación para el cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las medidas que para su aplicación dispongan los Tribunales de Familia y de Menores, así mismo están obligados a demandar la protección de los menores cuando tengan conocimiento de la violación de sus derechos subjetivos.

Artículo 67. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así:

Artículo 1. Se faculta a los jueces de paz, alcaldes y gobernadores de provincia, a prevención, para sancionar administrativamente, con multas de cinco balboas (B/.5.00) a quinientos balboas (B/.500.00), al que bote o arroje en cualquier lugar público desperdicios o desechos que deberían ser colocados en bolsas, tinacos, canastas u otros recipientes destinados al propósito de recoger basura; al que raye paredes o edificios públicos o privados; así como al que deponga en lugares públicos excretas humanas o de animales. En todos los casos, el infractor está obligado a limpiar el lugar afectado.

Artículo 68. El primer párrafo del numeral 7 del artículo 27 del Texto Único de la Ley 13 de 1993 queda así:

Artículo 27. Se prohíbe a los propietarios de las unidades departamentales y a quienes las habitan a cualquier título, lo siguiente.

7. Modificar o adicionar cualquiera de las fachadas del edificio, sin el consentimiento de las dos terceras partes de las unidades departamentales, sin el estudio de un arquitecto idóneo y la aprobación de las autoridades competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin cumplimiento de los requisitos aquí establecidos, el juez de paz obligará a las unidades departamentales a la reposición de los elementos modificados y en caso de negativa por un período de treinta días, contado a partir de la notificación impondrá una multa que variará desde un cuarto por ciento o su equivalente en decimales hasta un uno por ciento o su equivalente en decimales del valor del apartamento dependiendo de la

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gravedad de la falta, hasta que se cumpla con lo establecido. Para que la Asamblea de Propietarios otorgue el permiso a que se refiere este numeral, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 69. El artículo 65 del Texto Único de la Ley 13 de 1993 queda así:

Artículo 65. Todas las controversias relativas al Régimen de Propiedad Horizontal, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley, serán competencia de la jurisdicción ordinaria, según las reglas de competencia que establece el Código Judicial. Sin embargo, para los efectos de la tramitación del cobro de los gastos comunes, los jueces de paz, en asuntos exclusivos de la presente Ley, tendrán competencia hasta la cuantía que establece el Código Judicial. En tal caso, estas autoridades deben aplicar el procedimiento correspondiente a los procesos ejecutivos de menor cuantía, y quedan facultadas para decretar secuestros en contra del moroso a petición d parte, sin necesidad de caución y hasta la cuantía fijada.

Artículo 70. Artículo 71. Artículo 72. Artículo 73. Artículo 74. Artículo 75. Artículo 76. Artículo 77. Artículo 78. Artículo 79. Artículo 80. Artículo 81.

Se deroga la Ley 112 de 1974.

Se derogan los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973. Se deroga el artículo 855 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 856 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 857 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 860 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 861 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 871 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 873 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 874 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 877 del Código Administrativo.

Se deroga el Capítulo IV del Título I del Libro III del Código Administrativo, 17

sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 878 al 898.

Artículo 82. Se deroga el Título II, Policía Moral, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 899 al 1312.

Se deroga el artículo 1668 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 1669 del Código Administrativo.

Se deroga el artículo 1670 del Código Administrativo.

Se deroga el Título IV, Policía Judicial, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 1672 al 1707.

Artículo 87. Se deroga el Título V, Procedimientos, del Libro III del Código Administrativo, que comprende los artículos 1708 al 1745.

Artículo 88. La presente Ley modifica los artículos 174 y 175 del Código Judicial; los artículos 859 y 865 del Código Administrativo; el artículo 393 del Código Penal; los artículos 751, numeral 4; 754, numeral 9, y 771 del Código de la Familia; el artículo 28 de la Ley 135 de 1943; el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000; los artículos 7 y 9 de la Ley 38 de 2001; el primer párrafo del numeral 7 del artículo 27 y el artículo 65 del Texto Único de la Ley 13 de 1993. Adiciona el artículo 175 A al Código Judicial; así como deroga los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973; la Ley 112 de 1974; los artículos 855, 856, 857, 860, 861, 871, 873, 874 y 877; el Capítulo IV del Título I del Libro III, sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 878 al 898; el Título II, Policía Moral, del Libro III, que comprende los artículos 899 al 1312; los artículos 1668, 1669 y 1670; el Título IV, Policía Judicial, del Libro III, que comprende los artículos 1672 al 1707, y el Título V, Procedimientos, del Libro III, que comprende los artículos 1708 al 1745, todos del Código Administrativo.

Artículo 83.

Artículo 84.

Artículo 85.

Artículo 86.

Artículo 63. Esta Ley entrará a regir doce meses después de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _____

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Situación De La Justicia Administrativa Impartida Por Corregidores Y Jueces Nocturnos En Panamá (Abril 2009)

SITUACIÓN DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA IMPARTIDA POR
CORREGIDORES Y JUECES NOCTURNOS EN PANAMÁ.
Elaborado en el abril del 2009
I. PRESENTACIÓN
Los altos niveles de conflictividad que vive la sociedad panameña, contrastan con los
espacios y mecanismos que ofrece el Estado y la sociedad para la resolución de
conflictos y la promoción de la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
La justicia administrativa impartida por corregidores y jueces nocturnos constituye uno
de los mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para resolver sus conflictos, sin
embargo este sistema de justicia local presenta grandes carencias, poca regulación y
control por parte de las autoridades encargadas de su supervisión, lo que en gran medida
merma su efectividad y posibilidad de respuesta.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia desde el año 2002 ha insistido en la necesidad de una
reforma integral, que permita que el ciudadano cuente con mecanismos eficientes para
la resolución de sus conflictos y con ello avanzar hacia un ambiente adecuado de
convivencia ciudadana.
En este sentido se han realizado varios procesos de observación sobre la realidad de la
justicia administrativa:
1. Audito Ciudadano efectuado en el año 2008.
2. Visitas en marzo, abril y diciembre del 2008 a los centros Penitenciarios de
Tinajitas, Centro Femenino de Rehabilitación, Cárcel Pública de la Chorrera y
la Cárcel Pública de Penonomé, para conocer las condiciones de los privados
de libertad sujetos a medidas de arresto.
3. Observatorio ciudadano efectuado en febrero del 2009 a los Juzgados
Nocturnos de Panamá y San Miguelito. 2
II. PRINCIPALES HALLAZGOS
A pesar del tiempo transcurrido entre los auditos efectuados, los hallazgos son
coincidentes y refieren a la existencia de un sistema obsoleto, incapaz de dar respuesta a
las necesidades de la población, repercutiendo esto directamente en un deterioro de la
convivencia pacífica de los ciudadanos y ciudadanas y en la violación de sus derechos
humanos.

1. Diagnóstico de la situación de las corregidurías:
Los dos auditos de las corregidurías, efectuados, uno en el 2002 y otro en el 2008,
reflejaron lo siguiente:
 Politización en la escogencia de la figura del corregidor o corregidora e
inestabilidad en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.
 No hay exigencia de escolaridad. La mayor parte de corregidores en el
interior del país presentan una escolaridad baja.
 Inexistencia de capacitación permanente u ordenada, además que por los
altos niveles de movilidad el recurso invertido en la capacitación se
pierde.
 No existe personal capacitado en resolución de conflictos y no se brinda
atención interdisciplinaria para la atención de la violencia doméstica o
vecinal.
 Salarios muy bajos que en la mayoría de los casos están por debajo de la
canasta básica, ya que dependen de la capacidad presupuestaria de cada
municipio.
 Poco personal disponible para la prestación de un servicio para la
comunidad. Algunas corregidurías solo cuentan con el corregidor o la
corregidora.
 Infraestructura y equipo de oficina inadecuados y en malas condiciones
en la mayor parte de los casos. 3
2. Diagnóstico de la situación de los detenidos a órdenes de corregidores y jueces
nocturnos.
El Código Administrativo establece la facultad, tanto de los y las corregidores (as),
como de los jueces nocturnos, de decretar órdenes de arresto hasta por 365 días. La
situación de estos detenidos en su mayoría, recluidos en el Centro Penitenciario de
Tinajitas, no responde en manera alguna a criterios modernos de trato al detenido, por el
contrario existen pocos criterios de clasificación, y definición de regulación clara y
objetiva sobre el otorgamiento de medidas de reducción o conmutación de pena, entre
otros muchos aspectos.
Entre los hallazgos principales de las observaciones efectuadas en el 2008 en los
Centros de detención, podemos mencionar:
 Más de 340 recluidos a diciembre de 2008 se encontraban a órdenes de
corregidores y jueces nocturnos, sometidos a penas de arresto.
 No existen, en los centros penales, controles estadísticos sobre la información
referente a estos detenidos, a órdenes de quienes se encuentran, tipo de falta o
sanción impuesta; la información obtenida fue recabada de manera manual,
directamente de las tarjetas de datos.
 La mayor parte de las faltas cometidas, corresponden al hurto simple. Pudimos
cuantificar 147 casos. Los otros casos se relacionaban con estafa, daños a la
propiedad, amenazas, amagos y provocaciones, riñas en lugares públicos, actos
inmorales en vía pública, quebrantamiento de fianzas y de boletas de protección,
violencia doméstica, apropiación indebida, hurto con abuso de confianza,
escándalo en vía pública, agresión, lesiones, portar arma blanca, evasión, entre
otros.
 Es mínima o inexistente la aplicación de criterios de clasificación de detenidos.
 En algunos casos se juzgó por el delito de violencia doméstica, materia que no
es de competencia de estas autoridades.
 El mayor número de detenidos se encontraba a órdenes de jueces nocturnos de
Panamá y San Miguelito. 4
3. Diagnóstico de los juzgados nocturnos
En febrero del 2009 un grupo de estudiantes de derecho, coordinados por la Alianza
Ciudadana, realizaron un observatorio a los Juzgados Nocturnos de Panamá y San
Miguelito, encontrando lo siguiente:
 El 80 % de lo casos que atienden los juzgados nocturnos son de violencia
doméstica, sin embargo no existe el personal capacitado para atender de manera
interdisciplinaria este tipo de casos.
 El juzgado nocturno, que debe prestar sus servicios a los moradores del Distrito
capital, tiene su sede en San Felipe en un área roja, donde confluyen cuatro
bandas o pandillas juveniles, lugar de suma peligrosidad para todos los
ciudadanos que acuden a buscar solución a sus conflictos o problemas.
 El juzgado nocturno de San Felipe se encuentra en un edificio que no reúne
condiciones adecuadas sanitarias, ni de infraestructura, convirtiéndose esto en
otro peligro para la vida y salud de sus trabajadores y de los usuarios del Distrito
capital.
 Todos los habitantes de la ciudad y en especial las mujeres victimas de
violencia, residentes en Tocumen, Juan Díaz, Mañanitas deben viajar hasta San
Felipe a presentar sus denuncias exponiéndose a los peligros que implica
trasladarse a zonas conflictivas.
 Se dieron muchas quejas sobre trato inadecuado, especialmente para las víctimas
de delitos como el de violencia doméstica.
 Existe poca colaboración de la policía en cuanto a vigilancia de lugar y para la
realización de diligencias.
 Las máquinas de escribir son manuales y las pocas computadoras que se ven son
muy antiguas.
 El mobiliario se encuentra en mal estado y los servicios sanitarios en situación
deplorable.
 Ambos juzgados cuentan con celdas de detención de dimensiones pequeñas en
comparación con la cantidad de detenidos a que a veces llegan a albergar.
Dichas celdas no permiten ningún criterio de separación o clasificación, por lo
que hay momentos en que han concurrido miembros de bandas rivales o
personas por faltas menores, con delincuentes de alta peligrosidad. 5
 No se informa a las personas sobre sus derechos y no existe un personal
encargado de la orientación a los usuarios.
 A las personas no se les informa sobre el derecho de apelar a la decisión tomada
por el juez.
 La mayoría de las personas que acuden a los juzgados nocturnos no lo hacen en
compañía de abogados y no existe una orientación legal previa.
 Existen serías dudas sobre la aplicación de medidas de protección, sin
sustentaciones legales y fácticas, como en el caso de la medida de desalojo.
 Empleados con más de 30 años de servicio que tienen salarios de 350 dólares
mensuales.
 Jueces nocturnos con salario de 1,000 dólares al mes.
 Carencia de materiales de oficina. Los funcionarios laboran en condiciones
precarias y en algunos casos utilizando sus propios recursos para la adquisición
de materiales.
3.1. Entrevistas a funcionarios
Dicha entrevista permitió la obtención de la siguiente información:
 Todos los jueces nocturnos del Distrito son abogados, inclusive alguno de ellos
con muchos años de prestación de servicio.
 La supervisión directa de los Juzgados Nocturnos se hace prácticamente
imposible, por la falta de recurso humano de la Dirección de Asesoría Legal del
Ministerio de Gobierno y Justicia.
 Los juzgados nocturnos no cuentan con presupuesto propio, sus recursos
provienen de la partida asignada a la Dirección Legal del Ministerio de
Gobierno.
 No existe control estadístico del número y tipo de quejas presentadas contra
jueces nocturnos, además, no existe un procedimiento disciplinario establecido y
regulado en caso de infracciones contra la ética o violaciones de derechos.
 El cargo de juez nocturno es de libre nombramiento y remoción.
 En este periodo presidencial se han destituido 4 jueces nocturnos por denuncias
relacionadas con corrupción, sin embargo no existe un procedimiento
establecido para este tipo de investigaciones. 6
 La normativa que regula las actuaciones de los jueces nocturnos, Ley Nº 112 del
30 de diciembre de 1974, posee grandes vacíos, por lo que resulta poco
funcional.
 No existe regulación de incompatibilidades, es decir que los jueces nocturnos,
pese a que administran justicia, pueden ejercer libremente la profesión de
abogados, lo que difiere de otros cargos similares, por ejemplo los despachos
judiciales en los que inclusive existen limitaciones para el ejercicio de la
profesión a funcionarios de menor jerarquía.
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La justicia administrativa de policía es totalmente obsoleta y no atiende el problema de
la violencia. A pesar que en ocasiones pareciera brindar respuestas rápidas al usuario, es
una justicia que vulnera las garantías y derechos de los ciudadanos debido a la poca
supervisión por parte de las instituciones encargadas.
Es importante cumplir con el acuerdo del Pacto de Estado por la Justicia de aprobar una
nueva Justicia de Paz en Panamá, que debió entrar en vigencia en el año 2007.
De manera transitoria recomendamos la adopción de las siguientes medidas urgentes:
1. La reubicación del juzgado Nocturno del Distrito de Panamá, ubicado en San
Felipe, en las instalaciones de alguna otra corregiduría del Distrito, donde se le
ofrezca al usuario un área de mejor acceso y menos peligrosidad e instalaciones
más apropiadas para la prestación del servicio.
2. Demandar de las autoridades la colaboración de personal de asistencia social,
que puedan brindar un servicio de atención primaria, especialmente en los casos
de violencia doméstica u otros en los que la víctima se encuentre vulnerable.
3. Propiciar la utilización de la mediación comunitaria, coordinar con un mediador
comunitario voluntario su disponibilidad en aquellas corregidurías en los que no
haya centro de mediación comunitaria y de ser posible en los juzgados nocturnos
igualmente. 7
4. Elaboración de protocolos de incidencias, a fin de que en los casos de violencia
doméstica se establezca de manera clara los pasos a seguir en la atención de las
víctimas y los datos que se deben obtener de la misma y de esta manera no
revictimizarla, facilitando igualmente el levantamiento de datos estadísticos
relacionados con las actuaciones administrativas frente a este delito.
5. Capacitación especial a los funcionarios, tanto de las corregidurías como de los
juzgados nocturnos en los temas de violencia doméstica, maltrato infantil,
control de la ira y resolución de conflictos.

Situación De Los Juzgados Nocturnos (Febrero 2009)

Situación de la justicia nocturna en la ciudad de Panamá:
Los días 27 y 28 de febrero del 2009, bajo la coordinación de la Alianza Ciudadana Pro
Justicia, un grupo de voluntarios, todos estudiantes de Derecho de la ULACIT y la
Facultad de derecho de la Universidad de Panamá, se presentaron a las instalaciones de
los Juzgados Nocturnos de Panamá y San Miguelito, en turnos de 6:00 -12:00 y de
12:00 – 6:00, a fin de constatar personalmente la realidad del sistema de justicia
nocturna.
Acudieron a los juzgados nocturnos un total de 104 usuarios en ambos juzgados,
aproximadamente 76 en Panamá y 28 en San Miguelito.
A manera de resumen presentamos las situaciones más preocupantes:
Tipos de casos y atención a los usuarios:
1. El 80 % de lo casos que atienden los juzgados nocturnos son de violencia
doméstica, sin embargo no existen el personal capacitado para atender de
manera interdisciplinaria este tipo de casos.
Ubicación, infraestructura y equipos de oficinas
1. El juzgado nocturno, que debe prestar sus servicios a los moradores del Distrito
capital, tiene su sede en San Felipe en un área roja, donde confluyen cuatro
bandas o pandillas juveniles, lugar de suma peligrosidad para todos los
ciudadanos que acuden a buscar solución a sus conflictos o problemas.
2. El juzgado nocturno de San Felipe se encuentra en un edificio que no reúne las
condiciones de infraestructura y sanitarias, convirtiéndose esto en otro peligro
para la vida y salud de sus trabajadores y de los usuarios del Distrito capital.
3. Todos los habitantes de la ciudad y en especial las mujeres victimas de
violencia, residentes en Tocumen, Juan Díaz, Mañanitas deben viajar hasta San
Felipe a presentar sus denuncias y recibir un trato inadecuado y además de poner
sus vidas en peligro.
4. Existe poca colaboración de la policía en cuanto a vigilancia de lugar y para la
realización de diligencias.
5. Las máquinas de escribir manuales y las pocas computadoras que se ven son
muy antiguas.
6. El mobiliario en mal estado y servicios sanitarios en situación deplorable.
7. Ambos juzgados cuentan con celdas de detención de dimensiones pequeñas en
comparación con la cantidad de detenidos a que a veces llegan a albergar.
Dichas celdas no permiten ningún criterio de separación o clasificación, por lo
que hay momentos en que han concurrido miembros de bandas rivales o
personas por faltas menores, con delincuentes de alta peligrosidad.
Respeto a las garantías y al debido proceso:
1. No se informa a las personas sobre sus derechos y no existe un personal
encargado de la orientación a los usuarios. 2
2. A las personas no se les informa sobre el derecho de apelar a la decisión tomada
por el juez.
3. La mayoría de las personas que acuden a los juzgados nocturnos no lo hacen en
compañía de abogados y no existe una orientación legal previa.
4. Existen serías dudas sobre la legalidad y respeto a los formalismos en los casos
de aplicación de medidas de protección en especial la de desalojo.
Trabajadores de los juzgados nocturnos:
1. Empleados con más de 30 años de servicio que tiene salario de 350 dólares
mensuales.
2. Jueces nocturnos con salario de 1,000 dólares al mes.
3. Todos los funcionarios laboran en condiciones precarias.
Conclusión.
La actual justicia administrativa de policía impartida por juzgados nocturnos y
corregidores es una justicia obsoleta, que se fundamenta en la represión y que no
atiende adecuadamente el fenómeno de la violencia y los conflictos familiares y
vecinales.
El abandono en que hoy se encuentran los juzgados nocturnos, con funcionarios mal
pagados, sin personal básico como lo son trabajadores sociales, sicólogos, mediadores
de conflictos, sin una adecuada supervisión sobre la calidad del servicio, son la muestra
de la indeferencia de nuestros gobernantes ante los problemas de los panameños pobres,
que viven hoy envueltos en una espiral de violencia familiar, vecinal y social.

Medidas que deben adoptarse para mejorar esta situación:
Se debe cumplir con lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia de crear la nueva
Justicia de Paz, que despolitice y convierta este nuevo sistema de justicia en un
mecanismo de resolución pacífica de conflictos y de prevención de la violencia.
Con carácter de urgencia y hasta la entrada en vigencia de la nueva justicia de Paz,
sugerimos lo siguiente:
1. Trasladar el Juzgado Nocturno de San Felipe a la sede de alguna corregiduría
del Distrito capital, que preste mejores condiciones de infraestructura y
sanitarias.
2. Abrir otro juzgado nocturno en el área de Juan Díaz, que pueda atender a los
moradores de las afueras de la ciudad.
3. Hacer un llamado al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Gobierno
para que mantenga a una trabajadora social o personal capacitado en la atención
humana y especializada a los casos de violencia, en los juzgados nocturnos de
Panamá y San Miguelito

Petición Ciudadana Por Una Nueva Justicia Comunitaria Que Promueva La Paz Entre Los Panameños

PETICION CIUDADANA
“Una nueva justicia comunitaria que promueva la paz entre los
panameños.”
En la búsqueda de una justicia más accesible a los panameños y
panameñas, que ayude a resolver conflictos de manera ágil y a crear
un mejor clima para la convivencia pacífica entre la ciudadanía, los
abajo firmantes pedimos la pronta discusión y aprobación de una
nueva justicia de paz que remplace el actual servicio impartido por
corregidores y jueces nocturnos.
Esta nueva justicia debe prestarse en todos los corregimientos del
país ya que es el primer eslabón que utilizan los ciudadanos y
ciudadanas, en especial los más pobres, para la solución de sus
conflictos.
Esta iniciativa que nace en el marco de los acuerdos del Pacto de
Estado por la Justicia y de la Concertación Nacional para el
Desarrollo, debe ser discutido como un tema prioritario y debe
comprender lo siguiente:
• Un nuevo modelo de justicia comunitaria que promueva la paz,
en vez de una justicia de corregidurías con excesivos poderes,
que no involucra al ciudadano en la solución de sus conflictos.
• El nombramiento de Jueces de Paz en vez de los Corregidores
que, previamente al nombramiento, hayan aprobado un curso
de formación inicial de inducción sobre derechos humanos,
ética, transparencia, métodos alternos de resolución de
conflictos y la nueva ley de justicia comunitaria.
• La despolitización en el nombramiento de dichos jueces de paz,
a través de un proceso público de convocatoria y elección por
una Comisión Técnica coordinada por el Órgano Judicial e
integrada por otros entes gubernamentales y de sociedad civil
organizada de cada corregimiento.
• La integración de los nuevos Jueces de Paz a la carrera
administrativa, o judicial, que garantice su inamovilidad y
capacitación continua.
• Mayor participación ciudadana en la solución de los conflictos,
implementando la mediación comunitaria como parte del
servicio de justicia de paz. 2
• La implementación y ejecución de un procedimiento ético y
disciplinario, en la que participe el poder judicial, para la
remoción del cargo de estos jueces, de tal forma que no
puedan ser removidos de manera unilateral por autoridades
municipales.
• Debe ser además, una justicia sencilla, imparcial y eficiente,
donde no se requiera la asistencia de abogados para garantizar
la protección de los derechos humanos, de libre costo para el
ciudadano y con el deber de informar a la comunidad los
resultados de su gestión.
Solicitamos a la Asamblea Nacional de Diputados, la pronta discusión
de esta ley, al Gobierno Nacional los pasos necesarios para su pronta
implementación y a los candidatos a puestos de elección popular que
incluyan esta pretensión ciudadana como un tema prioritario de sus
gobiernos.
Panamá, 16 de julio del 2008.
Por la Alianza Ciudadana Pro Justicia
Unión de Ciudadanas de Panamá.
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Comisión de Justicia y Paz.
Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales.
Consejo Nacional de la Empresa Privada. (CONEP)
Centro de Estudios y Acción Social Panameño. CEASPA.
Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)
Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá. (CGTP)
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
Fundación Pro Victima del Crimen
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. (APEDE)
Colegio Nacional de Periodistas
Otras Organizaciones:
Alianza de Mujeres
Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá.
Centro Capacitación Social (CCS) 3
Asociación Universitaria NGOBÉ BUGLÈ
Movimiento Humanista
Liga de Trabajadores al Socialismos (LTS)
MOGRECO Asociación Movimiento Gremialista De Educadores de la
Republica de Panamá (ASOMOGRERP)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción de Colón
Asociación de Educadores Veragüense (AEVE)
SINATRACO
Federación Nacional de Trabajadores por la Educación Panameña
(FENATEP)
Asociación de Maestros de Veragüense (AMAVE)
Frente de Unidad en Defensa del Ecosistema (FUDECO)
Asociación Ambientalista de Chiriquí.
Asociación Ecologista de Panamá, Colebri.
Colectivo Resistencia Ecológica.
Fundación Naturaleza Comunidad y Desarrollo
Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y conservación del
Ecosistema de Panamá (FUNDICCEP)
Colegio de Abogados de Chiriquí
Movimiento Meri Ngobé
Sindicato Industrial de Trabajadores de la Coca Cola.
Generación de Lideres por la Excelencia G-LEX

Por Una Nueva Justicia Comunitaria

Justicia deficiente: imparten las Corregidurías de
nuestro País.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, fundamentada en los principios de los derechos
humanos y por una Cultura de Paz, realizó durante los meses de marzo y abril
significativas acciones en el devenir de la cuestión social en Panamá. Entre ellas la
realización de visitas a centros penitenciarios de Panamá y la realización de
talleres de sensibilización ciudadana en el interior del País.
Los centro penitenciarios visitados fueron: Centro de Detención de Tinajitas, Centro
Femenino de Rehabilitación, Cárcel Pública de la Chorrera y la Cárcel Pública de
Penonomé para conocer la realidad de la población penitenciaria sujeta a pena de
arresto, sanción administrativa interpuesta por Corregidores y Jueces Nocturnos
del distrito de Panamá y San Miguelito.
Entre las principales situaciones detectadas:
 Había un total 247 personas cumpliendo pena de arresto, principalmente por
delitos como hurto, agresiones físicas, quebrantamiento de fianza, amenazas
cumpliendo penas hasta de 365 días de arresto (1 año preso).
 La ausencia del Alcalde en la confirmación o revisión de las sanciones de
arrestos, la cual la ley 112 del 30 de diciembre de 1974 señala que todas las
penas de arresto arriba de 60 días deben ser revisada por el Alcalde o la
Comisión de Apelaciones.
 La falta de conocimiento de los corregidores en cuanto a su competencia y
manejo de las leyes, ya que algunos corregidores y jueces nocturnos
imponen sanciones privativas de la libertad o pecuniarias en aquellos casos le
han faltado el respeto en el servicio de sus funciones, lo cual por ley 37 de 25
de junio de 1998 se les prohíbe estas medidas.
 El incumplimiento con el término de 24 horas que establece el Código
Administrativo (art. 885) para pagar la multa ya que obligan al ciudadano
acusado apagar la multa inmediatamente; si no se paga, hacen directamente
la remisión ante el centro penitenciario respectivo de la localidad.
 Ausencia de asistencia gratuita o defensor de oficio en este sistema de justicia
local, se infringe de derecho de ser oído debidamente y que se efectúe un
debido contradictorio entre las partes litigiosas sin importar quien sea uno u
otra parte.
 Las personas sujetas a penas de arrestos están a órdenes del Alcalde y no de
sistema penitenciario.
El mayor problema en esta esfera administrativa, es el sistema de justicia
inquisitivo y autoritario que imparten estas autoridades, toda vez que es un sistema
de inició monárquico y de rasgo militar, donde se aplican medidas de privación de
libertad, sin tomar otras medidas alternativas menos rigurosas que atiendan a la
realidad de la falta cometida y a la peligrosidad del infractor. Sanciones de arrestos
por delitos que no requieren, necesariamente, pena privativa de la libertad, como
lo son el hurto, lesiones personales leves (agresión física) son delitos menores que
pueden ser reemplazados por penas pecuniarias (días multas).
A estas deficiencias de fondo en la aplicabilidad de la justicia local panameña actual
se le añade las deficiencias de forma detectadas en los Talleres de
Sensibilización Ciudadana realizado en la provincia de Coclé, Darién y
Veraguas, entre ellas las:  Corregidurías como despachos públicos, no cuentan con una buena
estructura física, principalmente en el interior del País;
 Los Corregidores no tienen estabilidad laboral, no tienen igualdad salarial,
no tienen un mínimo de escolaridad lo que permite que existan
Corregidores que tienen problemas en saber leer y escribir;
 Existen provincias como Darién que en corregimientos como Santa Fé no
cuentan con Corregidurías ni Juzgados Nocturnos ni de turnos (para días
festivos), por lo que hay una justicia interrumpida;
 Existe un grado notable de quejas y desánimo del ciudadano, por el manejo
y las relaciones políticas de interés personal que afectan en las decisiones
de estas autoridades locales al resolver los conflictos que sus despachos se
presentan.
Ante esa realidad administrativa de la justicia local en Panamá, se hace necesario e
imprescindible mejorar o edificar una plataforma de justicia local accesible para los
ciudadanos/as que ofrezca alternativas en la solución de conflictos comunitarios,
cumpliendo con la normativa internacional de protección a los derechos humanos y
promoviendo una cultura de convivencia y paz en nuestras comunidades. Es por
ello, que la Alianza Ciudadana Pro Justicia espera que se cumplan con los
compromisos planteados en el Pacto de Estado por la Justicia y en la Concertación
Nacional para el Desarrollo, a favor de una primera forma de justicia local: eficaz,
no politizada y en la que el objetivo fundamental sea la resolución pacífica de los
conflictos.
Esperamos que durante esta legislatura que culmina en septiembre del 2008 se
apruebe la nueva ley de acuerdo al consenso logrado en la mesa de trabajo
conformada por la Comisión de Estado por la Justicia.
ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
Panamá, Abril 2008