El contralor que el país necesita

El CONTRALOR QUE EL PAIS NECESITA

Luego de conocer las consecuencias de escoger a un Contralor General que responde a los intereses del Presidente de la República o del partido en el gobierno y no a los intereses de los ciudadanos, solo nos queda unirnos para manifestarnos en alerta y evitar que se repita nuevamente la historia de un Contralor sumiso que no es capaz de detener el despilfarro y mal uso de los fondos públicos. El país necesita al frente de la Contraloría General de la República a un ciudadano o ciudadana panameña que tenga una conducta intachable, que vele por los intereses de todos los habitantes de la República yque investigue todo lo ocurrido durante la administración de la Contralora  Gioconda de Bianchini. Exigimos a la Asamblea Nacional que actúe con Transparencia y que todas las bancadas informen cuanto antes los nombres de las personas que propondrán para el cargo de Contralor, y abran un periodo para que los ciudadanos puedan proponer candidatos. Debe permitirse un periodo de tiempo para el escrutinio ciudadano, que no  debe ser de  menos 15 días, antes de someter los nombres de los candidatos  a consideración del pleno de la Asamblea Nacional y  a la votación. Además de los requisitos constitucionales, la persona designada deben acercarse al siguiente perfil:

  1. Solvencia moral e idoneidad ética.
  2. Que no tenga conflicto de intereses con ningún miembro del Consejo de Gabinete ni de esta o la pasada administración gubernamental, ni sea o haya sido miembro de la Asamblea Nacional.
  3. Ser un profesional idóneo con más de 10 años de experiencia y capacidad comprobada en economía, administración, finanzas, contabilidad, auditoría o control interno,  y no haber sido sancionado por faltas a la ética.
  4. No haber ocupado cargos públicos en los últimos cinco años, incluyendo cargos de elección popular o de designación.
  5. Que se le reconozca por sus valores democráticos y buena imagen pública ante la comunidad en general.
  6. Que se comprometa públicamente a investigar el mal uso de los recursos del Estado.
  7. Comprobada experiencia en gestión de equipos y de objetivos organizacionales de gran complejidad

La decisión sobre la escogencia de este importante cargo no puede ser solamente el resultado de acuerdos entre bancadas legislativas y partidos políticos, ya que esto es contrario a la democracia participativa y al principio de transparencia y buen gobierno. Por ello, las organizaciones ciudadanas nos preparamos para presentar nombres de panameños o panameñas independientes que reúnan los requisitos para este importante cargo. Igualmente nos preparamos para participar activamente en el proceso de escogencia de los nuevos Procuradores General de la Nación y de la Administración y pedimos al Consejo de Gabinete un Decreto de autoregulación tal y como se aprobó por la Comisión de Estado por la Justicia en el año 2005. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a acudir a la Asamblea Nacional y participar en los debates para la escogencia del nuevo Contralor General de la República. Panamá, 8 de septiembre de 2014 ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ MOVIMIENTO CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN LIGA PANAMEÑA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN MOVIN POR PANAMÁ ASAMBLEA CIUDADANA MOVIMIENTO INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LIBERTAD CIUDADANA ESPACIO ENCUENTRO DE MUJERES ASOCIACION CONCIENCIA CIUDADANA FUNDAGENERO

Comunicado 26 Agosto de 2014

Comunicado de organizaciones ciudadanas en referencia

La Constitución Política de la República de Panamá señala en su artículo 280 que la Contraloría General de la República, tiene entre sus funciones. “Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley…”

Durante la comparecencia de la Contralora General de la República a la Asamblea Nacional de Diputados la población panameña fue testigo cuando la Contralora en varias ocasiones aceptó que refrendó contratos, actos administrativos y órdenes de compra a sabiendas que en los mismos existía sobrecostos que afectaron el patrimonio público, así como también quedó claro que no hizo nada frente a las actuaciones de despilfarro de fondos públicos que se dieron sobre todo en un año preelectoral.

Las anomalías y falta de control del gasto público que ocurrieron en varias instituciones como el Programa de Ayuda Nacional, Asamblea de Diputados, en las Juntas Comunales y en Instituciones como la Defensoría del Pueblo, entre otras, fueron innumerables y los ciudadanos tenemos derecho a que se investiguen estos hechos y a saber la cuantía de la lesión patrimonial al Estado panameño.

En la mañana de hoy hemos convocamos a esta conferencia de prensa para manifestar nuestro malestar y repudio ante estos hechos públicos.

Nuestra solicitud es la siguiente:

  1. Que la Asamblea Nacional envíe a la Corte Suprema de Justicia un informe detallado de toda la actuación negligente e infractora de la Ley, de la Contralora de la República y un informe a la Procuraduría General de la Nación sobre la actuación del equipo de asesores de la Contralora y donde se detallen todas las denuncias de sobrecostos y contrataciones fraudulentas que se dieron a conocer durante las sesiones del 19 y 20 de agosto a la Asamblea de Diputados.
  2. Que la Corte Suprema de Justicia autorice el inicio de la investigación penal en contra la Contralora General de la República y ordene la suspensión provisional del cargo de esta funcionaria, hasta tanto se decida su situación penal.
  3. Que el Ministerio Público abra una investigación en relación a los sobrecostos y actos de corrupción denunciados durante la concurrencia de la Contralora a la Asamblea, en las que incurrió la Contralora y otros funcionarios.

A partir de este momento nos manifestamos en alerta y anunciamos que presentaremos una denuncia penal por los actos de infracción de los deberes de servidores públicos en la que incurrió la Contralora General de la República y varios de sus funcionarios.

Anunciamos igualmente que nos preparamos para la definición del perfil del nuevo Contralor o Contralora General de la República e invitamos a toda la sociedad panameña a participar y ser vigilantes de este proceso de selección y del proceso de selección de las personas que dirigirán la Procuraduría General de la Nación y de la Administración.

 

Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Colegio Nacional de Abogados, Espacio Encuentro de Mujeres

Convocatoria a Conferencia de Prensa

conferencia

 

Durante la comparecencia de la Contralora General de la República a la Asamblea Nacional de Diputados la población panameña fue testigo cuando la Contralora en varias ocasiones aceptó que refrendó contratos, actos administrativos y órdenes de compra a sabiendas que en los mismos existía sobrecostos que afectaron el patrimonio público, así como también quedó claro que no hizo nada frente a las actuaciones de despilfarro de fondos públicos que se dieron sobre todo en un año preelectoral.

Las anomalías y falta de control del gasto público que ocurrieron en varias instituciones como el Programa de Ayuda Nacional, Asamblea de Diputados, en las Juntas Comunales y en Instituciones como la Defensoría del Pueblo, entre otras, fueron innumerables y los ciudadanos tenemos derecho a que se investiguen estos hechos y a saber la cuantía de la lesión patrimonial al Estado panameño.

Para demostrar nuestro malestar y repudio ante estos hechos públicos, los invitamos a participar en una conferencia de Prensa el día martes 26 de agosto a las 10:30 a.m. en el segundo piso del Hotel Miramar Intercontinental, donde pediremos lo siguiente:

  1. Que la Asamblea de Diputados envíe un informe detallado de toda la actuación negligente de la Contralora y su equipo de asesores y de todas las denuncias que se dieron a conocer durante las sesiones del 19 y 20 de agosto a la Asamblea de Diputados.
  2. Que el Ministerio Público abra una investigación en relación a los sobrecostos y actos de corrupción denunciados durante la concurrencia de la Contralora a la Asamblea, en las que incurrió la Contralora y otros funcionarios.
  3. Que la Corte Suprema de Justicia autorice el inicio de la investigación contra la Contralora General de la República y ordene la suspensión provisional del cargo de esta funcionaria.

En la Conferencia queremos anunciar otras acciones ciudadanas que se estarán desarrollando en los próximos días, además anunciar que nos preparamos para la definición del perfil del nuevo Contralor e invitar a toda la sociedad panameña a participar y ser vigilantes de este proceso.

 

Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Colegio Nacional de Abogados, Espacio Encuentro de Mujeres

Agenda Mínima por la transparencia en la Gestión Pública

AGENDA MÍNIMA POR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Desde los primeros años del advenimiento democrático, los gremios, sindicatos y el sector
empresarial han levantado su voz  y reclamado por parte del Estado la definición y
ejecución de políticas públicas contra la corrupción.
No obstante, resulta palpable que aún en democracia, la corrupción en la administración
pública, se ha convertido en una de las preocupaciones más sentidas por parte de la
ciudadanía.
Ya en el  año 2002, una Comisión de Ciudadanos formuló específicas recomendaciones;
fruto de las opiniones de numerosos grupos consultados y del estudio y análisis realizado
por parte de los integrantes.
En ese mismo camino y como consecuencia de las preocupaciones subsistentes, se
elaboró e impulso el cumplimiento de una ley de  libre acceso a la información pública y
participación ciudadana, mejor conocida como Ley de Transparencia. Fue ese, un esfuerzo
concertado que permitió levantar el velo del secreto sobre el manejo y destino de
determinados fondos estatales y abrir espacios de consulta ciudadana en actos de la
administración pública, tan relevantes como  la fijación de tarifas y construcción de
infraestructuras.
Luego de las elecciones de mayo del 2014 y de los escándalos de corrupción, malversación
de fondos públicos y uso de recursos del Estado en campaña electoral,  retomamos con
mayor nivel de exigencia nuestro reclamo por la Transparencia y la lucha contra la
corrupción.
1. Investigación de los hechos de corrupción denunciados
1.1. Que los funcionarios responsables cumplan su función de auditar y presentar las
denuncias respectivas, para que se investiguen los hechos de corrupción, peculado y
malversación que se dieron en la pasada administración pública y que se inicien los
procesos para recuperar por la vía judicial lo que fue malversado.
1.2 Que las organizaciones ciudadanas realicen un inventario y seguimiento de los
casos vinculados a delitos contra la administración pública que se han reportado en la
pasada administración gubernamental y los que surjan en la actual.

2. Reformas electorales- financiamientos de los partidos
Que  se apruebe la reforma electoral presentada por el Tribunal Electoral en el año 2011 y
reiterada en julio de 2014 en la que se regula de manera más estricta el financiamiento
público y privado de las campañas electorales y establezca la obligatoriedad de que los
partidos políticos y candidatos independientes hagan pública la lista de los donantes y
disminuir el periodo de campaña, para hacerlas menos onerosas.

Agenda mínima por la transparencia
Agosto 2014

3. Contrataciones Públicas
Reformar las normas sobre contratación pública para reducir la discrecionalidad en las
contrataciones directas, que se llevan a cabo a través de procedimientos excepcionales, y
regular el tema de los precios de referencia, el control de riesgos y los sobrecostos en las
contrataciones públicas

4. Administración Pública y transparencia
4.1  Aplicar con rigor la Ley de Carrera Administrativa, e introducir las reformas que
garanticen su autonomía e independencia, de manera que se promueva la meritocracia y
la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
4.1.1 Que se apruebe una Ley que regule de manera efectiva la protección de
denunciantes de actos de corrupción,  los conflictos de interés y el nepotismo.
4.2 Reformar la Ley 59 de 1999 sobre Declaración Patrimonial de Bienes para que
dichas declaraciones  sean públicas, ampliar la base de funcionarios  obligados a
presentarla, y se permita la auditoría de estas declaraciones por parte de  la Contraloría
General de la República u otro ente independiente que se cree para estos propósitos.
4.3 Divulgar en los portales de transparencia, información actual y veraz sobre  las
planillas de todos los Órganos del Estado y de toda institución,  autoridad, agencia o
dependencia del Estado, así como los contratos de servicios profesionales y de asesoría al
gobierno, en fiel cumplimiento de la ley de transparencia.
4.4 Regular  la publicidad oficial para que exista transparencia (eliminación de
contratos directos),  límites en cuanto al gasto que se puede destinar para estos
propósitos, que se regule el uso equitativo de los medios contratados en base a criterios
medibles, y prohibir el uso de la publicidad oficial para que los titulares de cargos públicos
se promuevan políticamente de forma indirecta.
4.5 Instalación de buzones especiales y otros medios garantes de confidencialidad para
que los ciudadanos denuncien la corrupción.

5. Administración de Justicia
5.1 Aprobación de la Ley de Carrera Judicial y del Tribunal de Integridad y
Transparencia en el Órgano Judicial.
5.2 Derogar la ley 55 del 21 de septiembre del 2012  que creó privilegios  que afectan
la investigación y juzgamiento de diputados.
5.3 Dotar a las Fiscalías Anticorrupción de un equipo interdisciplinario de auditoría
forense, con un número significativo de especialistas en ramas como la auditoría forense,
bancaria, financiera, entre otras.

Agenda mínima por la transparencia
Agosto 2014

6.  Elección de Contralor, Procuradores y Magistrados
Que el nuevo Contralor, Procuradores y magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal
Electoral sean personas con solvencia moral e independencia, por lo que sus procesos de
escogencia deben ser transparente y someterse antes de su ratificación al escrutinio
público.

7. Subsidios
Que sean entregados mediante instrumentos medibles, con carácter temporal, y que
lleguen a los sectores realmente necesitados.

8. Reformas al Estado
Iniciar el proceso hacia una Constituyente que promueva una amplia participación
ciudadana.

Panamá, agosto 2014

Alianza Ciudadana Pro Justicia
Movimiento Ciudadano Anticorrupción
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Liga Panameña contra la Impunidad y la Corrupción.
Colegio Nacional de Abogados
Asamblea Ciudadana
Colegio Nacional de Periodistas
Instituto Estudios Políticos Internacionales
Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (FEDAP)
Instituto Raúl Leis
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP)
Centro de la Mujer Panameña (CEMP)
Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)
Movimiento Ciudadano de la Identidad Panameña
Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Fraternidad Carcelaria  de Personas con Discapacidad
Fundación Levántate y Anda
Mesa de Análisis de Leyes sobre Discapacidad y Políticas Sociales
Espacio Encuentro de Mujeres

La Administración de Justicia y los Derechos Humanos en Panamá Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Audiencias período 152

La Administración de Justicia y los Derechos Humanos en Panamá

Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Audiencias período 152

 

 

Presentado por:

Magaly Castillo – Alianza Ciudadana Pro Justicia

Mirte Postema- Fundación para el Debido Proceso Legal

 

 

Muy buenos días, ilustres comisionados y comisionadas, distinguidos representantes del Estado de Panamá, distinguidos defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan en la mesa.

 

Hemos estado aquí en anteriores ocasiones, en el 2010, 2011 y 2012, para llamar la atención sobre los problemas que aquejan al sistema de justicia panameño. Ahora, en agosto de 2014, estamos aquí otra vez porquelamentablemente, nada ha cambiado. Pero el mes pasado, entró un nuevo gobierno en Panamá, y tenemos la esperanza que estos problemas que han estado pendientes por tanto tiempo ahora van a poder ser abordados.

 

El primer tema que es importante señalar es que a pesar de las promesas de gobiernos anteriores, la Ley de Carrera Judicial -que ha estado pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa desde el 2005, o sea, desde hace casi 10 años- todavía no ha sido aprobada. Esto hace que no existe un marco adecuado para la independencia judicial en Panamá.

 

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, no existe regulación alguna para la selección de altos funcionarios judiciales en Panamá. Sin Ley de Carrera Judicial, los procesos de nombramiento, ascenso y disciplina de jueces no cuentan con la regulación adecuada. Como consecuencia, hay concursos para jueces con procedimientos imprecisos y un alto margen de discrecionalidad. Sigue siendo el superior jerárquico quien nombra a los jueces inferiores en rango, lo cual hace que amistades prevalecen sobre los méritos de las y los candidatos, las normas de los procesos de evaluación se aplican erráticamente, y en el caso de las sanciones disciplinarias, también a cargo de los superiores jerárquicos, otra vez hay una amplia discrecionalidad para la autoridad porque legalmente, el tipo de falta y el nivel de la sanción no tienen correspondencia.

 

Esto es un problema considerable, sobre todo dado que en Panamá, no existen mecanismos para que jueces puedan denunciar presiones de sus superiores. Por esta razón, hace varios meses, el juez Ballesteros tuvo que recurrir a los medios para denunciar que había recibido llamadas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en que le pidieron resolver de cierta manera. La denuncia que fue presentada en la Asamblea en contra de dos magistrados de la CSJ por esta interferencia no fue investigado. Más bien, se destituyó al juez Ballesteros. Dado que él tenía un cargo interino, esta remoción ocurrió así, sin proceso disciplinario alguno. Además de esta grave situación, es preciso señalar que hay limitaciones al derecho de asociación de jueces y juezas en Panamá, sobre las cuales podemos expandir más si así nos los permiten.

 

La falta de independencia y la interferencia del Ejecutivo también se ha dado en el Ministerio Público. La  Comision Interamericana conoce de la denuncia por la remoción de la Procuradora General en el año 2010, que se hizo al margen de la ley y la Constitución. A partir de esta fecha hubo cuatro Procuradores Generales de la Nación en un periodo de cinco años como una clara muestra del deterioro institucional al que llegó el país.

 

Tenemos un sistema de justicia panameño muy cuestionado por su lentitud y por ser generador de impunidad. Un sistema de justicia que no es garantía para el respeto de los derechos humanos. Prueba de ello son los cientos panameños y panameñas víctimas de violaciones a sus derechos humanos que siguen esperando justicia.

 

Siguen esperando justicia las víctimas de la  intoxicación masiva con dietilenglicol en Caja de Seguro Social hecho ocurrido en el 2006; las víctimas por una bacteria nosocomial KPC en el 2011;  los familiares de los  7 menores quemados vivos en el  “Centro de Cumplimiento de Menores”,  de los cuales 5 murieron calcinados; las victimas de  sucesos de Changuinola julio del  2010, San Felix febrero del 2012 y Colón  octubre del 2012, donde se reprimió de manera brutal a cientos de conciudadanos en especial comunidades indígenas, lo que dio como resultado más de 8 muertos, 67 lisiados y cientos de heridos, debido a un uso excesivo de la fuerza policial.

 

Todas estas víctimas y muchas otras víctimas del abuso policial y de la negligencia de las instituciones de salud siguen esperando justicia

 

No conforme con todo esto, se ha indultado  a  violadores de derechos humanos. El 30 de junio del presente año el Ex Presidente de la República Ricardo Martinelli indultó a más 336 personas por delitos comunes  e incluyó a los policías acusados por la muerte de los menores quemados en el centro de cumplimiento de menores y  otros policías acusados de abusos policiales, entre otros delitos contra la administración pública.

 

En cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos:

 

La Corte Suprema de Justicia y su mora judicial selectiva atenta contra la eficacia de los mecanismos  de protección de los derechos humanos: los Habeas Corpus pueden ser resueltos en  6 u 8 meses, incluso en situaciones donde la jurisprudencia ha sido reiterativa, lo que hace ineficaz el recurso.

 

 

 

Los Recursos de Inconstitucionalidad:

 

  1. El 22 de junio de 2011 las organizaciones defensoras de los derechos de personas discapacitadas  presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra una Ley que afectaba sus derechos y a la fecha no hay pronunciamiento.
  2. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que establece privilegios procesales  para los policías que abusen en el uso de la fuerza  y el recursos de inconstitucionalidad contra la Ley conocida como carcelazo que impone prisión a los que cierran calles tiene más de 4 años y la Corte Suprema no se pronuncia sobre estos  dos recursos de inconstitucionalidad.
  3. El recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley que crea un procedimiento especial para legalizar las tierras indígenas y que  está afectando la  creación de la comarca naso, se presentó en el 2009 y aún  no hay decisión.
  4. Desde el  2009 una organización ambientalista demandó la inconstitucionalidad del Contrato para una concesión minera y luego de seis años la  Corte Suprema aún no ha fallado.

 

En materia de  Amparos de Garantías Constitucionales hay abogados que manifiestan que deben esperar hasta un año para que se resuelva un amparo de Garantías Constitucionales  y conocemos de casos que tienen cuatro y cinco años sin ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia.

 

En temas ambientales un Habeas Data puede tomar hasta tres años para ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia

 

En definitiva el sistema de justicia panameño no es garantía de respeto a los derechos humanos de los habitantes de las República por su lentitud, por su selectividad, por la manipulación, por lo injusto y controversial de sus decisiones.

 

Somos conscientes que el  nuevo gobierno que fue electo en mayo del 2014 se ha encontrado con una población que está clamando justicia  que no cree en la administración de justicia precisamente por todos los problemas que hemos enumerado. Por lo tanto el nuevo gobierno tiene  el reto de cambiar el rumbo que lleva el país en relación a la  falta  institucionalidad y justicia.

 

Solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

 

  1. Que le recuerde al Estado Panameño de sus obligaciones de garantizar la independencia judicial y  que se solicite la reactivación de la Comisión de Estado por la Justicia para que desde  este espacio se impulse toda la agenda pendiente de reformas judiciales y el proceso de implementación del sistema acusatorio
  2. Que se inste al Estado a aprobar la nueva Ley de Carrera judicial y la ley que crea la justicia de paz. Ambos proyectos se encuentran para debate en la Asamblea Nacional de Diputados
  3. Que se solicite al Estado adoptar un mecanismo transparente para la selección de magistrados de la Corte, que tome en cuenta los acuerdos del pacto de Estado por la Justicia  y los estándares interamericanos para procesos transparentes y participativos de escogencia de magistrado
  4. Solicitamos a la  CIDH  que brinde asistencia técnica al Estado panameño para la definición de ese mecanismo que debe aplicarse en la elección del Procurador General de la Nación en diciembre de este año.
  5. Que se solicite información sobre los indultos otorgados en julio del 2014 y de cómo piensan garantizar los derechos de las victimas establecidos en normas nacionales y del sistema interamericano.

 

Muchas gracias señores comisionados

 

 

 

14 de agosto de 2014.

Ciudad de México