PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN EL
DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
EL RETROCESO DE LA DEMOCRACIA EN PANAMÁ
Conscientes del papel que tienen los ciudadanos y ciudadanas del país en la construcción y
fortalecimiento de la democracia, señalamos a continuación de manera cronológica, los hechos que
han ocurrido durante el año 2010, que afectan los derechos humanos. Lo primero que afecta la
institucionalidad democrática y los controles y contrapesos que deben existir en un Estado de
Derecho es el afán del Órgano Ejecutivo de querer controlar los otros poderes del Estado, así como
una política de permanente confrontación con la sociedad civil organizada, demostrando poco
respeto por la democracia participativa.
Presentamos el siguiente recuento de algunos de los hechos que han afectado y afectan los derechos
humanos y la institucionalidad democrática del país:
1. La exclusión de la sociedad civil del Consejo Nacional de Transparencia creado por el
Decreto Ejecutivo 179 del 27 de octubre del 2004.
2. La eliminación de facto de la carrera administrativa, creada por la Ley 9 del 20 de Junio de
1994, lo que facilita el nombramiento por clientelismo político y ha provocado despidos
masivos en el sector público.
3. Las escuchas telefónicas sin autorización judicial, validadas por el Decreto Ley 51, del 18
de septiembre de 2009.
4. El aumento de las penas a los menores, la rebaja de la edad de imputabilidad del menor de
edad a 12 años, mediante Ley 6 de 8 de marzo 2010 y la reforma que estableció la detención
preventiva ilimitada del menor, que viola garantías establecidas en la Convención de los
Derechos del Niño.
5. La creación del Consejo de Seguridad, mediante, Decreto ejecutivo 263 del 19 de marzo de
2010, con más poderes que los decretos de seguridad que fueron tan criticados en el anterior
gobierno.
6. La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, obviando los
procedimientos y recomendaciones de la comisión evaluadora para la escogencia de
magistrados creada por el propio presidente.
7. La criminalización de la protesta social con penas de 6 meses a 2 años, mediante, la Ley 14
de Julio del 2010.
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8. La destitución de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, a través de un
proceso politizado y muy cuestionado desde el punto de vista jurídico y que concluyó con
una sanción desproporcionada e ilegal, al triplicar su periodo de inhabilitación de funciones
como pena accesoria.
9. El nombramiento impropio de un Procurador suplente mediante la Resolución 10 del 8 de
Enero del 2010, violentado los requisitos que establece la Constitución para ocupar este
cargo.
10. El indulto ilegal otorgado a agentes encargados de hacer cumplir la ley, por la Resolución
Ejecutiva 434 del 9 de octubre de 2009, y los recientes indultos a agentes condenados por
maltrato de reclusos.
11. La aprobación de la “Ley Chorizo”, Ley 30 de 16 de junio del 2010, que pretendió
desconocer derechos adquiridos de los trabajadores y otros derechos humanos, lo que
provocó violencia y confrontación innecesarias en la sociedad panameña.
12. El Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio del 2010, que impone un sistema de elección a las
autoridades tradicionales de nuestros pueblos originarios Ngöbe y Buglé con la convocatoria
a elecciones violentando lo dispuesto por las autoridades tradicionales, lo que provocó el
mayor abstencionismo en la historia de las elecciones en dicha comarca.
13. La negación del Estado panameño en ratificar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de la ONU sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
14. La violación flagrante a los derechos humanos y a las recomendaciones de la Organización
de Naciones Unidas sobre el uso racional de la fuerza, al utilizar perdigones de plomo para
reprimir las protestas, que se dieron en la provincia de Bocas del Toro en julio pasado, que
tuvo como consecuencia la muerte de trabajadores, la perdida de la visión de más de 50
personas y las lesiones corporales de muchos. (ver Human Rights Report Changuinola July
7-11 2010, Informe de la Defensoría del Pueblo e Informe de la Comisión nombrada por el
Consejo de Gabinete).
15. Las detenciones de más de 300 personas que se dieron el 10 de julio del 2010 durante las
manifestaciones y reuniones de organizaciones sindicales y gremiales, violando los artículos
21 y 22 de la Constitución, que estipulan que todas las personas al momento de su detención
deben ser informadas de las razones de su detención y que podrán ser asistidos por un
abogado.
16. El hostigamiento a los miembros de algunas organizaciones de la sociedad civil y gremios
de periodistas, utilizando intimidaciones verbales a través de “amigos”, coacción a
directivos de los medios e inspecciones fiscales (ver declaraciones públicas de Alvaro
Alvarado, Guido Rodríguez y Guillermo Antonio Adames). Todo esto afectando el derecho
a la libertad de asociación y de expresión.
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17. La utilización de instancias gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas y
la Contraloría, para intimidar a todo aquel que emita una opinión contraria a los designios
del gobierno. (Ref. auditorias a Medcom, Panamá América, Omega Radio, y sindicatos
diversos).
18. El otorgar asilo territorial a una investigada en Colombia, por un delito penal de escuchas
telefónicas ilegales y otros delitos de lesa humanidad, aduciendo una “decisión soberana del
Estado Panameño”, lo que evidencia una doble moral frente a la enérgica condena emitida
contra la Procuradora por haber autorizado una escucha telefónica en un caso de extorsión
por parte de un subalterno del Ministerio Público.
19. La propuesta de modificaciones al Código de Minas para permitir el usufructo de la riqueza
minera nacional por parte de Estados extranjeros, sin contemplar el interés superior de la
nación y sin la participación de las comunidades originarias, los grupos ambientalistas y la
ciudadanía en general.
20. La promoción y aprobación de proyectos mineros metálicos que provocan la fragmentación
del Corredor Biológico Mesoamericano, causando daños permanentes a sus ecosistemas.
Esto a través de la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental que no reúnen los
requisitos básicos necesarios para mitigar y compensar los impactos negativos
adecuadamente, y reducir al mínimo los riesgos ambientales.
21. La desatención del gobierno a las medidas cautelares dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en protección de indígenas panameños, violando la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
22. La inadecuada gestión de las áreas protegidas del país, que propicia, entre otros, la
afectación de humedales de importancia internacional, incumpliendo la Convención Ramsar,
ratificada mediante Ley 6 de 3 de enero de 1989.
23. La violación a las regulaciones de la UNESCO en el Casco Antiguo, con la extensión de la
cinta costera, en lo que respecta a la protección de las zonas consideradas como Patrimonio
de la Humanidad.
24. Lo sucedido durante el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, por sus
implicancias adversas para el conjunto de la sociedad panameña, y con el particular
impacto negativo que los resultados tendrán para la población afrodescendiente del
país.
25. No se ha previsto los recursos financieros o humanos necesarios para la efectiva aplicación
de la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley 4 de 29 de enero 1999. El Decreto
Ejecutivo #52 de junio de 2002 que la reglamenta, no establece mecanismos de control
efectivos, ni sanciones, ni incorpora estructuras destinadas a la presentación e investigación
de denuncias por casos de discriminación contra la mujer (ver Informe de la CEDAW del 5
de febrero del 2010)..
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A todo esto debemos agregar algunos compromisos de Estado incumplidos:
La postergación del sistema penal acusatorio
La postergación de la descentralización municipal y la Ley de participación ciudadana.
La falta de seguimiento a los acuerdos de la Concertación Nacional y de la Comisión de
Estado por la Justicia.
El no respeto a los espacios de consulta como la Comisión Nacional de Reformas
Electorales
La falta de seguimiento a los acuerdos de Changuinola con respecto a las personas
afectadas.
La destrucción de los cursos de aguas y ríos para la construcción de hidroeléctricas sin
planificación ni sustentación técnica alguna.
El incremento de la canasta básica.
El aumento de la inseguridad ciudadana.
La falta de medicamentos y de atención en la Caja del Seguro Social, particularmente a los
afectados por el Dietilene glycol.
La eliminación del control previo como mecanismo básico para fiscalizar los gastos del
Estado.
Todos estos son síntomas y signos del debilitamiento de la democracia que debe invitarnos a
reflexionar sobre los que está sucediendo con nuestras instituciones y con los valores democráticos
del país y frente a lo cual permaneceremos vigilantes.
Los derechos humanos son irrenunciables y para que exista plena vigencia de estos derechos es
importante tener Órganos del Estado que funcionen separadamente y que exista una prensa libre y
una sociedad civil que pida cuentas y cuestione los abusos de poder.
Dado en la ciudad de Panamá a los 9 días del mes de diciembre del 2010.
