Agenda de la Sociedad Civil hacia la VIII cumbre de las Americas

La agenda de la sociedad civil de Panamá hacia la VIII Cumbre de las Américas 2018

Las organizaciones de la sociedad civil panameña nos reafirmamos en la agenda del año 2015 hacia la Cumbre de las Américas en los temas de
salud, educación, cultura, seguridad, migración, ambiente, desarrollo sostenible y energía, y solicitamos un mecanismo de seguimiento a dicha
agenda.
De cara a la cumbre del 2018 redefinimos nuestra agenda de gobernabilidad democrática, tomando en cuenta que la débil institucionalidad en
materia de administración de justicia e instituciones de control genera un ambiente propicio para la impunidad y el círculo vicioso de la corrupción,
lo que a su vez afecta el cumplimiento de las metas de desarrollo del país y los derechos humanos. La corrupción y la falta de institucionalidad y
justicia afectan el derecho a la educación, la salud, el ambiente y el acceso a mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la República
en especial los grupos humanos en situación de vulnerabilidad.

¿Qué es la Asamblea Ciudadana?

LA ASAMBLEA CIUDADANA

1-¿QUÉ ES LA ASAMBLEA CIUDADANA?

La Asamblea Ciudadana, se constituye en el año 2009 y es un

espacio organizado de la sociedad civil, desde el cual se promueve

la participación, el diálogo y el debate ciudadano, en todos los

asuntos del Estado y cuyo enfoque es ser inclusivo, amplio, plural,

científico, bioético y respetuoso. La Asamblea toma en cuenta la

diversidad de la sociedad civil panameña.

2- ¿QUIENES FORMAN LA ASAMBLEA CIUDADANA?

La Asamblea Ciudadana está constituida por activistas de los

derechos humanos, ambientalistas, profesionales, sindicatos,

organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos

humanos de las mujeres, niñez, juventud, edad avanzada,

comunidades de base, y todo ciudadano o ciudadana interesado en

los asuntos del Estado.

3- ¿CÒMO NOS ORGANIZAMOS?

Nos organizamos de manera autónoma de los partidos y gobiernos,

nuestras formas de trabajo se basan en articulaciones flexibles que

promueven los intercambios de informaciones estratégicas para el

empoderamiento ciudadano.

4- ¿QUÈ HACEMOS?:

Impulsamos la construcción de agendas nacionales y locales en

temas de interés colectivo

Impulsamos la participación ciudadana en la toma de decisiones

que contribuyan a:

– al desarrollo integral de la comunidad ,

– la plena vigencia de los derechos humanos ,

– fortalecimiento del ambiente ,

– la transparencia de la gestión pública

– la creación de un buen gobierno

Si deseas participar puedes escribir a:

ciudadanos@alianzaprojusticia.org.pa

Organizaciones miembros de la Asamblea Ciudadana

ORGANIZACIONES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

1. Alianza Ciudadana Pro Justicia

2. Asociación de Derecho Ambiental

3. Asociación Ecológica Panameña

4. Asociación de Educadores Veragüenses

5. Asociación Nacional de Enfermeras

6. Asociación Panameña de Derecho Constitucional

7. Centro de Estudios y Acción Social Panameño

8. Central General Autónoma de Trabajadores Panameños

9. Central Nacional de Trabajadores de Panamá

10. Centro de Asistencia Legal Popular

11. Centro de Estudios y Capacitación Familiar

12. Centro de Incidencia Ambiental

13. Centro de Estudios Promoción y Acción Social

14. Comisión de Justicia y Paz

15. Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

16. Comité de Protección al Paciente y Familiares

17. Conciencia Ciudadana

18. Confederación de Comunidades de aéreas revertidas

19. Consejo Comarcal Anticorrupción

20. Consejo Nacional de Trabajadores Organizados

21. Coordinadora Chorrerana

22. Coordinadora de Pobladores Colonenses en defensa de la tierra y la vida

23. Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas

24. Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas

25. Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena

26. Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas

27. Espacio de Encuentro de Mujeres

28. Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá

29. Federación Nacional de Pensionados y Jubilados

30. Federación Nacional de Servidores Públicos

31. Foro salud y bienestar social

32. Fundación mi casa es su casa

33. Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

34. Fundación para la Equidad de Género

35. Fundación Todo Tuyo

36. Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad

37. Jóvenes Unidos por el Dialogo

38. Movimiento Campesino en Defensa del Rio Cobre

39. Movimiento de la Juventud Kuna

40. Movimiento Democrático Popular

41. Observatorio Panamá Afro

42. Sindicato de Periodistas

43. Unión de lucha Integral del Pueblo,

44. Unión Nacional de Abogadas

45. Unión Nacional de Mujeres Panameñas

46. Vida verde sostenible

47. Voces Ecológicas.

 

Principios de la Asamblea Ciudadana

 DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE PANAMA. 

Nuestra historia contiene muchos ejemplos de la acción ciudadana que aportaron – a nivel local, regional o nacional- iniciativas que fortalecieron la democracia, los derechos humanos el desarrollo sostenible y la soberanía nacional. Hoy, los enormes retos y desafíos que se le presentan a nuestro país, nos convocan a continuar e incrementar nuestras luchas y mejores esfuerzos, para el logro de una vida digna del pueblo panameño.

Afirmamos que el rol esencial de la acción ciudadana de la sociedad civil es abrir y proteger el espacio de libertad en relación al Estado y al mercado; y desde este espacio aportar a la construcción de una democracia participativa y al desarrollo humano sostenible. Aspiramos a una ciudadanía que actúa con derechos y deberes, defendiendo las conquistas y construyendo colectivamente propuestas para mejorar nuestra sociedad, no a la manera de los políticos clientelistas o sus partidos, sino más bien como agentes de cambio, pues no necesitamos ser elegidos para actuar como ciudadanos y ciudadanas.

Nuestra capacidad radica en crear, dialogar, organizar, proponer luchar, denunciar, ejecutar y servir de ejemplo de dignidad, honestidad, respeto y transparencia. Somos múltiples y diversos, sin intereses antagónicos y por ello nos convocamos a crear a través de una Asamblea Ciudadana, como espacio abierto de diálogo y movilización, en el que participen actores sociales, que aunque defiendan intereses diversos y distintos, podamos articularnos en temas fundamentales para toda la sociedad.

Los panameños y panameñas sin distingo de nivel económico, edad, género etnias, ideas políticas, queremos vivir en un país donde impere:

 El fortalecimiento de la democracia participativa y de sus instituciones, en el marco de un Estado Constitucional y democrático de Derecho, donde se respeten y garanticen efectivamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales de todas las personas que habitan la República de Panamá, en particular los derechos adquiridos y la profundización de la participación de los /las ciudadanos/as y sus organizaciones en todos los sectores y asuntos del Estado.

 Una educación gratuita de calidad, equidad y obligatoria, en todos los niveles preuniversitarios, que sirva fundamentalmente para hacer del conocimiento un instrumento del Estado constitucional de derecho, para un efectivo control ciudadano a fin de evitar el uso irracional del poder político, para lo cual es necesario asegurar y garantizar la evaluación y acreditación periódica de las instituciones educativas.

 El reconocimiento de la democracia como la expresión de la pluralidad, la vigencia de los derechos humanos y el protagonismo a nivel individual y colectivo, de los distintos sujetos sociales. Afirmando que se le fortalece cuando se avanza hacia la democracia participativa, de ciudadanía que es la clave de la gobernabilidad democrática. Somos vigilantes del respeto a los

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valores de tolerancia, libertad de opinión y asociación, elementos indispensables para poder enfrentar los retos que se nos avecinan. Tal como la afirmación de la vigencia plena de las libertades democráticas como: el derecho a la reunión, asociación, organización, manifestación, e información; la tolerancia de las ideas distintas, todo lo cual es incompatible con regímenes autoritarios y represivos. El ejercicio libre y ético del periodismo y la opinión pública.

 La vigencia de los espacios legítimos de diálogo, concertación y participación en las decisiones en todos los sectores del Estado, como mecanismos necesarios para la búsqueda de soluciones a los problemas del país, a través de consultas ciudadanas como instrumento genuinamente democrático, basado en el acceso público a la información, y a un debate amplio y democrático. Además, la necesidad de incorporar en el quehacer de nuestra sociedad una justicia de paz, donde la mediación, conciliación y arbitraje sean una alternativa viable para solucionar nuestras diferencias.

 Fortalecer la participación ciudadana, modificando la legislación electoral en vista de democratizar el sistema de participación política.

 La descentralización del Estado, el fortalecimiento del régimen municipal y comarcal, la creación de mecanismos de participación ciudadana en la formación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de los recursos públicos y el desarrollo social.

 Una política internacional centrada en la libre autodeterminación de los pueblos, la paz, la promoción de los derechos humanos y la neutralización de nuestro país, manteniendo desmilitarizado el territorio panameño de fuerzas armadas locales y foráneas. La utilización de los recursos generados por el Canal en función del desarrollo integral y en beneficio de los más necesitados.

 El desarrollo humano sostenible que supere la brecha de la desigualdad socioeconómica, logre la democratización de la economía y la justicia social, proporcione seguridad y soberanía alimentaria, respete el derecho a un ambiente sano, a la vida, a la tierra, al agua y la consulta sobre proyectos en especial aquellos que pueden afectar a los pueblos indígenas, comunidades campesinas, afro descendientes y de otros grupos humanos que sufren exclusión.

 El derecho a un ambiente sano tanto de la presente como las futuras generaciones, como marco referencial a toda actividad o relación entre sociedad y naturaleza. La protección de la integridad física del territorio, aguas y su población con el uso sostenible de los ecosistemas. La identificación y puesta en marcha de mecanismos que aseguren que la inversión pública y privada proteja los recursos naturales y nacionales. 

 Una atención de salud gratuita suficiente y digna basada más en la prevención que en la curación. El respeto a los derechos de las mujeres a la igualdad. Un país en donde los derechos ancestrales anteriores al Estado, sean respetados y tomados en cuenta, donde se respete y garanticen los derechos ancestrales de los afro descendientes y pueblos indígenas; y se luche

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decididamente contra todo tipo de discriminación y violencia por etnia, sexo, religión, edad o discapacidad.

 El fortalecimiento y respeto a las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, barriales, ciudadanas, de jóvenes y mujeres, y muchas otras, que hacen parte del movimiento social panameño.

 La revalorización de las culturas como expresión multicultural y viva, que nos proporciona identidad como panameños y panameñas.

 El impulso de un plan nacional de integridad contra la corrupción en todas sus manifestaciones públicas y privadas, en la cual además de fortalecer los controles públicos y mediáticos se impulse la auditoria ciudadana, la rendición de cuentas, el presupuesto participativo, entre otros.

Creemos que el poder emana sólo del pueblo, quien confiere a sus mandatarios la función de administrar el Estado, por lo cual afirmamos que los males de la democracia se curan con una auténtica práctica democrática y no con autoritarismos. No somos solo electores en contiendas cada cinco años. Creemos en una ciudadanía activa permanente que ejerce su derecho a decidir, opinar, a exigir, a auditar, a disentir, a colaborar +y participar, a pedir cuentas a todos los órganos del Estado, pues deben servir a la comunidad y no servirse de ella.

Todo ello nos conduce al compromiso de edificar una Asamblea Ciudadana como un espacio ciudadano plural, legítimo, participativo, múltiple, articulado y coherente con estos principios, que en permanente ejercicio de creación de una ciudadanía consciente impulse genuinamente el interés nacional a través de un proyecto de país, que impulse el desarrollo humano sostenible, con justicia y equidad social, con democracia integral participativa , para el logro de una vida digna, de todos los habitantes del Istmo.

Panamá, 28 de agosto de 2010.

Comunicado de la Asamblea Ciudadana

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN EL

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

EL RETROCESO DE LA DEMOCRACIA EN PANAMÁ

Conscientes del papel que tienen los ciudadanos y ciudadanas del país en la construcción y

fortalecimiento de la democracia, señalamos a continuación de manera cronológica, los hechos que

han ocurrido durante el año 2010, que afectan los derechos humanos. Lo primero que afecta la

institucionalidad democrática y los controles y contrapesos que deben existir en un Estado de

Derecho es el afán del Órgano Ejecutivo de querer controlar los otros poderes del Estado, así como

una política de permanente confrontación con la sociedad civil organizada, demostrando poco

respeto por la democracia participativa.

Presentamos el siguiente recuento de algunos de los hechos que han afectado y afectan los derechos

humanos y la institucionalidad democrática del país:

1. La exclusión de la sociedad civil del Consejo Nacional de Transparencia creado por el

Decreto Ejecutivo 179 del 27 de octubre del 2004.

2. La eliminación de facto de la carrera administrativa, creada por la Ley 9 del 20 de Junio de

1994, lo que facilita el nombramiento por clientelismo político y ha provocado despidos

masivos en el sector público.

3. Las escuchas telefónicas sin autorización judicial, validadas por el Decreto Ley 51, del 18

de septiembre de 2009.

4. El aumento de las penas a los menores, la rebaja de la edad de imputabilidad del menor de

edad a 12 años, mediante Ley 6 de 8 de marzo 2010 y la reforma que estableció la detención

preventiva ilimitada del menor, que viola garantías establecidas en la Convención de los

Derechos del Niño.

5. La creación del Consejo de Seguridad, mediante, Decreto ejecutivo 263 del 19 de marzo de

2010, con más poderes que los decretos de seguridad que fueron tan criticados en el anterior

gobierno.

6. La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, obviando los

procedimientos y recomendaciones de la comisión evaluadora para la escogencia de

magistrados creada por el propio presidente.

7. La criminalización de la protesta social con penas de 6 meses a 2 años, mediante, la Ley 14

de Julio del 2010.

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8. La destitución de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, a través de un

proceso politizado y muy cuestionado desde el punto de vista jurídico y que concluyó con

una sanción desproporcionada e ilegal, al triplicar su periodo de inhabilitación de funciones

como pena accesoria.

9. El nombramiento impropio de un Procurador suplente mediante la Resolución 10 del 8 de

Enero del 2010, violentado los requisitos que establece la Constitución para ocupar este

cargo.

10. El indulto ilegal otorgado a agentes encargados de hacer cumplir la ley, por la Resolución

Ejecutiva 434 del 9 de octubre de 2009, y los recientes indultos a agentes condenados por

maltrato de reclusos.

11. La aprobación de la “Ley Chorizo”, Ley 30 de 16 de junio del 2010, que pretendió

desconocer derechos adquiridos de los trabajadores y otros derechos humanos, lo que

provocó violencia y confrontación innecesarias en la sociedad panameña.

12. El Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio del 2010, que impone un sistema de elección a las

autoridades tradicionales de nuestros pueblos originarios Ngöbe y Buglé con la convocatoria

a elecciones violentando lo dispuesto por las autoridades tradicionales, lo que provocó el

mayor abstencionismo en la historia de las elecciones en dicha comarca.

13. La negación del Estado panameño en ratificar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración

de la ONU sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

14. La violación flagrante a los derechos humanos y a las recomendaciones de la Organización

de Naciones Unidas sobre el uso racional de la fuerza, al utilizar perdigones de plomo para

reprimir las protestas, que se dieron en la provincia de Bocas del Toro en julio pasado, que

tuvo como consecuencia la muerte de trabajadores, la perdida de la visión de más de 50

personas y las lesiones corporales de muchos. (ver Human Rights Report Changuinola July

7-11 2010, Informe de la Defensoría del Pueblo e Informe de la Comisión nombrada por el

Consejo de Gabinete).

15. Las detenciones de más de 300 personas que se dieron el 10 de julio del 2010 durante las

manifestaciones y reuniones de organizaciones sindicales y gremiales, violando los artículos

21 y 22 de la Constitución, que estipulan que todas las personas al momento de su detención

deben ser informadas de las razones de su detención y que podrán ser asistidos por un

abogado.

16. El hostigamiento a los miembros de algunas organizaciones de la sociedad civil y gremios

de periodistas, utilizando intimidaciones verbales a través de “amigos”, coacción a

directivos de los medios e inspecciones fiscales (ver declaraciones públicas de Alvaro

Alvarado, Guido Rodríguez y Guillermo Antonio Adames). Todo esto afectando el derecho

a la libertad de asociación y de expresión.

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17. La utilización de instancias gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas y

la Contraloría, para intimidar a todo aquel que emita una opinión contraria a los designios

del gobierno. (Ref. auditorias a Medcom, Panamá América, Omega Radio, y sindicatos

diversos).

18. El otorgar asilo territorial a una investigada en Colombia, por un delito penal de escuchas

telefónicas ilegales y otros delitos de lesa humanidad, aduciendo una “decisión soberana del

Estado Panameño”, lo que evidencia una doble moral frente a la enérgica condena emitida

contra la Procuradora por haber autorizado una escucha telefónica en un caso de extorsión

por parte de un subalterno del Ministerio Público.

19. La propuesta de modificaciones al Código de Minas para permitir el usufructo de la riqueza

minera nacional por parte de Estados extranjeros, sin contemplar el interés superior de la

nación y sin la participación de las comunidades originarias, los grupos ambientalistas y la

ciudadanía en general.

20. La promoción y aprobación de proyectos mineros metálicos que provocan la fragmentación

del Corredor Biológico Mesoamericano, causando daños permanentes a sus ecosistemas.

Esto a través de la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental que no reúnen los

requisitos básicos necesarios para mitigar y compensar los impactos negativos

adecuadamente, y reducir al mínimo los riesgos ambientales.

21. La desatención del gobierno a las medidas cautelares dictadas por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos en protección de indígenas panameños, violando la

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

22. La inadecuada gestión de las áreas protegidas del país, que propicia, entre otros, la

afectación de humedales de importancia internacional, incumpliendo la Convención Ramsar,

ratificada mediante Ley 6 de 3 de enero de 1989.

23. La violación a las regulaciones de la UNESCO en el Casco Antiguo, con la extensión de la

cinta costera, en lo que respecta a la protección de las zonas consideradas como Patrimonio

de la Humanidad.

24. Lo sucedido durante el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, por sus

implicancias adversas para el conjunto de la sociedad panameña, y con el particular

impacto negativo que los resultados tendrán para la población afrodescendiente del

país.

25. No se ha previsto los recursos financieros o humanos necesarios para la efectiva aplicación

de la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley 4 de 29 de enero 1999. El Decreto

Ejecutivo #52 de junio de 2002 que la reglamenta, no establece mecanismos de control

efectivos, ni sanciones, ni incorpora estructuras destinadas a la presentación e investigación

de denuncias por casos de discriminación contra la mujer (ver Informe de la CEDAW del 5

de febrero del 2010)..

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A todo esto debemos agregar algunos compromisos de Estado incumplidos:

La postergación del sistema penal acusatorio

La postergación de la descentralización municipal y la Ley de participación ciudadana.

La falta de seguimiento a los acuerdos de la Concertación Nacional y de la Comisión de

Estado por la Justicia.

El no respeto a los espacios de consulta como la Comisión Nacional de Reformas

Electorales

La falta de seguimiento a los acuerdos de Changuinola con respecto a las personas

afectadas.

La destrucción de los cursos de aguas y ríos para la construcción de hidroeléctricas sin

planificación ni sustentación técnica alguna.

El incremento de la canasta básica.

El aumento de la inseguridad ciudadana.

La falta de medicamentos y de atención en la Caja del Seguro Social, particularmente a los

afectados por el Dietilene glycol.

La eliminación del control previo como mecanismo básico para fiscalizar los gastos del

Estado.

Todos estos son síntomas y signos del debilitamiento de la democracia que debe invitarnos a

reflexionar sobre los que está sucediendo con nuestras instituciones y con los valores democráticos

del país y frente a lo cual permaneceremos vigilantes.

Los derechos humanos son irrenunciables y para que exista plena vigencia de estos derechos es

importante tener Órganos del Estado que funcionen separadamente y que exista una prensa libre y

una sociedad civil que pida cuentas y cuestione los abusos de poder.

Dado en la ciudad de Panamá a los 9 días del mes de diciembre del 2010.