La Administración de Justicia y los Derechos Humanos en Panamá Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Audiencias período 152

La Administración de Justicia y los Derechos Humanos en Panamá

Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Audiencias período 152

 

 

Presentado por:

Magaly Castillo – Alianza Ciudadana Pro Justicia

Mirte Postema- Fundación para el Debido Proceso Legal

 

 

Muy buenos días, ilustres comisionados y comisionadas, distinguidos representantes del Estado de Panamá, distinguidos defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan en la mesa.

 

Hemos estado aquí en anteriores ocasiones, en el 2010, 2011 y 2012, para llamar la atención sobre los problemas que aquejan al sistema de justicia panameño. Ahora, en agosto de 2014, estamos aquí otra vez porquelamentablemente, nada ha cambiado. Pero el mes pasado, entró un nuevo gobierno en Panamá, y tenemos la esperanza que estos problemas que han estado pendientes por tanto tiempo ahora van a poder ser abordados.

 

El primer tema que es importante señalar es que a pesar de las promesas de gobiernos anteriores, la Ley de Carrera Judicial -que ha estado pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa desde el 2005, o sea, desde hace casi 10 años- todavía no ha sido aprobada. Esto hace que no existe un marco adecuado para la independencia judicial en Panamá.

 

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, no existe regulación alguna para la selección de altos funcionarios judiciales en Panamá. Sin Ley de Carrera Judicial, los procesos de nombramiento, ascenso y disciplina de jueces no cuentan con la regulación adecuada. Como consecuencia, hay concursos para jueces con procedimientos imprecisos y un alto margen de discrecionalidad. Sigue siendo el superior jerárquico quien nombra a los jueces inferiores en rango, lo cual hace que amistades prevalecen sobre los méritos de las y los candidatos, las normas de los procesos de evaluación se aplican erráticamente, y en el caso de las sanciones disciplinarias, también a cargo de los superiores jerárquicos, otra vez hay una amplia discrecionalidad para la autoridad porque legalmente, el tipo de falta y el nivel de la sanción no tienen correspondencia.

 

Esto es un problema considerable, sobre todo dado que en Panamá, no existen mecanismos para que jueces puedan denunciar presiones de sus superiores. Por esta razón, hace varios meses, el juez Ballesteros tuvo que recurrir a los medios para denunciar que había recibido llamadas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en que le pidieron resolver de cierta manera. La denuncia que fue presentada en la Asamblea en contra de dos magistrados de la CSJ por esta interferencia no fue investigado. Más bien, se destituyó al juez Ballesteros. Dado que él tenía un cargo interino, esta remoción ocurrió así, sin proceso disciplinario alguno. Además de esta grave situación, es preciso señalar que hay limitaciones al derecho de asociación de jueces y juezas en Panamá, sobre las cuales podemos expandir más si así nos los permiten.

 

La falta de independencia y la interferencia del Ejecutivo también se ha dado en el Ministerio Público. La  Comision Interamericana conoce de la denuncia por la remoción de la Procuradora General en el año 2010, que se hizo al margen de la ley y la Constitución. A partir de esta fecha hubo cuatro Procuradores Generales de la Nación en un periodo de cinco años como una clara muestra del deterioro institucional al que llegó el país.

 

Tenemos un sistema de justicia panameño muy cuestionado por su lentitud y por ser generador de impunidad. Un sistema de justicia que no es garantía para el respeto de los derechos humanos. Prueba de ello son los cientos panameños y panameñas víctimas de violaciones a sus derechos humanos que siguen esperando justicia.

 

Siguen esperando justicia las víctimas de la  intoxicación masiva con dietilenglicol en Caja de Seguro Social hecho ocurrido en el 2006; las víctimas por una bacteria nosocomial KPC en el 2011;  los familiares de los  7 menores quemados vivos en el  “Centro de Cumplimiento de Menores”,  de los cuales 5 murieron calcinados; las victimas de  sucesos de Changuinola julio del  2010, San Felix febrero del 2012 y Colón  octubre del 2012, donde se reprimió de manera brutal a cientos de conciudadanos en especial comunidades indígenas, lo que dio como resultado más de 8 muertos, 67 lisiados y cientos de heridos, debido a un uso excesivo de la fuerza policial.

 

Todas estas víctimas y muchas otras víctimas del abuso policial y de la negligencia de las instituciones de salud siguen esperando justicia

 

No conforme con todo esto, se ha indultado  a  violadores de derechos humanos. El 30 de junio del presente año el Ex Presidente de la República Ricardo Martinelli indultó a más 336 personas por delitos comunes  e incluyó a los policías acusados por la muerte de los menores quemados en el centro de cumplimiento de menores y  otros policías acusados de abusos policiales, entre otros delitos contra la administración pública.

 

En cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos:

 

La Corte Suprema de Justicia y su mora judicial selectiva atenta contra la eficacia de los mecanismos  de protección de los derechos humanos: los Habeas Corpus pueden ser resueltos en  6 u 8 meses, incluso en situaciones donde la jurisprudencia ha sido reiterativa, lo que hace ineficaz el recurso.

 

 

 

Los Recursos de Inconstitucionalidad:

 

  1. El 22 de junio de 2011 las organizaciones defensoras de los derechos de personas discapacitadas  presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra una Ley que afectaba sus derechos y a la fecha no hay pronunciamiento.
  2. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que establece privilegios procesales  para los policías que abusen en el uso de la fuerza  y el recursos de inconstitucionalidad contra la Ley conocida como carcelazo que impone prisión a los que cierran calles tiene más de 4 años y la Corte Suprema no se pronuncia sobre estos  dos recursos de inconstitucionalidad.
  3. El recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley que crea un procedimiento especial para legalizar las tierras indígenas y que  está afectando la  creación de la comarca naso, se presentó en el 2009 y aún  no hay decisión.
  4. Desde el  2009 una organización ambientalista demandó la inconstitucionalidad del Contrato para una concesión minera y luego de seis años la  Corte Suprema aún no ha fallado.

 

En materia de  Amparos de Garantías Constitucionales hay abogados que manifiestan que deben esperar hasta un año para que se resuelva un amparo de Garantías Constitucionales  y conocemos de casos que tienen cuatro y cinco años sin ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia.

 

En temas ambientales un Habeas Data puede tomar hasta tres años para ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia

 

En definitiva el sistema de justicia panameño no es garantía de respeto a los derechos humanos de los habitantes de las República por su lentitud, por su selectividad, por la manipulación, por lo injusto y controversial de sus decisiones.

 

Somos conscientes que el  nuevo gobierno que fue electo en mayo del 2014 se ha encontrado con una población que está clamando justicia  que no cree en la administración de justicia precisamente por todos los problemas que hemos enumerado. Por lo tanto el nuevo gobierno tiene  el reto de cambiar el rumbo que lleva el país en relación a la  falta  institucionalidad y justicia.

 

Solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

 

  1. Que le recuerde al Estado Panameño de sus obligaciones de garantizar la independencia judicial y  que se solicite la reactivación de la Comisión de Estado por la Justicia para que desde  este espacio se impulse toda la agenda pendiente de reformas judiciales y el proceso de implementación del sistema acusatorio
  2. Que se inste al Estado a aprobar la nueva Ley de Carrera judicial y la ley que crea la justicia de paz. Ambos proyectos se encuentran para debate en la Asamblea Nacional de Diputados
  3. Que se solicite al Estado adoptar un mecanismo transparente para la selección de magistrados de la Corte, que tome en cuenta los acuerdos del pacto de Estado por la Justicia  y los estándares interamericanos para procesos transparentes y participativos de escogencia de magistrado
  4. Solicitamos a la  CIDH  que brinde asistencia técnica al Estado panameño para la definición de ese mecanismo que debe aplicarse en la elección del Procurador General de la Nación en diciembre de este año.
  5. Que se solicite información sobre los indultos otorgados en julio del 2014 y de cómo piensan garantizar los derechos de las victimas establecidos en normas nacionales y del sistema interamericano.

 

Muchas gracias señores comisionados

 

 

 

14 de agosto de 2014.

Ciudad de México

Por la Justicia y el Estado de Derecho

COMUNICADO
POR LA JUSTICIA Y EL ESTADO DERECHO
Luego que los medios de comunicación divulgaron graves señalamientos y denuncias por
manipulación de la justicia, contra magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia y
de la Corte Suprema de Justicia, se han dado algunos hechos que nos hacen confirmar que
estas denuncias no serán investigadas, quedando en la más absoluta impunidad, como
sucede con todas las denuncias contra magistrados de la Corte y casos de corrupción de
alto perfil:
1. El silencio del resto de los magistrados de la Corte Suprema quienes no se han
pronunciado sobre las graves denuncias de intromisión del Ejecutivo en los asuntos
judiciales.
2. El día 9 de mayo se abre un proceso disciplinario donde el magistrado sustanciador
es el Licdo. Harry Diaz y donde se llama al ex Juez Ballesteros a ratificarse de sus
señalamientos contra los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, no se dice nada sobre los señalamientos contra los dos magistrados
del Pleno de la Corte que también fueron mencionados por el ex juez de la
República.
3. El “almuerzo familiar” realizado el día 13 de mayo y que fue ampliamente
difundido por los medios de comunicación entre el magistrado Moncada Luna, un
miembro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados y
un empresario muy cercano al gobierno del actual Presidente de la República.
Todo esto demuestra la burla a la que estamos siendo sometidos los ciudadanos de este
país a quienes se nos pide respeto a la “institucionalidad”, a sabiendas que no existe tal
institucionalidad, y que tanto el Órgano Judicial como la Asamblea Nacional de Diputados
son instituciones manipuladas por el actual Órgano Ejecutivo.
Es por ello, que mientras sigan ocupando los cargos de magistrados en el Órgano Judicial
los abogados: Wilfredo Saenz, Secundino Mendieta, Alejando Moncada Luna y José Ayú
Prado, sin que se aclaren estos hechos denunciados, la administración de la justicia
panameña seguirá en entredicho y serán la viva muestra de la grave crisis de
institucionalidad que vive el país.
Estamos claros que pedir la renuncia tampoco ha tenido resultado en los últimos años, por
lo que el único camino que tenemos los panameños y panameñas para reconstruir la
institucionalidad y volver a vivir en un Estado de Derecho es la activa participación
ciudadana para exigir a la próxima Asamblea de Diputados que cumpla su rol de investigar
y enjuiciar a los magistrados de la Corte. Igualmente frente a este panorama tenemos la
responsabilidad ciudadana de iniciar el proceso hacia una Constituyente.
Panamá, 20 de mayo de 2014

Carta Abierta Al Presidente Juan Carlos Varela

Carta abierta dirigida al Presidente Juan Carlos Varela
Las organizaciones cívicas y de derechos humanos que respaldamos este
pronunciamiento queremos dejar claro nuestro rechazo a la decisión del nuevo
gobierno de ratificar en sus cargos al comisionado Frank Ábrego, como Director del
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y a Belsio González como Director General
del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Nuestro rechazo obedece a la cuestionada participación que tuvieron estas dos
instituciones de seguridad en los sucesos registrados en Changuinola 2010, San Felix
2012 y Colón 2012, donde se reprimió de manera brutal a cientos de conciudadanos, lo
que dio como resultado más de 8 muertes, más de 67 lisiados y cientos de heridos.
Según el informe de la Comisión especial para investigar y analizar los sucesos
ocurridos durante los días 5 al 13 de julio del 2010 en la provincia de Bocas del Toro y
los otros informes de las organizaciones de derechos humanos en los casos de San
Felix y Colón, los agentes de Senafront y Senan fueron los principales protagonistas
del uso excesivo de la fuerza policial, violando claramente la Ley de la Policía y los
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de las Naciones Unidas.
Las investigaciones por abuso de autoridad y excesivo uso de la fuerza por parte de la
Policía Nacional, Senafront y Senan nunca se dieron, ni tampoco se conocen de
medidas administrativas tomadas contra los miembros de la Fuerza Pública que
participaron en estos graves acontecimientos.
Pero no solamente se han dado violaciones a derechos humanos durante estas
protestas, igualmente la población de Darién ha denunciado las arbitrariedades y las
limitaciones a los derechos y las libertades que sufren los darienitas y que son
cometidas por el Servicio Nacional de Frontera, que mantiene a sus pobladores
sometidos a una especie de estado de sitio.
Es por todo esto que mantener en su cargo a los directores de estos dos estamentos
de la Fuerza Púbica es no reconocer que las instituciones de seguridad del país, que
además fueron utilizadas para intervenir comunicaciones telefónicas y para realizar
todo tipo de actos violatorios de derechos humanos, deben ser sometidas a una
investigación y a un proceso de restructuración que las haga volver a “Los
fundamentos de la política panameña de seguridad” acordado por todas las fuerzas
políticas del país en junio del 2000.
Nuestro país en los últimos cinco años se alejó totalmente de estos fundamentos y de
la norma constitucional que dice claramente que Panamá no tendrá ejército y en su 2
lugar han dejado nuestras institucionales de la Fuerza Pública en manos de personas
egresadas de academias militares que han olvidado los valores democráticos y que el
poder emana del pueblo. En todo el Continente se ha pasado de la doctrina de
seguridad nacional a la doctrina de la seguridad democrática que coloca al ser humano
y sus libertades como prioridad, pero en Panamá en vez de avanzar parece que hemos
retrocedido en esta materia.
Con respecto a la Policía Nacional, es necesario que se nombre como Director de la
Policía Nacional a un civil que no pertenezca a la Carrera Policial, como lo establece
taxativamente la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su artículo 41, ya que no
debemos reconocer la reforma que plantea el Decreto de Ley No 5 del 18 de agosto de
2008 debido a que no cumplió con los requerimiento mínimos para la reforma de una
Ley Orgánica.
Para la tranquilidad de todos los habitantes de la República, es necesario que se
realicen cambios en el nivel directivo de las instituciones de la Fuerza Pública, para
iniciar un proceso de revisión de todo el sistema de capacitación, ascensos y que se
investiguen todas las denuncias por abuso policial que proliferaron en estos últimos
cinco años.
Panamá, 2 de julio de 2014
Organizaciones:
Alianza Ciudadana Pro Justicia
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Asociación Conciencia Ciudadana.
Asociación Consumo Ético
Centro de Estudios y Capacitación Familiar
Centro de Estudios y Acción Social Panameño
Centro de Asistencia Legal Popular
Centro de Capacitación Social
Colectivo Voces Ecológicas
Colegio Nacional de Abogados
Comisión Jurídica de Derechos Humanos de Colón
Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer
Espacio Encuentro de Mujeres
Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá
Fundación Casa Taller
FUNDAGENERO
Unión Nacional de Abogadas
Ciudadanos:
Jorge Sarsaneda del Cid / céd. 8-161-364
Celia Moreno

Ex Presidente De La República Ricardo Martinelli Firmó 37 Decretos Donde Otorgaba Libertad Condicional

Panamá, 7 de julio de 2014
Su excelencia
Juan Carlos Varela Rodriguez
Presidente de la República de Panamá
E. S. D.
Señor Presidente:
Los días 26 y 30 de junio del presente año el Ex Presidente de la República Ricardo Martinelli firmó 37
decretos donde otorgaba libertad condicional, rebajas de pena e indultos a 547 personas. En ese grupo se
encontraban 352 personas indultadas por delitos comunes, en cuyos casos además no existía una sentencia
ejecutoriada.
Esto indultos otorgados por el expresidente Ricardo Martinelli, incluyen a los policías acusados por la
muerte de los menores quemados en el centro de cumplimiento de menores, los policías acusados de darle
una golpiza al doctor Rafael Perez Carillo y a un empresario en La Chorrera, los policías involucrados en el
asesinato de los menores en tragedia de San Carlos, los implicados en caso Prados del Este, e indultados por
casos de corrupción entre otros.
Somos del criterio que los Decretos Ejecutivos 265, 266, 267, 279 del 24 de junio del 2014 y los Decretos
Ejecutivos 280, 281, 282, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 309, 310 y 311 del 30 de junio del 2014
deben ser dejados sin efecto debido a que los mismos son otorgados a personas implicadas en hechos
graves de violación a derechos humanos, delitos contra la administración pública y delitos comunes que aún
se encuentran en conocimiento de la administración de justicia.
El Presidente de la República no era competente para decretar indultos a personas por delitos comunes, ni
para otorgar indultos a personas que no han sido condenadas por la comisión de un delito, tal y como lo ha
manifestado la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos.
El Presidente de la República Ricardo Martinelli incurrió en un acto arbitrario, al dictar estos decretos que
afectan el derecho a la justicia y a la verdad que tienen cientos de víctimas, especialmente las victimas del
abuso policial. Esperamos que usted pueda dejar sin efectos esta arbitrariedad.
Existe ya un precedente durante el gobierno de la Señora Mireya Moscoso que el 3 de septiembre de 1999,
firmó el Decreto Ejecutivo 213 publicado en la Gaceta oficial No. 23,881 en el que declaró inexistente y
revocó en todas sus partes, el indulto concedido por el Presidente Ernesto Perez Balladares al ciudadano
Eduardo Herrera.
Esperamos que atendiendo al interés de las víctimas se pueda revertir este acto que viola el derecho que
tienen todas las victimas a la justicia.
Sin otro particular nos despedimos de usted.
Carlos Herrera Moran Magaly Castillo
Abogados de Victimas Alianza Ciudadana Pro Justicia

Autoridad Nacional De Transparencia Y Acceso Público A La Información

Independientemente que algunas de las denuncias hacen referencia al uso de estos recursos del  Estado para proselitismo político, situación que está siendo analizada en este momento por el Tribunal Electoral, somos del criterio que la comunidad panameña tiene el derecho a conocer el manejo que dieron las Juntas Comunales a estas sumas millonarias. En este sentido la Autoridad de Transparencia debe colaborar con la sociedad civil en el  acceso a esta información, tomando en cuenta que los objetivos institucionales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es promover una gestión pública transparente, eficiente y eficaz en las instituciones públicas. 

Campaña Cinta Chocolate

Campaña Cinta Chocolate: 30 de abril
Por la prevención y educación contra la mala praxis médica.
Anualmente se tienen cientos de historias y de denuncias por malas prácticas médicas en
Panamá. Sin embargo, son muy pocos los casos que se concretan en investigaciones
exhaustivas que concluyan con la sanción a los culpables y la reparación de daños a los
familiares.
Esta realidad desalienta a las víctimas de este delito y muchas no ponen las denuncias
respectivas, también afecta a la mayoría decente que ejerce esta noble profesión. De ahí que
la magnitud de este problema no se conoce a ciencia cierta.
Es vital distinguir entre error médico y mala praxis. Podemos ser víctimas de errores médicos,
y éstos pueden ser producto de factores institucionales tales como la burocracia, el
empobrecimiento de las políticas y de sus servicios de salud, o de errores humanos del
equipo médico.
Sin embargo, la negligencia médica tiene que ver directamente con actitud y valores
humanos; tiene que ver con que el profesional de la medicina consciente o inconscientemente
obvia la aplicación correcta de protocolos para el tratamiento de dolencias lo que resulta en
perjuicios a un(a) paciente.
Luego de ocurrida una desgracia familiar en manos del personal médico ¿Cómo saber la
diferencia? ¿Existen protocolos institucionales para identificar a una u otra? ¿Hay un
mecanismo confiable y transparente de parte de los gremios médicos que aseguren la ética
de su trabajo? ¿Qué debe hacer un ciudadano luego de sospechar que ha habido negligencia
médica con su familiar y que le ha causado la muerte?
Este 30 de abril al recordar la muerte del sociólogo panameño Raúl Leis Romero deseamos
dar inicio a una campaña de sensibilización y docencia ciudadana para la prevención de la
mala praxis médica.
Difunde por todos los medios este mensaje de prevención y coloca un lazo chocolate en todas
partes, incluso llévalo contigo este 30 de abril. Hagamos conciencia y salvemos vidas, tal vez
la tuya o la de tus seres queridos.
Hay que proteger a la sociedad y a los buenos profesionales de la salud de la
deshumanización y la irresponsabilidad en el servicio médico, del trato negligente, del
deterioro de los marcos éticos de la profesión médica.
Conoce tus derechos contenidos en la Ley de protección a las Victimas:
http://www.alianzaprojusticia.org.pa/imagenes/pdf/ley_de_protecciOn_a_las_victimas.pdf
Organizan: Centro de Estudios y Acción Social Panameño, Central Nacional de Trabajadores
de Panamá(CNTP), Centro de estudios y Capacitación familiar, Comité de Protección al
Paciente y Familiares (PROPAFA), Instituto Raúl Leis, Alianza Ciudadana Pro Justicia,
Asociación de Educadores Democráticos AEDPA, Frente Nacional de Educadores
Independientes

Carta Abierta A Los Magistrados De La Corte Suprema De Justicia

Carta abierta a los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia
El día 21 de marzo la Alianza Ciudadana Pro Justicia envió una nota al Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, manifestando su preocupación por las declaraciones que hizo un juez
de la República sobre presiones ejercidas en su contra por magistrados del Segundo
Tribunal Superior de Justicia.
El día 28 de marzo el juez presenta una denuncia formal ante la Asamblea Nacional de
Diputados donde brinda detalles de conversaciones y reuniones entre magistrados,
jueces, y funcionarios del gobierno en el que se dan instrucciones al juez sobre como fallar
en varios casos que están claramente identificados en la denuncia. El juez menciona los
nombres de dos magistrados del Segundo Tribunal y los nombres de dos magistrados de la
Corte Suprema Justicia, uno de ellos el actual Presidente de la Corte.
El día 2 de mayo aparece publicada otra denuncia, donde nuevamente se menciona el
nombre del magistrado Presidente de la Corte Suprema y el otro magistrado
anteriormente denunciado, en otro acto de manipulación de la justicia, en esta ocasión
son las declaraciones de un abogado litigante.
Luego de estas graves denuncias, que han sido de conocimiento público, no hemos
escuchado, ni leído ningún pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
frente a estos señalamientos que afectan la imagen y la credibilidad de esta máxima
corporación judicial.
Nosotros no abrigamos ninguna esperanza que esta Asamblea Nacional Diputados abra
una investigación, que es lo que debería suceder en un Estado de Derecho. Sin embargo,
la Corte Suprema de Justicia si puede iniciar una investigación por faltas graves a la ética
judicial. Si los magistrados de la Corte descubren que existen indicios de hechos delictivos
en estas actuaciones, los mismos deben ser presentados a la Asamblea Nacional de
Diputados.
Es por esto que pedimos que el actual Presidente de la Corte Suprema se separe
voluntariamente del cargo de Presidente para que permita que se abra una investigación
sobre estos hechos denunciados. Aspectos relacionados a posibles delitos y conductas
contra la ética merecen ser esclarecidas para la salud democrática del país, más en estos
momentos donde las instituciones democráticas se encuentran erosionadas y debilitadas.
Los magistrados José Ayú Prado y Alejando Moncada Luna no pueden seguir
administrando justicia como si nada hubiese pasado.
Si el resto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia siguen guardando silencio
sobre estas graves denuncias, lo único que se hace es confirmar que los ciudadanos de
este país estamos sometidos a una administración de justicia manipulada, donde no
existen garantías ni seguridad jurídica para ningún ciudadano.
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que estemos vigilantes de estas
denuncias y al nuevo gobierno a que retomen cuanto antes la agenda de reforma
contempladas en el Pacto de Estado por la Justicia.
Panamá, 7 de mayo de 2014

Convocatoria A Conferencia De Prensa.

CONVOCATORIA A CONFERENCIA DE PRENSA
El día 20 de marzo del presente año, aparece publicada en el Diario la Prensa una noticia titulada:
“Juez denuncia presiones”. Según la noticia existe una nota firmada por el Juez cuarto de Circuito
Penal de Panamá, Alexis Ballesteros, donde asegura que le fue solicitada su renuncia al cargo por
no “seguir indicaciones” que consistía en revocar el archivo de un proceso penal. Posteriormente
el juez presenta denuncia ante la Asamblea Nacional de Diputados contra magistrados del Tribunal
Superior y de la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, abuso de autoridad e
infracción de deberes de servidores públicos.
El día 21 de marzo la Alianza Ciudadana Pro Justicia envía una nota al Presidente de la Corte
Suprema donde se le solicita abrir una investigación en relación al contenido de esta denuncia, ya
que de ser cierta, estos actos deben ser sancionados de acuerdo a lo que establece el Código
Judicial. Presiones de este tipo, especialmente cuando provienen de superiores inmediatos,
genera intranquilidad, debilita los resortes de la institucionalidad y erosiona el Estado de Derecho.
Ya se cumple un mes desde que se hicieron públicas estas graves denuncias y hasta la fecha no se
conoce de ninguna medida adoptada por la Corte Suprema de Justicia para esclarecer estos
hechos, al contrario se deja sin efecto el nombramiento del juez que hizo la denuncia.
Es por ello que el día miércoles 23 de abril realizaremos una conferencia de prensa para recordar a
la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea de Diputados que los ciudadanos seguimos
esperando una investigación.
CONFERENCIA DE PRENSA
Fecha: 23 de abril de 2014
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Colegio de Nacional de Abogados
Convoca: Alianza Ciudadana Pro Justicia

Pronunciamiento por Denuncia de Manipulaciób de la Justicia

PRONUNCIAMIENTO POR DENUNCIA DE
MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA
El día 20 de marzo del 2014, aparece publicada en el Diario la Prensa una noticia titulada:
“Juez denuncia presiones”. Según la noticia existe una nota firmada por el Juez cuarto de
Circuito Penal de Panamá, Alexis Ballesteros, donde asegura que le fue solicitada su
renuncia al cargo por no “seguir indicaciones” que consistía en revocar el archivo de un
proceso penal.
El día 28 de marzo el juez presenta una denuncia contra sus superiores inmediatos los
magistrados del Segundo Tribunal ante la Asamblea Nacional de Diputados. En la
denuncia se mencionan los casos por los que fue objeto de presión por parte de sus
superiores jerárquicos y donde se menciona el nombre de dos magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y de un Ministro de Estado y el Presidente de la República.
El día 31 de marzo mediante acuerdo # 93 se decide confirmar la destitución del juez
Ballesteros. La causal para dejar sin efecto el nombramiento del juez fue la noticia
aparecida en la prensa en donde se hace referencia a la nota enviada por el juez a los
Magistrados del Segundo Tribunal Superior.
Según el Segundo Tribunal Superior el licenciado Ballesteros no estaba amparado por las
garantías de la Ley de Carrera Judicial, y por lo tanto es funcionario de libre nombramiento
y remoción y no se requiere causal alguna para su remoción.
Posteriormente el juez Ballesteros acude a un noticiero televisivo y denuncia persecución y
acoso en su contra y muestra fotografías que le fueron tomadas durante varios días. El juez
igualmente anuncia que lo “quebraron” y decide no seguir con la denuncia presentada el 28
de marzo.

Los días siguientes a su remoción del cargo se desata una campaña de desprestigio contra el
exjuex de la República, con información que proviene del propio Órgano Judicial,
vinculando al juez con supuestos actos de corrupción, pero sin que existan denuncias o
procesos por faltas a la éticas o disciplinarias contra el juez y desconociendo que el juez
tenía por lo menos los derechos que se les deben reconocer a los testigos de delitos tan
graves como los que se denunciaron.
Estas declaraciones y denuncias de un juez de la República han dejado al descubierto:
1. La gran fragilidad y falta de garantías en la que laboran muchos jueces de la
República y la manipulación política que se está dando en el Órgano Judicial.
2. Que aunque el Código de Ética de los servidores judiciales en su artículo 8 establece
que el juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de su independencia, lo que opinan los magistrados es que los jueces
no deben denunciar ni cuestionar a sus superiores jerárquicos.
3. Que en este país se remueve o se traslada a un juez sin juicio previo, basado en el
argumento que los jueces interinos son de libre nombramiento y remoción.
4. Que si un juez denuncia corrupción o actos que atenten contra su independencia, no
existen mecanismos de protección para el juez o funcionario y puede quedar
expuestos a campañas de desprestigio desde las entrañas del propio Órgano Judicial,
como ha sucedido en este caso.
5. Que aunque un juez no tenga procesos éticos o disciplinarios en su contra, ni
denuncias por actos de corrupción, puede resultar ser el juez más corrupto de todo el
Órgano Judicial, en el momento que se decida a denunciar a un superior jerárquico.
6. Que el sistema de evaluación del desempeño y el sistema de auditoria judicial no
funcionan y por lo tanto no detectan a los jueces que incurren en malas prácticas o
actos de corrupción. Parece que solamente se detecta la corrupción cuando el juez
no sigue instrucciones de superiores jerárquicos o denuncia a superiores jerárquicos.
7. Que los jueces interinos son los más susceptibles de manipulación ya que dependen
del favor del superior jerárquico para seguir en sus puestos.
El llamado que hacemos a los abogados y ciudadanos es a no ser tolerantes a esto que
sucede en la administración de justicia. Si los jueces son interinos, y no tienen garantías de
estabilidad son más susceptibles a la presión y la manipulación. Y una administración de
justicia con jueces dóciles abre la puerta al abuso de poder, a las violaciones a derechos
humanos y la inseguridad jurídica y ciudadana.
Seguimos a la espera que la Corte Suprema de Justicia emita un pronunciamiento donde se
informen las medidas que se están adoptando para investigar estos hechos, para pedir
cuenta a los magistrados señalados y revisar el procedimiento que se adoptó en este caso
para remover a un juez de la República.
Panamá, 23 de abril de 2014.