Comunicado Sobre Nombramientos De Magistrados De La Sala Quinta

COMUNICADO
En referencia al nombramiento de los Magistrados de la
Sala Quinta de Garantías Constitucionales
Desde hace más de 10 años, importantes sectores de la sociedad panameña hemos
exigido un sistema transparente de selección de magistrados y hemos rechazado la
creación de una Sala Quinta al margen de una agenda consensuada de reformas
judiciales.
Hoy en medio de una profunda crisis institucional, que viene afectando la gobernabilidad
democrática del país, se pretende revivir una Sala Quinta contrariando principios
constitucionales, y se ha procedido al nombramiento de tres magistrados mediante un
proceso a espalda de los ciudadanos:
1. No se hizo una convocatoria previa para los aspirantes al cargo de magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, como se realizó en los años 2005, 2007 y 2009
2. No se hizo una consulta previa a los ciudadanos por parte del Consejo de
Gabinete, retrocediendo a lo avanzando en el Pacto de Estado por la Justicia.
3. La Asamblea de Diputados abrió un proceso de consulta durante dos días que
coinciden con un fin de semana festivo en Panamá, lo que busca limitar la
participación ciudadana.
Pero lo cuestionable no es solo el ritmo acelerado en un tema tan trascendental, sino el
nombramiento de tres personas que no reúnen los requisitos profesionales que el cargo
amerita, dos de ellas miembros activos del Partido Cambio Democrático y funcionarios de
instituciones dependientes del Órgano Ejecutivo.
Esto además de ser un retroceso en materia de transparencia, es una acción peligrosa
que demostraría la decisión del actual gobierno de controlar totalmente los tres Órganos
del Estado y la absoluta indefensión en la que quedamos los ciudadanos frente a los
abusos y los excesos de poder de los otros Órganos de Estado.
Señores Diputados, la reactivación de una nueva Sala en la Corte Suprema y el
nombramiento de tres nuevos magistrados debe darse como parte de un consenso social
y político que no existe en este momento en el país, muy por el contrario existe el rechazo
público de los gremios sindicales y empresariales, grupos ambientalistas, organizaciones
de derechos humanos, gremios de abogados y partidos de oposición.
Si deciden imponer la Sala Quinta y ratificar a magistrados cuyo mayor mérito es ser
miembros activos del partido en el gobierno, lo único que lograrán es desprestigiar aún
más la imagen del Órgano Judicial.
Les sugerimos que rechacen los nombramientos y dejemos el tema de Sala Quinta o
Corte Constitucional para el debate sobre la reforma Constitucional.
Panamá, 18 de Junio de 2012
ORGANIZACIONES DE LA ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
1. Centro de Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá
2. Unión Nacional de Abogadas.
3. Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
4. Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia en Panamá.
5. Centro de Incidencia Ambiental.
6. Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
7. Colegio de Provincial de Abogados de Chiriquí.
8. Asociación Consumo Ético
9. Central General Autonoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)
10. Movimiento de Abogados Gremialistas.
11. Centro de Estudios y Acción Social Panameño.
12. Centro de Asistencia Legal PopularOTRAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS
1. Federación de Comunidades Revertidas
2. Asociación Conciencia Ciudadana
3. Red panameña de Afectados por Hidroeléctricas
4. Alianza Por un Mejor Darién
5. Movimiento Campesino en Defensa del Rio Cobre
6. Comité para Latino América y el Caribe en Defensa a los Derechos de las
Mujeres-(CLADEM)
7. Central Nacional de Trabajadores de Panamá. (CNTP)
8. Centro de Iniciativas Democráticas
9. Movimiento Independiente de Renovación de Abogados
10.Unidad de Lucha Integral del Pueblo
11.Madres Maestras
CIUDADANOS Y CIUDADANAS
1. Carmen Antony
2. Ekatherina González
3. Damaris Guardia
4. Rolando Miranda
5. Esmeralda de Troitiño
6. Mayela Lloyd

PRONUNCIAMIENTO SOBRE APROBACION EN PRIMER DEBATE DE LA LEY QUE REGULA LA SALA QUINTA

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
PRONUNCIAMIENTO SOBRE APROBACION EN PRIMER DEBATE DE LA LEY QUE REGULA
LA SALA QUINTA.
El día de ayer se aprobó en primer debate el proyecto de Ley que buscar revivir la Sala
Quinta, cuyo objetivo no es mejorar la administración de justicia sino controlarla. Al
debate parlamentario no fueron invitados los representantes de los gremios de abogados,
ni los entes del sector justicia y mucho menos fueron consideradas las organizaciones de
la sociedad civil.
La Alianza Ciudadana rechaza las acciones para la puesta en marcha de la Sala Quinta,
precisamente en momentos en que se cuestiona el excesivo poder que ejerce el Ejecutivo
sobre la independencia de los Órganos Legislativo y Judicial. Esta insistencia en reactivar la
Sala Quinta es una burla para todos los que hemos venido desde hace más de diez años
reclamando una mayor independencia judicial en Panamá y una agenda ordenada de
reformas judiciales tal y como se definió en la Comisión de Estado por la Justicia. El país se
merece un debate serio entre la creación de una Sala de Garantías Constitucionales o una
Corte Constitucional.
Exhortamos a la Asamblea Nacional de Diputados que en vez de insistir en la Sala Quinta,
rescate del olvido el Proyecto de Ley de Carrera Judicial, crucial en el camino de mejorar la
independencia judicial y que goza del consenso de todos los sectores. Es urgente que se
haga un alto a las acciones que siguen debilitando la institucionalidad democrática del
país.
Panamá, 18 de enero del 2012
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá
Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia en Panamá
Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá
Centro de Incidencia Ambiental
Unión Nacional de Abogadas
Centro de Asistencia Legal Popular
Movimiento de Abogados Gremialistas
Central General Autónoma De Trabajadores de Panamá
Asociación Consumo Ético

En Referencia A La Lucha Contra La Corrupción En El Órgano Judicial.

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
EN REFERENCIA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ÓRGANO
JUDICIAL.
El 3 de enero de 2012, el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia en su
discurso inicial dijo que impulsaría dos reformas para enfrentar la corrupción en el
poder judicial:
1. Reformas al Código Judicial que permitan separar a cualquier administrador
de justicia, de cualquier jerarquía, si se tiene conocimiento de algún hecho
de corrupción o algún ciudadano lo denuncia con pruebas.
2. Reformas al Código Judicial para establecer períodos de 10 años fijos para
los magistrados de tribunales superiores y jueces, luego de los cuales
podrán ser evaluados y en caso de resultar favorecidos, podrán optar por
10 años más.
Debemos manifestar que existe desde el 2005 un proyecto de Ley de Carrera
Judicial, que contempla un régimen moderno de reclutamiento de personal,
evaluación del desempeño y la creación de un Tribunal de Integridad y
Transparencia, que busca combatir la corrupción en este Órgano del Estado, pero
garantizando siempre la independencia judicial.
Este proyecto de ley fue aprobado en primer debate en diciembre del 2009 y hasta
el momento los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido el principal
obstáculo para que el proyecto no se haya convertido en Ley de República.
Las Asociaciones de Magistrados y Jueces y las Asociaciones de Funcionarios
Judiciales han puesto de su parte en tratar de lograr una Ley moderna de Carrera
Judicial y ahora se requiere que la Asamblea de Diputados y los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia permitan que se discuta y apruebe este proyecto de
ley.
La lucha contra la corrupción de jueces y funcionarios judiciales no debe ser
selectiva, ni dar oportunidad a la arbitrariedad o la manipulación, que ponga en
peligro la independencia judicial y por ello se requiere de un sistema bien pensado
y estructurado tal y como se contempla en el proyecto de Ley de Carrera Judicial.
En lo referente a sacar de la Carrera Judicial a los magistrados de los Tribunales
Superiores, este es un tema que no tiene sustento en ningún estudio o debate por
la reforma judicial en Panamá. En este punto es importante advertir que si no hay
permanencia no hay estabilidad y si no hay estabilidad, no hay independencia
judicial.
El proyecto de Ley de Carrera Judicial establece un sistema científico de
auditorías judiciales y evaluación del desempeño, tal y como lo establece. Según
este proyecto un juez o magistrado que tenga una mala evaluación del
desempeño puede ser removido de su cargo en cualquier momento siempre y
cuando se respete el procedimiento establecido en la ley.
Es hora que se fortalezca el Consejo Judicial y se reactive la Comisión de Estado
por la Justicia, para que las políticas de reformas del Órgano Judicial, se hagan a
largo plazo y sean el resultado del debate serio y científico sobre los verdaderos
problemas de la administración de justicia.
Panamá, 5 de enero de 2012.

Nombramiento De Magistrados

La necesidad de independencia e imparcialidad del Tribunal
Contencioso Administrativo de la República de Panamá.
En un Estado democrático la jurisdicción contencioso administrativa ejerce el control judicial sobre
los actos de la administración pública, manteniendo un punto de equilibrio entre los poderes del
Estado, abusos de los particulares y los derechos de los personas que individual y colectivamente
demandan un manejo eficiente de la cosa pública, asegurando la defensa de los intereses y derechos
humanos de los habitantes frente a actos gubernamentales que los lesionen.
Lo anterior se encuentra reflejado en el numeral segundo del artículo 206 de nuestra Carta Magna y
en el artículo 97 del Código Judicial.
Es esta Sala Tercera quien tiene que decidir los casos en los cuales se demanda al Estado por
incurrir en actos administrativos que afectan los derechos subjetivos de una persona natural o
jurídica. Además, le corresponde actuar como tribunal de única instancia, para el control judicial de
los procesos administrativos ventilados en las entidades públicas, frente a posibles ilegalidades o
malos manejos de sus funcionarios. Así, por ejemplo, la Sala Tercera revisa la legalidad de la
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y de la concesión de territorios para la
exploración y explotación de recursos naturales. Resuelve, además los conflictos en la prestación
de servicios públicos, en la construcción de obras públicas, en el nombramiento y destitución de
funcionarios públicos, y dicta medidas para la reparación o remediación de las faltas y omisiones
cometidas, incluyendo aquellas en las cuales existe responsabilidad civil del Estado. Igualmente, la
Sala Tercera resuelve los recursos de casación contra las sentencias de los tribunales de trabajo, y
los de revisión contra las decisiones laborales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En este orden, los magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y
Laboral de la República de Panamá son quienes están facultados para controlar y regular el
ejercicio del Poder Público, lo cual sólo se logra con independencia, imparcialidad y autonomía.
En diciembre de 2009, bajo un polémico proceso, el Ejecutivo realizó el nombramiento de
Alejandro Moncada Luna para el cargo de Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia, pese a que en aquel momento se cuestionó su participación activa en la campaña electoral
de apoyo al actual Presidente de la República, lo cual afectaba la imagen de independencia que se
requería para tan importante cargo.
Dos años después, el Consejo de Gabinete resolvió acordar el nombramiento de Luis Ramón
Fábrega Sánchez para ocupar el cargo de Magistrado integrante del Tribunal Contencioso
Administrativo, quien también es cuestionado por su vinculación directa con el Presidente, al ser
hermano de la Viceministra de la Presidencia.
Recapitulando, podemos ver que a partir de enero de 2012 la Sala Tercera quedará integrada por
dos Magistrados cuyos niveles de independencia del Presidente y del Gabinete han sido puestos en
tela de duda por la opinión pública. Lo anterior crea un ambiente de desconfianza en torno a la
efectividad de este Tribunal de Justicia, al cual le corresponde enfrentar las arbitrariedades
administrativas en el ejercicio del poder, especialmente, del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, no podemos dejar pasar el hecho de que en el mismo acto, se nombró a Hernán De
León Fuentes como Magistrado de la Sala Primera de lo Civil. Sobre el particular, es preciso
recordar que De León ejerce el cargo de Magistrado Presidente del Tribunal Administrativo
Tributario desde febrero de 2010, es decir que es un funcionario con mando y jurisdicción del
Órgano Ejecutivo. Es así que, la Ley No. 8 de 2010 establece en su artículo 156 que el Tribunal
Administrativo Tributario es un ente independiente dentro del Órgano Ejecutivo y con jurisdicción
en toda la República y el artículo 160 de la misma Ley señala que el superior jerárquico de los
miembros de este Tribunal es el Presidente de la República. Todo lo anterior indica que el Ejecutivo
ha incurrido en una violación del artículo 203 de la Constitución, el cual dispone en su numeral
segundo que no podrá ser nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia “quien esté
ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el
periodo constitucional en curso”. Esperamos que la Asamblea de Diputados rechace este
nombramiento.
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a que seamos vigilantes de la actuación de la Corte
Suprema y su Sala Tercera, y a que unamos nuestras voces en contra del control total de la
Administración de Justicia en Panamá por parte del Órgano Ejecutivo, el cual se agravará con la
creación e instalación de la Sala Quinta de la Corte Suprema, pues todo indica que sus magistrados
serán designados bajo un sistema subjetivo de nombramiento que premia los vínculos personales o
familiares que se mantengan con el gobierno de turno, en detrimento de la independencia judicial.Panamá, 6 de diciembre de 2011.
ORGANIZACIONES DE LA ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
Centro de Incidencia Ambiental
Asociación Consumo Ético
Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Centro de Asistencia Legal Popular
Centro de Estudios y Acción Social Panameño
Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá
Movimiento de Abogados Gremialistas
Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá
Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia en Panamá
OTRAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS
Asociación Conciencia Ciudadana
Voces Ecológicas.
Centro de Capacitación Familiar
Fundación pro Víctimas del Crimen
Red Nacional de Afectados y Afectadas por Hidroeléctricas
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Panamá Sostenible
Federación de Comunidades Revertidas.
Centro de Iniciativas Democráticas

Posición De Alianza Ciudadana Sobre La Propuesta De Prisión Perpetua

Panamá, 6 de octubre de 2011
Señores Asamblea de Diputados:
En atención a su nota de invitación del 3 de octubre de 2011 para conocer la posición de Alianza
Ciudadana Pro Justicia referente a la posible aplicación en nuestro país de la pena de prisión perpetua,
enviamos la versión escrita de nuestra intervención durante la sesión del miércoles 5 de octubre de 2011.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia es una red de 20 organizaciones ciudadanas cuya finalidad más
importante es promover la reforma judicial y participar activamente en el debate sobre los problemas de la
administración de justicia en Panamá.
Sobre el aumento de penas. El aumento en la frecuencia y visibilidad de los delitos en el país ha
recibido como respuesta institucional durante los últimos años: ampliación del catálogo de delitos y de los
delitos sancionables con prisión, aumento en el monto de las penas incluyendo la duración máxima de la
pena privativa de libertad, disminución en la edad de imputabilidad y reducción de garantías al imputado,
tanto en la legislación penal general como en la ley de responsabilidad penal juvenil. Se trata como
vemos, de un enfoque reactivo y represivo.
Necesitamos saber cuáles han sido los resultados de aproximadamente 10 años de dominio de los
enfoques de mano dura en el país, particularmente, si ya conocemos los resultados de la última
modificación a la ley penal, que establece el máximo de la sanción privativa de libertad en 30 años, hasta
50 años en caso de concurso de delitos, para podernos explicar la necesidad y conveniencia de la actual
propuesta de prisión perpetua.
Sobre los fines de la pena. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del Código Penal, la pena tiene
funciones de prevención general, retribución justa y reinserción social.
Si nuestro objetivo declarado es reducir el problema de la criminalidad, ¿dónde queda la dimensión
preventiva con la prisión perpetua?, ¿dónde quedan las posibilidades de reinserción de la persona que
ahora se supone permanecerá hasta su muerte en prisión?, más aun, ¿cuáles son las experiencias o
estudios que demuestren que un nuevo aumento de penas es útil para atender adecuadamente el
problema?
Además, el enfoque en la retribución por la violación de una conducta declarada punible por las
instituciones del Estado, ¿garantiza una efectiva reparación del daño y la satisfacción de los intereses de
la víctima?, ¿o solamente refuerza la imagen de poder del Estado, la cultura del odio y la venganza como
forma de convivencia, y el miedo como método de control?
Sobre la ausencia de una política criminal. Es decir, una respuesta institucional y sistemática del
Estado a las distintas formas de conflicto interindividual que alcanzan trascendencia social por afectar
bienes jurídicos (vida, libertad, propiedad, seguridad colectiva, etc.) considerados de importancia superior
para la convivencia dentro del grupo, con el objetivo de reducir la comisión de delitos y su impunidad, y
que por lo tanto incluye la definición de aquello que se considera delito en la sociedad y las formas de
abordar el problema, la investigación continua sobre los factores individuales y sociales que lo originan y
explican, las instituciones competentes, sus funciones y las conexiones con la política social y actores no
estatales, las medidas y sanciones aplicables así como el objetivo de las mismas, el énfasis dado a la
prevención, represión o rehabilitación, los sistemas de evaluación de resultados de la política criminal,
entre otros aspectos. 2
En Panamá no existe un proceso de investigación sistemática y permanente sobre el conflicto social
incorporado por el Estado en el diseño y evaluación de una política criminal que atienda el problema de la
criminalidad en su integralidad y complejidad.
El artículo 2 del Código Penal dice que tal norma tipificará conductas y comportamientos cuya
incriminación sea indispensable para la protección de bienes y valores significativos de acuerdo con una
política criminal, que lamentablemente no existe.
Sobre el populismo punitivo. Las últimas reformas a la ley penal, incluyendo la propuesta actual de
prisión perpetua y la anterior propuesta de pena de muerte, atienden más a la exposición del delito en los
medios y la reacción de la ciudadanía que al estudio científico del problema. Son coyunturales,
casuísticas, y no han proporcionado resultados positivos para el manejo de la criminalidad.
Han sido manifestaciones de populismo punitivo: responder de manera simplista con criterios de
rentabilidad política a un reclamo social producto de un problema complejo, apelando a las emociones y a
la tiranía de un “sentido común” que supuestamente avala el aumento de penas como elemento de
disuasión, sin sustento científico ni argumentación seria sobre la utilidad de la propuesta.
Necesitamos conocer los estudios que orientan la propuesta, dónde dice que esta es la respuesta
institucional adecuada entre otras posibles, dentro de una política criminal que atienda integralmente los
factores de criminalidad. Esta y otras propuestas podrán gozar de popularidad, mas no de eficacia, salvo
para privar de libertad a un número indeterminado de personas por un tiempo indeterminado,
aumentando el problema de hacinamiento en el sistema penitenciario.
La ley penal no puede quedar atrapada en el cálculo de votos por circuito, minutos de propaganda en los
medios, o convertirse en diversión al público antes que debate público. La ley penal, con todo lo que
implica sobre los derechos de las personas, no debemos permitir que sea una forma de ganar simpatías,
obtener apoyos, complaciendo emociones, haciendo política irresponsablemente.
Sobre la injusticia en la administración de justicia. Coincidimos en la necesidad de sancionar algunas
conductas perjudiciales a la convivencia en sociedad, pero nos preguntamos ¿cuándo van a aumentarse
las penas a los delitos contra el orden económico y contra la administración pública?, ¿hasta cuándo se
van a decretar fácilmente medidas cautelares y sanciones privativas de libertad para una clase de delitos,
mientras se exige una malinterpretada prueba sumaria para el inicio de la investigación en otros?
En este caso, ¿cuáles son los delitos que contemplarían la prisión perpetua como sanción?, ¿cuáles son
los sectores sociales que cometen o se les persigue por la comisión de tales delitos?, y sobre todo, ¿por
qué esos delitos merecen prisión perpetua y otros no, en base a cuáles argumentos?, ¿cómo se justifica
esta desigualdad en la aplicación del peso de la ley sobre delitos, más allá de explicarla por la mayor
posibilidad que tienen las autoridades y otros sujetos con poder para incurrir en tales conductas e influir
en el proceso de formación de las leyes?
En este punto es necesario recordar el principio de no discriminación, reconocido a nivel constitucional
que prohibe fueros o privilegios, cuyo desarrollo y aplicación en el ámbito penal seguramente sería
positivo, constructivo socialmente, y un enorme paso hacia delante en el verdadero combate contra el
problema de la criminalidad en toda la extensión de la palabra.
Sobre el fin de las autoridades legislativas. La labor legislativa de expedir las leyes necesarias para el
desarrollo de los principios y el cumplimiento de los fines y funciones declaradas en la Constitución,
¿cómo se realiza efectivamente en los temas señalados mediante la actual propuesta, y en relación con
la razón de ser de las autoridades del país: la protección de la vida, honra y bienes a los nacionales
dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, con la obligación de cumplir
y hacer cumplir la Constitución y la Ley? 3
Acompañamos a las víctimas en su dolor y compartimos la preocupación por el alto número de
homicidios, femicidios, delitos contra la integridad sexual y la seguridad colectiva en contra de personas o
grupos vulnerables, entre otros crímenes. Igualmente nos preocupan las denuncias de delitos contra la
administración pública y contra el orden económico que cometen otros sectores sociales, sin que
encuentren la misma reacción en nuestras autoridades. Hacemos un llamado por la atención a las
víctimas, pero sobre todo a desarrollar políticas públicas que procuren evitar que cualquier persona se
convierta en una víctima. Esa es la responsabilidad de las autoridades.
Reiteramos la necesidad de políticas sociales preventivas, integrales, junto a mejoras en el sistema de
administración de justicia que asegure tanto la sanción como la reparación justa a las víctimas, y la
adecuación del sistema penitenciario a sus fines de seguridad, rehabilitación y defensa social para cerrar
el ciclo de reincidencia.
Finalmente, necesitamos insistir que el objetivo de nuestras acciones es contribuir en el logro de
soluciones al problema de la inseguridad, la criminalidad y la violencia en Panamá, lo que exige adoptar
una visión que, sin excluir el castigo al infractor, vaya más allá de la reacción irracional a lo inmediato.
Por ello saludamos la seriedad del debate realizado e invitamos a ampliar las consultas e investigaciones,
como mecanismo democrático a profundizar para alejarse de posiciones e intereses de contenido
estrictamente político que buscan distraer a la opinión pública o imponer falsas soluciones, amparándose
en el número de votos obtenidos, en la representatividad supuestamente asumida, en la repetición de
lugares comunes del imaginario social sobre el delito y el delincuente, en las apelaciones emocionales de
amor al pueblo y odio de clase malinterpretado, en la política del miedo, en la generalización de casos
específicos, en la necesidad de hacer “algo” sea lo que sea, sin seriedad alguna, y en las
descalificaciones al saber y la opinión diferente, sin fundamentarse en el ejercicio y aplicación de la razón,
característica de esencia en el ser humano que lo diferencia del resto de los seres vivos, para encontrar
soluciones reales a los problemas de la vida humana en general y al problema concreto de la criminalidad
que afecta a todos los habitantes del país.
Panamá, 5 de octubre de 2011.

Por una Corte Suprema de Justicia Independiente

POR UNA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INDEPENDIENTE

En los últimos diez años, se han emitido varios pronunciamientos donde la sociedad civil ha

dejado claro su descontento por la politización en la escogencia de los magistrados de la Corte

Suprema de Justicia y Procuradores.

El 12 de abril de 2003 se firmó la “Declaración Ciudadana del Centenario por la Justicia y el

Estado de Derecho”, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa. En esta

declaración se hizo referencia al perfil de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

• Independencia de criterio frente al Gobierno de turno.

• Valores éticos y morales demostrables.

• Idoneidad profesional para el cargo.

• No haber pertenecido a partidos políticos durante los últimos tres años

anteriores a su designación.

• Ausencia de conflictos de intereses.

Posteriormente el Pacto de Estado por la Justicia, firmado en el 2005, estableció un

mecanismo participativo de selección de magistrados, que comprende una comisión de

evaluación de los aspirantes integrada por el Colegio de Abogados, universidades, Asociaciones

de Magistrados y sociedad civil. Según este mecanismo, los ciudadanos tenemos la

oportunidad de conocer los nombres de los aspirantes y presentar objeciones, antes que el

Consejo de Gabinete haga la designación. Para que este mecanismo se active el Presidente de

la República debe aprobar un decreto de auto-regulación.

Se trata de escoger a los mejores juristas, que garanticen independencia en sus decisiones, que

tengan prestigio reconocido y solvencia moral, es decir que tengan idoneidad ética para

ocupar el cargo. La época en que se escogían a los amigos compadres o copartidarios del

Presidente de la República debe quedar atrás y dar paso a procesos despolitizados y

transparentes.

Necesitamos magistrados para la democracia, magistrados defensores de la Constitución y el

Estado de Derecho. No queremos magistrados comprometidos con el poder político.

Próximamente se debe escoger a la persona que remplazará al ex magistrado Almengor y en

los próximos meses deben escogerse dos nuevos magistrados de la Corte Suprema, por lo que

la tentación de controlar el Órgano Judicial, que siempre invade a los presidentes, debe ser

enfrentada con vigilancia y escrutinio ciudadano.

Estos nuevos magistrados pueden ser el equilibrio que necesitamos para iniciar el proceso de

recobrar la confianza en la justicia panameña o pueden ser la prolongación y profundización de

la crisis. Esperamos que el Presidente de la República cumpla con su promesa de campaña de

establecer un método participativo para la escogencia de Magistrados de la Corte y que la

Asamblea de Diputados no ratifique a quienes no cumplen con el perfil ético y profesional que

exige este importante cargo.

Panamá, 18 de abril de 2011.

Ver promesa de Campaña del Presidente Martinelli sobre tema de escogencia de

magistrados en la página 3

http://www.procuraduriaadmon.

gob.pa/pdf/prog_pacto/propuestas/COMISION_POR_LA_JUSTICIA-texto_unico.pdf

Comunicado Sobre La Crisis De La Justicia En Abril 2011

La administración de justicia en Panamá vive hoy la crisis más
grave de su historia.
1. Desde Agosto del 2010 el Procurador de la Administración Oscar Ceville fue
denunciado por haber intervenido los teléfonos de los funcionarios de esa
institución, lo que dio como resultado el inicio de una investigación y que varias
organizaciones pidieran su renuncia al cargo. Desde octubre del 2010 el
expediente se encuentra en el despacho de algún magistrado de la Corte
Suprema de Justicia por un incidente que tiene detenida toda la investigación.
2. El día viernes 17 de diciembre del 2010 el Procurador General de la Nación,
Giuseppe Bonissi de ese momento, informó a los medios de comunicación que
el narcotráfico se había infiltrado en el Ministerio Público, y denunció el
nombramiento de fiscales para hacer favores a narcotraficantes. Han pasado
cuatro meses y la investigación sigue a un paso lento, sin que se conozcan
medidas administrativas y de personal que advierta que la institución ha
iniciado un proceso de depuración a lo interno.
3. En marzo del 2011 una abogada y exjuez de la República denuncia la
participación del Magistrado Almengor y del Secretario de Comunicación de
Presidencia, en reuniones en la Presidencia de la República, para planear la
destitución de una Procuradora y donde se ofrecieron puestos en el Ministerio
Público y el Órgano Judicial.
4. El 11 de abril de 2011 el diario la Estrella de Panamá denuncia que al actual
Secretario de Seguridad del Estado le han declarado nulo un proceso ante un
juez penal, por considerar que ocupa un puesto con funciones políticas y
administrativa a nivel nacional, cuando la persona que ocupaba ese cargo
anteriormente era el Señor José Abel Almengor a quien nombraron
magistrado, alegando que su cargo en la Presidencia no era de mando y
jurisdicción a nivel nacional. Por lo que queda claro que su nombramiento,
como magistrado, se hizo violando la Constitución Nacional.
5. El 12 de abril la Estrella de Panamá divulga una entrevista a un testigo que
asegura de la realización de una reunión en la Corte Suprema en la que un
magistrado promete un fallo favorable y se acuerda la repartición de dineros
entre un magistrado y abogados. 2
Todas estas denuncias de tráfico de influencias, corrupción de funcionarios públicos,
manipulación de la justicia, intromisión del Ejecutivo en el judicial, participación de un
magistrado en reuniones políticas, deben ser dilucidadas:
1. Pedimos al Ministerio Público que rinda cuentas sobre la situación actual de las
investigaciones que se siguen sobre infiltración del crimen organizado en el
Ministerio Público y la investigación contra el Procurador de la Administración.
2. Exigimos a la Asamblea de Diputados y al Ministerio Público investigar los hechos de
corrupción denunciados
3. Reactivar la Comisión de Estado por la Justicia para evaluar la salida ordenada a la
crisis que enfrenta el sistema de justicia: Reactivación de la ley de instrucción judicial
en el Ministerio Público, aprobación de la ley de carrera judicial en el Órgano Judicial,
entre otras reformas urgentes a la justicia.
4. Qué el Órgano Ejecutivo cree una comisión de sociedad civil y representantes del
sistema de justicia para acordar el mecanismo de autoregulación para la selección de
magistrados y procuradores que pueda aplicarse en los próximos nombramientos.
5. Impulsar una constituyente que entre otras reformas institucionales discuta un nuevo
sistema de administración de justicia.
Panamá, 15 de abril de 2011.

Carta Abierta A Los Magistrados

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- Centro de Asistencia Legal Popular · Centro de Estudio y Acción Social de Panamá- Consumo Ético – Asociación Panameña de Derecho Constitucional- Centro de

Incidencia Ambiental- Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia – Unión Nacional de Abogadas- Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá.

Panamá, 1 de febrero de 2011. ACPJ-002-2012

Magistrado

Harry Díaz González Corte Suprema de Justicia Ciudad.

Magistrado:

Luego de conocer la nota No.05-DMAM del 31 de enero del 2012 firmada por el magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, donde se hacen algunas interpretaciones del fallo de esta corporación de justicia que declara la inconstitucionalidad de la Ley que derogó la denominada Sala Quinta, muchos abogados y ciudadanos de este país hemos quedado preocupados por la forma y contenido de esta nota.

Esta interpretación personal del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo ha llevado a poner en conocimiento del Presidente de la República que “puede proceder al nombramiento inmediato de los tres magistrados”, lo que ha provocado que la Asamblea de Diputados suspendiera el debate del proyecto de Ley y que el Ejecutivo se aproveche de esta interpretación para anunciar que procederá al nombramiento de los tres magistrados.

No entendemos cómo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una opinión sobre un tema que se encuentra en un intenso debate político en el país.

Le pedimos como ciudadanos al pleno de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con urgencia y aclare, a la opinión pública, la nota del Presidente de la Corte y sean ustedes los que hagan un llamado institucional a los otros Órganos del Estado para que antes de proceder al nombramiento de magistrados se acuerde un mecanismo participativo y transparente de selección.

Es al Órgano Judicial al que menos le conviene en este momento alentar la reactivación de una Sala de la Corte y el nombramiento de magistrados en medio del ambiente convulsionado que hoy vive nuestro país, donde se cuestiona el excesivo poder y control que ejerce el Presidente de la República sobre los tres Órganos del Estado. Una reactivación de la

Telefax: 3027860 * e-mail: info@alianzaprojusticia.org.pa* www.alianzaprojusticia.org.pa

Pag. 2 ACPJ-002-2012

Sala Quinta y el nombramiento de magistrados de la Corte en estos momentos causarán una profundización de la crisis de la administración de justicia y de toda la institucionalidad democrática del país.

Sabemos que los magistrados hablan por sus fallos, pero tomando en cuenta estas declaraciones al margen de la Constitución y la Ley del Presidente de la Corte, les pedimos que aclaren si es cierto que existe una orden del Órgano Judicial que debe ser acatada por el Órgano Ejecutivo como se desprende de las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Sin otro particular,

Por la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

¿Será Cierto Que La Creación De La Sala Quinta Ayudará A Solucionar El Problema De La Mora Judicial Que Existe En Panamá?

El problema de la mora judicial no se resuelve con la eventual aprobación de una Sala Quinta, como argumentan sus promotores. Según estadísticas del Órgano Judicial, la mayor congestión en el sistema judicial se registra en los juzgados penales de circuito. Una medida realmente efectiva para resolver el problema de la mora judicial tiene que atender principalmente ese problema de sobrecarga laboral.

Agenda Ciudadana De Seguridad Y Justicia

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA.
Presenta a los candidatos presidenciales un resumen de las
reformas que el país requiere en materia de justicia, seguridad
y transparencia.
Agenda 2009-2014
Seguridad Ciudadana
1. Aprobación de la Política de Seguridad Ciudadana que haga énfasis en la
prevención de la criminalidad y en la modernización de las instituciones de
investigación criminal, según lo lineamientos aprobados por la Comisión de
Estado por la Justicia
2. Creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como ente coordinador
de la política de seguridad; que este integrado por instituciones del sector justicia
y seguridad, además de organizaciones de sociedad civil, vinculadas a la
prevención y atención de la violencia y el crimen.
3. Consolidación del Vice-Ministerio de Seguridad Pública como organismo
coordinador del Consejo Nacional de Seguridad y encargado técnico de la
formulación de las políticas de seguridad ciudadana.
4. Creación de un observatorio nacional de la violencia que emita información
científica a los entes públicos y privados sobre la situación de la violencia y la
criminalidad en Panamá.
5. Creación de un mecanismo eficiente para la recepción y tratamiento de las
denuncias por violaciones a derechos humanos y por extralimitación de funciones,
que se presentan contra miembros de la Policía Nacional y de la Dirección de
Investigación Judicial. Este mecanismo debe ser externo a las instituciones
policiales.
6. Mejorar la capacidad técnica y presupuestaria del Ministerio Público y la
Dirección de Investigación Judicial, para enfrentar eficientemente los delitos de
blanqueo de capitales, narcotráfico y las nuevas modalidades del crimen
organizado.
7. La Dirección de Investigación Judicial debe quedar adscrita al Ministerio Público
y se debe mejorar la coordinación entre todos los entes de investigación criminal.
8. La seguridad privada debe ser regulada y controlada de manera efectiva por el
Ministerio de Gobierno y Justicia.
9. Implementación de la ley de modernización del sistema penitenciario y
despolitización de los nombramientos de los directores de los centros carcelarios.
10. Desarrollar e invertir en los programas de Policía comunitaria y de Vecinos
Vigilantes para que se enfoquen en la prevención de la violencia.
11. Todos los municipios del país deben acordar un plan de prevención de la
violencia y el crimen y ejecutar programas en coordinación con el Consejo de
Seguridad Ciudadana. 2
12. Desarrollar programas de capacitación para la profesionalización de la policía y
los otros entes de investigación criminal y del Ministerio Público.
Administración de Justicia
1. La Comisión de Estado por la Justicia debe funcionar como instancia de
coordinación y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.
2. El Consejo Judicial debe funcionar de manera permanente y supervisar la correcta
ejecución del régimen de carrera judicial y la evaluación de desempeño de los
funcionarios del Órgano Judicial y Ministerio Público.
3. Destinar los recursos necesarios para la implementación eficiente del nuevo
sistema procesal penal acusatorio.
4. Creación de la nueva Justicia de Paz, con un juez de paz y un mediador en cada
corregimiento del país.
5. Reducir los niveles de mora judicial y mejorar el procedimiento en materia de de
Amparo de Garantías Constitucionales.
6. Creación de oficinas de Atención a las Víctimas del crimen en todo el país y
nombrar defensores públicos dedicados a la representación y asistencia legal a las
victimas, con atención especializada para los casos de violencia intrafamiliar.
7. El país debe tener 5 defensores por cada 100 mil habitantes y una legislación que
mediante incentivos fiscales a los abogados particulares, garantice la asistencia
legal gratuita y el fortalecimiento de la Defensoría de oficio
8. Se deben aprobar las reformas constitucionales sugeridas por el Pacto de Estado
por la justicia relativas a :
a. Creación del Consejo Superior de la Judicatura, como máximo organismo
administrativo del Órgano Judicial, que ejecute todas las acciones que
guarden relación con el capital humano de la institución, en especial en lo
atinente a la carrera judicial, régimen disciplinario y administración o
gerencia propiamente tal.
b. Que el Consejo de Gabinete apruebe el decreto de escogencia de
magistrados de la Corte, según los parámetros acordados en el Pacto de
Estado por la Justicia, de tal forma que se fortalezca la independencia del
poder judicial.
c. Reformas al mecanismo de juzgamiento de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y Diputados.
Transparencia y rendición de cuentas.
1. Eliminar todo el régimen de privilegios e inmunidades procesales de que gozan
algunos funcionarios públicos.
2. Hacer una reforma que obligue a la Contraloría General de la República a auditar
las declaraciones de bienes patrimoniales, de los funcionarios que están obligados
por ley a presentarlas, al final de la gestión de cada funcionario. 3
3. El Consejo de Transparencia contra la Corrupción debe funcionar como un ente
autónomo, desde el punto de vista operativo y presupuestario. En el Consejo
deben participar los tres Órganos del Estado, la Contraloría, las Procuradurías de
la Nación y de la Administración, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo entre
otras, pero debe actuar de manera independiente de los tres Órganos el Estado.
4. Aprobación e implementación de la ley de participación ciudadana y destinar los
recursos para su efectivo funcionamiento.
5. Aprobación de una la Ley sobre conflictos de intereses.
6. Modernización las Fiscalías Anticorrupción y creación de los jueces
especializados en los delitos de corrupción y contra la administración pública.
7. El Ministerio Público y el Órgano Judicial deben producir estadísticas sobre los
casos de corrupción por tipo de delitos.
Invitamos a los ciudadanos a que nos envíen sus sugerencias y revisen los programas de
gobierno de sus candidatos a presidentes, diputados, alcaldes y representantes