Categoría: Comunicados

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA.
Presenta a los candidatos presidenciales un resumen de las
reformas que el país requiere en materia de justicia, seguridad
y transparencia.
Agenda 2009-2014
Seguridad Ciudadana
1. Aprobación de la Política de Seguridad Ciudadana que haga énfasis en la
prevención de la criminalidad y en la modernización de las instituciones de
investigación criminal, según lo lineamientos aprobados por la Comisión de
Estado por la Justicia
2. Creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como ente coordinador
de la política de seguridad; que este integrado por instituciones del sector justicia
y seguridad, además de organizaciones de sociedad civil, vinculadas a la
prevención y atención de la violencia y el crimen.
3. Consolidación del Vice-Ministerio de Seguridad Pública como organismo
coordinador del Consejo Nacional de Seguridad y encargado técnico de la
formulación de las políticas de seguridad ciudadana.
4. Creación de un observatorio nacional de la violencia que emita información
científica a los entes públicos y privados sobre la situación de la violencia y la
criminalidad en Panamá.
5. Creación de un mecanismo eficiente para la recepción y tratamiento de las
denuncias por violaciones a derechos humanos y por extralimitación de funciones,
que se presentan contra miembros de la Policía Nacional y de la Dirección de
Investigación Judicial. Este mecanismo debe ser externo a las instituciones
policiales.
6. Mejorar la capacidad técnica y presupuestaria del Ministerio Público y la
Dirección de Investigación Judicial, para enfrentar eficientemente los delitos de
blanqueo de capitales, narcotráfico y las nuevas modalidades del crimen
organizado.
7. La Dirección de Investigación Judicial debe quedar adscrita al Ministerio Público
y se debe mejorar la coordinación entre todos los entes de investigación criminal.
8. La seguridad privada debe ser regulada y controlada de manera efectiva por el
Ministerio de Gobierno y Justicia.
9. Implementación de la ley de modernización del sistema penitenciario y
despolitización de los nombramientos de los directores de los centros carcelarios.
10. Desarrollar e invertir en los programas de Policía comunitaria y de Vecinos
Vigilantes para que se enfoquen en la prevención de la violencia.
11. Todos los municipios del país deben acordar un plan de prevención de la
violencia y el crimen y ejecutar programas en coordinación con el Consejo de
Seguridad Ciudadana. 2
12. Desarrollar programas de capacitación para la profesionalización de la policía y
los otros entes de investigación criminal y del Ministerio Público.
Administración de Justicia
1. La Comisión de Estado por la Justicia debe funcionar como instancia de
coordinación y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.
2. El Consejo Judicial debe funcionar de manera permanente y supervisar la correcta
ejecución del régimen de carrera judicial y la evaluación de desempeño de los
funcionarios del Órgano Judicial y Ministerio Público.
3. Destinar los recursos necesarios para la implementación eficiente del nuevo
sistema procesal penal acusatorio.
4. Creación de la nueva Justicia de Paz, con un juez de paz y un mediador en cada
corregimiento del país.
5. Reducir los niveles de mora judicial y mejorar el procedimiento en materia de de
Amparo de Garantías Constitucionales.
6. Creación de oficinas de Atención a las Víctimas del crimen en todo el país y
nombrar defensores públicos dedicados a la representación y asistencia legal a las
victimas, con atención especializada para los casos de violencia intrafamiliar.
7. El país debe tener 5 defensores por cada 100 mil habitantes y una legislación que
mediante incentivos fiscales a los abogados particulares, garantice la asistencia
legal gratuita y el fortalecimiento de la Defensoría de oficio
8. Se deben aprobar las reformas constitucionales sugeridas por el Pacto de Estado
por la justicia relativas a :
a. Creación del Consejo Superior de la Judicatura, como máximo organismo
administrativo del Órgano Judicial, que ejecute todas las acciones que
guarden relación con el capital humano de la institución, en especial en lo
atinente a la carrera judicial, régimen disciplinario y administración o
gerencia propiamente tal.
b. Que el Consejo de Gabinete apruebe el decreto de escogencia de
magistrados de la Corte, según los parámetros acordados en el Pacto de
Estado por la Justicia, de tal forma que se fortalezca la independencia del
poder judicial.
c. Reformas al mecanismo de juzgamiento de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y Diputados.
Transparencia y rendición de cuentas.
1. Eliminar todo el régimen de privilegios e inmunidades procesales de que gozan
algunos funcionarios públicos.
2. Hacer una reforma que obligue a la Contraloría General de la República a auditar
las declaraciones de bienes patrimoniales, de los funcionarios que están obligados
por ley a presentarlas, al final de la gestión de cada funcionario. 3
3. El Consejo de Transparencia contra la Corrupción debe funcionar como un ente
autónomo, desde el punto de vista operativo y presupuestario. En el Consejo
deben participar los tres Órganos del Estado, la Contraloría, las Procuradurías de
la Nación y de la Administración, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo entre
otras, pero debe actuar de manera independiente de los tres Órganos el Estado.
4. Aprobación e implementación de la ley de participación ciudadana y destinar los
recursos para su efectivo funcionamiento.
5. Aprobación de una la Ley sobre conflictos de intereses.
6. Modernización las Fiscalías Anticorrupción y creación de los jueces
especializados en los delitos de corrupción y contra la administración pública.
7. El Ministerio Público y el Órgano Judicial deben producir estadísticas sobre los
casos de corrupción por tipo de delitos.
Invitamos a los ciudadanos a que nos envíen sus sugerencias y revisen los programas de
gobierno de sus candidatos a presidentes, diputados, alcaldes y representantes