Autor: Administrador

Comunicado de organizaciones ciudadanas en referencia

La Constitución Política de la República de Panamá señala en su artículo 280 que la Contraloría General de la República, tiene entre sus funciones. “Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley…”

Durante la comparecencia de la Contralora General de la República a la Asamblea Nacional de Diputados la población panameña fue testigo cuando la Contralora en varias ocasiones aceptó que refrendó contratos, actos administrativos y órdenes de compra a sabiendas que en los mismos existía sobrecostos que afectaron el patrimonio público, así como también quedó claro que no hizo nada frente a las actuaciones de despilfarro de fondos públicos que se dieron sobre todo en un año preelectoral.

Las anomalías y falta de control del gasto público que ocurrieron en varias instituciones como el Programa de Ayuda Nacional, Asamblea de Diputados, en las Juntas Comunales y en Instituciones como la Defensoría del Pueblo, entre otras, fueron innumerables y los ciudadanos tenemos derecho a que se investiguen estos hechos y a saber la cuantía de la lesión patrimonial al Estado panameño.

En la mañana de hoy hemos convocamos a esta conferencia de prensa para manifestar nuestro malestar y repudio ante estos hechos públicos.

Nuestra solicitud es la siguiente:

1. Que la Asamblea Nacional envíe a la Corte Suprema de Justicia un informe detallado de toda la actuación negligente e infractora de la Ley, de la Contralora de la República y un informe a la Procuraduría General de la Nación sobre la actuación del equipo de asesores de la Contralora y donde se detallen todas las denuncias de sobrecostos y contrataciones fraudulentas que se dieron a conocer durante las sesiones del 19 y 20 de agosto a la Asamblea de Diputados.
2. Que la Corte Suprema de Justicia autorice el inicio de la investigación penal en contra la Contralora General de la República y ordene la suspensión provisional del cargo de esta funcionaria, hasta tanto se decida su situación penal.
3. Que el Ministerio Público abra una investigación en relación a los sobrecostos y actos de corrupción denunciados durante la concurrencia de la Contralora a la Asamblea, en las que incurrió la Contralora y otros funcionarios.

A partir de este momento nos manifestamos en alerta y anunciamos que presentaremos una denuncia penal por los actos de infracción de los deberes de servidores públicos en la que incurrió la Contralora General de la República y varios de sus funcionarios.

Anunciamos igualmente que nos preparamos para la definición del perfil del nuevo Contralor o Contralora General de la República e invitamos a toda la sociedad panameña a participar y ser vigilantes de este proceso de selección y del proceso de selección de las personas que dirigirán la Procuraduría General de la Nación y de la Administración.

 

Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Colegio Nacional de Abogados, Espacio Encuentro de Mujeres

La Administración de Justicia y los Derechos Humanos en Panamá

Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Audiencias período 152

 

 

Presentado por:

Magaly Castillo – Alianza Ciudadana Pro Justicia

Mirte Postema- Fundación para el Debido Proceso Legal

 

 

Muy buenos días, ilustres comisionados y comisionadas, distinguidos representantes del Estado de Panamá, distinguidos defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan en la mesa.

 

Hemos estado aquí en anteriores ocasiones, en el 2010, 2011 y 2012, para llamar la atención sobre los problemas que aquejan al sistema de justicia panameño. Ahora, en agosto de 2014, estamos aquí otra vez porquelamentablemente, nada ha cambiado. Pero el mes pasado, entró un nuevo gobierno en Panamá, y tenemos la esperanza que estos problemas que han estado pendientes por tanto tiempo ahora van a poder ser abordados.

 

El primer tema que es importante señalar es que a pesar de las promesas de gobiernos anteriores, la Ley de Carrera Judicial -que ha estado pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa desde el 2005, o sea, desde hace casi 10 años- todavía no ha sido aprobada. Esto hace que no existe un marco adecuado para la independencia judicial en Panamá.

 

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, no existe regulación alguna para la selección de altos funcionarios judiciales en Panamá. Sin Ley de Carrera Judicial, los procesos de nombramiento, ascenso y disciplina de jueces no cuentan con la regulación adecuada. Como consecuencia, hay concursos para jueces con procedimientos imprecisos y un alto margen de discrecionalidad. Sigue siendo el superior jerárquico quien nombra a los jueces inferiores en rango, lo cual hace que amistades prevalecen sobre los méritos de las y los candidatos, las normas de los procesos de evaluación se aplican erráticamente, y en el caso de las sanciones disciplinarias, también a cargo de los superiores jerárquicos, otra vez hay una amplia discrecionalidad para la autoridad porque legalmente, el tipo de falta y el nivel de la sanción no tienen correspondencia.

 

Esto es un problema considerable, sobre todo dado que en Panamá, no existen mecanismos para que jueces puedan denunciar presiones de sus superiores. Por esta razón, hace varios meses, el juez Ballesteros tuvo que recurrir a los medios para denunciar que había recibido llamadas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en que le pidieron resolver de cierta manera. La denuncia que fue presentada en la Asamblea en contra de dos magistrados de la CSJ por esta interferencia no fue investigado. Más bien, se destituyó al juez Ballesteros. Dado que él tenía un cargo interino, esta remoción ocurrió así, sin proceso disciplinario alguno. Además de esta grave situación, es preciso señalar que hay limitaciones al derecho de asociación de jueces y juezas en Panamá, sobre las cuales podemos expandir más si así nos los permiten.

 

La falta de independencia y la interferencia del Ejecutivo también se ha dado en el Ministerio Público. La  Comision Interamericana conoce de la denuncia por la remoción de la Procuradora General en el año 2010, que se hizo al margen de la ley y la Constitución. A partir de esta fecha hubo cuatro Procuradores Generales de la Nación en un periodo de cinco años como una clara muestra del deterioro institucional al que llegó el país.

 

Tenemos un sistema de justicia panameño muy cuestionado por su lentitud y por ser generador de impunidad. Un sistema de justicia que no es garantía para el respeto de los derechos humanos. Prueba de ello son los cientos panameños y panameñas víctimas de violaciones a sus derechos humanos que siguen esperando justicia.

 

Siguen esperando justicia las víctimas de la  intoxicación masiva con dietilenglicol en Caja de Seguro Social hecho ocurrido en el 2006; las víctimas por una bacteria nosocomial KPC en el 2011;  los familiares de los  7 menores quemados vivos en el  “Centro de Cumplimiento de Menores”,  de los cuales 5 murieron calcinados; las victimas de  sucesos de Changuinola julio del  2010, San Felix febrero del 2012 y Colón  octubre del 2012, donde se reprimió de manera brutal a cientos de conciudadanos en especial comunidades indígenas, lo que dio como resultado más de 8 muertos, 67 lisiados y cientos de heridos, debido a un uso excesivo de la fuerza policial.

 

Todas estas víctimas y muchas otras víctimas del abuso policial y de la negligencia de las instituciones de salud siguen esperando justicia

 

No conforme con todo esto, se ha indultado  a  violadores de derechos humanos. El 30 de junio del presente año el Ex Presidente de la República Ricardo Martinelli indultó a más 336 personas por delitos comunes  e incluyó a los policías acusados por la muerte de los menores quemados en el centro de cumplimiento de menores y  otros policías acusados de abusos policiales, entre otros delitos contra la administración pública.

 

En cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos:

 

La Corte Suprema de Justicia y su mora judicial selectiva atenta contra la eficacia de los mecanismos  de protección de los derechos humanos: los Habeas Corpus pueden ser resueltos en  6 u 8 meses, incluso en situaciones donde la jurisprudencia ha sido reiterativa, lo que hace ineficaz el recurso.

 

 

 

Los Recursos de Inconstitucionalidad:

 

1. El 22 de junio de 2011 las organizaciones defensoras de los derechos de personas discapacitadas  presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra una Ley que afectaba sus derechos y a la fecha no hay pronunciamiento.
2. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que establece privilegios procesales  para los policías que abusen en el uso de la fuerza  y el recursos de inconstitucionalidad contra la Ley conocida como carcelazo que impone prisión a los que cierran calles tiene más de 4 años y la Corte Suprema no se pronuncia sobre estos  dos recursos de inconstitucionalidad.
3. El recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley que crea un procedimiento especial para legalizar las tierras indígenas y que  está afectando la  creación de la comarca naso, se presentó en el 2009 y aún  no hay decisión.
4. Desde el  2009 una organización ambientalista demandó la inconstitucionalidad del Contrato para una concesión minera y luego de seis años la  Corte Suprema aún no ha fallado.

 

En materia de  Amparos de Garantías Constitucionales hay abogados que manifiestan que deben esperar hasta un año para que se resuelva un amparo de Garantías Constitucionales  y conocemos de casos que tienen cuatro y cinco años sin ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia.

 

En temas ambientales un Habeas Data puede tomar hasta tres años para ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia

 

En definitiva el sistema de justicia panameño no es garantía de respeto a los derechos humanos de los habitantes de las República por su lentitud, por su selectividad, por la manipulación, por lo injusto y controversial de sus decisiones.

 

Somos conscientes que el  nuevo gobierno que fue electo en mayo del 2014 se ha encontrado con una población que está clamando justicia  que no cree en la administración de justicia precisamente por todos los problemas que hemos enumerado. Por lo tanto el nuevo gobierno tiene  el reto de cambiar el rumbo que lleva el país en relación a la  falta  institucionalidad y justicia.

 

Solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

 

1. Que le recuerde al Estado Panameño de sus obligaciones de garantizar la independencia judicial y  que se solicite la reactivación de la Comisión de Estado por la Justicia para que desde  este espacio se impulse toda la agenda pendiente de reformas judiciales y el proceso de implementación del sistema acusatorio
2. Que se inste al Estado a aprobar la nueva Ley de Carrera judicial y la ley que crea la justicia de paz. Ambos proyectos se encuentran para debate en la Asamblea Nacional de Diputados
3. Que se solicite al Estado adoptar un mecanismo transparente para la selección de magistrados de la Corte, que tome en cuenta los acuerdos del pacto de Estado por la Justicia  y los estándares interamericanos para procesos transparentes y participativos de escogencia de magistrado
4. Solicitamos a la  CIDH  que brinde asistencia técnica al Estado panameño para la definición de ese mecanismo que debe aplicarse en la elección del Procurador General de la Nación en diciembre de este año.
5. Que se solicite información sobre los indultos otorgados en julio del 2014 y de cómo piensan garantizar los derechos de las victimas establecidos en normas nacionales y del sistema interamericano.

 

Muchas gracias señores comisionados

 

 

 

14 de agosto de 2014.

Ciudad de México